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miércoles, diciembre 21, 2011

asi mira la BBC Designación de Juez Presidente de la Corte Suprema

El magistrado chileno de la discordia

Última actualización: Miércoles, 21 de diciembre de 2011
Rubén Ballesteros

Rubén Ballesteros es visto con desconfianza por los defensores de los derechos humanos en Chile.

La elección de Rubén Ballesteros como nuevo presidente de la Corte Suprema de Chile provocó quejas y temores por parte de grupos defensores de los derechos humanos que acusan al juez de haber estado ligado a la figura de Augusto Pinochet.

Ballesteros estará a la cabeza del máximo tribunal entre 2012 y 2014 luego de ganar la elección con 12 votos de los 18 integrantes del pleno.

Pero su historia como magistrado durante el régimen militar (1973-1990) genera resquemores en un sector de la sociedad.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señaló a BBC Mundo que el juez integró consejos de guerra entre 1973 y 1976, y que tradicionalmente ha fallado en contra de los defensores de derechos humanos.

"Es una persona vinculada a crímenes de lesa humanidad la que hoy día preside la Corte Suprema y, sin duda, esto puede significar un enorme retroceso en el avance de las causas de derechos humanos"

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

"Es una persona vinculada a crímenes de lesa humanidad la que hoy día preside la Corte Suprema y, sin duda, esto puede significar un enorme retroceso en el avance de las causas de derechos humanos (...) nosotros ya habíamos cuestionado la aplicación de figuras jurídicas que favorecen la impunidad", declaró.

Similar es la postura del abogado de derechos humanos Juan Subercaseaux, quien desde que Rubén Ballesteros postulaba al cargo se manifestó en su contra, al considerar que al menos en seis ocasiones tuvo fallos favorables al fallecido general mientras integraba la Corte de Apelaciones.

"Él siempre se opuso a que se desaforara a Pinochet por su responsabilidad en diversos casos. Para la cultura moderna de Occidente y para el derecho internacional y mundial es fundamental todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces queda en un muy mal pie el nombre de Chile con este nombramiento", le dijo a BBC Mundo.

Ejemplo de independencia

Augusto Pinochet

Los activistas acusan a Rubén Ballesteros de estar vinculado al régimen militar de Augusto Pinochet.

Tras la elección del abogado de 72 años, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, aseguró que "se trata de un juez con una dilatada trayectoria en el Poder Judicial", y destacó que "reúne todas las capacidades profesionales y personales para asumir la presidencia de la Corte Suprema por los próximos dos años".

La AFDD acusa a Ballesteros de modificar en 2007 condenas contra exmilitares que, aunque inicialmente estaban acusados de secuestros permanentes, fueron juzgados por homicidio calificado, lo que permitió aplicar la prescripción en los casos.

Sin embargo, desde el sector afín al gobierno de Sebastián Piñera defienden el nombramiento del juez y resaltan su independencia, como le manifestó a BBC Mundo el abogado, exsenador y exembajador en Argentina, Miguel Otero.

"Lo conozco, he visto fallos de él y me parece que son muy buenos y personalmente no tengo nada que criticarle como abogado. Es uno de los muy buenos ministros que tiene la Corte Suprema y ojalá que sea un ejemplo para que los demás jueces puedan actuar con independencia absoluta respecto de lo que pueda vociferar una minoría fuera de la Corte", señaló.

El exsenador aseguró que las críticas en su contra vienen de sectores que creen "que los derechos humanos existen para ellos y no para otras personas", y enfatizó que durante su historia como magistrado. A su juicio, Ballesteros demostró que "es inmune a las presiones externas de carácter populista, él falla como juez y eso es lo importante".

"Víctima de las circunstancias"

Tras ser escogido como nuevo presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros respondió a los cuestionamientos en su contra y defendió el rol del Poder Judicial durante el régimen de Pinochet, afirmando que se actuó de acuerdo al contexto.

"El hombre es víctima de sus circunstancias y en la época que ustedes señalan, los jueces vivían en otro sistema, no vivían como ahora en un sistema democrático. En todas las naciones que han tenido situaciones como las que vivió el país, la judicatura tuvo los mismos problemas", afirmó.

