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martes, agosto 17, 2010

ARGENTINA : Lobby feroz

Lobby feroz

Por Alfredo Zaiat

En la introducción protocolar de su discurso en el acto por el 156º aniversario de la institución, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, dio la bienvenida a la presidenta de la Nación, a autoridades de los otros dos poderes de la república, a ministros del Ejecutivo, a embajadores, a representantes de las provincias y municipios y a los invitados y socios en general. Se olvidó o ignoró la figura, sentada visiblemente a pocos metros del atril, de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Esa llamativa descortesía de hombres de negocios fue la primera expresión pública de la resistencia que la city concentra en la primera mujer que ocupa la poltrona principal de la entidad monetaria, además con visión heterodoxa de la economía. Le adjudican la responsabilidad de haber frenado el proyecto que financistas y áreas de Economía habían elaborado para eliminar la restricción al ingreso de capitales especulativos. Subestimaron a Cristina Fernández de Kirchner, quien fue contundente en su discurso en la Bolsa: los mandó al psiquiatra a los promotores de esa iniciativa. Desde entonces, corrientes conservadoras han intensificado observaciones críticas hacia la gestión de Marcó del Pont.

En días previos a ese festejo bursátil de hace un mes, Gabbi había sugerido que el Gobierno estaba estudiando dejar sin efecto el encaje (inmovilización) por un año del 30 por ciento sobre capitales financieros del exterior que ingresan al mercado local. El diario Ambito Financiero anunció en tapa que Economía tenía en carpeta un avanzado proyecto en ese sentido. Se sabe que Marcó del Pont es una economista que a lo largo de su trayectoria ha sostenido la necesidad de controlar el arribo de fondos especulativos, puesto que son potentes perturbadores de la estabilidad macroeconómica. El objetivo de corredores y financistas compartido con Economía quedó trunco. Cristina Fernández de Kirchner decidió mantener esa necesaria restricción en la Cuenta Capital explicándolo en los siguientes términos: "...que las cámaras empresariales que las representan definan claramente cuál es su estrategia porque suena muy inconsistente y casi para el psiquiatra que, por un lado, un sector esté reclamando el levantamiento del encaje y, por otro lado, diaria y cotidianamente se mencione la fuga de capitales como uno de los principales problemas de la política económica del país".

La banca privada también se ha sumado a la incomodidad de los operadores bursátiles con la actual conducción del BCRA. En algunos casos por transacciones puntuales y en otros por normas generales que intervienen en sus fabulosas ganancias. El Banco Macro, cuyo presidente Jorge Brito es además titular de la cámara de entidades de capital nacional Adeba, se molestó porque el directorio de la autoridad monetaria no apuró la autorización de compra del Banco Privado de Inversiones. Demora que estaba motivada en la actuación de la Unidad de Información Financiera sobre el BPI. La UIF es una dependencia que se ocupa de investigar y combatir negocios sospechados de lavado de dinero. En términos generales, los banqueros están disgustados con Marcó del Pont porque los orienta a emprender una política de prestar al sector productivo. Los ha invitado a trabajar con más entusiasmo en uno de los servicios donde muestran más deficiencias.

Una de las herramientas que tiene a disposición el Banco Central para encaminar al sistema hacia el financiamiento de la actividad productiva son los encajes (porcentaje del dinero de los depósitos que deben inmovilizar). En borrador, en trabajos a nivel técnico se esbozó la idea de subir los encajes de los depósitos a la vista y bajar los de plazos fijos. Las primeras colocaciones se realizan a tasas cercanas a cero y hoy concentran casi el 60 por ciento del total de los depósitos. Con ese dinero los bancos financian saldos de corto plazo (tarjetas, descuento de documentos) a tasas altísimas con un costo de fondeo de casi cero. Ese cómodo esquema financiero explica gran parte de las fabulosas ganancias que contabilizan los bancos (ver el suplemento Cash de esta edición). En espacios técnicos del Central se estudió entonces la posibilidad de bajar los encajes de plazo fijo y subir los de colocaciones a la vista, para de esa forma alentar los primeros depósitos y así incentivar créditos a mediano plazo. Si bien es cierto que un eventual traspaso de depósitos de caja de ahorro y cuenta corriente a plazos facilitaría el cumplimiento del programa monetario (los plazos fijos no se computan en el M2), con esa medida los bancos perderían rentabilidad. Por ese motivo arremetieron contra una iniciativa que ni había llegado a ser tratada por el directorio del instituto emisor, lo que revela los aún aceitados canales de comunicación que persisten en área del Central con despachos importantes de la city. El argumento esgrimido fue que con ese plan Marcó del Pont quería enfriar la economía, instancia que para el kirchnerismo es considerada una herejía.

Esa intención se descubre muy burda de acuerdo con los antecedentes de la presidente del BC, de quien se sabe que no es partidaria de frenar la demanda. En estos meses está lidiando con el Programa Monetario 2010 diseñado por el entonces presidente del Banco Central Martín Redrado, quien lo proyectó con un crecimiento del PIB de apenas el 2,5 por ciento. Hoy la estimación más prudente de avance de la economía es de 7,0 por ciento, lo que implica que la expansión de dinero debería acompañar ese ritmo, pero la actual conducción está bajo presión por las fallidas proyecciones iniciales de Redrado. Por ese motivo se intensificaron las observaciones críticas en medios conservadores respecto de que no se podrá cumplir con ese programa, con el objetivo de desgastar la gestión de Marcó del Pont y así acotarle el margen de acción para su continuidad y futuras nominaciones en el directorio, que deben ser presentadas por el Ejecutivo el mes próximo.

Para no tropezar con el lobby feroz de la banca y sus voceros, resulta ilustrativa la última edición de "Coyuntura y Desarrollo" de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. En ese documento se publicó la nota "Programa Monetario y crédito productivo". El presidente de FIDE es el economista Héctor Valle y su directora –en uso de licencia– es Mercedes Marcó del Pont. En ese artículo se expresa, precisamente, todo lo opuesto a la intención de enfriar la economía y cuestiona las concepciones monetaristas:

El stock de crédito en la Argentina, apenas superior al 10 por ciento del PIB, es uno de los más bajos entre los países de ingreso medio.

Se trata de un rasgo prácticamente estructural que viene de antaño y que no se ha revertido luego de la caída del régimen de convertibilidad.

La muy líquida plaza financiera local se ha caracterizado en los últimos años por prestar a altas tasas de interés y bajo riesgo.

Uno de los mayores desafíos estructurales de cara al futuro consiste en cambiar ese sesgo y orientar la altísima liquidez de nuestro sistema bancario hacia emprendimientos productivos.

