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miércoles, abril 20, 2011

Presidente Piñera firma proyecto de ley sobre probidad pública


Presidente Piñera firma proyecto de ley sobre probidad pública

Presidente Piñera firmó Proyecto de Ley sobre Probidad Pública: "El interés público siempre debe predominar sobre el interés particular y el bien común sobre el bien privado en las actuaciones de todos los funcionarios públicos".

Imagen de Corresponsales El Rancahuaso
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20 de Abril, 2011 17:04

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el Proyecto de Ley sobre Probidad Pública, durante la inauguración del II Seminario Internacional "Transparencia como Modernización del Estado: experiencia, actores y desafíos", organizado por el Consejo para la Transparencia.

En la oportunidad, el Mandatario resaltó que "este texto, que refunde muchas iniciativas, va a ser enviado al Congreso Nacional y significa un nuevo gran paso adelante hacia una sociedad más transparente y hacia un Estado que responda mejor a las inquietudes y exigencias que establece la ciudadanía".

Explicó que la nueva normativa "recoge la experiencia de proyectos e iniciativas anteriores, cuya intención es acelerar el logro en nuestro país de una ley eficaz, que nos permita fortalecer y perfeccionar las declaraciones de patrimonio e intereses de las principales autoridades públicas; establecer en nuestra ley la fórmula de un mandato de administración de bienes; y establecer en ciertos casos la obligación de enajenación de activos de ciertas autoridades públicas". Precisó que de esta forma, "vamos a tener no solamente un mecanismo de transparencia, que es la mejor forma de fiscalizar la actuación de los funcionarios públicos, sino que también establecer reglas claras, que sean conocidas tanto por los ciudadanos como por las autoridades, en lo relativo a la administración del patrimonio, la información de los intereses y la obligación de enajenación de ciertos activos, para lograr que se cumpla aquel principio básico, que es que el interés público siempre debe predominar sobre el interés particular y el bien común sobre el bien privado en las actuaciones de todos los funcionarios públicos".

Durante su intervención, el Jefe de Estado recordó que hoy "se cumplieron los dos primeros años desde la entrada en vigencia de la Ley 20.285, que fue la que dio acceso a la información pública. Una ley que obedeció a una iniciativa parlamentaria de los senadores Larrain y Gazmuri, que constituyó y va a seguir constituyendo una verdadera revolución en la forma en que hasta entonces tenía el Estado de relacionarse con sus mandantes, que son los ciudadanos, y que en cierta forma es equivalente al impacto que produjo la creación de la Contraloría General de la República el año 1927". Subrayó que "la transparencia adquiere una triple connotación: es un principio de actuación en la esfera pública, es un deber de los órganos del Estado, pero por sobre todo, es un derecho de los ciudadanos".

En este marco, manifestó su satisfacción por la evaluación realizada por el Consejo para la Transparencia, que constató que "el nivel de cumplimiento de las normas de transparencia activa pasó de un 85% en abril de 2009 a un 94% en enero de este año, lo cual sin duda constituye un notable progreso", agregando que de acuerdo al ranking que elabora Transparencia Internacional "nuestro país esté en el lugar 21, superando a muchos países de mayor grado de desarrollo, como por ejemplo Estados Unidos". Añadió que "como Presidente de la República quisiera reafirmar nuestra más decidida y fuerte voluntad de seguir avanzando en el camino de la transparencia, porque estamos absolutamente convencidos que no hay mejor desinfectante que la luz solar, ni hay mejor policía que el alumbrado público.

Y ese es el efecto que la transparencia genera, no solamente como un derecho de los ciudadanos, sino que también como una obligación del Estado". Por su parte, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la importancia del proyecto de Ley sobre Probidad Pública, indicando que es "una manifestación clara de la voluntad del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para avanzar de manera decidida y permanentemente hacia una mayor transparencia de la gestión pública y una muestra de un cambio cultural en la forma de desarrollar la función pública, de cara a la ciudadanía y con total apertura". Agregó que "para tener una sociedad de oportunidades para todos, necesitamos de ciudadanos empoderados, con mayor posibilidad de intervenir en el curso de los asuntos públicos y para ello es esencial la transparencia".

Proyecto de Ley sobre Probidad Pública Dicha iniciativa refunde en un solo texto los proyectos enviados al Congreso sobre administración ciega de patrimonio y de enajenar activos (2008), respecto de la cual el Gobierno había presentado una indicación sustitutiva en junio de 2010, y también sobre declaración de intereses y patrimonio, cuyo proyecto de modificación fue presentado en septiembre del año pasado. Tras conformar una mesa de trabajo, entre el Gobierno y parlamentarios, se elaboró un nuevo proyecto, que sintetiza, mejora y regula en un solo texto los proyectos referidos anteriormente, estableciendo el "principio de probidad en la función pública". Declaración de Intereses y Patrimonio de las autoridades públicas: la nueva normativa amplia el plazo a 60 días contados desde la fecha de asunción del cargo, cuya actualización será cada 4 años o 60 días después de que ocurra algún hecho relevante que la modifique, debiéndose efectuar también dentro de los 60 días siguientes al término de sus funciones.

El no cumplimiento de la actualización será sancionado conforme a la ley vigente. Un reglamento contemplará el detalle de la información que, de forma voluntaria, podrá incorporarse en la declaración. Asimismo, se mantiene la obligación de incluir los intereses y patrimonio del cónyuge casado en sociedad conyugal. En su declaración cada autoridad o funcionario deberá indicar todas aquellas actividades y bienes, con su respectiva valorización, tales como actividades profesionales y económicas sean éstas remuneradas, gremiales o de beneficencia; los bienes inmuebles que posea tanto en Chile como en el extranjero; los vehículos motorizados y otros bienes muebles sujetos a registro público; todo tipo de derechos o acciones en comunidades o sociedades, valores que se transen o no en bolsa, contratos para la administración de activos, además de créditos e inversiones tanto en el país como en el exterior.

El nuevo cuerpo legal regulará también las declaraciones de otras autoridades que no forman parte del Ejecutivo, como senadores y diputados, miembros del escalafón primario del Poder Judicial, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales, el Consejo del Banco Central y los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre otros, estableciendo un sistema de responsabilidades y sanciones propio para cada caso. Mandato de Administración Discrecional de Cartera de Valores: el proyecto obliga al Presidente de la República, Senadores, Diputados y al Contralor a entregar, para la administración de un tercero independiente o mediante un plan de liquidación, la totalidad de las acciones de sociedades anónimas abiertas y otros valores considerados como conflictivos por la ley.

Por su parte, los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y alcaldes deberán hacerlo cuando los valores se vinculen con entidades del sector privado sujetas a fiscalización o control de organismos sujetos a su dependencia o supervigilancia, o se vinculen directamente con el ámbito de su competencia. Enajenación de Activos: se establece que las autoridades antes mencionadas están obligadas a enajenar o renunciar a su participación en empresas proveedoras de bienes o servicios del Estado, de acuerdo al ámbito de su competencia. El plazo para ello es de 120 días siguientes desde la fecha de su nombramiento o desde que legalmente le corresponda asumir en el cargo.

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Rodrigo González Fernández
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Lobby, una regulación postergadaposteado por: Equipo El Post


Lobby, una regulación postergada

posteado por: Equipo El Post

Del café que se tomaron el fiscal nacional Sabas Chahúan y el empresario Eliodoro Matte supimos un año después. La agenda del Ministerio Público no consignó nunca ese encuentro. Ahora, con la perspectiva del tiempo y con el caso Karadima en grado de ebullición, el país se dio cuenta de que Chahúan hizo referencia pública a la necesidad de avanzar rápido en la investigación pocos días después de esa cita. Lo que nunca sabremos, a no ser que el fiscal se decida a contar su versión, es si ese llamado lo efectuó influenciado por el empresario o no.

El tráfico de influencias existe en Chile. También el lobby. Pero no son lo mismo. El intento por regular este último, considerado una actividad lícita y necesaria, está archivado en un cajón del Congreso desde 2008 y no ha habido intentos por apurarlo. En este dossier, el abogado Juan Ignacio Piña; Emilio Sanfuentes, gerente general de Burson-Marsteller (una de las dos empresas que reconoce hacer lobby en Chile), y el diputado Jorge Burgos (uno de los autores de la iniciativa que duerme el sueño de los justos) exponen por qué se debe de legislar sobre la materia y qué consecuencias tiene no hacerlo.

El cuento podría llamarse "Pedrito y el lobby". Que viene, que no viene. Que está bien, que está mal. Que hay que regularlo, que no hay que darle cabida. En fin, la cantinela es conocida. Pero para centrar el problema del lobby es necesario hacer algunas consideraciones previas que a veces, por obvias, no se tienen adecuadamente presentes. De hecho, es probable que toda la discusión acerca de esta forma institucionalizada de influir en las decisiones públicas pudiese entenderse mejor si las revisamos previamente en lugar de aproximarse al tema sobre la base de lugares comunes.

Las personas y los grupos de personas (sea cuál sea el formato que estos adopten: empresas, corporaciones, fundaciones, cuadrillas, equipos de fútbol amateur, etc.) pueden tener intereses legítimos o ilegítimos. En lo que aquí nos importa, sólo son relevantes los intereses legítimos de esas personas o grupos.

