LOBBY & LIBERTAD Y DESARROLLOLOBBY : JOSÉ FRANCISCO GARCÍA, INVESTIGADOR DE LYDLOBBY: LA CLAVE ES TRANSPARENTAR LA ACTUACIÓN DEL SECTOR PÚBLICOLobbyingchile: Nosotros preguntamos ¿Qué pasa con la transparencia en el sector privado? ¿Que pasa con la enseñanza de esta disciplina?
Con ocasión de la divulgación de los resultados de la encuesta "Elites políticas y su percepción sobre la actividad de lobby en Chile", realizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, el investigador de LyD, José Francisco García sostuvo que entregar mayor información a los electores, sancionar con mayor vigor el tráfico de influencias y en general, transparentar la actuación del sector público parece la forma más eficaz y realista de abordar este tema.
Los resultados de este estudio, señala el experto, han sido la excusa perfecta para que se pueda, una vez más, plantear la necesidad de regularlo. En este contexto, advierte que es necesario hacer algunas reflexiones en la materia para buscar la forma de abordarlo con las políticas públicas correctas.
Una primera reflexión dice relación con desdramatizar el problema. El lobby parece empezar a seguir la misma lógica con que se abordó un tema relacionado: financiamiento de las campañas políticas. Esta última legislación fue más bien resultado de la coyuntura que se generó tras conocerse los casos MOP-Gate y similares, que de una revisión y análisis profundo de un problema estructural más complejo, a saber, la demanda por influencia sobre el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial, en tanto instrumentos de regulación y distribución de derechos. En efecto, en la sociedad coexisten distintos grupos de interés, que compiten entre si para que la sociedad considere sus planteamientos como buenos para el interés general. Al final del día de eso se trata la democracia. El Estado a través de diversos mecanismos (impuestos, subsidios, aranceles, puestos de trabajo en el sector público, etc.), puede influir en forma decisiva en distintos ámbitos por lo que no es extraño que estos grupos busquen “capturar” al Estado e influir en sus decisiones.
Sin embargo, advierte García, la manera en la que se busca ejercer esta influencia es clave y el debate actual no ha sido capaz de reflejarla: no es lo mismo influir en los poderes del Estado de una forma ilegítima o delictual, mediante cohecho, favores o el tráfico de influencias, que de una manera legítima, similar al derecho de petición que la Constitución le garantiza a todo ciudadano. El lobby en ningún caso puede manifestarse en forma ilegítima, puesto de que se estaría en otro plano, el delictual, que debe ser sancionado ejemplarmente por nuestra legislación, más aún si hay funcionarios públicos involucrados. En este sentido, la regulación del lobby nunca puede legitimar los aspectos delictuales envueltos en el tráfico de influencias.
El Mensaje presidencial N° 7-350 del 30 de octubre de 2003 con que se inicia el “proyecto de ley que regula el lobby”, presenta la propuesta del Ejecutivo en esta materia. Dicho proyecto de ley, no aborda el tema en forma adecuada sino más bien tiende a crear más burocracia y a regular en forma excesiva conductas que son difíciles de fiscalizar. Porque ¿qué va a pasar con los e-mails, las conversaciones telefónicas, los viajes, la vida social de los sujetos pasivos de lobby en general? ¿es posible regular el lobby hasta en esas circunstancias? En efecto, si las normas sobre regulación del lobby se van a aplicar solamente en el Congreso o en las oficinas de la administración del Estado, se generan todos los incentivos para burlar la regulación y efectuar todo tipo de reuniones sociales (comidas, viajes, reuniones, etc.) o simplemente la utilización de otros lugares ad-hoc como las oficinas distritales o regionales de los parlamentarios. Por otro lado, si la regulación del lobby va a regir en cualquier parte, entonces se afectará la vida social y privada de las autoridades y parlamentarios.
Por otro lado, se debe tener presente que en el caso de quienes ostentan un cargo de elección popular existe un freno natural, que tiene que ver con el control democrático de todos los electores: si es que los representantes apoyan intereses particulares que se contradicen con lo que la mayoría de los electores piensa que es el interés general, las decisiones que ellos tomen ponen en riesgo sus posibilidades de reelección o simplemente de ser elegidos.
En este sentido, una segunda reflexión tiene que ver, con la forma de abordar el problema. En este sentido, y en primer lugar, lo relevante es la necesidad de transparentar la actividad del sector público: existen todavía en Chile una gran cantidad de áreas que deben ser revisadas y transparentadas, y que son la base previa para cualquier regulación en materia de lobby o de financiamiento de la política:
El primer lugar, todo acto administrativo debiera ser público, y la autoridad debiera velar para que se haga público (registros de fácil acceso, páginas web, etc.). Así, el carácter de secreto, sólo quedaría como una excepción y vinculada a materias de seguridad externa (por lo tanto Defensa o Relaciones Exteriores) o interna (Interior).
Adicionalmente, señala el experto de LyD, es esencial la transparencia en las votaciones del Congreso. Es decir, parece razonable que los ciudadanos tengan información en forma gratis, simple y rápida sobre las actuaciones y votaciones de los parlamentarios, tanto en sala como en comisiones, porque es la forma más efectiva de ver los reales intereses representados por dichos parlamentarios. Así, los parlamentarios que privilegian intereses distintos a los de sus electores o que de alguna forma son percibidos por la ciudadanía como “intereses oscuros”, probablemente no serán reelectos.
Otro aspecto relevante es la publicidad de intereses de autoridades públicas, que debieran hacer una declaración sobre los distintos intereses que puedan tener, todo lo cual se debería ver reflejado en el ejercicio de sus funciones. La manera de garantizar esto es estableciendo la total transparencia y publicidad de dicha declaración.
Finalmente, existen una serie de actuaciones que involucran a diversas autoridades públicas y que aunque no han sido objeto de regulación deben ser erradicadas: existencia de abogados integrantes y de “alegatos de pasillo” en el poder judicial, intervencionismo electoral del Gobierno, etc.
En segundo lugar, cabe fortalecer la manera en que se está abordando el tráfico de influencias y los conflictos de interés, mediante sanciones más altas; así como reglas de inhabilidad e incompatibilidad más exigentes con las autoridades públicos.
Lobbyingchile: NOTA: creemos que no solo hay que poner énfasis en la transparencia del sector público sino que también privado.
Pero lo que falta en esta discusión es difusión, enseñanza, información por parte del poder Legislativo en estas materias, porque veo que hay una tremenda ignorancia de lo que puede ser un lobby sin caer en tráfico de influencias. Por otro lado no se puede legislar en la ignorancia del ciudadano. Hay que capacitarlo
Ver más de lobby, en lobbyingchile.blogspot.com; consultajuridica.blogspot.com
posted by consultas at 3:14 PM