Pero este objetivo puede eventualmente tropezar con ciertos límites que impone la propia lógica de la política monetaria, tal como ésta se viene llevando a cabo durante la postconvertibilidad.

El Programa Monetario del Banco Central se basa en metas cuantitativas de crecimiento de la cantidad de dinero en circulación (M2).

Esa idea –resabio monetarista del último programa con el FMI– es mantener la expansión monetaria bajo control para evitar un desajuste inflacionario por exceso de emisión.

El Programa Monetario 2010, por ejemplo, estableció un rango de variación del M2 con un máximo de 18,9 por ciento interanual y un mínimo de 11,9 por ciento para diciembre de 2010.

Ahora bien, el sostenimiento de la expansión monetaria dentro de estos límites puede resultar contradictorio con el objetivo de expandir el crédito al sector privado.

Conciliar la agenda de mediano plazo –expansión del crédito productivo– con el diseño de una política monetaria que, por naturaleza, se encuentra orientada fundamentalmente al corto plazo, requerirá una revisión de los criterios con que se venía diseñando el Programa Monetario en los últimos años.

Esta notoria convicción heterodoxa de la política monetaria y su vocación de orientar el crédito a sectores productivos de la actual conducción del Banco Central es el principal motivo de incomodidad de los banqueros y sus socios.

azaiat@pagina12.com.ar
 
RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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viernes, agosto 13, 2010

Gobierno anuncia envío de propuesta de royalty en 10 días

Ministro de Hacienda Felipe Larraín

 
 
 
 
 
 
 
 
El ministro de Hacienda, Felipe  Larraín, luego de reunirse con un grupo de parlamentarios de  la Alianza, aseguró que en un plazo máximo de 10 días,  presentará al Parlamento un proyecto de ley relativo a un  royalty a la minería.

La cita con los representantes del oficialismo se da en el  contexto de la conformación de una mesa de trabajo que tiene  con fin, generar los consensos necesarios para la  presentación de la citada iniciativa legal, que ya cuando se  intentó incluir un impuesto específico similar en la ley de  reconstrucción por el terremoto, ésta finalmente fue  desechada en el Congreso.

Como Gobierno “hemos planteado que durante todo este periodo hemos estado conversando con la oposición para tratar de  consensuar, pero que es nuestro propósito dentro de los  próximos 10 días ingresar con un proyecto de ley sobre el  tema royalty", sentenció Larraín.

Asimismo, el titular de Hacienda explicó que la discusión se  fundamentará en las bases que sentó frente a este tema la  Comisión Mixta del Congreso, creada a propósito de la ley de  reconstrucción y su propuesta de royalty.

El secretario de Estado destacó que “existe buen ánimo y  disposición de las partes", sin embargo, advirtió que esto no  implica que se llegue a un acuerdo pronto. “Es lo que  deseamos en el Gobierno, pero no está garantizado",  sentenció.
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RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
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sábado, agosto 07, 2010

BANCA CHILENA PIERDE CREDIBILIDAD POLITICA. FALLA EN LOBBY DE SOMERVILLE

Asociación de Bancos expuso ante la Comisión de Hacienda sus aprensiones frente a la creación de un Sernac financiero
 
La instancia que preside el senador Camilo Escalona recibió al presidente de las instituciones financieras, Hernán Somerville, y abordaron las razones por las cuáles se requerirían nuevas modificaciones al sector.

Comisión de Hacienda

Con "dos miradas distintas" sobre un mismo problema, concluyó la audiencia que sostuvo la Comisión de Hacienda con el presidente de la  Asociación de Bancos, Hernán Somerville, en el marco del debate que se ha generado en torno a la decisión del Ejecutivo de enviar al Congreso un proyecto que amplía las facultades del Servicio Nacional del Consumidor con el fin de fiscalizar el mercado financiero.

Así lo manifestó el presidente de la instancia, senador Camilo Escalona quien pese a que valoró el intercambio de opiniones con el organismo gremial admitió que no existe coincidencia frente a la necesidad de crear un Sernac financiero, tal como lo plantea el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados.

El senador Escalona explicó que "los bancos creen que han actuado bien en cuanto a la suscripción de contratos, sin embargo, la enorme mayoría de los chilenos piensan que los revientan y esa fue la discusión que sostuvimos con el dirigente de la Asociación de Bancos y que no quedó resuelta".

Aseveró que técnicamente, la Comisión solo escuchó la opinión de la Asociación de Bancos pero "en el fondo del tema no avanzamos nada, porque el texto legal  deberá llegar al Senado para iniciar la discusión del proyecto".

No obstante, anticipó que "no me satisface del todo que el gobierno envíe un proyecto para ampliar las facultades del Sernac, porque parto de la base de que el Presidente adoptó en su campaña el compromiso de crear un servicio especializado".

Precisó que el tema de fondo será buscar durante el debate legislativo "los mecanismos que permitan regular esta actividad". Ello, dadas las diversas denuncias sobre casos de cláusulas abusivas en la suscripción de contratos de productos financieros.

Por su parte, el senador José García Ruminot, integrante de la Comisión de Hacienda, manifestó que "lamentablemente, existen algunas instituciones financieras -no todas- que ponen en sus contratos de adhesión cláusulas abusivas".

Por estas razones "consideramos que cuando se den estos casos, los consumidores de créditos tienen todo el derecho de contar con una entidad para reclamar y que se les entregue una respuesta satisfactoria", dijo el legislador.

Añadió que "tuvimos una conversación muy franca directa y de mucho entendimiento con la Asociación de Bancos y él acogió las observaciones que le hemos planteado en el entendido de que las instituciones que hacen uso de estas prácticas abusivas dañan la imagen de los bancos en general. Por ello, comprometió sus esfuerzos para evitar que eso continúe".

En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville explicó que si bien, a su juicio no es necesario impulsar la creación de un Sernac financiero, "tenemos disposición para el diálogo y es así como el próximo lunes, nos reuniremos con el Director del Sernac para abordar este tema".

Enfatizó además "lo que hemos hecho en materia de transparencia"  y recordó que el año pasado "la Superintendencia fijó un criterio definitivo en materia de cobros de comisiones y además nuestra Asociación cuenta con la Defensoría del Cliente que tenemos a disposición en forma gratuita para los consumidores de créditos del sector financiero y los reclamos se pueden hacer por Internet".