"Es uno de los muy buenos ministros que tiene la Corte Suprema y ojalá que sea un ejemplo para que los demás jueces puedan actuar con independencia absoluta respecto de lo que pueda vociferar una minoría fuera de la Corte"

Miguel Otero, abogado y ex embajador chileno en Argentina

Respecto de su actuación en los consejos de guerra implementados por los militares, el abogado Otero aseguró que no hay responsabilidad, ya que "él estaba cumpliendo una obligación que le imponía la ley y no tenía ninguna libertad para decir que no".

Según el registro judicial, Ballesteros votó en 110 ocasiones por la prescripción de las causas de militares de condenados por violaciones a los derechos humanos, lo que, a juicio de la AFDD, lo inhabilita al menos moralmente para presidir el máximo tribunal chileno.

"Queremos recordar que hace unos seis años la Corte Suprema intentó terminar con las causas de derechos humanos vía resoluciones administrativas, investigaciones por seis meses y luego hacerlas desaparecer. ¿Quién nos dice que ahora Rubén Ballesteros no va a impulsar iniciativas de este tipo?", cuestionó Lorena Pizarro.


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Rodrigo González Fernández
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martes, diciembre 20, 2011

feliz navidad


FELIZ NAVIDAD LES DESEO A TODOS NUESTROS MILES DE LECTORES EN EL MUNDO.LES DESEAMOS PARA EL AÑO VENIDERO MUCHA FELICIDAD Y SEGUIR COMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO.

Un abrazo fraterno, 

RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
diciembre 2011

lunes, diciembre 19, 2011

CORTE SUPREMA ELIGE AL MINISTRO RUBÉN BALLESTEROS CÁRCAMO COMO NUEVO PRESIDENTE

CORTE SUPREMA ELIGE AL MINISTRO RUBÉN BALLESTEROS CÁRCAMO COMO NUEVO PRESIDENTE

El pleno de la Corte Suprema escogió, por 12 votos de 18, al ministro Rubén Alberto Ballesteros Cárcamo como nuevo presidente del máximo tribunal del país para el bienio 2012-2014.

Rubén Ballesteros fue nombrado en la Corte Suprema en 2005 con acuerdo del Senado, y desde esa fecha integra la Segunda Sala Penal del máximo tribunal.

El magistrado inició su carrera judicial el año 1972 en Puerto Montt como secretario del Segundo Juzgado de Letras de la ciudad, sirviendo, desde entonces, diversos cargos.

En 1974 fue nombrado relator de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt; el 1976, juez del Segundo Juzgado de Letras de Osorno y, en 1978, juez del Segundo Juzgado de Letras de Valdivia.

En 1983 ingresó a la segunda categoría del Poder Judicial como ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y en 1993 fue nombrado fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. En 1998 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal del que fue presidente en el periodo 2000-2001, y donde estuvo hasta antes de asumir en el máximo tribunal del país.

Previo a su carrera judicial, entre 1969 y 1972 ejerció libremente la profesión de abogado.

El ministro Ballesteros Cárcamo tiene 72 años –nació en Castro el 12 de noviembre de 1939- y estudió Derecho en la Universidad de Chile, sede Valparaíso.

El magistrado fue presidente de la Comisión Bicentenario del Poder Judicial y forma parte de la Comisión de Transparencia y es miembro del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El nuevo presidente de la Corte Suprema asumirá formalmente el cargo el próximo viernes 6 de enero de 2012, en una solemne ceremonia de traspaso de mando.

Tras ser presentado por el actual presidente de la Corte Suprema, Milton Juica Arancibia, el ministro Ballesteros abordó diversos temas de interés público, asegurando que aún quedan pendientes diversos cambios a la justicia, como la Reforma Procesal Civil.

Asimismo, el magistrado se manifestó sorprendido con el nombramiento de sus pares del máximo tribunal: "Todavía hay una sorpresa, porque no es una elección que uno busque cuando ingresa al Poder Judicial, los hechos y las circunstancias lo llevan a uno como ser humano y todavía estoy asombrado".

Consultado respecto de su relación con el gobierno afirmó que "ese es un tema que escapa a esta presentación. Ya tendremos un periodo de dos años para conversar de esos temas y otros".

Requerido por cómo afectará su nombramiento a las causas por violaciones a los derechos humanos, el ministro Ballesteros afirmó: "Supongo que no debiera afectarme personalmente, ni a las agrupaciones de derechos humanos. Dejo de pertenecer a la Segunda (Sala), ahí tendrá que llegar otro ministro y ahí se verán cuáles son la mayoría. Hasta aquí ha habido un equilibrio que todas las gente, abogado y particulares estaban conformes".