Sin embargo, los intereses legítimos pueden perseguirse a su vez con mecanismos legítimos o ilegítimos. A modo de burdo ejemplo, el legítimo interés de ganar una licitación pública puede perseguirse haciendo una oferta competitiva conforme a las bases de licitación o saboteando activamente al principal competidor.

Luego, la primera pregunta que nos debemos hacer frente al lobby es si se trata de un mecanismo legítimo para alcanzar los fines legítimos de personas o grupos de personas. La respuesta es sí, e incluso hay que dejar sentado que el principio que lo respalda está recogido en la Constitución Política de la República, específicamente en su artículo 19 número 14, que garantiza a todas las personas "el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes". Esto quiere decir que cualquier persona o grupo puede presentar como petición algún interés legítimo. Como es evidente, eso puede hacerlo personalmente o por medio de representantes (como en cualquier otra actuación de carácter jurídico). Y es posible que esos representantes se dediquen exclusivamente a este tipo de actividades y, por lo tanto, puedan ser denominados genéricamente  como "lobbystas". Desde esa perspectiva, esta acción es perfectamente lícita, pues por qué podríamos impedir que un grupo con un legítimo interés lo haga presente a la autoridad para conseguir sus fines. El lobby no es sinónimo de defensa de intereses particulares contrapuestos al interés general.  Hasta aquí parece todo bien, pero la verdad es que no todo es tan simple.

Si bien en principio no hay problema en hacer presente esos intereses y abogar porque la decisión pública los considere y ampare, el problema como siempre termina siendo la forma de hacer esa petición. En el mundo de los vivos, no esa entelequia absurda que a veces sirve de pretexto para sostener algunas posiciones, actualmente la gestión de esos intereses se hace aprovechando una red de influencias tendidas en el aparato público -o directamente en lazos con el poder-. Y eso no es todo, en un país como el nuestro, en que el secretismo es todavía asunto cotidiano en la relación entre los particulares y los funcionarios públicos, esa influencia se deja caer bajo el manto de la oscuridad, en reuniones informales y que no están consignadas en agendas públicas. En otros términos, se hace igual que cuando se junta un amigo con otro. Lo que pasa es que en este caso los amigos son alguien con influencia y un funcionario al que no le vendría mal ni que le deban favores ni que se los paguen de otro modo.

Vamos entonces a una propuesta: la única consigna a favor del lobby consiste en ofrecer una compensación: transparencia total. Revisemos esta cuestión un segundo. El debate parlamentario -que redundó en más de 200 indicaciones a la ley de lobby-  presentó varios hechos relevantes, como por ejemplo la álgida discusión respecto de quiénes no serían considerados "lobbystas". Esta discusión se explica porque de su definición pende a quiénes se aplica la norma y a quiénes no. ¿Dónde está puesto el interés? En no ser considerado como tal de modo de poder sustraerse de las obligaciones de trasparencia. Por eso, ¿tiene algún sentido excluir a las organizaciones gremiales, los sindicatos, las corporaciones religiosas y las ONG como se ha sugerido? Por ningún motivo. Esa no es sino una patente de corso al oscurantismo y al trafico indetectable de influencias.

Por eso tan importante como una regulación del lobby es imprescindible que los funcionarios públicos tengan una agenda pública que deje plena constancia de con quién se reúnen, a quién representan y cuál es el motivo de la reunión (el tema a tratar). Los ciudadanos debemos tener la posibilidad de saber quién está intentando hacer valer sus legítimos intereses, a qué hora y con qué autoridad. De este modo, otros grupos de interés podrán hacer lo propio asegurando bilateralidad en la audiencia pública.

De hecho, sólo en la medida que haya transparencia total se puede conjurar el riesgo de influencias solapadas por parte de personas o instituciones que no sean consideradas "lobbystas". Ella permite un abierto debate entre todas las fuerzas involucradas, con pleno conocimiento de las incidencias de cualquier grupo ante las autoridades. Sólo de ese debate abierto puede salir democráticamente una conclusión acerca de qué es el interés general en una determinada materia y si éste coincide o no con los intereses particulares que pretenden influir en la decisión.

De todas formas no debe perderse de vista que el lobby es sólo un procedimiento que consiste básicamente en realizar una acción directa y sistemática frente a una autoridad para incidir a favor de sus representados en decisiones públicas. No es relevante que sea lucrado o no (pues alguna de las propuestas sugiere atender a esto para definir quiénes son y quiénes no son "lobbystas"), pues es imaginable el lobby feroz sin fines de lucro, como el que hacen algunas ONG, y ello no debe sustraerlas de esa calificación. Ello además crearía el incentivo perverso de crear ONGs ad-hoc para hacer valer determinados intereses.

Por eso lo correcto vuelve a ser lo simple. Un procedimiento claro de lobby, una determinación genérica y amplia de quiénes son considerados "lobbystas" y plena transparencia respecto de las actuaciones frente a funcionarios públicos son suficientes. ¿Pero si el asunto es tan sencillo por qué nos ha costado tanto? Por una razón muy simple: por un poderoso lobby, ahora de los "lobbystas" de facto, para conseguir que esa regulacion se ajuste a sus intereses. ¿Suena fuerte o no?

A mediados de la década pasada, los pasillos del Capitolio fueron testigos de una historia plena de intrigas. Por ahí transitaba un negociante ingenioso y elegantemente vestido. Caminaba con tranco decidido y para los funcionarios de la administración pública de George Bush hijo era fácil reconocerlo, gracias a su inconfundible sombrero, símbolo de poder, status y elegancia.

El astuto personaje tenía talento para los negocios. No sólo abrió dos restaurantes (uno de ellos el Stacks, cuya promesa gastronómica era convertirse en "el primer restaurante kosher que sirviría bacon y salchicha de cerdo"), sino que además instaló buques casinos cerca del poder del Capitolio; incluso fundó una escuela religiosa -convirtiéndose de paso en benefactor de su comunidad judía ortodoxa- y llegó a producir películas para Hollywood.

Su estilo avasallador desafiaba al de Washington, culturalmente conservador, pero muchos se sintieron atraídos por su vitalidad y dinero. Según una investigación del Washington Post,  "ofreció empleos y otros favores a personal del Parlamento y a funcionarios del Ejecutivo. Promovió a sus propios socios a cargos públicos, desde los cuales éstos (a su vez) podían ayudarlo".

El protagonista de esta historia derrochaba talento histriónico al repetir diálogos de El Padrino. La escena favorita que imitaba era la de un frío Michael Corleone respondiendo a un político corrupto que le exigía una tajada de las ganancias: "Senador, mi oferta es nada".  Se veía a sí mismo como el poder tras bambalinas, el titiritero capaz de mover los hilos de los funcionarios en lugares clave. Pero su torre de marfil se derrumbó y al poco tiempo docenas de legisladores -que recibieron viajes y entradas a eventos deportivos y conciertos gratis- comenzaron a devolver contribuciones de campañas electorales y lo denunciaron por estafador. Hace poco tiempo salió en libertad después de cinco años de cárcel. Actualmente trabaja en Tov Pizzeria de Baltimore, de la que dice tiene "la mejor pizza kosher".

La historia es de Jack Abramoff, el mayor traficante de influencias de Washington. Probablemente ésta sea la caricatura que muchos, sino la gran mayoría, tiene de los lobbystas. Y es natural, porque en Chile la actividad de lobby ha tenido y tendrá una connotación negativa al no encontrarse regulada y al vincularse con conductas poco éticas, como el tráfico de influencias.

No pretendo cambiar percepciones en estas pocas líneas, pues esta actividad se ha realizado por mucho tiempo a puertas cerradas. Muchos se escudan en ella para emprender acciones poco transparentes. Además, pocos son los que reconocen abiertamente hacer lobby (Burson-Marsteller e Imaginacción, por parte de las empresas de comunicaciones); pero hay una gran cantidad de agencias, consultoras, estudios de abogados, ONGs y gremios, entre otros, que ejercen a diario la actividad y huyen como de la lepra cuando son catalogados de "lobbystas".

Con la discusión legislativa hemos visto que esta imagen comienza a cambiar y se reconoce que el lobby es una actividad lícita que puede contribuir en la discusión de políticas públicas, ya que acerca al sector público con el privado, fortaleciendo la democracia. Uno de los fundamentos para regular la actividad es la necesidad que las autoridades busquen el interés general y no privilegien a quienes tienen la posibilidad de influir en la toma de decisiones, pero siempre permitiendo escuchar la valiosa opinión de los privados y sus representantes o "lobbystas". Dicho eso, el resultado que se busca asegurar es que las autoridades actúen con la debida probidad en el desempeño de sus cargos, fijando un estándar de transparencia tanto respecto de quienes realizan la actividad, como de las autoridades o sujetos pasivos del lobby.

El lobby bien regulado es una actividad positiva que contribuye a que las decisiones y políticas públicas sean mejor informadas, y se considere la experiencia de los privados. De esta manera, las decisiones y políticas que afectan a muchos, son asumidas en forma consensuada, y por ello serán más duraderas. No hay peor gobierno que aquel que no es capaz de escuchar los efectos que tendrán sus actos, de parte de sus principales afectados; ni mejor práctica que abrirse igualitariamente a escucharlos.