FUENTE:
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RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
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MEXICO: Estrategia y Cabildeo: México secuestrado por la delincuencia / Ernesto Villanueva Lomelí

 

Estrategia y Cabildeo: México secuestrado por la delincuencia / Ernesto Villanueva Lomelí

Desde hace algunas semanas están en el aire, tanto en radio como en televisión, diversos spots que pretenden generar conciencia entre los ciudadanos sobre la terrible violencia que estamos viviendo; la aparente idea, de dicha publicidad, es justificar que las políticas públicas en materia de lucha contra la delincuencia organizada, están siendo efectivas y que los cuerpos descuartizados esparcidos por todo el país, los decapitados que aparecen con mensajes, las mantas colgadas en los puentes de las principales avenidas de capitales del país, los secuestros de todo tipo, los robos a mano armada y con lujo de violencia, los cierres de avenidas por delincuentes, el pago a comandos por el derecho de paso en algunas carreteras, los retenes para robar y secuestrar, las persecuciones por ciudades con disparos en plena luz del día, el cobro de "protección" para los negocios en el centro de las ciudades; en fin, toda esa violencia que nunca, repito, nunca habíamos experimentado en nuestro país de manera generalizada, no es otra cosa, según dichos comerciales, que un reflejo del éxito de las acciones del Gobierno Federal.

El presidente Calderón debe estar totalmente convencido de que está haciendo bien las cosas, debe contar con información privilegiada que permita mantener su posición con relación a dichas acciones en contra de la delincuencia, ya que de otra forma sólo se podrían explicar dichos spots, si fuera un presidente engañado o cínico.

Es verdaderamente lamentable que un gobierno pretenda justificar el hecho de que sus gobernados hayamos perdido el máximo derecho de libertad que es el libre tránsito de las personas en su colonia, ciudad, Estado y país; es terrible que la muerte de muchos mexicanos que lucharon por la libertad, hoy no signifique nada y estemos viviendo en un país donde los que mandan son los delincuentes ante la incapacidad, corrupción y miopía de un gobierno que sólo tiene una explicación y es verdaderamente irresponsable.

Los anuncios señalan que el país ya tenía esa violencia desde hace varios años, mentira, nunca como hoy; que los ciudadanos debemos afrontar las consecuencias de la lucha contra la delincuencia organizada, mentira, ya que dichas consecuencias son producto de la incapacidad, torpeza y corrupción del gobierno; que los homicidios perpetrados son entre los propios delincuentes, mentira, ya que han muerto muchos inocentes por el sólo hecho de estar en la calle y recibir una bala o un granadazo.

El gobierno miente en su publicidad, los ciudadanos somos testigos y víctimas de la violencia que cada día se agrava en todo el territorio nacional; los empresarios son víctimas de chantajes, secuestros y amenazas, que en el mejor de los casos es para pagar por seguridad a los propios delincuentes; los campesinos exitosos tienen que dejar su trabajo por amenazas y chantajes; las carreteras son peligrosas para transitar a cualquier hora.

Durante los últimos 9 años hemos sido gobernados por ineptos que, por su incapacidad, torpeza y temor han hecho que los mexicanos perdamos uno de los principales derechos de la libertad: la libertad de tránsito.

Hoy nuestro país es otro, sus habitantes tienen miedo de transitar por sus calles y carreteras, hoy México está de luto porque el gobierno ha permitido que esté secuestrado por la delincuencia organizada, lo demás son mentiras.


Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO; ha tomado diversos cursos y diplomados en instituciones como Top Management Consultants; el Instituto de Administración Pública de Jalisco, IAPJ; en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE; así como cursos de análisis y dirección de campañas en la George Washington University y análisis y comunicación de políticas públicas en The University of Chicago. Dentro de su experiencia en la Administración Pública se encuentran haber sido Subdirector de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara; Jefe de Unidad Departamental, Coordinador de Asesores y Coordinador del Proyecto de Reingeniería de Procesos y Normatividad de la Dirección de Servicios al Público de la Secretaría de Transportes y Vialidad, en el Distrito Federal. En el ámbito legislativo se ha desempeñado como Coordinador de Asesores de Regidores, Diputados, Senadores y Grupos Parlamentarios en Ayuntamientos, en la Cámara de Diputados, en donde además ha fungido como Secretario Técnico, y en el Senado de la República. Ha sido invitado como ponente, expositor y profesor para temas como Cabildeo, Negociación y Análisis Político en Instituciones como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO; la Universidad de Guadalajara, U de G; la Universidad de Sonora; la Universidad Veracruzana, UV; y organizaciones nacionales y estatales comoCOPARMEX; es profesor invitado en el diplomado anual de Relaciones Públicas de laUniversidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde imparte el módulo de Cabildeo. Fue Director General de la revista política Perspectiva en Jalisco; actualmente esarticulista para la Organización Editorial Mexicana, OEM que publica sus artículos en diferentes diarios del país; es columnista en los diarios El Occidental de Guadalajara (cinco años) y fue de El Sol de Puebla (tres años); así como Coordinador de Corresponsales de la agencia de noticias Notiemp en la ciudad de México, donde actualmente es Director Regional de la Zona Centro. Fue Consultor Senior en Zimat Consultores (4 años) la firma de comunicación calificada como la número uno de México y para Golin Harris de Nueva York (2 años) y Weber Shanwick de Bruselas (1 año), así como para Central de Estrategias Políticas, CEPOL (2 años), en todas, como integrante del área de asuntos públicos y manejo de crisis, desarrollando estrategias de cabildeo, de campañas políticas y coordinador de estrategias de cabildeo exitosas como la visita del XIV Dalai Lama a la Cámara de Diputados. En materia de comunicación política ha participado, desde 1995, en diversas campañas electorales, tanto internas partidistas como constitucionales, en diferentes ámbitos territoriales (distritales, municipales, estatales y nacional), donde ha Coordinado las áreas de Comunicación, Estrategia y Electoral. Es miembro invitado, desde 2005, del World Parliamentarians' Convention on Tibet, en donde ha asistido a la IV Convención, en Edimburgo, Escocia y a la V, en Roma, Italia, donde fue moderador y ponente. Ha tenido la responsabilidad de ser representante popular como Regidor Suplente del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y, actualmente, como Diputado Federal Suplente por el Distrito 08 de Guadalajara
 
RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
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viernes, agosto 06, 2010

Escrutinio de la banca

la banca  chilena no es socialmente responsable
 
Escrutinio de la banca


La importancia del sistema financiero para cualquier país, y las dependencias y oportunidades que él representa para que emprendedores y consumidores puedan realizar su trabajo y progresar llevan naturalmente a que esta industria reciba permanente atención pública. Y, como es lógico, la crisis económica mundial en 2008 y 2009, que se originó en ese sector, acrecentó ese escrutinio. En el caso de Chile se añade el hecho de que los bancos han tenido una alta rentabilidad por un período prolongado, y también el que algunos estudios han revelado altos spreads de tasas de interés, particularmente en el mercado de créditos de consumo.

