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domingo, agosto 18, 2013

la política, corrupción y el humor

Ex subsecretario de Transportes anuncia querella tras rutina de Yerko Puchento

Patricio Tombolini, a través de la acción penal, buscaría reparar lo emitido por el personaje en una de sus presentaciones, en donde recordó el denominado "Caso Coimas".

Ex subsecretario de Transportes anuncia querella tras rutina de Yerko Puchento
Yerko Puchento se presenta los días jueves en horario estelar durante el programa ''Vértigo''.
Foto: El Mercurio
La acción penal que presentaría Tombolini incluiría también al libretista de Alcaíno y al director ejecutivo del espacio televisivo.
La acción penal que presentaría Tombolini incluiría también al libretista de Alcaíno y al director ejecutivo del espacio televisivo.
Foto: El Mercurio

SANTIAGO.- Patricio Tombolini, ex subsecretario de Transportes durante el Gobierno de Ricardo Lagos, presentaría una querella por injurias graves en contra del actor Daniel Alcaíno, por unos determinados dichos que emitió interpretando al personaje Yerko Puchento.


Según consigna el diario La Segunda, la acción judicial también recaería en el libretista Jorge López, en específico por la rutina que presentó Alcaíno durante la transmisión del programa "Vértigo" de Canal 13 el pasado jueves 26 de julio.


En la ocasión, Yerko Puchento dijo: "En este país da lo mismo mentir. ¿Sí o no? Todos mienten, todos prometen, ¡Nadie cumple en este país! Todos se coluden, todos legislan para su bolsillo. Tombolini. ¡Está libre!".


Cabe precisar que el personaje hacía alusión a la contingencia nacional, cuando recordó situaciones relacionadas a corrupción, aludiendo a Tombolini por el denominado "Caso Coimas".


No obstante, el militante del Partido Radical sostendría a través de la acción penal que fue absuelto mediante resolución de la Corte Suprema, agregando que en 2007 el Senado le otorgó un desagravio público.


La querella por injurias graves incluiría también a David Belmar, director ejecutivo del espacio estelar del Canal 13.




































































Fuente:EMOL

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Rodrigo González Fernández
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viernes, agosto 16, 2013

ENERGIA Y RSE

Energía solar: Millonarios proyectos en vías de aprobarse, pero expertos calculan que no más del 20% se construirá

La cartera de iniciativas solares con aprobación ambiental suma 4.591 MW -por unos US$13.300 millones-, pero sólo 75 MW están en construcción.  

por:  Hernán Vargas
viernes, 16 de agosto de 2013

Una carrera en pleno desierto. Esa es la lucha que dan los desarrolladores de proyectos solares en el norte del país por ser los primeros en construir centrales competitivas, objetivo que pocos han alcanzado. Al día de hoy existen 3,5 MW operando gracias al sol, equivalente al 0,2% de la capacidad instalada en los sistemas eléctricos chilenos.

Pero no son pocos los que apuestan por desarrollar el negocio de los paneles para generar electricidad. De acuerdo a datos del Centro de Energías Renovables, al primer semestre existen proyectos con aprobación ambiental que suman una potencia de 4.591 MW, sextuplicando, por ejemplo, la potencia prevista para la termoeléctrica Punta Alcalde... aunque sólo 75 MW están en construcción.

En la cartera de iniciativas -que suman una inversión necesaria de unos US$13.300 millones- destacan grandes centrales. Entre ellas la termosolar Pedro de Valdivia impulsada por los españoles de Ibereólica, que tendría una capacidad de 360 MW y un costo de US$2.600 millones

Según información del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del Norte Grande (CDEC-SING), en condiciones normales de operación el sistema podría gestionar hasta 450 MW en forma segura.

"Existe una cantidad de proyectos en desarrollo varias veces superior a la capacidad del sistema de poder incorporarlos, por tanto hay una especie de carrera por quien logra hacer los primeros megawatts, porque los otros no podrán ingresar por falta de capacidad del propio sistema", cuenta elgerente general de Mainstream Renewable Power en Chile, José Ignacio Escobar.

Añade que "las estadísticas mundiales dicen que en materia de energías renovables -y en general todas las que dependen de recursos naturales- se construyen entre el 20% y 30% de los proyectos aprobados (...) hay razones naturales que llevan a iniciativas a caerse, pero también ocurre con las convencionales, sólo basta con mirar las carboneras que estarían disponibles y no lo están", comenta.