En el Congreso chileno duerme un proyecto que busca regular esta actividad desde 2008. En él se define al lobby como "aquella gestión o actividad remunerada o habitual, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés individual, respecto de las decisiones que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar las autoridades, miembros, funcionarios o servidores de los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional, hasta el nivel que determine el reglamento".

Su gran defecto como proyecto, y que lo ha tenido estancado estos años, es que toma la opción de regular a los sujetos activos de la actividad (los "lobbystas") más que a la actividad misma. A su vez, las indicaciones presentadas ahondan en dicho error y buscan excluir a importantes actores (no serían considerados lobbystas algunas organizaciones como gremios, sindicatos, ONG, partidos políticos, corporaciones religiosas, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y demás cuerpos intermedios regidos por regulaciones especiales). El corazón del proyecto está puesto en regular sujetos activos, elegidos a dedo (fruto del despliegue de los traficantes de influencias) más que la actividad misma; y casi deja fuera de este espectro al principal actor en la regulación: el sujeto pasivo del lobby, que es la autoridad pública.

Haga un breve ejercicio mental y regrese al caso Matte-Chahuán en conocimiento de esta información y se dará cuenta que si esa reunión hubiera tenido efectos sobre la autoridad, no sería sancionada. Y el empresario que pidió la cita considerado como lobbysta, no sería sujeto de fiscalización. O mejor, con esta ley sujetos como Abramoff no podrían siquiera ser investigados.

En otras palabras, los incentivos están inversamente puestos para aquellos que buscan desprestigiar el lobby regular y legítimo, porque claramente es más fácil para ellos sobrevivir en la ausencia de reglas claras, en la oscuridad. Cuando no hay una ley que ilumina, se abre un espacio para aquellos que usan el tráfico de influencias, el amiguismo o el compadrazgo para inclinar a su favor las decisiones de la autoridad.

Las empresas de lobby deberán tener presente que la gestión de intereses privados debe ser entregada en forma técnica y profesional, incluso desde la independencia política, tratándose de un servicio que se fundamenta en el conocimiento, tanto de los respectivos mercados y legislación comparada como de los procesos públicos y legislativos, y no en la posibilidad de ofrecer los mejores contactos y accesos a la autoridad de turno. Un marco regulatorio claro entregará la certeza jurídica necesaria para, por un lado, proteger la ética en la realización de lobby y, por otro, crear una situación de igualdad entre quienes se dedican profesionalmente a representar intereses legítimos. La ley no debe dejar espacio para la discrecionalidad respecto de quiénes son los sujetos regulados. Todo aquel que ejerza la actividad descrita como tal debiera someterse al cumplimiento de la ley. No debemos seguir empantanándonos en quiénes son los regulados, ya que las presiones nunca terminarán, perjudicando a quienes esperamos la promulgación de la ley.

En una sociedad en que cada día los mercados se complejizan más, los ciudadanos sofistican sus aspiraciones y el servicio público se profesionaliza, los requerimientos de canales fluidos entre privados y la autoridad son cada día mayores y más necesarios. El valor de esta ley es erradicar definitivamente a todos quienes gustan jugar a ser Jack Abramoff.

Hace casi 10 años, en una reunión de parlamentarios en aquella época de gobierno, planteé la necesidad de promover una iniciativa legal que regulara el lobby, a la sazón, ya bastante más que indiciario en el desarrollo de nuestra economía.

No olvidaré que un senador (ya no lo es) comentó mi inquietud con bastante desdén, y terminantemente me indicó: "El lobby no hay que regularlo, hay que prohibirlo y sancionarlo como una actividad de carácter ilegal". Le contesté con una frase que recuerdo haber oído en un seminario internacional sobre la materia. "Mire, senador, el lobby es como la prostitución: no saca nada con prohibirla, es necesario regularla". Obviamente mi respuesta no le pareció pertinente. Yo en cambio, a 10 años del diálogo aludido, sigo convencido de que resulta indispensable dictar un estatuto regulatorio. Reconozco que la comparación que efectué es dura, pero qué duda cabe de que es útil para consignar una necesidad urgente y por cierto aún pendiente.

Si hace una década el lobby era más que incipiente, hoy se ha convertido en una actividad común y plena, cada día hay más personas naturales y jurídicas que ejecutan profesional y habitualmente el lobby. Y, por cierto, existe también -digámoslo así- una cifra negra de personas que, ejecutando a todas luces lobby profesional y habitual, optan por denominarse, eufemísticamente, asesores de imagen, asesores en asuntos corporativos, analistas de mercado y otras muchas expresiones destinadas a disimular una actividad que suele ser considerada pecaminosa.

¿Pero qué ha pasado desde la perspectiva legislativa en esta última década? Adelanto mi conclusión: poco o más bien nada.

Nuestra sociedad, en particular su elite política, empresarial, sindical y también el mundo de los medios de comunicación, ha optado por presenciar el desarrollo cada vez mayor del lobby profesional habitual y también del esporádico, aceptando su más completa desregulación. En términos sencillos, la tácita conclusión ha sido: hagámonos los lesos, no constituye prioridad en la agenda, al final siempre ha ocurrido y no hay nada tan significativo.

Todas conclusiones que en mi modesta opinión constituyen un grave error, pues el lobby desregulado termina casi siempre siendo tráfico de influencias, figura muy limítrofe con conductas ilícitas y que termina también contribuyendo a tener una sociedad poco transparente, donde los intereses de los más poderosos tienen un mucho mejor caldo de cultivo para su consumación y ejecución.

En mayo de 2003, Carolina Tohá, el autor de este artículo y los diputados Patricio Walker, Carlos Montes, Antonio Leal, Eduardo Saffirio y Patricio Hales, presentamos tanto en al Congreso como a las autoridades gubernamentales de la época, una iniciativa de regulación de lobby. En octubre, el gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos introdujo al trámite legislativo un proyecto de Ley de Regulación del Lobby, recogiendo en buena parte nuestra moción.

El Proyecto se tramitó entre noviembre de 2003 y noviembre de 2008, fecha desde la cual se encuentra paralizado en el Senado de la República, sin ningún tipo de urgencia, y lo que es más llamativo sin que figure con prioridad alguna para la actual administración.

Durante ese período se llegó a aprobar el proyecto y quedó listo para su promulgación; sin embargo, la administración de Michelle Bachelet, con algunos buenos fundamentos, estimó necesario enviar al trámite legislativo un veto aditivo, pues durante la tramitación de la iniciativa,  particularmente en el Senado, se habían eliminado elementos centrales de la buscada regulación.

El veto en cuestión fue despachado en la Cámara de Diputados, pero volvió a encontrar escollos insalvables en el Senado. El Ejecutivo anterior optó por quietarle urgencia y desde esa fecha duerme en la Cámara revisora.

Como toda regulación en su primera versión puede provocar debate y discusión, pero lo peor es arrancar a ese debate no haciendo nada.

A lo menos debieran rescatarse las cuestiones no controversiales y transformarlas en una ley. ¿Qué costaría obligar a las autoridades públicas -todas- a hacer públicas sus agendas? Allí quedaría a la luz clara a quién se recibe,  para qué y cómo consecuencia los "lobbystas" no podrían ampararse en el secreto.

Mientras no se tome una decisión, esto seguirá oliendo mal, oliendo a tráfico de influencia.

La agenda Pro Transparencia del actual gobierno ha sido pobre y escasa, el lobby es un reflejo emblemático de tal actitud pasiva.

Para ser honesto, en una reciente reunión con el ministro Cristián Larroulet, frente a una pregunta del suscrito sobre la materia, me indicó que estaban estudiando una alternativa al veto hoy paralizado.

Escúchanos Señor te rogamos.

 
Fuente
:http://elpost.cl/reciente/dossier-semanal
 

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martes, abril 19, 2011

TRANSPARENCIA: PARA QUE EXISTA NO DEBE HABER TRAFICO DE INFLUENCIAS

EL LOBBY NO ES TRAFICO DE INFLUENCIAS
No se saca nada con convenios y otros inventos. Para que exista transparencia en el Estado , en Chile , hay que legislar sobre el LObby.

. El Lobby subterráneo, oculto y sin transparencia no es "Lobby" , eso está al borde del tráfico de influencias. Chile debe legislar sobre el Lobby profesional que beneficia la transparencia en una democracia que aspira a seriedad y probidad en el Estado.

UN proyecto de esta naturaleza , obviamente debe considerar aspectos generales de la actividad, patrones de apertura y transparencia, aspectos sobre la confidencialidad, analizar los conflictos de intereses,, aquellos aspectos sobre contratación de ex funcionarios públicos, lo relativo a compensaciones económicas , etc , etc, como lo han hecho en otras democracias en el mundo. El Lobby profesional es un componente importante del funcionamiento de la democracia

Cuando la presión es organizada y ejecutada por profesionales del Lobby, debidamente preparados y acreditados( los lobbystas) como ocurre en los EEUU, Europa, los resultados son más satisfactorios y existen mayores posibilidades de lograr los objetivos que cuando la realizan ocultamente aficionados, que , ciertamente ponen gran empeño y están llenos de buenas intenciones.