Los representantes de la Banca se han reunido con la comisión de Hacienda del Senado para debatir este y otros asuntos, pero ese encuentro tuvo lugar a puertas cerradas, lo que no contribuyó a ilustrar a la ciudadanía ni permitió conocer los aspectos y alcances del análisis que se haya hecho.

Cabe lamentar esa reserva, porque las actuales buenas perspectivas económicas y la gradual superación de la crisis son buena oportunidad para evaluar si nuestro sistema financiero tiene un adecuado nivel de competencia. La promoción de ésta es indispensable para asegurar el mayor bienestar posible para la población. El proyecto de ley que amplía las facultades del Sernac para asegurar la protección del consumidor en materia de productos financieros puede contribuir a reducir asimetrías de información y, por esa vía, estimular la competencia.

Pero si ésta es efectivamente insuficiente, eso no basta. El análisis debe reconocer que la situación de rentabilidades de los bancos es muy heterogénea, dependiendo de su tamaño —sugiriendo que en esta industria puede haber importantes economías de escala— y de sus líneas principales de negocio. Aun así, el segmento de personas tiene en general retornos atractivos, sugiriendo que ahí puede haber problemas.

Además, hay barreras a la entrada que pueden reducir la competencia. Así, la regulación privilegia la estabilidad del sistema y, por consiguiente, encarece los costos de entrada a él. Esto es algo que se debe valorar, porque después de la crisis de 1982-1983 la banca chilena ha tenido una solvencia importante, que ha ayudado a absorber mejor las crisis internacionales posteriores y ha permitido que el país retome más rápido la senda del crecimiento. Pero, posiblemente, hoy se pueda pensar en un equilibrio distinto, sobre todo porque existe una importante concentración, que si bien por sí misma no lleva necesariamente a menor competencia, puede producirla en algunas condiciones.

También la propiedad conjunta de activos esenciales —caso de Transbank, por ejemplo— constituye una barrera a la entrada. Si no hay facilidad de acceso a este activo por potenciales competidores, eso puede hacer menos vigorosa la competencia en ciertas circunstancias. A lo anterior se suman los costos de cambio relativamente elevados (por ejemplo, por los prepagos de crédito o el impuesto de timbre de estampillas que se debe pagar para reemplazar un crédito por otro) y comerciales (porque no es fácil recabar información adecuada sobre la trayectoria de los distintos consumidores de productos financieros). En todos estos ámbitos, si se documenta más fehacientemente falta de competencia, convendría introducir cambios que la faciliten. Para promoverla en el mercado financiero debe evaluarse la posibilidad de que actores extranjeros debidamente supervisados en sus países puedan tener menores restricciones para comercializar algunos de sus productos financieros en Chile.

 
RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
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BANCA CHILENA NO ES SOCIALMENTE RESPONSABLE.

BANCA EN CHILE HA LLEGADO A LIMITES INSOSTENIBLES
 
La Banca en Chile ha llegado a limites insostenibles para los ciudadanos y la sociedad en general.
Es sin duda un área de la economía y del Empresariado  en que no ha operado eficientemente   la Responsabilidad Social Empresarial. Es decir la Banca Chilena no es socialmente responsable, cuestión inadmisible en el siglo XXI.  Ha hecho de su crecimiento la explotación de los pequeños y medianos clientes  mediante prácticas muy criticadas. Por lo tanto, aquello le ha hecho ser acreedora de numerosas críticas , que sin lugar a dudas ponen en peligro la estabilidad de esa industria tan importante para el país. Las acciones de Lobbying que ejerce  permanentemente ya no surten efectos y las autoridades  buscan con razón o sin ella fuertes y nuevas regulaciones.
FUENTE:
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jueves, agosto 05, 2010

La agricultura nortina enfrenta la presión de la gran minería por el agua.

Minería y agro: una veta compleja
 
La agricultura nortina enfrenta la presión de la gran minería por el agua.
 
 Las opciones van desde la colaboración hasta la prohibición de nuevos proyectos extractivos.  

Eduardo Moraga Vásquez  

Ya van siete años. Ni una gota de agua en ese tiempo. Parece una historia sacada del Antiguo Testamento. Sin embargo, ocurre ahora, en Chile, en el valle de Copiapó.

Son más de tres mil hectáreas de olivos y parronales de uva de mesa, ubicadas entre la ciudad que da nombre al valle y la desembocadura en el mar, que sobreviven a punta de agua subterránea. Por generaciones, esas napas se rellenaban por algunas esporádicas lloviznas, cosa que no ocurre desde 2003, y por el flujo superficial y bajo tierra que venían de la cordillera. Sin embargo, esas aguas ya no llegan. A la creciente demanda de los agricultores aguas arriba, en el último par de décadas se sumó un sediento y cada vez más demandante actor: la gran minería.

Grosso modo, por cada 40 litros que usa la agricultura desde Copiapó a la cordillera, la minería ya ocupa 15 y 8 la población.

Si la situación hoy es gris, el futuro luce oscuro. Nuevos proyectos mineros podrían elevar en un tercio la demanda minera por agua en los años próximos.

"El desarrollo agrícola de todo Copiapó está en peligro. El Estado tiene que hacerse cargo del problema", afirma Carlos Araya, administrador de la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó, Tierra Colorada y Desembocadura.

Si bien la agricultura y la minería han convivido -con mejor o peor relación- en toda la historia de Chile, especialmente en el Norte Chico, también es cierto que en los últimos años las áreas de conflicto se han multiplicado. Ambos actores se pegaron un estirón. La agricultura de subsistencia de hace medio siglo fue reemplazada por la tecnologizada y masiva producción de uva de mesa, cítricos y olivos enfocados en la exportación.

Paralelamente, la minería vive un momento de auge histórico. A la liberalización del ingreso de empresas extranjeras en los 80 se sumó la estabilidad de política lograda por Chile con el retorno de la democracia en los 90 y el actual auge de los precios de los metales gracias al crecimiento de China. Con recursos económicos que los agricultores no pueden ni soñar, sólo en los proyectos mineros en estudio hay inversiones potenciales por US$ 50 mil millones, que han puesto presión extra al uso del agua, la mano de obra y el medio ambiente en el norte del país.