¿Cuál es la apuesta de los inversionistas? El profesor de la Universidad Católica y director de Systep, Hugh Rudnick, explica que la crisis europea terminó con los subsidios a las energías renovables, por lo que los desarrolladores de este tipo de centrales buscaron nuevos mercados.

"Por eso han llegado a Chile con mucho interés, atraídos por nuestra ley sobre energías renovables, tratando de ser los primeros y aprobándose muchos más proyectos de los que podremos incorporar en muchos años", dice.

La primera barrera es conseguir financiamiento

Pero no es fácil instalarse. La primera barrera es conseguir el financiamiento con bancos para construir los parques solares. "Como la energía solar es todavía algo más cara que la eólica y más que otras energías convencionales, se encuentran que no tienen con quien contratarla", sostiene Rudnick.

Para la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y gerente general de Energética, María Isabel González, es claro que no se construirán todos los proyectos en carpeta . "Es difícil que se construya todo eso. Muchos de esos proyectos necesitan financiamiento y, para ello, un contrato de venta de la energía, lo que es difícil con sólo fuente solar".

Los bajos factores de planta -el tiempo real que entregan energía- complican que, por ejemplo, industrias que necesitan energía 24 horas hagan contratos con desarrolladores solares. Para la tecnología fotovoltaica no superan el 30%, mientras que una carbonera genera electricidad más del 80% del tiempo.

Espaldarazo de las mineras

Un fuerte espaldarazo entregó la minería a la tecnología solar. Las principales minas del país iniciaron procesos de licitación o construcción de estas centrales.

Una de ellas es Doña Inés de Collahuasi -controlada por Glencore Xstrata y Anglo American- que edifica una planta solar de 25 MW de potencia, que generará 60 mil MW/h al año de energía, equivalente a la utilizada en el mismo periodo por 25 mil hogares. La iniciativa aportará alrededor del 13% de la demanda actual de energía de Collahuasi durante las horas del día.

En Codelco también impulsaron esta tecnología, mandatando la construcción de una planta a la española Solar de 1 MW de potencia, inyectando energía a las zonas industriales de Chuquicamata.

"Muchos de los que están desarrollando y entrando en operación centrales solares son empresas mineras, casi como una acción de responsabilidad social empresarial, más que porque lo vean conveniente desde el punto de vista económico", opina Rudnick.

Una mirada más optimista tiene el presidente de Acesol, Christian Antunovic, quien cree que "al final de este año veremos funcionando alrededor de 100 MW en el sistema y eso cambiará el panorama. Ya en 2014, sólo durante el primer semestre, ingresarían otros 100 MW".

Fuente:

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PROYECTO LOBBY AL SENADO

Publicado el 14 de agosto del 2013

La iniciativa regula la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado. Además incorpora un registro de lobbysta

LOBBY: CÁMARA APRUEBA EL PROYECTO Y LO REMITE AL SENADO A TERCER TRÁMITE

s.

 Por 87 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Cámara aprobó el proyecto (boletín 6189) que establece normas sobre la actividad de lobby. Durante la votación en Sala se aprobó además una indicación que incorpora un registro de lobbystas y gestores de intereses particulares, cuando se efectúen ante autoridades como los parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales y el Contralor de la República, entre otros. 

Serán parte de este registro quienes hayan realizado gestiones de lobby y gestiones de interés particular en los últimos seis meses, y el registro será administrado por cada uno de los órganos de los que dependen estas autoridades. 

Lobby 

El texto legal define el lobby como aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las autoridades regidas por esta ley. 

El lobby incluye los esfuerzos específicos para influir en el proceso de toma de decisiones públicas y cambios en las políticas, planes o programas, en discusión o en desarrollo, o sobre cualquier medida implementada o materia que deba ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismos público correspondiente, o bien para evitar tales decisiones, cambios y medidas.

Se definen como sujetos pasivos (con los que se puede realizar lobby) a los ministros, subsecretarios, jefes de servicios, directores regionales de los servicios públicos, intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores.