Los lobbies, favorecen el acceso a la democracia a los grupos pequeños, la defensa de los intereses de los pequeños y para garantizar el equilibrio de todo el sistema democrático


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Tomás Mosciatti: “Azerta no puede festinar con principios que son intransables”


Tomás Mosciatti: "Azerta no puede festinar con principios que son intransables"

Lunes 18 abril 2011 | 11:22

Publicado por Christian Leal | La Información es de Tomás Mosciatti •  4351visitas

Luego de que Radio Bío-Bío recibiera una irónica carta del socio fundador de la empresa de comunicaciones Azerta, Felipe Edwards, nuestro medio no quiso dejar de hacer notar algunos puntos -o imprecisiones- mencionadas por el autor.

La empresa Azerta es especialista en comunicaciones y lobby, teniendo entre sus clientes a empresas como Gener, MPX, Farmacias Ahumada, Costanera Center, Cencosud o Alsacia, entre otros. Sus otros socios directores son Cristina Bitar y Gonzalo Cordero.

Escucha aquí la carta y la réplica del director de Radio Bío-Bío, Tomás Mosciatti:

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sábado, abril 16, 2011

nuestra democracia para ser transprente necesita una ley de lobby

DEBEMOS EXIGIR EN CHILE UNA LEY DE LOBBY
Lobby no es lo mismo que tráfico de influencias
Con dos años de ley de transparencia  nuestro país no se ha podido dar una legislación en materia de lobby.

Legislar el Lobby no es crear lo que y existe, sino ponerle coto, limitar y sancionar malas prácticas con una regulación lo más completa y compleja posible.

Bien se podría empezar por regular los derechos al lobby de grupos gremiales, corporativos, productivos o culturales. Se debería identificar a las  empresas y a las personas en general  que se dedican al lobby o a la gestión de intereses y definir las incompatibilidades oportunas.

El lobby es una actividad  profesional – fundamental para la democracia - que deben ejercer profesionales de la especialidad con conocimientos de la legislación y ordenamiento jurídico vigente .

Por lo tanto , hay que pedirle  a las Universidades y centros de estudios en general que  formen profesionales del lobby en el marco de  la compatibilidad con la responsabilidad social, su legitimidad y ética.

La práctica del lobby exige reconocer límites de su acción y saber claramente lo que se puede o no hacer y siempre buscando el máximo respeto al espíritu y a la letra de la ley.

En Chile se suele confundir LOBBY con "tráfico de influencias". Lobby no es sinónimo de aquello.


 

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jueves, abril 14, 2011

El organismo autónomo administrará el sitio que sistematizará los datos:

El organismo autónomo administrará el sitio que sistematizará los datos:
Consejo para la Transparencia y Segpres firman convenio para centralizar toda la información pública

Con esta plataforma única, los ciudadanos tendrán un acceso más expedito a la información. Se trabaja en implementar portal de internet que entrará en plena operación en 2012.  


J. GONZÁLEZ Y D. MUÑOZ 

Fueron tres años de intensas conversaciones entre el Consejo para la Transparencia y La Moneda. Hubo momentos tensos, pero finalmente, mañana, la discusión llegará a buen puerto.

Y es que tras la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, en el año 2009, un proyecto clave en materia de fiscalización y probidad verá finalmente la luz: la implementación del portal web para la transparencia del Estado de Chile.

La medida se oficializará mediante la firma de un convenio. Para ello, el presidente y el director general del consejo, Raúl Urrutia y Raúl Ferrada, respectivamente, llegarán hasta el Salón Montt Varas del Palacio a las 11 horas de mañana viernes.

Allí los esperarán el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, junto al subsecretario de la cartera, Claudio Alvarado.

Con la rúbrica de las autoridades presentes, se dará un paso significativo en materia de probidad: esta será la única plataforma encargada de centralizar, canalizar y facilitar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos.

Y no sólo eso. A pesar de que el desarrollo y puesta en marcha del proyecto será un trabajo en conjunto entre la Segpres y el Consejo para la Transparencia, finalmente esta última entidad estará a cargo de la administración y monitoreo del sitio web, el que se espera esté completamente operativo el próximo año.

La negociación

Actualmente, quien desee realizar una solicitud de información pública debe dirigirse a la entidad respectiva. Pero el Consejo no tiene acceso directo a las peticiones que realizan los ciudadanos a la administración central. Sólo cuentan con un desglose que entrega la Comisión de Probidad y Transparencia, dependiente de la Segpres.

Según la entidad, el contenido de este desglose es insuficiente para monitorear el tema y no permite una fiscalización adecuada. Por lo mismo, desde que entró en vigencia la Ley de Transparencia, han mantenido conversaciones con el Ejecutivo para mejorar su funcionamiento a través de la creación de una plataforma única, a cargo del organismo.

Las negociaciones no fueron fáciles, principalmente en materia presupuestaria (ver recuadro).

Sin embargo, a pocos días de que la ley de acceso a la información pública cumpla dos años de entrada en vigencia, el proyecto clave finalmente se destrabó.

Lo anterior, porque desde La Moneda se quiere enfatizar en el rol de la transparencia. De hecho, en enero se destinaron $200 millones para difundir el rol del Consejo, y antes del 21 de mayo se enviaría al Parlamento el proyecto que contiene la Ley de Probidad, que regulará materias como fideicomiso ciego y la declaración de patrimonio e intereses de las autoridades.

La aprensión que existía en primera instancia al interior del Gobierno para realizar un nuevo sitio externo al Ejecutivo, se solucionó una vez que se llegó a una salida común: no se creó otro sistema informático, sino que se puso a disposición del Consejo el que estaba a cargo de la Segpres.

En ese sentido, para el organismo fue clave acreditar confianza, efectividad, profesionalismo y liderazgo en el tema. Por lo mismo, además del diálogo, se intensificaron los estudios técnicos sobre la materia.

De esta manera, la implementación y el mejoramiento del portal se realizarán en distintas fases. Al término de éstas, el Consejo podrá llevar estadísticas sobre el desempeño de su labor o realizar capacitaciones en las áreas donde existan falencias. Todo, con el fin de lograr un mejor desempeño de los organismos públicos.

 Las dudas, consultas y solicitudes que se podrán resolver en la web

Según la Ley de Transparencia, todo ciudadano tiene el derecho a solicitar y acceder a la información de carácter público, ¿pero a dónde se deben dirigir las preguntas? Esa parece ser la duda más común que se repite entre los usuarios. Si bien actualmente éstas deben realizarse en el sitio de la repartición correspondiente, el nuevo sitio web -cuyo dominio aún no está definido- simplificará el proceso: todas las solicitudes se remiten a la misma plataforma.

En ésta, cada persona podrá realizar su solicitud mediante un formulario, el que tendrá un rol asignado. Allí, además de expresar su petición, el usuario deberá especificar si desea que la respuesta se le remita a su dirección de correo electrónico o a su domicilio. Los documentos tienen un plazo de 20 días para ser enviados. Sin embargo, el Consejo cuenta con la posibilidad de extender una prórroga por 10 días si la información solicitada es muy extensa o presenta dificultades en su obtención. Si no hay respuesta dentro de ese plazo, la persona podrá realizar un reclamo ante el Consejo a través del mismo sitio.

Otro punto importante es que la nueva plataforma contará con un buscador, el cual permitirá tener acceso a la base de datos con las solicitudes ya realizadas. De esta manera, si la consulta hecha por un ciudadano ya ha obtenido respuesta, se le remitirá a ésta misma para agilizar y simplificar el proceso.

Sobre los temas que podrán ser resueltos, éstos son variados respecto a las áreas de interés de cada usuario. En el marco de la transparencia activa, por ejemplo, se puede pedir desde la información sobre el sueldo y reparticiones en las que desempeña un determinado empleado hasta las adjudicaciones de licitaciones y compras públicas.

En tanto, en el ámbito ciudadano, las personas tienen un amplio espectro de información a su disposición. Por ejemplo, si el usuario desea saber el porqué no fue aceptado en un empleo al que estaba postulando, puede dirigirse al sitio y pedir el resultado del concurso público con la evaluación respectiva. La misma situación se replica con el resultado de la postulación a becas, subsidios habitacionales, acreditación de universidades o postulación a colegios de excelencia. Pero no todo se basa en el gobierno central. También las personas podrán dirigir consultas a su municipio respectivo.

En ese ámbito, se puede pedir información sobre la empresa que está encargada de recoger la basura de su comuna, las pavimentaciones contempladas, los planes de mejoramiento del hospital más cercano o la evaluación de liceos y/o colegios. En materia de transportes, también podrá revisar si las posibles extensiones de corredores del Transantiago pasan cerca de su domicilio o si lo hace la planificación del nuevo trazado de líneas del metro.

Hitos de la negociación

Noviembre de 2009: Senado aprueba presupuesto con reparos para el Consejo.

La Cámara Alta aprobó $2.783 millones, un tercio menos de lo que la institución había solicitado. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos puso reparos a la partida, condicionando a que el Gobierno incorporara en el protocolo de acuerdo medidas para reforzar al organismo.

Noviembre de 2010: Consejo paraliza proyecto web de fiscalización por falta de recursos para 2011

Nuevamente la institución recibió en el presupuesto un 32% menos de lo pedido, lo que implicó paralizar el proyecto del portal que iba a permitir tener acceso en tiempo real a todas las solicitudes que se hacen en el sector público.

