Presidente de la Corte Suprema:
Milton Juica: "Penalidad para delitos de cuello y corbata es modesta en comparación a otros países"
El máximo representante de la justicia nacional aborda caso La Polar. "La ley no tiene el mismo rigor", sentencia.
por F. Contreras y M. Nahas
AmpliarUn apretón de manos y parte de inmediato la conversación. Milton Juica vive sus últimos días como presidente de la Corte Suprema haciendo frente a una agenda que no da respiros. Esta es su última entrevista como máxima autoridad del Poder Judicial (termina el 6 de enero), después de dos años agitados y de varios roces con el gobierno por materias de seguridad ciudadana. Su atención, sin embargo, también está puesta en el polémico caso La Polar, que esta semana vivió días clave tras la formalización de tres de sus ejecutivos.
¿Cree que en Chile las penas para los delitos de "cuello y corbata" son muy bajas si las comparamos con el caso Enron en EE.UU.?
Yo creo que la penalidad es realmente modesta comparada con otros países, especialmente con EE.UU. No hay duda. Pero el caso La Polar demostró que cuando hay que decidir con firmeza, se hace. Muchos pensaron que aquí no quedaba nadie preso; sin embargo, tres personas ya quedaron con prisión preventiva.
¿Cree que hay un doble estándar en relación con los delincuentes comunes?
No hay una posición judicial de favorecer a los que tienen más respecto de los que tienen menos. El tema es que la ley no tiene el mismo rigor y ante eso los jueces no tienen nada que hacer. En términos generales, hay un estándar que está en el inconsciente de la sociedad: para el otro pido la mayor severidad.
A meses de abandonar su cargo. ¿Cómo evalúa su período como presidente de la Corte Suprema?
Cuesta hablar de las cosas positivas de uno, pero estos dos años, a pesar de las dificultades que hemos vivido, como el terremoto y cambios en la corporación, el Poder Judicial ha salido muy fortalecido en su tarea de tener un mayor acercamiento a la comunidad y una mayor transparencia.
El Poder Judicial ha recibido muchas críticas por su rol en el control de la seguridad ciudadana.
Le voy a dar una estadística. De 100 casos que le piden prisión preventiva, el juez deja preso a 85, 86 o 87 personas. Entonces no nos cuenten a nosotros que son los jueces los que dejan libre a las personas. Es el sistema el que lo permite, pero aun así, el sistema entrega hoy muchas más prisiones preventivas que antes y eso explica que tengamos más de 55 mil presos, o sea, privadas de libertad. Eso más 50 mil personas que están cumpliendo medidas alternativas, entonces tenemos una población de 105 mil personas con medidas cautelares, en un universo que antes de la reforma no pasaba de las 40 mil. Entonces, de qué mano blanda me están hablando cuando los sistemas empíricos demuestran lo contrario. Eso es lo que nosotros siempre hemos tratado de explicar a la sociedad y que por desgracia no nos entienden. El sistema es garantista y eso le da la seguridad de que no le imputarán un delito injustamente, pero si usted tiene un sistema represivo que busca meterlo preso y aplicarle todo el rigor de la ley independiente de si es o no culpable, dejamos un país sin garantías y eso es lo que se puede lograr con esa exacerbación de meter a todos presos. En los países civilizados hay confianza en la justicia y nadie cuestiona lo que dicen los tribunales, porque creen que ahí es donde se deciden las cosas. Bien o mal, pero confían en los tribunales.
Usted ha dejado entrever que el eslogan del gobierno de acabar con "la puerta giratoria" dejó muy altas las expectativas de todos.
Primero hay que entender una cosa, nuestro proceso es garantista y por lo tanto los jueces tienen la obligación de asegurar las garantías y eso significa que tiene que mirar muy bien si deja preso o no a una persona cuando es imputada de un delito y eso es una función que le corresponde al Poder Judicial. Aquí se reciben palos porque bogas y palos porque no bogas. Primero es garante. Segundo, el sistema a pesar de ser garantista ha tenido un mejor resultado de represión que el sistema antiguo y nos apoyan las estadísticas. Tenemos más presos que antes, los resultados de prisión preventiva son mejores que antes. Entonces, el tema hay que buscarlo por otra parte, no es un problema de los tribunales. La prevención de los delitos y el control de la seguridad no nos corresponde a los jueces.
¿A quién le corresponde?
A los organismos de seguridad del país, o sea a la fuerza pública. Carabineros, Investigaciones y quienes están arriba de ellos, que los dirigen.
¿Al Ministerio de Interior?
Ahora ellos están haciendo un gran esfuerzo, eso no lo puedo negar, lo que pasa es que no han tenido los resultados que esperaban. Me parece que al Poder Judicial no le corresponde el tema de la prevención y de la seguridad. Nos dicen que tenemos que cooperar, bueno, nuestra cooperación está en determinar si hay cargos para meter presa a una persona o si hay cargos para condenar a otra.
Sin embargo, del otro lado se argumenta que hay gente que reincide constantemente y sigue en libertad.
Bueno, nosotros en eso somos serios. Cuando efectivamente una persona tenga 60 detenciones, como se ha dicho, y venga por un delito grave, hagan reproches, pero decir así al voleo que los delincuentes que tienen tantos años, como violadores, traficantes y asesinos quedan libres, eso es un decir y no es cierto. Esas personas están presas efectivamente.
¿A su juicio, estas críticas le hacen daño a la opinión que se forma la ciudadanía sobre el sistema judicial?
Esta discusión hace daño, tanto la que nos achaca la culpa a nosotros, como cuando nosotros nos defendemos. Siempre hemos estado dispuestos para conversar y para decir qué es lo que hay que hacer.
¿Qué le pareció la polémica sobre su ausencia a la "cumbre de seguridad" del viernes?
No me correspondía ir a esa reunión. Nosotros designamos al ministro Fuentes para esa instancia. Yo fui a la primera sesión constitutiva de este comité, porque me parecía importante, pero el presidente de la Corte Suprema no puede estar representando al Poder Judicial, porque desde el protocolo, el presidente de la Suprema es la tercera autoridad del país y no puede ser menos que un ministro de Estado.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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