También estarán sujetos a las obligaciones de esta ley indica, cualquiera sea su forma de contratación, los jefes de gabinete de estas autoridades y las personas que, en razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por ello regularmente una remuneración. Anualmente, el jefe superior del servicio respectivo individualizará a las personas que se encuentren en esta calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de forma permanente en los sitios electrónicos institucionales. 

Además son sujetos pasivos de lobby los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales y los secretarios municipales; el Contralor General y el Subcontralor General de la República; en el Banco Central: el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros; en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública: los Comandantes en Jefe, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el General Director de Carabineros de Chile, el Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones. En este último caso, anualmente y mediante resolución del jefe superior de la institución respectiva, se individualizarán los funcionarios que ocupen dicho cargo.

En el caso del Congreso, son sujetos pasivos los diputados, los senadores, el Secretario General y el Prosecretario de la Cámara de Diputados, el Secretario General y el Prosecretario Tesorero del Senado, los secretarios de las comisiones de cada Cámara y los asesores permanentes de los parlamentarios. Estos últimos serán determinados anualmente mediante acuerdo de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria.

Otras autoridades que quedan sujetas a esta ley son el Fiscal Nacional y los fiscales regionales del Ministerio Público; los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del Consejo Nacional de Televisión, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; y el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entre otros. 

Las actividades que se regulan son las destinadas a obtener las decisiones como la elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes, y las decisiones que adopten los sujetos pasivos de lobby.

También, la elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas sus comisiones; la celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos señalados en esta ley y que sean necesarios para su funcionamiento; el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos señalados en esta ley, a quienes correspondan estas funciones; y aquellas actividades destinadas a que no se adopten las decisiones y actos señalados precedentemente.

Además se señalan las situaciones que no están regulados por esta ley, como los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión o asamblea de carácter público; y toda declaración o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones.

Registros públicos 

La propuesta legal crea una serie de registros de agenda públicos para las autoridades sujetas a esta ley, y que deberán consignar las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares. 

En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión; a nombre de quien se gestionan dichos intereses particulares; la individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión; si se percibe una remuneración por dichas gestiones; el lugar y fecha de su realización, y la materia específica tratada.

También se consignarán los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos establecidos en esta ley, en el ejercicio de sus funciones; y los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación, que reciban los sujetos pasivos establecidos en esta ley, con ocasión del ejercicio de sus funciones.

Los registros se actualizarán una vez al mes, y se publicarán en el sitio web, en el apartado de Transparencia de cada organismo. Asimismo, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia pondrá a disposición del público estos registros en un sitio electrónico, debiendo asegurar un fácil y expedito acceso a los mismos.

Semestralmente, dicho Ministerio deberá poner a disposición del público un registro que contenga una nómina sistematizada de las personas, naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que en tal período han sostenido reuniones y audiencias con las autoridades, con objeto de lobby o gestión de intereses particulares. 

También se regulan las sanciones por infracción de estas normas. Se establece que la infracción a las normas de esta ley hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que ésta determine, y se regula la aplicación de cada una de ellas de acuerdo al organismo del que se trate. 

En todo caso, se dispone que la omisión inexcusable de la información que conforme a esta ley y su reglamento debe incorporarse en alguno de los registros, o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, se sancionará con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderles.
Fuente:

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jueves, agosto 15, 2013

LOBBY & TRANSPARENCIA

HABLANDO DE LEY DE LOBBY LA TRANSPARENCIAEN REDES SOCIALES 


#LOBBY Con una ley de Lobby transparente  se podría abordar la opacidad disminución  de las libertades y derechos de los ciudadanos que muchas veces son conculcados.

#LOBBY Con una Ley de Lobby  transparente e idónea  se mejoraría  en materia de  honestidad, transparencia y eficacia de los sujetos pasivos del lobby.