Noviembre 2010: Senadores de la Alianza piden al Gobierno dar fondos para el portal del Consejo

Los mismos senadores de la Alianza que como oposición cuestionaron en 2009 el otorgamiento al Consejo de $1.200 millones menos de lo solicitado por la entidad, le pidieron al Gobierno de Sebastián Piñera una indicación presupuestaria que asegurara los más de $300 millones para implementar el portal de fiscalización.

Enero de 2011: Gobierno inyecta $200 millones para difundir rol del Consejo

Finalmente, el Ejecutivo decide aportar $200 millones extras para una campaña publicitaria con el fin de transmitir el rol del Consejo, con un intenso despliegue en instalaciones y edificios públicos, además de terminar de concretar el sistema web que permita aunar las solicitudes de información al organismo y así mejorar la labor de fiscalización, en un trabajo conjunto de equipos técnicos de la Segpres y de la propia entidad.


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OPERO LOBBY EMPRESARIAL Senado aplaza votación de proyecto de ley sobre rotulación y venta de alimentos

Senado aplaza votación de proyecto de ley sobre rotulación y venta de alimentos

El principal conflicto fue la propuesta de impedir la venta de alimentos con altos índices de grasas, sal y azúcares en universidades, y además el rotulado del suplemento a la leche materna.

SANTIAGO.- Con el propósito de radicar sólo en la educación básica y media la prohibición de venta de alimentos poco saludables o "comida chatarra" y revisar la norma que prohíbe publicitar alimentos sucedáneos de la leche materna, los comités parlamentarios del Senado acordaron en forma unánime consultarle a la Cámara de Diputados su disposición a constituir nuevamente una Comisión Mixta para examinar el proyecto sobre composición natural de los alimentos y su publicidad.


Así lo informó el Presidente de la Cámara Alta, senador Guido Girardi, tras señalar que el compromiso es centrarse en los dos temas antes citados y si la Cámara Baja no aceptara la solicitud de constituir una Comisión Mixta, el proyecto se votaría tal como está, para luego solicitarle al Ejecutivo que envíe un veto para modificar dichos aspectos.


"Me parece que es un muy buen acuerdo que nos ayuda a salir adelante y a sacar un muy buen proyecto para Chile", dijo el senador Girardi.


Esta determinación se adoptó después de más de dos horas de un intenso y, a ratos, tenso debate en Sala, en el que intervinieron los senadores Francisco Chahuán, Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-Esquide, Ximena Rincón, Andrés Chadwick, Guido Girardi, Alejandro Navarro, Pablo Longueira, Carlos Kuschel y los Ministros de Salud y de Secretaría General de la Presidencia, Jaime Mañalich y Cristián Larroulet, respectivamente.


Intensa discusión


Durante el debate en Sala- que estuvo precedido de una serie de declaraciones públicas a favor y en contra de la iniciativa- primaron básicamente dos posturas: la de votar el proyecto tal como estaba y la de buscar un espacio que permitiera hacer algunas correcciones al mismo. Esto, pues senadores de distintos sectores se mostraron de acuerdo con la esencia del proyecto, sobre todo en lo relativo a prohibir la venta alimentos poco saludables con "ganchos" como stickers, juguetes o adhesivos y también evitar que se expenda "comida chatarra" en los colegios.


El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Rossi, presidente de la Comisión de Salud, quien criticó el "lobby" de algunos sectores de la industria, como la Sofofa, y acusó al Ejecutivo de "falta de coherencia" al emprender, por una parte, una campaña saludable, y por otra, señalar que la iniciativa no es buena. Insistió en que el proyecto fue ampliamente debatido con expertos, quienes coincidieron en que cumple con el objetivo de bajar el consumo de alimentos dañinos para los niños.


En la misma línea, el senador Ruiz-Esquide explicó que con el proyecto se está siguiendo la norma internacional de consumo de alimentos que son causa de obesidad, de diabetes e hipertensión, etc.


"No estamos haciendo nada distinto de los países que son más desarrollados", dijo tras señalar que la forma en que se refirió la Sofofa a la iniciativa es una "insolencia" y una presión evidente para el Ejecutivo.


El senador Chahuán manifestó su disposición a apoyar la iniciativa, pero aclaró que es necesario revisar la prohibición de venta de comida chatarra en todas las modalidades de enseñanza y circunscribirla a los menores. Precisó que existe acuerdo en lo sustantivo de la iniciativa, por lo que el Senado tiene la oportunidad histórica de aprobarla con un amplio acuerdo, si es que se zanjan las diferencias en una Comisión Mixta.


La senadora Rincón, en tanto, se mostró partidaria de aprobar el proyecto a la brevedad posible pues considera que ello permitirá contribuir a disminuir las alarmantes tasas de obesidad infantil que existen en el país.


Por su parte, el senador Chadwick lamentó los dichos del Presidente de la Comisión de Salud, respecto de que algunos parlamentarios obedecerían a intereses de la industria.


En una línea similar se manifestó el senador Longueira quien señaló que él y su sector siempre han votado en función de Chile. Aclaró que existe un 98% de acuerdo respecto de esta iniciativa y que es fundamental corregir algunos aspectos de la misma, por lo que se mostró partidario de abrir la instancia de la Comisión Mixta o buscar un veto presidencial.


El senador Girardi se refirió a los altos niveles de obesidad que existen en el país y a la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar que esta tasa siga en aumento. Señaló que actualmente los alimentos de mayor consumo tienen altos niveles de sal, azúcar y grasas que los hacen muy dañinos para la salud por lo que se busca dotar a la gente de información clara respecto del contenido nutricional de lo que está comiendo.


Precisó que la prohibición de venta de comida chatarra en universidades no es responsabilidad del Senado, pues el proyecto original está circunscrito a los menores y criticó que la industria se esté oponiendo a una iniciativa de este tipo.


El senador Navarro señaló que se debe elegir entre estar con los niños de Chile o con los empresarios, o entre prevenir enfermedades o en gastar más dinero en curarlas. Manifestó que es un deber informar a la gente el contenido nutricional de los alimentos y disminuir la obesidad en los escolares.


El senador Kuschel señaló que aún cuando se apruebe el proyecto ello no implicará una reducción automática de la obesidad infantil, ni tampoco un cambio de hábitos. Asimismo, dijo que es necesario mejorar el proyecto para conseguir los objetivos deseados.


Por su parte el ministro Mañalich manifestó que su cartera ha tenido la disposición de avanzar en el proyecto, pues le parece de trascendencia que un niño no sea engañado con un regalo para comprar un alimento dañino para la salud o que se avance en un etiquetado más informativo. No obstante, dijo que tal como está la iniciativa impone al Ministerio la necesidad de generar una suerte de "policía nutricional", lo que es imposible de lograr.


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miércoles, abril 13, 2011

gobierno busca endurecer Etiquetación de los alimentos

Etiquetación de los alimentos


El economista también se refirió al proyecto de ley que está impulsando el gobierno y que busca endurecer el etiquetado de los productos alimentarios. Büchi señaló que esta medida no contribuye a potenciar el desarrollo de la industria ya que vuelve más complejo el poder competir en el mercado.

Para el ex ministro no es opción que se restrinjan las libertades de los productores ni de los consumidores, sino que es necesario avanzar en la educación y cuidado de las personas.

"Esta ley afecta a la industria de los alimentos de manera muy importante", señala Büchi. "A los niños no se les tiene que quitar el caramelo, se les tiene que enseñar a que no coman caramelos". Si es que se quiere implementar una norma que regule este mercado, esta debe ser abordada de todos los ámbitos posibles, y no sólo desde la de los productores, explicó.


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lobby: privados hicieron llamado al senado

 

privados hicieron llamado al senadoChilealimentos y Sofofa

Chilealimentos y Sofofa piden al Senado no aprobar ley de etiquetado

La iniciativa legal, que permitiría rotular a los alimentos en caso de ser altos en grasa, sodio u otro, se vota hoy en la Cámara Alta, con fuertes críticas por parte de la industria.


Un fuerte rechazo hacia el proyecto de ley para etiquetar alimentos altos en grasa hicieron sentir ayer Chilealimentos y la Sofofa, en la víspera de la votación de la ley en la sala del Senado, argumentando que la solución para el problema de la obesidad no pasa por prohibir, sino que por educar, informar y estimular el deporte.

El presidente de la Sofofa, Andrés Concha; el presidente de Chilealimentos, Alberto Montanari; y los representantes de las empresas agrupadas en la asociación hicieron un llamado a no aprobar el proyecto de ley, que busca informar sobre la composición nutricional de los alimentos a través de una rotulación que especifique si es "alto en calorías, alto en sodio, u otro según corresponda".

"La aprobación de esta iniciativa generará efectos negativos en la industria, como el cierre de plantas, pérdidas de trabajo y disminución de inversión en Chile", dijeron los empresarios.

La molestia de las diferentes empresas se hizo sentir ayer en la Sofofa, donde se reunieron los ejecutivos, ya que consideran que reducir la obesidad no se logrará con este tipo de etiquetado. La iniciativa tendría que resolverse hoy después de estar más de cinco años en discusión.