El problema para los agricultores nortinos es que la forma en que en Chile se regula la convivencia entre agricultura y minería está en pañales.

Si bien hay avances, como la obligación de presentar estudios de impactos ambientales, también hay problemas importantes, como por ejemplo, la fuerte asimetría en recursos financieros y profesionales de las asociaciones de agricultores o canalistas, que les dificulta confrontar las investigaciones que presentan las empresas mineras.

El arco de opciones que se barajan en la actualidad para las relaciones entre agro y minería es amplio. Desde quienes piensan que, de frentón, se debe prohibir las inversiones mineras en ciertas áreas, hasta quienes argumentan que los agricultores pueden establecer beneficiosas alianzas con los mineros. La carta que elija el país marcará el destino de toda la agricultura nortina.

Intenso lobby

Que las relaciones entre agro y minería es una de las áreas candentes en la actualidad queda claro al hablar con los líderes ambientalistas.

"La minería no sólo usa muchos recursos, como el agua, sino que es altamente contaminante. Genera riqueza por unos años, pero luego cierra, alteran las fuentes de agua y dejan recuerdos como los relaves. En cambio, la agricultura, aunque también contamina, pero en mucho menor escala, genera trabajo y sostiene comunidades rurales por generaciones", explica Luis Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

Cuenca enumera los problemas de agua de los oasis de Pica y Matilla, la contaminación del río Loa y la desaparición del río Salado como pruebas en favor de su posición.

En el fondo, para los ambientalistas, el agro sólo pierde con la presencia de la minería.

Sin embargo, la mirada entre los dirigentes agrícolas es distinta. "Queremos alejarnos de la idea del 'versus'. Con la minería podemos tener una relación mutuamente beneficiosa y aprovechar las sinergias", argumenta Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura.

La lectura que hacen los líderes sectoriales es que, en el último par de años, las mineras dieron un giro en su relación con el agro. La razón es una mezcla de mayores exigencias ambientales en Chile y la fuerte oposición de ONG ambientalistas internacionales. En términos simples, la mesa de negociaciones se emparejó.

Un ejemplo de ese nuevo espíritu lo vivió en carne propia Alejandro Ayres, por entonces presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, en 2005.

Entre los agricultores de ese valle había temor por el futuro cierre de la mina El Indio, de la canadiense Barrick, en plena precordillera. La posibilidad de que material contaminante abandonado terminara aguas abajo podía, literalmente, matar su negocio.

La minera convocó a representantes de agricultores y de la comunidad elquina para acoger sus aprensiones sobre el cierre del yacimiento, actividad que según la legislación chilena no es obligatoria.

Alejandro Ayres se sorprendió del resultado de las conversaciones. Luego de tiras y aflojas en la mesa de negociaciones, los ejecutivos de Barrick acordaron poner cerca de US$ 60 millones en medidas paliativas para enfrentar el cierre de El Indio.

Ayres recuerda como personalmente supervisó la reconstrucción del río Malo, un tributario del Elqui, que había sido desviado para abastecer a las faenas mineras. Luego de ser reencauzado, el río, aunque con un menor caudal que en la antigüedad, volvió a contribuir a la actividad agrícola del valle nortino.

"Esa negociación ayudó a fijar los estándares de cómo deben resolverse los problemas que acarrea la minería. Mi experiencia es que esas empresas, desde hace unos pocos años, están más abiertas a conversar y a tener una buena relación con los agricultores", afirma Alejandro Ayres.

Según Juan Ramón Candia, director del programa de Medio Ambiente de la Fundación Chile, "las compañías mineras están sujetas a muchas presiones en el exterior y no les interesa para nada comprarse un problema social o con los agricultores. Una parte importante de la propiedad de las mineras está en manos de fondos de pensiones de países desarrollados y sus afiliados son muy sensibles; por ejemplo, a las denuncias de los medios de comunicación".

Qué hacer

Las diferentes miradas sobre este tema tienen implicancias prácticas. Cada actor está haciendo lobby para imponer sus reglas del juego en las relaciones agro y minería.

Para las organizaciones ambientalistas el dictamen es claro sobre lo que tiene que hacer el país. "Por el bien de las comunidades, de los agricultores y del medio ambiente no se deben permitir proyectos que afecten glaciales, áreas protegidas  y nacimientos de cuencas y ríos", exclama Luis Cuenca.

En tanto, en las organizaciones agrícolas se apunta a elevar las relaciones entre ambos grupos a niveles insospechados.

La SNA está tirando líneas para posicionar al agro como un oferente de servicios ambientales a ese rubro extractivo.

"La minería es una actividad contaminante, mientras que la agricultura entrega beneficios al medio ambiente, como la captura de CO2 del aire, un elemento asociado al efecto invernadero. Perfectamente, podemos servir para que la minería amortigüe sus efectos negativos", explica Juan Pablo Matte.

 Otro elemento en que se espera colaboración es en la provisión de agua. Los productores quieren que las mineras asuman una mayor inversión para aumentar el caudal de agua en los valles nortinos.

"Esas empresas manejan un nivel de recursos que los agricultores nunca van a tener. Por ello, esas compañías tienen que apuntar a crear plantas desalinizadoras de agua marina, establecer mecanismos para rescatar las aguas antes de que lleguen al mar o crear los canales necesarios para llevar agua de una cuenca a otra", afirma Rafael Prohens, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Copiapó.

En tanto, desde el punto de vista de los analistas del sector, se apunta a que el Estado tiene que asumir un papel más activo en asegurar una mayor igualdad entre ambos sectores.

"Las empresas mineras, como tienen recursos suficientes, pueden entregar un estudio ambiental de muchos tomos.

Los agricultores o la ciudadanía, muchas veces, no tienen la habilidad para evaluarlo. Hay una asimetría en el manejo de la información. Es importante que el Estado provea de esas herramientas, como por ejemplo, a través de un Ombudsman, defensor público, ambiental", afirma Juan Ramón Candia.

Las propuestas están, ya es hora que el país tome una decisión.

El Estado tiene que asegurar una mayor igualdad entre ambos sectores productivos.

 

Eduardo Moraga Vásquez.
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LA UJSURERA BANCA NACIONAL IRÁ AL BANQUILLO DE LA CIUDADANIA

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En cita con la comisión de Hacienda se analizaron utilidades e intereses:
Los bancos se abren a perfeccionar su industria tras reunión con senadores
Se activa Lobby de la Banca Chilena
 


Máximos representantes del sector aceptaron sugerencias para ampliar cobertura de seguros hipotecarios. Bancos se reunirán el lunes con el Sernac para abordar el tema de las "cláusulas abusivas" en contratos.
 