#LOBBY Una buena ley de lobby  permitiría exigir  a las autoridades la transparencia debida  y  que cumplan al cien por ciento con su responsabilidad hacia la sociedad,

Una buena ley de lobby debe reflejar los principios de la RSE 

Fuente:RG

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miércoles, agosto 14, 2013

el silencio administrativo ,una opinión

EN LA FRONTERA>

Transparencia y silencio administrativo – Por Jaime Rodríguez-Arana*

agosto 13, 2013 | Opinión

El silencio administrativo, decía en sus clases el profesor Garrido Falla, es una patología administrativa. Con toda razón porque lo normal en un régimen democrático es que las autoridades y funcionarios, que están a disposición de la ciudadanía, contesten, salvo casos extraordinarios debidamente justificados, a las preguntas y solicitudes de los ciudadanos. Es decir, la regla debe ser que se contesten las peticiones. Si es verdad que existe un derecho fundamental a una buena administración pública parece que una de sus consecuencias debiera ser, salvo excepciones justificadas, que la Administración pública responda a las peticiones de información y de datos que demandamos los ciudadanos. Claro está, ante peticiones abusivas o desproporcionadas, la Administración lo que debe hacer, en lugar de dar la callada por respuesta, es explicar por qué tal solicitud o petición es irracional o pone en peligro el servicio público, si fuera el caso. La realidad, sin embargo, es otra muy distinta. Probablemente porque la convicción, profundamente democrática, de que las instituciones, los procedimientos y los fondos públicos son de los ciudadanos, aunque bien sabida, no se practica demasiado, al menos por estos lares. Si así fuera, lo habitual ante solicitudes razonables es que se cursen y se contesten en plazo. El derecho fundamental a la buena administración pública, recogido en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, se concreta en que la Administración responda a los ciudadanos en plazo razonable. Y el plazo razonable es eso, plazo razonable, no la callada por respuesta.
Estos días en los que el proyecto de ley de transparencia está en el candelero a causa de la inclusión de última hora de los partidos, los sindicatos y la casa del rey, ha trascendido un interesante estudio promovido por el sitio web tuderechoasaber.es, patrocinado por la Fundación Civio y Acess Info Europa precisamente sobre la eficacia de la Administración en relación con las preguntas y peticiones de los ciudadanos.

El estudio se realizó entre el 20 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de ese año. Se registraron 567 preguntas válidas a las distintas administraciones públicas de las que sólo 75 recibieron una contestación satisfactoria. Los responsables del estudio concluyen que el principal hábito de las administraciones es el silencio. Las barreras que se han identificado se refieren al uso de formularios complejos en los que se exigen datos personales que son innecesarios y también, aunque parezca mentira, a la inexistencia de webs de referencia en algunos organismos públicos.

En el proyecto de ley actual el silencio administrativo negativo es la consecuencia jurídica ante la falta de respuesta de la Administración. Es verdad que el silencio administrativo abre la puerta a los recursos, y que desde hace tiempo tiene una consideración procesal para recurrir ante la propia Administración pública, pero en los tiempos que corren el silencio debe ser considerado una práctica censurable que debe ser sancionada salvo que, insisto, exista justificación razonable para no contestar en plazo. Y la justificación debe estar conveniente y concretamente argumentada en razones de interés general.

En el 70% de las consultas, según este informe, silencio. Si a este dato, que vale lo que vale, se añade que el proyecto de ley sigue considerando el silencio administrativo como respuesta negativa, el panorama resulta desalentador. Sobre todo cuando a nivel europeo se ha reconocido el derecho fundamental de la persona a una buena administración pública, derecho que se concreta en que las resoluciones administrativas europeas deben dictarse en un plazo razonable. Por tanto, si tal principio se incorporara al Derecho español, la consecuencia del silencio no sería su consideración negativa y correspondiente acceso a los recursos, sino, simple y llanamente, la demanda ante el juez contencioso administrativo de la inactividad administrativa. Si además, pensáramos en un régimen de responsabilidad personal del funcionario que no contesta en los supuestos de dilaciones indebidas, como acontece por ejemplo en el reciente Derecho italiano, entonces probablemente el silencio administrativo dejaría de tener la frecuencia que tiene en nuestro tiempo.

El silencio administrativo, como es una patología, hay que curarla. Y para ello nada mejor que permitir al ciudadano que ejerza con todas las garantías su derecho a la buena administración y que el funcionario incumplidor, responda de su actuación. ¿O no?

*CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
jra@udc.es

Fuente:

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CORRUPCIÓN:

En 33% subieron reportes de operaciones de sospechosas de lavado de dinero

Según la Unidad de Análisis Financiero, en el primer trimestre se recibieron 770 Reportes de Operaciones Sospechosas.