La gerenta de Alimentos de Chilealimentos, Marisol Figueroa, calificó de discriminatorio e ineficiente a este proyecto, ya que rige sólo para productos envasados, dejando fuera a la mayoría de los alimentos que consumen la población. "Hoy sólo un 30% de la dieta de los chilenos tiene envase y el 70% restante no es envasado. Por lo tanto, reglamenta a los que hoy día sí entregan información nutricional y deja libre a los que presentan realmente problemas en los índices de obesidad".




Nestlé y Soprole


El gerente general de Soprole, Hugo Covarrubias, y el presidente ejecutivo de Nestlé, Fernando del Solar, argumentaron que no es viable obligar a los consumidores a comprar algunos alimentos por sobre otros. "Nos sentimos muy atacados, hemos hecho esfuerzos importantes en la dirección de impulsar una vida más sana, estamos trabajando en conjunto un programa con la Primera Dama para potenciar la vida sana, pero este proyecto nos deja sin espacio para planes de acción, porque prohíbe toda publicidad en torno al tema", dijo Fernando Del Solar.


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martes, abril 12, 2011

Más calidad y diversidad en los medios de comunicación

Más calidad y diversidad en los medios de comunicación
12-abril-2011
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Audiencias críticas y participativas. Foto tomada de spanish.fastrackmedia.com

¿Qué piensa de los actuales medios de comunicación? ¿le gustan sus contenidos? ¿qué opina de la "guerra" entre las televisoras y las telefónicas de Carlos Slim? ¿cree necesarias más cadenas nacionales de televisión? ¿está a favor del reconocimiento de las radios comunitarias? ¿cuál es su balance de los canales 11 y 22? ¿van bien o requieren fortalecerse? ¿qué debe hacerse en torno de la publicidad de los llamados "productos milagro"? ¿le gusta el cine nacional? ¿se le debe apoyar?

Preguntas como las anteriores y más son las que se hicieron y respondieron cientos de personas que asistieron al Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación, al que convocó, la semana pasada, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), con el apoyo de decenas de organizaciones sociales que impulsaron su realización y suscribieron las conclusiones del foro.

El encuentro se llevó a cabo en un espacio espectacular: el Antiguo Hospital Concepción Béistegui, en el Centro Histórico de nuestra capital. Ahí, se desarrollaron mesas de trabajo, con temáticas diversas, en la que ciudadanos y expertos manifestaron sus puntos de vista y propuestas. En total se presentaron 119 ponencias, así como ocho conferencias magistrales. Quiero recalcar el carácter estrictamente ciudadano de las participaciones; es decir, lo que le preocupa no sólo a los expertos, sino a mujeres y hombres que consumen cotidianamente la radio, la televisión, la prensa o el cine y de quienes contratan los servicios telefónicos, de internet o de la televisión restringida.

De las ponencias surgieron 33 propuestas muy puntuales, que sin duda son una base fundamental para que gobierno y legisladores tomen cartas en el asunto. Algunas de ellas ya se han manifestado en muchos espacios y muchas también se han reflejado en iniciativas y hasta dictámenes de ley, pero por diversas razones, fundamentalmente políticas, no se han aprobado.

La sociedad toma la palabra, nuevamente, para recordar y exigir al presidente de la República, a su gabinete, a los diputados y a los senadores que no pueden ni deben obviar la necesaria reforma democrática del sector para fortalecer la calidad y la diversidad de los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Es un llamado urgente ante la concentración cada vez más preocupante de medios de comunicación e infraestructura de telecomunicaciones en pocas manos.

Le comparto a continuación el documento y este blog queda abierto para sus opiniones, comentarios u otras sugerencias sobre su contenido. Todos podemos aportar algo o tomar acciones en lo particular para coadyuvar a tener mejores medios de comunicación y servicios de telecomunicaciones. ¿No cree?

Conclusiones del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación

Más y mejores medios de comunicación en México Propuestas ciudadanas para las autoridades y los medios

El Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación, convocado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y celebrado los días 5 y 6 de abril en el Antiguo Hospital Concepción Béistegui, surgió de la imperiosa necesidad de dar voz y escuchar las propuestas ciudadanas en torno al actual sistema de medios de comunicación en México.

A diferencia de otras épocas, televidentes, radioescuchas, lectores, cibernautas, consumidores y usuarios han dejado de ser pasivos ante el torrente de información y de acciones de las empresas de comunicación que directamente les afectan. Estas audiencias han padecido los rezagos y abusos de los medios de comunicación, sin opción de dejar escuchar su voz o denuncias.

Tradicionalmente, en México los medios de comunicación han estado bajo el mandato de los intereses políticos de los gobernantes o de los imperativos económicos de sus dueños o anunciantes, pero nunca o muy pocas veces al servicio de los verdaderos intereses de la población, que se expresen en mejores contenidos informativos, educativos y de esparcimiento para elevar el nivel cultural y cívico de la población.

La concentración de la propiedad mediática, pero también la inexistencia de mecanismos y reglas claras de interlocución de los medios con el poder político y sus audiencias, han sido algunos de los principales factores que han propiciado la escasa diversidad y la, por lo general, deplorable calidad de los contenidos mediáticos que a diario sufrimos.

Por eso se convocó al Encuentro Nacional, para que sean los ciudadanos quienes planteen las propuestas que permitan modificar el actual sistema de comunicación y se modifiquen no sólo la legislación en la materia, sino también la concentrada estructura de medios, la calidad de los contenidos, las malas prácticas y, en general, los hábitos de consumo de quienes no tienen más remedio que tolerar la escasa oferta de contenidos audiovisuales y de servicios de telecomunicaciones.

A través de seis mesas de trabajo, el Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación convocó a ciudadanos de 18 estados de la República, quienes enviaron 119 ponencias con las más diversas problemáticas y propuestas. Asimismo, se escucharon ocho ponencias magistrales de especialistas en la materia, en temas como calidad y diversidad en los medios (Néstor García Canclini), libertad y derecho a la información (Aleida Calleja), monopolios de comunicación (Alma Rosa Alva de la Selva), medios públicos y comunitarios (Felipe Vicencio Álvarez), derechos de las audiencias (Guillermo Orozco), medios de comunicación y desarrollo (Olga Bustos), comunicación política (José Woldenberg) y comunicación en línea (Alejandro Pisanty), además de las intervenciones de Beatriz Solís Leree y Aimée Vega Montiel, integrantes del Consejo Consultivo de la Amedi, Inti Muñoz, director General del Fideicomiso del Centro Histórico, el senador Carlos Sotelo García durante la inauguración y del diputado Javier Corral Jurado en la clausura del evento. Lo anterior sin contar las innumerables participaciones de los más de 887 asistentes que se registraron al Encuentro Nacional.

Esta relatoría es una síntesis muy apretada de esa enorme riqueza de planteamientos, contribuciones y propuestas. La Amedi dará a conocer próximamente una publicación más amplia que retomará conferencias, ponencias, problemas, planteamientos y soluciones de quienes se sumaron al Encuentro Nacional. Hemos condensado la participación de los conferenciantes, ponentes y asistentes en 33 grandes propuestas concretas:

1. Reforma legislativa. La reforma legal para los medios de comunicación es de la mayor urgencia. El viernes 8 de abril se cumplió un año de la presentación, de manera simultánea en las cámaras de Diputados y Senadores, de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que fue promovida por varios partidos políticos y en cuya elaboración participaron miembros de la Amedi.

Esa iniciativa establece limitaciones al acaparamiento de medios de comunicación, instituye un organismo con atribuciones para regular los mercados y actores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, reivindica derechos de usuarios y audiencias de los medios y garantiza el funcionamiento de los medios públicos. Allí se precisan reglas para la interconexión entre empresas de telecomunicaciones y se asegura la plena convergencia tecnológica, así como sanciones más severas para quienes no cumplan con la ley y la regulación. La pluralidad en la radio y la televisión sería promovida con la licitación de más frecuencias y con espacios garantizados para la producción independiente. Además, se reconoce que la radiodifusión y las telecomunicaciones constituyen un servicio público que debe ser garantizado por el Estado. La publicidad engañosa o los contenidos no aptos para los niños también encuentran regulación en esta iniciativa. Habría que incluir otras propuestas adicionales como la creación de Fondos de Cobertura Social para servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y desprotegidas. Esa iniciativa constituye el proyecto más detallado que haya sido elaborado para normar las telecomunicaciones y la radiodifusión. El aplazamiento en su dictaminación y análisis, incluso por parte de muchos de los diputados y senadores que suscribieron su presentación, resulta inaceptable. Únicamente el desinterés del Congreso de la Unión por estos temas y el cabildeo de las corporaciones mediáticas que no quieren una legislación que acabaría con el funcionamiento monocorde que ha caracterizado la comunicación en México, explican el abandono de esa y otras propuestas de reforma legal para los medios.

2. Política de Estado. Es necesaria una política de Estado incluyente, transversal y suficientemente debatida entre todos los actores de la comunicación (gobierno, legisladores, empresas, operadores y sociedad) que rija el destino de la radiodifusión, las telecomunicaciones y, en general, el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en México. Es prioritario que los partidos y candidatos que aspiren a contender en la elección de 2012 incluyan entre sus plataformas programáticas y propuestas de campaña, políticas y acciones concretas para democratizar el actual sistema de medios. Cada vez es más ilegítimo que, por no molestar o por congraciarse con los concesionarios de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, los candidatos demoren o impidan reformas al régimen legal, fomenten o avalen contrarreformas, u omitan políticas de Estado necesarias y urgentes para el desarrollo del país.