Hernán Somerville atribuyó altas ganancias al alza de la UF, mayor eficiencia y menores provisiones.
 
Senadores no quedaron conformes con todas las razones dadas por bancos para explicar sus utilidades.  
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miércoles, agosto 04, 2010

LOBBY, MEXICO: PRD propone transparentar cabildeo

PRD propone transparentar cabildeo

El legislador del PRD estimó que dicha actividad produce desconfianza
Legisladores aseguran que es una práctica cotidiana entre de grupos de interés que buscan interlocución con las bancadas para promover su propia agenda
Martes, 03 de Agosto de 2010
Por: El Universal
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CIUDAD DE MEXICO.- La bancada del PRD en la Comisión Permanente propuso regular el cabildeo entre legisladores y otros sectores de la sociedad, con el fin de transparentar dicha actividad y evitar actos de corrupción que dañan el interés público.

En entrevista, el diputado José Luis Jaime dijo que en México el cabildeo es una práctica cotidiana entre de grupos de interés que buscan interlocución con las bancadas para promover su propia agenda y velar por intereses específicos.

'A tal grado llega su injerencia que diseñan sus estrategias de mercado con base al monitoreo y evaluación de las actividades del Congreso y el Gobierno, y presentan información técnica sobre temas específicos', añadió Jaime.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estimó que dicha actividad produce desconfianza pues, dijo, se tiene la percepción que el cabildeo es la complicidad entre grupos de poder que negocian sobre intereses particulares en vez del interés público.

Jaime Correa señaló que por ello es necesario regular las actividades profesionales de cabildeo que se realicen ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, o sólo frente a este último.

'La institucionalización del cabildeo contribuiría a que las organizaciones sociales y civiles tengan mayor capacidad de incidencia ante el gobierno, para influir de manera abierta y transparente sobre los actores que toman las decisiones', insistió.

Por ello, se propone que el Congreso tenga la facultad de expedir leyes en materia de cabildeo, generando certidumbre para quienes se dedican a esta actividad y que los servidores públicos conozcan las obligaciones que deben seguir en la materia, indicó.

 
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sábado, julio 31, 2010

APRENDAMOS CON ENRIQUE DANS: ¿Qué fue de la Do Not Call list?

¿Qué fue de la Do Not Call list?

Empezó como protestas aisladas de ciudadanos anónimos que se defendían de una actividad que empezaba a ser calificada como "acoso", llevada a cabo por una industria que generaba más de dos millones de puestos de trabajo y unos cincuenta mil millones en ventas. En su momento álgido, lo normal en muchos hogares norteamericanos llegó a ser recibir alrededor de una llamada de telemarketing diaria, hasta el punto de llegar a asentarse la costumbre de monitorizar las llamadas entrantes mediante el contestador automático.

En el año 2003, al constatar la creciente intensificación de las protestas y la actividad desenfrenada de los telemarketers, el Gobierno de los Estados Unidos creó el National Do Not Call Registry, una página en la que poder dar de alta cualquier teléfono residencial con el fin de excluirlo de las bases de datos empleadas por las empresas de telemarketing.

En los primeros días de su creación, la "Do Not Call list" registró más de diez millones de solicitudes, con picos de más de ciento cincuenta altas por segundo. El lobby de la industria, la American Teleservices Association llegó hasta el punto de denunciar a dos agencias gubernamentales, la Federal Trade Commission (FTC) y la Federal Communications Commission (FCC), porque su "exceso regulatorio" iba a llevar a la ruina a sus empresas y porque estaban protagonizando "un abuso sobre la libertad de expresión de los trabajadores de la industria, una minoría impopular cuyos derechos constitucionales debían ser defendidos". Tras un mes de funcionamiento, la lista había crecido hasta los veintiocho millones de números, y se esperaba que llegase a los sesenta millones en su primer año de funcionamiento. Ahora, siete años después, la lista acaba de alcanzar los doscientos millones de números inscritos: en los Estados Unidos, con una población de 309 millones de personas, existen unos 150 millones de teléfonos fijos y unos 285 millones de teléfonos móviles (91% de la población).

¿Cuáles han sido los efectos de la enorme popularidad de la Do Not Call list? A pesar de las excepciones a las que está sujeta (llamadas para caridad, comunicaciones de partidos políticos, encuestas, etc.), en torno a un 77% de los apuntados afirman que el registro ha marcado "una gran diferencia en el número de llamadas de telemarketing" que reciben, mientras que un 14% cita una "pequeña reducción". Como media, se mencionan reducciones que van desde las treinta llamadas mensuales, hasta un promedio de seis: de la molestia y el acoso constante, a una cierta incomodidad ocasional. Algunas empresas sin escrúpulos siguen ignorando la Do Not Call list, pero ahora se trata de algo denunciable, con procedimientos marcados y multas para los infractores.

Y en España… ¿cómo llevamos este tema?

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Airbus comienza a calentar motores

Airbus comienza a calentar motores

Posted: 30 Jul 2010 11:20 AM PDT

airbus.jpg

El gigante de la aviación europea desafía a la crisis del sector con un incremento de la producción de los aviones de su serie A-320, desde las 34 unidades mensuales a las 38 a partir del mes de agosto de 2011, y hasta las 40 aeronaves en el primer trimestre de 2012.

Según el presidente de la compañía, Tom Williams, esto se producirá por una menor demanda de las unidades de las familias A-330 y A-340, respecto a las que mantendrán su producción. Además de lo anterior, este directivo afirmó que:

Es una prueba clara de que existe una fuerte tendencia positiva hacia la recuperación, ya que la compañía recibió pedidos por valor de 28.000 millones de dólares.

miércoles, julio 28, 2010

agriculturablogger: Líderes de FEDEFRUTA en Comisión de Agricultura del SAenado

Líderes de FEDEFRUTA en Comisión
de Agricultura del Senado

 

 

Continuando con sus reuniones con las autoridades del país e instituciones claves en las políticas agrícolas, este martes los dirigentes gremiales asistieron a la Comisión de Agricultura del Senado donde presentaron el estado actual, las oportunidades y desafíos de la fruticultura.

Antonio Walker, Presidente de FEDEFRUTA, se refirió a la necesidad de créditos en dólares adecuados al sector, una ley laboral amigable, adaptada a las condiciones del campo y un tipo de cambio fuerte.