Respecto del rol de los tribunales de justicia en el régimen militar, el ministro Ballesteros contestó: "Esa es una situación complicada y no opinaría rápidamente. El hombre es víctima de sus circunstancias y en la época que ustedes señalan los jueces vivían en otro sistema, no vivían como ahora en un sistema democrático. En todas las naciones que han tenido situaciones como las que vivió el país, la judicatura tuvo los mismos problemas".


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lobbyingchile: INFORMAR LA TOTALIDAD DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE, MINISTROS Y PARLAMENTARIOS MARCARÁ EL DEBATE

INFORMAR LA TOTALIDAD DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE, MINISTROS Y PARLAMENTARIOS MARCARÁ EL DEBATE

En marzo se reactivará proyecto de ley que regulará actividad de lobbistas en Chile

Gobierno enviará texto sustitutivo al veto que fue presentado por la administración Bachelet, que duerme en el Congreso desde septiembre de 2008.

 

Por Rodolfo Carrasco M.

"Vamos a poner el pie en el acelerador para que exista regulación del lobby", sostuvo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien informó a DF que a más tardar en marzo de 2012, se presentará una indicación sustitutiva tendiente a reactivar el proyecto que desde octubre de 2003 se ingresó al Parlamento y no ha tenido actividad desde septiembre de 2008.

Varios han sido los intentos por normar la actividad de la gestión de intereses en nuestro país, pero como lo afirma el diputado Jorge Burgos (DC). "Hoy no existe ley del lobby, porque ha existido un fuerte lobby para evitarlo", aseveró.

Recordó que fue él quien junto a varios diputados de la Concertación presentó la primera moción para legislar sobre el tema, pero "se van a cumplir ocho años, hubo un trámite con varias modificaciones y estuvo casi lista para ser pronunciada como ley, ¿qué paso? el gobierno de la ex presidenta Bachelet lo vetó, porque surgieron dudas en algunos temas de registros y para ser francos hubo lobby para vetar el proyecto de lobby".

Pero Larroulet busca aunar criterios antes de presentar el proyecto y para tal efecto convocó a una comisión ad-hoc para avanzar en los temas que entramparon el proyecto anterior. El grupo está integrado entre otros por el presidente de Chile Transparente, Juan Carlos Délano; el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, y Edgardo Riveros, presidente del Centro Democracia y Comunidad, ligado a la DC.

El ministro explicó que "tenemos un primer borrador de proyecto que le vamos a presentar al Presidente y esperamos enviarlo al Congreso a más tardar en marzo al inicio de la legislatura de 2012".


Agendas públicas


Adelantó que "esta es una iniciativa que avanzará en transparencia, fijará los roles de las distintas instituciones que influyen en el accionar político" y precisó que "el peor escenario es el del pasado donde se hicieron proyectos de ley que finalmente no prosperaron, por tanto, el propósito del gobierno es enviar iniciativas que resuelvan los problemas pero que se transformen en ley y no queden entrampadas en el Parlamento".

Trascendió que los temas centrales del borrador de La Moneda buscan precisar la definición de lobby, crear uno o más registros públicos de lobbistas que dependan de Contraloría, el Consejo para la Transparencia o el Ministerio de Justicia; y establecer la publicidad y fácil acceso de la ciudadanía a las agendas de las autoridades. Lo anterior junto con establecer sanciones para quienes ejerzan en forma ilegal esta actividad.

Pero el tema que más concitará discusión será la posibilidad de transparentar, además de la agenda de ministros y parlamentarios, las actividades del presidente de la República. Aquí se enfrentan las posturas de quienes optan por revelar todas las audiencias y quienes son partidarios de limitar la información que se entregue.

El límite de lo permitido


El diputado Burgos indicó que es impresentable que Chile no tenga regulación de la gestión de intereses "mientras más crezca el país más va crecer el lobby. Un ejemplo, entró la Ley de Pesca a trámite al Congreso, donde el lobby campeará, los chilenos no van a poder saber qué lobbistas le piden audiencias a los parlamentarios, porque no hay registro obligatorio, por eso no entiendo como el gobierno no apura esta legislación".

Sostuvo que "el lobby no regulado es gravísimo y se parece mucho a situaciones que están en el límite de lo permitido, con presiones indebidas e incluso con aristas penales. Es una necesidad regularlo, no se saca nada con prohibirlo o dejarlo bajo la alfombra, porque existirá igual".

