En un nuevo modelo de negocios basado en la desalación de agua de mar está trabajando el gobierno de manera de solucionar la crítica escasez del vital elemento que afecta al norte de Chile. El sistema estaría delineado a fines de año y contempla crear "fábricas de agua", principalmente desaladoras, usando para ello el mecanismo de concesiones. Para su gestación, el Ejecutivo formó un Comité Interministerial de Recursos Hídricos, por instrucción de la Presidenta Michelle Bachelet.
El comité está presidido por el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, e integrado por los ministros José Antonio Viera-Gallo (Presidencia), Romy Schmidt (Bienes Nacionales), Ana Lya Uriarte (Medio Ambiente), Santiago González (Minería), Marcelo Tokman (Energía) y Hugo Lavados (Economía). Una de sus principales misiones, cuenta Rodrigo Weisner, director de la Dirección General de Aguas (DGA), es desarrollar un nuevo sistema para el Valle de Copiapó, "porque es el más crítico del país". El agua se está convirtiendo en la principal traba al desarrollo minero en la zona. Chile tiene cerca de US$ 30 mil millones en proyectos mineros y sólo en Copiapó hay US$8 mil millones, donde "no se ha sido capaz de encontrar una solución al problema de la falta de agua", dice.
Su base es el sistema de concesiones del MOP, en donde se puedan aportar terrenos fiscales y establecer ingresos mínimos garantizados. Se busca que "haya una iniciativa privada de concesiones, en que empresas presten servicios de provisión de aguas para distintos usos con diversas calidades: dulce para el consumo humano, con cierta calidad para agricultura y de menor calidad para las faenas mineras. O fábricas de agua que permitan a los procesos mineros hacer swap (transferencias) de derechos de agua", explica Weisner.
Con este modelo, las mineras podrían usar el agua cercana a las faenas y el impacto que eso genera aguas abajo sería compensado por la fábrica de agua -una desaladora u otra planta que gestione el recurso- que les cobraría a estas empresas. Cuánto pagarán las mineras dependerá del negocio, la tecnología y la cantidad de firmas que usen el agua. Esta iniciativa, advierte Viera-Gallo, "hoy es un ofrecimiento, pero otros dicen que puede ser una exigencia para aprobar los estudios de impacto ambiental de la inversión minera. Quizá hay que hacer una reforma legal si la gente no se aviene a esta fórmula de buena voluntad".
El negocio privado de la desalación en el norte movería entre US$4 mil millones y US$5 mil millones en inversión, según la DGA, a lo que se sumarían los proyectos que se generen con la iniciativa que impulsará el gobierno. Según Weisner, "por lo menos 30 proyectos mineros están evaluando la alternativa de contar con una planta desaladora de agua".
Varias empresas han estado rondando el norte del país, ofreciendo alternativas tecnológicas que abaratarían el proceso de desalación. "La catalana Agbar (controladora de Aguas Andinas) se ha contactado con el Ejecutivo. Vino hace un mes y sostuvieron reuniones con el gobierno de la III Región y con ministros de Medio Ambiente, Energía y Obras Públicas. Preguntaron cómo se puede avanzar, ya que tienen experiencia en el tema", añade un profesional del gobierno. Otra interesada es General Electric, cuenta la misma fuente, que tiene un presupuesto de inversión anual de US$4 mil millones en temas de agua. Primero arribó al país el presidente de la división de aguas de la firma y a principios de este año se entrevistó con el ministro Bitar el vicepresidente de General Electric, John Rice. "Ellos miran Sudamérica y ven a Chile como una plataforma", dicen en el Ejecutivo.
General Electric tiene experiencia en construcción y financimiento, mientras que Agbar está pensando en operar. Entre las empresas que brindan este servicio presentes en Chile están OHL y Acciona, entre otras.
Una filial de Aguas Antofagasta (del grupo Luksic) también está en condiciones de dar este servicio, señalan en la compañía. Se trata de Atacama Agua y Tecnología Ltda., que posee la desaladora Desalant (antes de OHL).
LA POSICION DE LAS MINERAS
Aunque el negocio de la desalación se puede dinamizar conforme se reactivan proyectos mineros, entre las empresas del sector hay cautela. Además, la realidad en el Norte Grande es distinta de la de Atacama y Coquimbo.
Como dicen en Minera Caserones -proyecto por US$1.700 millones-, bombear desde la costa a la cordillera el agua procesada cuesta US$ 1 millón el kilómetro, y casi todas las faenas están sobre los 3.000 metros de altitud. Así, el costo de desalar es muy variable: va desde US$50 millones si la planta está en la costa a más de US$1.000 millones si el agua hay que enviarla a la cordillera, sostiene Richard Dixon, director de aguas de la empresa de ingeniería Hatch. Por eso, sólo a proyectos con leyes muy altas -como El Morro o los yacimientos de Escondida- "los números les dan", explican ejecutivos mineros. Escondida ya tiene una planta en Puerto Coloso y un proyecto por US$3.500 millones para procesar 3.200 litros por segundo, que está congelado, ya que en la compañía de BHP Billiton están viendo opciones como disponer de aguas subterráneas, usar aguas servidas o agua de mar, entre otras. "La desalinización de agua de mar es una alternativa tecnológicamente más compleja y mucho más cara, debido a la inversión inicial y a la energía que demanda el sistema de impulsión", señalan.
Pese a lo caro que resulta, hay varias firmas viendo esta alternativa. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Cesco, señala que el empresario Eike Batista tiene planeado hacer una planta de ese tipo, así como El Morro, de Xstrata. Richard Dixon, de Hatch, dice que han hecho unos 15 estudios en los últimos tres años para el sector.
Con satisfacción informamos que el abogado Hernán Vergara Leiva, quien es actualmente Secretario General de nuestra institución, ha sido elegido recientemente en el cargo de Presidente de Amnistía Internacional-Chile, por el período 2009-2011.
La tarde de este pasado 