En la oportunidad, además, los dirigentes de FEDEFRUTA, junto a representantes del Ministerio de Agricultura, el SAG, y AFIPA, entregaron su opinión en torno al proyecto de ley que prohíbe plaguicidas extremadamente peligrosos y altamente peligrosos, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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lunes, julio 26, 2010

ARAUCO - STORA ENSO

ARAUCO – STORA ENSO

 

STAFF EN  REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

 

La empresa Montes del Plata constituída por la fusión de las empresas Stora Enso y Arauco, estudia la factibilidad de concretar una inversión en Uruguay superior a los 2.300 millones de dólares. El proyecto se enmarca dentro de la política de promoción de inversiones que se ha impulsado por los sucesivos gobiernos.

El gerente general de la nueva compañía es Erwin Kaufmann, ex gerente comercial de Paneles Arauco.

Trascendió que se unirá al proyecto en Uruguay, Ricardo Brunner, quien asumirá como Gerente de Logística. Brunner ha trabajado durante casi 20 años en Arauco y, en los últimos 5 años, se desempeñaba en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, como CFO & COO de Arauco Wood Products.

Stora Enso y Arauco en tanto ya operan juntas una planta de papel satinado en Arapoti, Brasil.

La ingeniería de la Planta será seguramente Jacko Pyori (finlandesa), quien es líder en la ingeniería de pasteras.

No debemos descartar que atentos a las alianzas en Brasil , una constructora
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Golborne y el royalty:

Golborne y el royalty:
"El dinero que no se recauda hoy como país se pierde"
En medio de las señales del gobierno de que reimpulsará el royalty, Laurence Golborne advierte que la invariabilidad tributaria que existe en la actualidad no termina el 2017. "Los proyectos mineros que hoy se están registrando en Chile a través del DL 600 están accediendo a 15 años de invariabilidad desde cuando empiecen a producir".
26/07/10

(La Tercera) En medio de las señales dadas por el gobierno de que insistirá en impulsar un royalty a la minería, el ministro del área, Laurence Golborne, entrega su análisis de lo que, a su juicio, son las consecuencias de no legislar en la materia y explica que siguen trabajando en el tema.

Golborne es cauto y no quiere adelantar cuál será exactamente la estrategia del gobierno para reponer el royalty. Pero insiste en que dado que hay contratos vigentes con las mineras, en teoría se pueden establecer muchas fórmulas tributarias para subir los impuestos del sector y en la práctica no generar un alza en la recaudación.

Pero también añade un punto hasta ahora menos conocido en el análisis: "Los proyectos mineros que hoy se están registrando en Chile a través del DL 600 están accediendo a 15 años de invariabilidad desde cuando empiecen a producir. Mientras no modifiquemos esta estructura legal y no cambiemos este royalty existente, todos estos proyectos van a tener 15 años de este sistema y no del nuevo. Estamos hablando de 15 años después de que entre en producción, a lo que se deben sumar los cinco a 10 años que demora en comenzar a operar. Por lo tanto, si se hace un cambio tributario más adelante, recién 20 a 25 años después tendría efecto sobre esos nuevos proyectos mineros". Y sentencia: "Eso explica por qué aquí estamos perdiendo una oportunidad país".

¿Hay una idea errada de que la invariabilidad es hasta 2017?

Esta es una situación caso a caso. Las 10 empresas que pagan el 90% del impuesto específico a la minería tienen invariabilidad hasta 2017. A esas 10 empresas, un cambio tributario el 2017 les va afectar el 2018. Al resto de los proyectos que se han inscrito, se están inscribiendo o se van a inscribir, hasta que ese cambio ocurra, cualquier cosa que hagamos el 2017 no les va a afectar.

¿Han hecho un cálculo del peso que podrían tener esos proyectos?

Las minas de hoy van bajando su nivel de producción, las nuevas van subiendo su nivel de producción, por lo tanto son más importantes en el largo plazo las nuevas que las viejas.

El Presidente manifestó su intención de insistir en el royalty. ¿Cómo piensan avanzar?

El ministro Larroulet dijo que existen dos alternativas. Una es un veto aditivo, donde el Presidente insiste con el proyecto en el Parlamento, o existe la opción de enviar un proyecto distinto. No es tan relevante la estructura legal. Lo importante es entender que al país no le da lo mismo aprovechar hoy una situación de precios altos que no hacerlo. El dinero que no se recauda hoy como país se pierde, no es que se recaude después.

El Presidente dijo que la minería podía aportar más en un contexto de utilidades muy altas. Antes el argumento pasaba por las necesidades de la reconstrucción ¿Cambió la visión del gobierno sobre los tributos del sector?

No, no hay un cambio. Es un poco paradójico que un sector que está pasando por un boom importante no se vea afectado por los esfuerzos que estamos haciendo en reconstrucción, en distintos ámbitos. Hay un contexto de reconstrucción y los recursos se requieren hoy más que en el futuro.

¿El Presidente les pidió revisar alguna nueva fórmula?

El tema del rechazo del royalty es más político que técnico. Estamos trabajando fuertemente con la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda en los aspectos jurídicos y técnicos. Pero este es un tema que hoy tiene más relevancia política que técnica.

¿Hay contactos con los parlamentarios para retomar el tema?

Permanentemente estoy conversando con parlamentarios sobre distintas materias. Este ha sido un tema tan importante en las últimas semanas, que he conversado con varios de distintas opiniones al respecto.

¿Se han dado un plazo para resolver este tema?

No tenemos ningún plazo expreso. Pero hay que tener claro que la legislación establece un plazo de 30 días para el veto aditivo.

¿Tiene alguna importancia ir por un veto aditivo o por un proyecto nuevo?

La importancia no está en el mecanismo, sino en los acuerdos.

¿Es hoy el momento político más adecuado o van a dejar pasar algunos meses?

Nuestra percepción es que cada día que esta materia no se resuelve y no se legisla, se produce una situación donde las condiciones de invariabilidad de hoy se perpetúan. La emergencia que hemos estado viviendo ayuda a las condiciones políticas; le dan un sentido de urgencia y de oportunidad que bien apreciado y con alturas de miras, puede ser positivo.

Fuente / La Tercera

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sábado, julio 24, 2010

Aumento de transgénicos no supone amplia aceptación

Aumento de transgénicos no supone amplia aceptación

Luisa Massarani, Ildeu de Castro Moreira and Ana Maria Vara

19 may 2010 | EN | ES | 中文

Roundup_Ready_Soya_Monsanto.jpg

Monsanto

Un informe presentado por el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés) en marzo de 2010 pinta un panorama color de rosa de pequeños agricultores que adoptan —y se benefician— de la tecnología de modificación genética a un ritmo rápido (Ver Prosperan OGM en el mundo en desarrollo, según informe).