Aspectos centrales del proyecto en trámite
- Define lobbista como la persona natural o jurídica, chilena o extranjera que realiza en forma remunerada o habitual, aquella actividad que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés de carácter individual, sectorial o institucional, con decisiones de toda naturaleza que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar los órganos de la Administración del Estado o el Congreso Nacional.
- También hay lobby cuando la actividad de promoción, defensa o representación de intereses se efectúe ante los jefes de gabinete o asesores directos o de exclusiva confianza de las autoridades de los órganos de la Administración del Estado.
- Se excluye de la categoría de lobbistas y les exime de inscribirse en los registros correspondientes, a los miembros de las directivas de organizaciones gremiales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de estudio y demás que señala. No obstante lo cual, las audiencias y reuniones que soliciten formalmente con autoridades o funcionarios de la Administración del Estado, deberán someterse a un procedimiento de registro de audiencias.
- Se establece la existencia de tres registros públicos de lobbistas. Uno público a cargo del Consejo para la Transparencia (originalmente lo tenía el ministerio de Justicia), en el que deberán inscribirse quienes desarrollen sus actividades ante cualquiera de los órganos de la administración, autoridades y funcionarios que deberán contar con registros de las reuniones efectuadas con lobbistas. Los otros dos registros públicos de lobbistas estarán a cargo de la Comisión de Ética del Senado y otro a cargo de la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados.
- Señala que los lobbistas no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos, campañas electorales, incluso las internas de los partidos, pactos o coaliciones de partidos. Esta norma rige únicamente a los lobbistas que ejerzan remuneradamente su actividad.
-Sanciona al que ejerciere la actividad de lobby ilegalmente, es decir, sin cumplir con la obligación de inscribirse en los registros que se establecen, o bien, continúe desarrollando la actividad una vez eliminado de dichos registros, con multa de 150 a 300 UTM. En caso de reincidencia las multas se elevarán de 250 a 400 UTM.


Fuente:df

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domingo, diciembre 18, 2011

jaime guzmán un pensador de la libertad

LA PROFANACIÓN EN UN ACTO HOMENAJE A FUNDACION JAIME GUZMÁN

Para Carlos Peña no tendrá el carcácter de profanación  los condenables hechos en torno a la celebración del aniversario de la Fundación Jaime Guzmán, pero para Coloma y los simpatizantes de la UDI si lo tiene.Eso es lo que importa.
Bien le haría a Carlos Peña leer con más profundidad las ideas de Jaime Guzmán por tratarse de un pensador de la Libertad.





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Milton Juica: "Penalidad para delitos de cuello y corbata es modesta en comparación a otros países"

Presidente de la Corte Suprema:

Milton Juica: "Penalidad para delitos de cuello y corbata es modesta en comparación a otros países"

El máximo representante de la justicia nacional aborda caso La Polar. "La ley no tiene el mismo rigor", sentencia.

por F. Contreras y M. Nahas
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Un apretón de manos y parte de inmediato la conversación. Milton Juica vive sus últimos días como presidente de la Corte Suprema haciendo frente a una agenda que no da respiros. Esta es su última entrevista como máxima autoridad del Poder Judicial (termina el 6 de enero), después de dos años agitados y de varios roces con el gobierno por materias de seguridad ciudadana. Su atención, sin embargo, también está puesta en el polémico caso La Polar, que esta semana vivió días clave tras la formalización de tres de sus ejecutivos.

¿Cree que en Chile las penas para los delitos de "cuello y corbata" son muy bajas si las comparamos con el caso Enron en EE.UU.?

Yo creo que la penalidad es realmente modesta comparada con otros países, especialmente con EE.UU. No hay duda. Pero el caso La Polar demostró que cuando hay que decidir con firmeza, se hace. Muchos pensaron que aquí no quedaba nadie preso; sin embargo, tres personas ya quedaron con prisión preventiva.

¿Cree que hay un doble estándar en relación con los delincuentes comunes?

No hay una posición judicial de favorecer a los que tienen más respecto de los que tienen menos. El tema es que la ley no tiene el mismo rigor y ante eso los jueces no tienen nada que hacer. En términos generales, hay un estándar que está en el inconsciente de la sociedad: para el otro pido la mayor severidad.

A meses de abandonar su cargo. ¿Cómo evalúa su período como presidente de la Corte Suprema?