3. Licitar más cadenas de televisión. Existen todas las condiciones técnicas para que sean puestas a licitación las frecuencias que integrarían, por lo menos, dos nuevas cadenas nacionales de televisión. La inhibición del gobierno en ese asunto sólo se debe a la subordinación a Televisa y Televisión Azteca que abominan cualquier competencia en un mercado que han monopolizado indebidamente.

4. Nuevas opciones en televisión digital. La televisión digital debe servir, antes que nada, para que haya más frecuencias disponibles y, de esa manera, opciones distintas a las que hasta ahora han tenido los televidentes de todo el país. Deben destrabarse los obstáculos legales y administrativos para el desarrollo de esa televisión. Las frecuencias que sean utilizables a partir del cambio digital deben ser para nuevos operadores, incluyendo instituciones culturales y grupos sociales interesados en incursionar en ese medio. Sería inadmisible que, con la mudanza digital, las televisoras que hoy en día acaparan las frecuencias comerciales tuvieran más canales.

5. Certidumbre para los medios públicos. Los medios no comerciales tienen que ser entendidos como espacios de pluralidad, libertad, con independencia respecto de las instituciones oficiales y ser promotores de la democracia y la construcción de ciudadanía. Deben ser auténticos medios públicos y no espacios propagandísticos, para que cumplan a cabalidad con su función social. México requiere de un sistema nacional de televisión pública, que podría partir de la infraestructura de la cual dispone actualmente el Canal Once pero manejado con autonomía y con formas de retroalimentación con la sociedad. Para que los medios públicos cumplan nacional, regional y localmente las tareas que pueden desarrollar en beneficio de la calidad y la diversidad, es imprescindible que cuenten con pleno, suficiente y permanente respaldo financiero, pero sin necesidad de comercializar espacios con fines publicitarios. El patrocinio es una opción válida que debe definirse de manera clara en la legislación para que no se confunda con la publicidad. Por lo tanto, es prioritario legislar en materia de medios públicos para garantizar su certidumbre jurídica.

6. Señales abiertas para canales del Congreso y Judicial. Espacios de discusión y deliberación como los canales del Congreso y Judicial, así como opciones de televisión universitaria como TV UNAM, debieran tener una difusión abierta y nacional, para que los televidentes no tengan que pagar por recibir esas señales. Se trata de medios donde se debaten los grandes temas de interés nacional que afectan a todos los mexicanos, o bien de espacios universitarios donde se dan a conocer nuevos conocimientos o investigación científica que podría servir para solucionar los muchos y grandes rezagos que enfrenta el país. Sólo un Congreso reacio a atender las demandas ciudadanas puede darse el lujo de que los canales del Congreso y Judicial no sean conocidos por toda la población.

7. Tarifas bajas y obligaciones para operadores. La interconexión entre las empresas de telefonía tiene que lograr la mejoría, no el encarecimiento de tales servicios. La autoridad está obligada a garantizar tarifas bajas en beneficio de los consumidores, las cuales redundarán en una mayor penetración y cobertura de estos servicios. También es necesario que a las telecomunicaciones no sólo se les vea como negocio, sino como una nueva oportunidad para abatir brechas sociales en temas prioritarios como educación, salud, seguridad y gobernanza. Para ello es necesario que la autoridad establezca y verifique obligaciones de inversión y cobertura, a fin de que las nuevas tecnologías y sus ventajas lleguen a la mayoría de los habitantes, sobre todo los más desprotegidos.

8. Convergencia plena. Resulta absurdo que las empresas interesadas y con capacidad para ofrecer televisión de paga no puedan hacerlo debido al amago de quienes controlan ese mercado. Todos los sistemas de televisión codificada deben estar autorizados a difundir las señales de la televisión abierta; más aún, esa debe ser una obligación de los proveedores de televisión por cable, satélite o cualquier otra modalidad no abierta. En todos los sistemas de televisión de paga deben existir canales destinados a la difusión de contenidos audiovisuales creados por productores independientes.

9. Internet abierto, libre, rápido y barato. Los mexicanos tenemos derecho, en las mejores condiciones técnicas, a producir, recibir y distribuir contenidos digitales de toda índole. Ninguna política o legislación debe coartar el legítimo derecho de los usuarios de consumir productos culturales. El Estado tiene la obligación de garantizar auténticas conexiones de Internet de banda ancha a costos accesibles, a diferencia de las parsimoniosas velocidades por las cuales tenemos que pagar algunas de las tarifas de conexión a Internet más caras en el escenario internacional.

10. Una agenda digital. Concebir, diseñar, discutir y poner en práctica una agenda digital para conducir a México hacia la Sociedad de la Información. El acceso a Internet de banda ancha y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debieran traducirse en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, por cuanto estas tecnologías contribuyen a mejorar servicios públicos de salud, educación, seguridad y gobierno, además de proteger el medio ambiente.

11. Prohibir los "productos milagro". Las televisoras se han convertido en vehículos de engaños cotidianos que ahora, incluso, lesionan la salud de los mexicanos. La publicidad de los llamados "productos milagro" contraviene las leyes en materia de salud y medios electrónicos. Exigimos que, de inmediato, las autoridades cumplan la obligación de sancionar tanto a los laboratorios como a las empresas televisoras que difunden esos productos.

12. Transparencia y claridad en el gasto de comunicación social. Los medios privados más poderosos se benefician de enormes y constantes transferencias de recursos fiscales porque los gobiernos federal y estatales, así como numerosas instituciones públicas, saturan de propaganda las frecuencias y atiborran de dinero público las finanzas de tales empresas al contratar espacios cada vez más amplios en la televisión y, en menor medida, en la radio, la prensa y ahora los medios digitales. El gasto publicitario de esos gobiernos debe regirse bajo una política de comunicación social, ser transparente y ser conocido en una base de datos pública y actualizada que contenga contratos, montos y tiempos de transmisión. Proponemos que por cada peso que se gaste en la contratación de propaganda en televisión y radio comerciales, se destine un monto idéntico a un fondo para la producción audiovisual independiente y para el fomento a la comunicación comunitaria y ciudadana.

13. Programa de ayudas para publicaciones. Los medios impresos también deben transparentar su tiraje, venta y cobertura y no basarse en cifras ficticias para conseguir publicidad oficial. En tiempos de consumos digitales y de caídas en los índices de suscriptores y lectores, un programa y la regulación de estímulos a la prensa pueden ayudar a erradicar la discrecionalidad en el otorgamiento de pautas publicitarias, asegurar la independencia editorial de las publicaciones y garantizar la pluralidad y diversidad de puntos de vista.

14. Reglamentar la propaganda gubernamental. Urge regular el artículo 134 constitucional en materia de propaganda y comunicación social para evitar más simulación y sometimiento a los medios electrónicos. Es necesario prohibir la publicidad encubierta, integrada y las gacetillas, que sólo buscan engañar o confundir a las audiencias, sobre todo en procesos electorales. Esto es indispensable para propiciar una relación más transparente y menos onerosa entre políticos, medios y ciudadanía.

15. Menos spots y más debate electoral. Hacer valer la legislación electoral es una prioridad de la autoridad, los partidos, los candidatos, los medios de comunicación y los ciudadanos. También debe elevarse el nivel de debate y de discusión de los asuntos públicos, sobre todo en contiendas electorales. El actual modelo de comunicación política basado en spots de 30 segundos sólo esquematiza los problemas y no contribuye a la deliberación pública. De cara a los futuros procesos electorales, resulta necesario poner en práctica formatos distintos de comunicación política que permitan el intercambio y la discusión de propuestas.

16. Homologar la Ley Federal de Radio y Televisión en materia electoral. Para reflejar la pluralidad y las contradicciones inherentes de la sociedad mexicana durante la disputa político-electoral, así como para garantizar la equidad en la contienda, prevenir y castigar incumplimientos de los medios electrónicos en materia electoral, es indispensable reformar la Ley Federal de Radio y Televisión y homologarla con las disposiciones que en materia de comunicación política dispuso la reforma electoral de 2007-2008, así como los diversos ordenamientos y reglamentos que para tal efecto emita la autoridad electoral.

17. Monitoreos oficiales y ciudadanos de contiendas y cobertura electoral. Cada vez es más necesario que la autoridad electoral, los observatorios ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil realicen monitoreos cualitativos y cuantitativos objetivos e imparciales, muestrales y censales del uso de los tiempos oficiales a los que tienen derecho los partidos, las nuevas formas de comunicación política tanto en medios tradicionales como digitales, así como de la cobertura informativa que realizan los medios de las contiendas electorales.

18. Propiciar la participación en elecciones. En todo momento la propaganda electoral en medios electrónicos debe ser administrada y contratada por el Instituto Federal Electoral. Internet debe seguir siendo un espacio libre donde políticos y ciudadanos encuentren un espacio de difusión e interacción. Tomar en cuenta a los jóvenes y dirigir mensajes para ellos, que motiven su participación e involucramiento en los asuntos públicos, es tarea tanto de autoridades electorales como de partidos y candidatos.