Pero recientes investigaciones realizadas en China demuestran que los extensos cultivos de algodón transgénico han causado el resurgimiento de plagas (Ver Asocian algodón Bt con proliferación de plaga agrícola)

Nuestra experiencia en Brasil y Argentina — países que se encuentran entre los principales productores mundiales de cultivos transgénicos— indica así mismo que el crecimiento en la producción de cultivos genéticamente modificados (GM) no ha garantizado ni la aceptación social a gran escala de la tecnología ni los beneficios para los pequeños agricultores.

El primer entusiasmo

Es cierto que cuando, a finales de la década de los noventa, la empresa internacional de agronegocios Monsanto presentó a Argentina la soja Roundup Ready (un cultivo diseñado para tolerar el herbicida glifosato), los políticos y muchos agricultores comerciales recibieron la novedad con los brazos abiertos.

Muy pronto, las corporaciones multinacionales y las asociaciones de agricultores comenzaron una intensa campaña de promoción de los cultivos transgénicos, para que el país se viera a sí mismo como el principal productor de cereales.

Sólo una oficina del gobierno era la encargada de los cultivos transgénicos, lo que ayudó a asegurar que el sistema legal no pondría obstáculos. De hecho, el tema de los alimentos GM nunca fue realmente puesto a debate público.

La soja transgénica de Monsanto llegó a Argentina cuando el país entraba en una gran crisis económica, y los ingresos agrarios se necesitaban con urgencia.

Coincidieron otros factores económicos favorables. Monsanto no tenía un monopolio sobre la tecnología, porque no podía patentar su soja Roundup Ready en Argentina. Además, el glifosato ya no estaba bajo patente; la maquinaria era fácilmente accesible por contrato, y los cultivos GM necesitaban menos labor de campo en comparación con la soja no GM.

Quizás lo más importante, la soja GM fue muy rentable, especialmente cuando se combinaba con prácticas de siembra directa y con un aumento en el uso de agroquímicos. Todos estos factores contribuyeron a la rápida penetración de soja GM en la agricultura argentina.

Sin embargo, nuestras entrevistas y grupos focales con alrededor de 50 pequeños agricultores argentinos en 2007 revelaron preocupación por los cambios sociales que causa el cambio a la soja GM. Para muchos de ellos los beneficios de los GM no provinieron de cosechar los cultivos, sino de alquilar sus tierras a agricultores comerciales para la producción a gran escala.

Esto amenaza la sostenibilidad, porque aumenta la dependencia de los pequeños agricultores frente a terceros respecto de sus ingresos, y también puede significar pérdidas tanto en las habilidades agrícolas como en la fertilidad de la tierra.

La batalla por Brasil

En Brasil, la oposición a los cultivos GM ha sido mucho más abierta, pues la iniciativa de Monsanto para introducir la soja Roundup Ready ha provocado controversias y disputas legales desde hace casi una década.

Ya en 1998, el Partido de los Trabajadores (PT) —el principal partido de oposición del momento— adoptó una postura anti-transgénicos. También lo hicieron algunos gobiernos estatales, por ejemplo, en Río Grande do Sul y Paraná, ideológicamente opuestos a los cultivos transgénicos, que incluso implementaron legislación local para prohibirlos.

Los grupos ambientalistas y movimientos sociales, como Greenpeace y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, también tomaron posiciones anti-GM y fueron mucho más activos y abiertos en hacer campaña contra los cultivos transgénicos que sus homólogos argentinos.

Y si las divisiones políticas han caracterizado el debate sobre los transgénicos en Brasil, también lo han sido las divisiones dentro de la comunidad científica.

En general la comunidad ha apoyado la investigación sobre cultivos modificados genéticamente. La Academia Brasilera de Ciencias también apoyó su cultivo. Pero varios científicos destacados, incluido Glaci Zancan, presidente de la Asociación Brasilera para el Progreso de la Ciencia, se opusieron a los cultivos GM comerciales en ausencia de estudios a largo plazo sobre el impacto en la salud y en el ambiente.

Superar la oposición

A pesar de la controversia y la crítica, los cultivos GM se han expandido rápidamente en Brasil, incluso antes de que fueran aprobados legalmente en 2005. Nuestros grupos focales y entrevistas individuales con cerca de 80 accionistas brasileños y unos 200 pequeños agricultores revelan muchas razones de este crecimiento.

Entre ellas, el uso de semillas transgénicas no autorizadas, ilegalmente traídas de Argentina; la curiosidad por probar nuevas semillas, las presiones para mantener la cosecha tan económicamente productiva como sea posible, y el hecho de que, en algunas regiones, las semillas convencionales de soja son cada vez más difícil encontrar.

Pero más importante que estos factores han sido las tácticas inteligentes empleadas por el cabildeo pro-GM, que incluso incluye —según algunos de nuestros entrevistados— repartir gratis las semillas genéticamente modificadas.

El movimiento más significativo fue la táctica que logró que la soja transgénica fuera legalizada en 2005. El cabildeo pro-GM consiguió que el tema de la investigación con células madre se incluyera en el mismo proyecto de ley de la soja GM —la ley de bioseguridad. Este movimiento aprovechó el gran apoyo por parte de los políticos, los científicos y el público respecto a la investigación con células madre.

La estrategia funcionó —el proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento por 352 votos a favor y 60 en contra, y oficialmente permitió la producción y venta de soja transgénica en Brasil.

Pero el debate está lejos de terminar. Todavía hay fuertes tensiones en torno a los GM en el gobierno, y los pequeños agricultores aún no están convencidos. Nuestro estudio, apoyado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC por sus siglas en inglés) revela una fuerte demanda de información objetiva sobre los cultivos transgénicos y tres encuestas nacionales también encontraron una falta de aceptación de los cultivos transgénicos, incluso entre los agricultores que cultivan soja transgénica. De hecho, un refrán común entre los entrevistados fue "Estoy feliz de cultivarla, pero no la comería".

En América Latina, como en muchas de las regiones en desarrollo del mundo, el debate por los GM es 'complejo'. 

Existe el peligro de interpretar un simple aumento de los cultivos transgénicos como una señal de que los países están completamente a favor de la tecnología, o que la aceptación y beneficios están muy extendidos.

Luisa Massarani es coordinadora de SciDev.Net para América Latina y el Caribe e investigadora del Museo de la Vida, Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, Brasil.

Ildeu Moreira de Castro es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

Ana María Vara es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

* Los autores agradecen a Carla Almeida y Fabio Gouveia por sus contribuciones tanto en este artículo como en el proyecto de investigación que hace referencia.

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