Cuesta hablar de las cosas positivas de uno, pero estos dos años, a pesar de las dificultades que hemos vivido, como el terremoto y cambios en la corporación, el Poder Judicial ha salido muy fortalecido en su tarea de tener un mayor acercamiento a la comunidad y una mayor transparencia.

El Poder Judicial ha recibido muchas críticas por su rol en el control de la seguridad ciudadana.

Le voy a dar una estadística. De 100 casos que le piden prisión preventiva, el juez deja preso a 85, 86 o 87 personas. Entonces no nos cuenten a nosotros que son los jueces los que dejan libre a las personas. Es el sistema el que lo permite, pero aun así, el sistema entrega hoy muchas más prisiones preventivas que antes y eso explica que tengamos más de 55 mil presos, o sea, privadas de libertad. Eso más 50 mil personas que están cumpliendo medidas alternativas, entonces tenemos una población de 105 mil personas con medidas cautelares, en un universo que antes de la reforma no pasaba de las 40 mil. Entonces, de qué mano blanda me están hablando cuando los sistemas empíricos demuestran lo contrario. Eso es lo que nosotros siempre hemos tratado de explicar a la sociedad y que por desgracia no nos entienden. El sistema es garantista y eso le da la seguridad de que no le imputarán un delito injustamente, pero si usted tiene un sistema represivo que busca meterlo preso y aplicarle todo el rigor de la ley independiente de si es o no culpable, dejamos un país sin garantías y eso es lo que se puede lograr con esa exacerbación de meter a todos presos. En los países civilizados hay confianza en la justicia y nadie cuestiona lo que dicen los tribunales, porque creen que ahí es donde se deciden las cosas. Bien o mal, pero confían en los tribunales.

Usted ha dejado entrever que el eslogan del gobierno de acabar con "la puerta giratoria" dejó muy altas las expectativas de todos.

Primero hay que entender una cosa, nuestro proceso es garantista y por lo tanto los jueces tienen la obligación de asegurar las garantías y eso significa que tiene que mirar muy bien si deja preso o no a una persona cuando es imputada de un delito y eso es una función que le corresponde al Poder Judicial. Aquí se reciben palos porque bogas y palos porque no bogas. Primero es garante. Segundo, el sistema a pesar de ser garantista ha tenido un mejor resultado de represión que el sistema antiguo y nos apoyan las estadísticas. Tenemos más presos que antes, los resultados de prisión preventiva son mejores que antes. Entonces, el tema hay que buscarlo por otra parte, no es un problema de los tribunales. La prevención de los delitos y el control de la seguridad no nos corresponde a los jueces.

¿A quién le corresponde?

A los organismos de seguridad del país, o sea a la fuerza pública. Carabineros, Investigaciones y quienes están arriba de ellos, que los dirigen.

¿Al Ministerio de Interior?

Ahora ellos están haciendo un gran esfuerzo, eso no lo puedo negar, lo que pasa es que no han tenido los resultados que esperaban. Me parece que al Poder Judicial no le corresponde el tema de la prevención y de la seguridad. Nos dicen que tenemos que cooperar, bueno, nuestra cooperación está en determinar si hay cargos para meter presa a una persona o si hay cargos para condenar a otra.

Sin embargo, del otro lado se argumenta que hay gente que reincide constantemente y sigue en libertad.

Bueno, nosotros en eso somos serios. Cuando efectivamente una persona tenga 60 detenciones, como se ha dicho, y venga por un delito grave, hagan reproches, pero decir así al voleo que los delincuentes que tienen tantos años, como violadores, traficantes y asesinos quedan libres, eso es un decir y no es cierto. Esas personas están presas efectivamente.

¿A su juicio, estas críticas le hacen daño a la opinión que se forma la ciudadanía sobre el sistema judicial?

Esta discusión hace daño, tanto la que nos achaca la culpa a nosotros, como cuando nosotros nos defendemos. Siempre hemos estado dispuestos para conversar y para decir qué es lo que hay que hacer.

¿Qué le pareció la polémica sobre su ausencia a la "cumbre de seguridad" del viernes?

No me correspondía ir a esa reunión. Nosotros designamos al ministro Fuentes para esa instancia. Yo fui a la primera sesión constitutiva de este comité, porque me parecía importante, pero el presidente de la Corte Suprema no puede estar representando al Poder Judicial, porque desde el protocolo, el presidente de la Suprema es la tercera autoridad del país y no puede ser menos que un ministro de Estado.

Krassnoff y los DD.HH.