19. Derecho de réplica. La reglamentación del derecho de réplica es una de las demandas que más consenso generan. Contenido en la Ley de Imprenta, en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y en la reforma electoral de 2007-2008, el derecho de réplica permitirá crear un mecanismo para que los ciudadanos que se sientan agraviados por información falsa o inexacta soliciten a los medios la debida rectificación. El derecho de réplica no propicia censura sino que favorece un ejercicio informativo más preciso, serio, responsable y apegado a la realidad. El de réplica es un derecho consagrado en convenciones internacionales que no sólo beneficia a las figuras públicas sino a cualquier individuo, por lo que su reglamentación resulta urgente. Además, es un compromiso aún pendiente que asumieron los partidos al aprobar la reforma electoral de 2007-2008.

20. Garantizar derechos de las audiencias. La creación de códigos de ética, defensores de audiencia y otros mecanismos autorregulatorios, debiera ser una exigencia básica de cualquier medio de comunicación comercial o público. Los derechos de las audiencias, pero también las nuevas posibilidades tecnológicas y el aminoramiento de las relaciones jerárquicas en la sociedad, hacen que los consumidores y usuarios sean cada vez más críticos, exigentes y demandantes. Si realmente los medios ofrecen lo que el público pide, podrían empezar por conceder espacios y mecanismos para que las personas emitan sus comentarios, quejas o requerimientos.

21. Educar para los medios. Es necesario impulsar el desarrollo de estrategias educativas, con especial atención en la niñez y la adolescencia, para la lectura de contenidos mediáticos con criterios que contribuyan a una sociedad basada en la igualdad. Entre esos criterios es imprescindible la perspectiva de género. La academia y los espacios educativos deben contribuir para crear conciencia y fomentar un consumo crítico de los medios de comunicación, a través de materias y programas educativos que conduzcan a esa formación cívica.

22. Monitorear y observar a los medios. Impulsar cada vez más observatorios de medios que vigilen los contenidos mediáticos y den a conocer sus resultados con base en datos cuantitativos y cualitativos sobre el quehacer y la actuación de los medios de comunicación frente a temas como género, niñez, discriminación, salud, violencia, derechos humanos, diversidad cultural y participación ciudadana.

23. Erradicar formas de violencia y discriminación. Los medios tienen responsabilidades públicas que pocas veces cumplen a cabalidad. Es indispensable que promuevan contenidos que reivindiquen los derechos de las mujeres y las niñas y que se erradiquen las representaciones sexistas, homofóbicas, clasistas, racistas y discriminatorias que abundan en esos espacios de comunicación.

24. Equidad de género en los medios. Eliminar el llamado techo de cristal, hacer valer el derecho a comunicar de las mujeres y garantizar la equidad de género en el acceso a puestos de dirección en los medios de comunicación, permitiría erradicar prejuicios, representaciones machistas, formas de violencia y prácticas sexistas.

25. Regular anuncios de prostitución en publicaciones. Reglamentar en las publicaciones periódicas y en la radio y televisión los anuncios que podrían alentar la prostitución (o sexo servicio) y la trata de personas. La idea es que los medios de comunicación no denigren, no discriminen, no humillen por ninguna causa y sí respeten la condición humana de las personas.

26. Proteger la salud infantil. Prohibir de manera clara y sin que se preste a interpretaciones la publicidad de comida "chatarra" en horarios infantiles en la televisión y la radio y sancionar a las empresas que la promuevan en Internet.

27. Escrupulosidad en la cobertura informativa. Los medios de comunicación no son ajenos a las circunstancias de violencia y delito que devastan la sociedad mexicana. Tienen que hacer un esfuerzo para no fungir como voceros de la delincuencia y para manejar con toda escrupulosidad las informaciones sobre esos temas. Los códigos de comportamiento editorial que se propongan orientar el desempeño de los informadores y de los medios al cubrir asuntos relacionados con la violencia sólo tendrán eficacia si los periodistas, desde sus redacciones, los hacen suyos. Nos parece condenable el lucro político y propagandístico de Televisa, Televisión Azteca y otros medios con este asunto.

28. Salvaguardar el trabajo periodístico. La protección de los periodistas, especialmente de los reporteros que cubren informaciones delicadas, tiene que ser prioridad de la sociedad mexicana. Las empresas de comunicación están obligadas a pagar salarios dignos (sin distinción de género), financiar seguros de gastos médicos y de vida, brindar capacitación y emprender todos los esfuerzos posibles para respaldar a los periodistas en toda circunstancia, especialmente cuando se encuentran en situaciones de riesgo.

29. Periodismo ético, serio y profesional. Asimismo, es necesario que los periodistas dignifiquen su profesión y practiquen un periodismo más apegado a los hechos y menos a la estridencia de las descalificaciones, el sensacionalismo o la espectacularización de la noticia. Independientemente de la plataforma a través de la cual se dé a conocer la información, la búsqueda de lo novedoso, el rigor, la precisión al informar, la indagación, el contexto que ubique el acontecimiento y los más elementales parámetros éticos, siguen siendo características definitorias de un periodismo serio y profesional.

30. Investigar y castigar agresiones. El Estado tiene la obligación de crear condiciones para que los informadores desarrollen sus labores sin riesgos y de investigar y castigar las agresiones a los periodistas. El Estado mexicano, comenzando por el gobierno federal pero también las entidades de la República, han incumplido esas responsabilidades.

31. Reconocer y no criminalizar emisoras comunitarias. Un cimiento ineludible de la pluralidad que necesitamos se encuentra en la radiodifusión comunitaria. Lejos de garantizarla como mandata la Constitución, el poder político persigue e incluso sanciona penalmente a algunos de sus promotores. La comunicación comunitaria requiere de normas que reconozcan sus circunstancias específicas. La sociedad puede beneficiarse con la existencia de un vigoroso movimiento de radiodifusoras y otros medios de carácter comunitario, que solidifiquen la realidad multicultural de la nación. Es necesario que estos medios de auténtico servicio comunitario sean reconocidos legalmente, se suspendan de inmediato su persecución y criminalización y se garanticen condiciones para su autofinanciamiento.

32. Promover producción nacional independiente. Para propiciar diversidad y calidad en los medios se requiere financiar e impulsar la producción a cargo de pequeñas y medianas empresas. Para ello se propone que, con un gravamen trimestral equivalente al 2 por ciento de las ganancias totales de las cadenas privadas de televisión abierta y de los sistemas de televisión restringida, se establezca un fondo audiovisual que también beneficiaría a medios públicos y comunitarios. Asimismo, se propone incorporar un sistema de cuotas de pantalla de producción nacional y extranjera, tanto en televisión abierta como de paga. Con estas acciones se generarían empleos y se diversificarían el trabajo creativo, así como la pluralidad.

33. Apoyos para el cine y los documentales. Modificar la Ley Federal de Cinematografía para crear un fondo de apoyo a la producción de cine nacional, y obligar al pago por derecho de transmisión por parte de las televisoras, son apenas dos medidas prioritarias de la industria cinematográfica afectada en su cadena de valor por los productores, distribuidores y exhibidores extranjeros. Asimismo, es indispensable garantizar el derecho de exhibición de filmes documentales sin que se vean sometidos a censura previa o al capricho de las autoridades políticas o judiciales.

Los pilares sobre los cuales descansa la democracia son la ciudadanía y el respeto irrestricto al Estado de derecho. Hemos recogido y enumerado 33 propuestas ciudadanas sobre diversidad y calidad en los medios de comunicación. No son las únicas, pero sí fueron las más recurrentes y quizá las más apremiantes. Muchas de estas propuestas ya son una realidad en otros países.

A esta apretada relatoría se suma un diagnóstico de los medios que la Amedi elaboró y presentó en el Encuentro Nacional; el documento se denomina Panorama de la comunicación en México 2011. Desafíos para la calidad y la diversidad. De esta manera, los ciudadanos reunidos en el Encuentro Nacional no sólo planteamos el diagnóstico de los medios de comunicación en nuestro país, sino también alternativas de solución y propuestas concretas.

En la Amedi dejamos en claro que los medios de comunicación pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia, pero también a socavar sus cimientos. El diagnóstico y las propuestas anteriores serán entregados a las autoridades y los legisladores para que escuchen la voz de los ciudadanos que quieren transformar el actual sistema de comunicación en México. Al mismo tiempo, junto con los organismos sociales que compartieron la convocatoria a este Encuentro, evaluaremos la posibilidad de llamar al Segundo Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación. Creemos que la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución no se agotan en este Encuentro Nacional, sino que se requieren un seguimiento y un escrutinio permanentes sobre los medios de comunicación, los gobernantes y los legisladores, a fin de que las propuestas aquí vertidas se cumplan y se lleven a cabo en el menor tiempo posible, en beneficio del país y sus audiencias.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información agradece a quienes hicieron posible el Encuentro Nacional por la Calidad y la Diversidad en los Medios de Comunicación. Pero sobre todo se congratula con los cientos de ciudadanos que participaron con ponencias, propuestas, trabajo voluntario o con su importante asistencia al evento.

Miércoles 6 de abril de 2011

Antiguo Hospital Concepción Béistegui

Centro Histórico

Ciudad de México


Fuente:

CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
 
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