Diario Financiero Online

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo responsable de prevenir en Chile el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, recibió 770 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de blanqueo de fondos, enviados por el sector privado durante el primer semestre de este año. La cifra involucró un alza de 33,2% respecto de igual lapso de 2012, de acuerdo a las estadísticas divulgadas hoy por el organismo.

Tras aplicar análisis de inteligencia financiera, la UAF remitió en el mismo periodo 101 informes con indicios de operaciones de lavado de activos al Ministerio Público, institución responsable de la investigación y persecución penal del delito.

Los 770 ROS iniciales fueron presentados a la UAF por empresas y personas naturales que ejercen actividades en alguno de los 36 sectores económicos regulados por el Servicio, los que forman parte del sistema nacional antilavado e incluyen a la banca, las AFP, las compañías de seguros, las corredoras de bolsa, los casinos de juegos, los usuarios de zonas, los agentes de aduana, las corredoras de propiedades y los notarios, entre otros.

Del total de ROS enviados por el sector privado a la UAF durante el primer semestre, el 66% fueron emitidos por bancos y empresas de transferencia de dinero, con 505 reportes.

En el mismo periodo, el número de entidades que reportan al Servicio subió a 4.750, cifra 5,4% superior a la de igual periodo de 2012; las fiscalizaciones en terreno de la UAF crecieron 20,8%, al totalizar 58, distribuidas en todo el país; y los procesos sancionatorios administrativos iniciados contra empresas y personas naturales que no cumplen con la normativa antilavado ascendieron a 165, un 38,4% menos que en enero-junio 2012, lo que demuestra un mayor nivel de cumplimiento.

El Director de la UAF, Javier Cruz, destacó que el incremento en el número de ROS recibidos y la reducción en los procesos sancionatorios reflejan la maduración que está alcanzando el sistema preventivo.

"Los regulados están aplicando con mayor conciencia las barreras antilavado y están aumentando sus niveles de cumplimiento. Adicionalmente, los informes ROS que envían han avanzado en calidad, lo que fortalece los insumos que utiliza la UAF en sus procesos de inteligencia financiera para detectar activos de origen ilícito", afirmó.

Fuente:DF.CL

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ELCASO DE LOS YOUGURT Y CENCOSUD- DANONE

EL HOLDING DE PAULMANN YA PRESENTÓ LA DEMANDA Y LA FIRMA DE ORIGEN FRANCÉS LO HARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS


Cencosud y Danone pedirán indemnización de al menos US$ 35 millones por reportaje de Canal 13

Ambas empresas acusan impactos en las ventas de los productos cuestionados por el programa de televisión.

Por Miguel Bermeo y Paula Vargas



Consecuencias directas en sus respectivos negocios están acusando dos de las firmas aludidas en un reportaje del programa Contacto de Canal 13. La gigante del retail Cencosud y la francesa agroalimentaria Danone, pedirán indemnizaciones por menores ventas y daños morales, que sumarían entre ambas -al menos- US$ 35 millones.

Según se desprende de la demanda de indemnización de perjuicios presentada por Cencosud y patrocinada por los abogados Gonzalo Eyzaguirre, Fernando Maturana y Gonzalo Caballero del estudio Eyzaguirre & Cía, la firma asegura que el programa presentó "antecedentes sesgados e incompletos y apartándose de fundamentos técnicos y prácticos de reconocida aceptación y aplicación en la determinación de la bondad y calidad de los aceites de oliva". De esta forma, agrega Cencosud, "los daños o perjuicios causados con esta conducta ilícita de Canal 13 son cuantiosos y quizás irreparables".


Efecto en Cencosud

Entre los argumentos esgrimidos en su presentación, el holding controlado por el empresario Horst Paulmann, se señala que no se habrían realizado estudios técnicos que avalen la teoría del reportaje de Canal 13. 

Por el contrario, alega, lo único que existiría correspondería, a una muestra tomada hace varios meses, además de no haberse considerado en el reportaje las diferentes certificaciones con las que contarían los productos aludidos.

Asimismo, Cencosud detalla en su presentación que los daños que ha tenido "no sólo están en desarrollo y progreso, sino que también son difíciles de cuantificar en cuanto a su verdadera y definitiva extensión, lo cual incide entonces en un daño inmaterial o moral".