Por los casos pendientes de DD.HH. ¿Hay una herida que aún no se cierra?

Por supuesto, en Chile falta mucho tiempo para cerrar las heridas que provocó la represión brutal que hubo en la época de Pinochet. Hay muchos pasos que están pendientes. También hay mucha preocupación de que esto se avance lo más que podamos dentro de todas las dificultades que hay para hacer este tipo de investigación, pero nosotros hemos sido muy proactivos en esto.

¿También hay una herida en el Poder Judicial por su rol en ese período?

Se pudo hacer más. La mayoría de los jueces no estuvo a la altura de las circunstancias, pero tampoco sé si pudo haber hecho mucho más, porque estaba todo controlado. Eso lo dijo el pleno de la Corte Suprema. Yo sigo sosteniendo que los hechos que pasaron fueron gravísimos, no sé si hubieran sido impedidos, pero si hubiese habido una actitud más enérgica, se podría haber planteado un téngase presente. Ahí hubo un error que se está corrigiendo, pero todavía falta mucho tiempo para que se curen todas las heridas.

¿Qué le pareció el homenaje a Miguel Krassnoff?

El peor mensaje que puede dar una sociedad es homenajear a personas que han cometido un hecho ilícito y homenajearlas porque precisamente ha cometido hechos ilícitos. En general, una sociedad no puede darse ese lujo de llegar a ese extremo en igualdad. Aquí esas igualdades no corren respecto de aquellas personas que han cometido delitos.

Matrimonio homosexual

Hay temas valóricos cuya discusión suele judicializarse. Es el caso del matrimonio homosexual, que ya se aprobó en Argentina.

Hay que ver qué pasa cuando salga la ley que presentó el gobierno sobre esta materia. Nos interesa cumplir con el requisito de la igualdad ante la ley, pero las posibles desigualdades de género, de preferencias sexuales, son temas que no están resueltos legislativamente. Para los jueces hablar de valores, que todos tenemos, no corresponde. Los jueces no pueden decir, a mí me gustaría que esto fuera así. Antes que eso debe existir una regulación, que se imponga el consenso.

¿Usted cree que los homosexuales deberían poder casarse en Chile?

No estoy en condiciones de dar una respuesta y ese es un tema que en algún momento va a llegar a la judicialización y si hoy doy una opinión, quedaría automáticamente inhabilitado. En principio soy partidario de terminar con todo tipo de discriminaciones y que se haga efectivo el principio constitucional de que en Chile la ley es igual para todos, ese es el principio de la igualdad.

La jueza Karen Atala cree que ese principio de igualdad no fue reconocido por la justicia chilena.

El caso de la jueza Atala es un juicio que tenía ella (por la tuición de sus tres hijas) y que lo perdió y que estima que fue discriminada por su tendencia sexual. Esa es la opinión de ella. Yo personalmente creo que no fue discriminada, es una opinión personal que a lo mejor ni la comparten otros jueces.

Promesa incumplida

Durante la última campaña, Sebastián Piñera abordó varias materias relativas al Poder Judicial y se comprometió a impulsar cambios. ¿Cumplió las expectativas?

Cuando hicimos las jornadas de reflexión en 2009, invitamos a todos los candidatos presidenciales para que expusieran sus puntos de vistas o sus planes sobre el Poder Judicial. El señor Piñera se interiorizó perfectamente de los proyectos que estaban pendientes y de cuál eran nuestras preocupaciones. Con mucha visión de futuro, él nos dijo que estaba disponible para trabajar en todos estos proyectos, pero se comprometió a sacar el de flexibilidad financiera, que ingresó al Congreso en el gobierno de Ricardo Lagos. 'Qué bueno', le dije, 'es cosa que usted como Presidente le ponga urgencia al proyecto y sale altiro'. Después, ya como Presidente, nos invitó a La Moneda y le volvimos a reiterar la importancia de este tema. Sin embargo, este año, antes del cambio de gabinete, el saliente ministro de Justicia (Felipe) Bulnes, que estaba muy comprometido con la flexibilidad financiera, nos presentó un proyecto, pero que dejó a su sucesor (Teodoro Ribera), y que nosotros consideramos un verdadero retroceso. Era un proyecto totalmente perjudicial para nuestras pretensiones. El Presidente se comprometió a tramitar el que estaba en el Congreso, pero después presentó otro proyecto que no nos pareció, y ahí está, volvimos a punto cero.

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