En cuanto al cálculo de los daños y perjuicios, si bien se reserva en la misma demanda la determinación de su especie y monto para la etapa del cumplimiento del fallo, hace una estimación preliminar en base a las ganancias que debería haber percibido Cencosud, desde la fecha de exhibición del programa hasta fin de año. Así establece que por concepto de menores ventas del aceite de oliva, se llegaría a unos $ 86,7 millones (US$ 170.000), mientras que por otros productos marca Jumbo, serían unos US$ 14,9 millones.

Respecto de la recuperación de la confianza en la marca, citando un estudio que habría realizado OmnicomMediGroup, Cencosud dice que alcanzaría a unos $ 1.757 millones, que involucra el costo que tendría una campaña publicitaria para recuperar la imagen de marca.

En cuanto al daño inmaterial o moral, esto se calculará en forma definitiva con posterioridad, dice Cencosud en su escrito, también durante la etapa de cumplimiento del fallo.

El impacto en Danone

Aunque la multinacional de origen francés Danone aún no presenta una demanda formal contra Canal 13, ya dio los primeros pasos para formular la acción judicial. Así, la firma presentó a comienzos de mes ante la justicia civil una medida prejudicial preparatoria que busca recabar todos los antecedentes que respalden la demanda indemnizatoria que presentará con posterioridad y que Danone calcula en forma preliminar y "conservadora" en al menos unos US$ 20 millones, señala en su escrito.

Y es que los efectos que la firma ha visto no son menores. En la presentación, ésta acusa que sus ventas, que hasta la fecha venían mostrando una persistente tendencia al alza desde su ingreso al mercado local, tras la emisión del reportaje presentaron una caída "dramática, sin precedentes, del orden del 40% aproximadamente".

A esto, agrega, "las falaces imputaciones a los productos Danone afectan no sólo sus ventas sino que a toda su cadena de valor, entre otros, sus stocks de productos, sus compromisos de compra de leche para elaborar éstos, la mano de obra contratada para genera un tonelada que ya no resulta posible vender, entre otros". A eso se suma el daño a la marca, añade.

Asimismo, la compañía láctea asegura que en el canal se emitieron afirmaciones falsas no sólo en Contacto sino que en otros programas. "Si bien las falsas imputaciones proferidas por Canal 13 en contra de los productos de Danone son por sí solas reprochables, éstas lo son aún más dado el encono y derecha animadversión con que nuestra representada y sus productos han sido tratados", señala el escrito.

Entre los documentos que Danone solicita en el marco de su medida prejudicial preparatoria se encuentran, además de los antecedentes que Canal 13 tendría para avalar sus imputaciones, la copia del reportaje emitido, el informe de rating con detalles de fechas y horarios de los programas, propagandas y emisiones efectuadas por la estación televisiva del mencionado reportaje, además de un informe del número de visitas, descargas y/o reproducciones del reportaje desde su señal on line, entre otros antecedentes.

La medida prejudicial preparatoria presentada por Danone fue patrocinada por los abogados Ricardo Peña, Esteban Ovalle, Eduardo Ugarte, Juan Pablo Letelier, Gianfranco Gazzana y José Tomás Bulnes.

 

La defensa de Canal 13

Frente a los reclamos de parte de las empresas aludidas en el reportaje emitido por Canal 13, el presidente ejecutivo de la estación, Nicolás Eyzaguirre salió al paso de ellas. Así, en el caso de la solicitud de derecho a aclaración de Cencosud, Eyzaguirre respondió, en una carta enviada al gerente general de la compañía, Daniel Rodríguez, que el objetivo del reportaje era investigar una serie de acusaciones preexistentes a los productos señalados, sustentados en informes y denuncias previas, lo que además fue revisado por un equipo periodístico y bajo la supervisión de entidades como el Dictuc y otros laboratorios dependientes de la Universidad de Chile y la Universidad de Valparaíso. Además, defendió el derecho de Canal 13 como medio de comunicación para investigar, buscar y recibir informaciones y difundirlas, y reiteró -en la carta- que el reportaje se ajusta a la ética periodística e informativa y agregó que no fue la intención causar molestias a dicha compañía. Finalmente accedió a emitir la aclaración de acuerdo a los términos de la televisión de libre recepción.

Fuente:DIARIOFINANCIERO df:cl 

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