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Por Julio Nudler

Siempre se oye hablar de las retenciones, sobre todo a los agroexportadores, que protestan acerbamente contra ellas. Y es lógico, porque con ese sacabocados el fisco les rebana parte del dólar, que en el caso extremo de las semillas oleaginosas llega al 23,5 por ciento. Pero hay un caso especial, casi inadvertido, que es el de la chatarra, cuya exportación paga un derecho del 40 por ciento. Es el único caso. No hay otro. La medida tiene dos grandes beneficiarios. Uno es Siderar, de Techint. El otro es Acíndar. Gracias a esta disposición, la siderurgia local puede comprar a menor precio los rezagos ferrosos que utiliza en la fabricación de acero. Según los entendidos, ese insumo representa alrededor de un tercio del costo. El resto es mineral de hierro importado desde Brasil. Esta barrera especial a la salida del material de descarte fue implantada con la firma de Roberto Lavagna tras la exitosa acción de lobby conducida por el Centro de Industriales Siderúrgicos, cámara en cuya presidencia se turnan hombres de Techint y de Acíndar. Actualmente lo encabeza Arturo Acevedo, de la segunda. El CIS forma a su vez parte de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), que preside Enrique Mantilla, de Techint.
Este último grupo, que controla numerosas entidades, conoce a la perfección el negocio de la chatarra o scrap. A punto tal de que su empresa ScrapService fue la adjudicataria del desguace de los vehículos viejos entregados en el Plan Canje. El material podía ser reciclado dentro del mismo conglomerado económico. Pero Techint también se destacó tiempo atrás en la exportación de despojos, dato que surgió como contradictorio con el reclamo de un gravamen a esas operaciones. Industria reclamó explicaciones porque los solicitantes habían aducido dificultades en el aprovisionamiento de materia prima, y el CIS logró salir del paso sosteniendo que se había tratado de maquinaria en desuso. Pero no se trataría en verdad de un tema de abastecimiento sino de costos.
Por efecto del 40 por ciento de retención, el dólar efectivo para exportar chatarra cae de $ 2,80 a 1,68. Es decir, $ 1,12 menos por dólar. Por tanto, el precio interno del rezago se acomoda igualmente hacia abajo. Sin embargo, las industrias que utilizan chapa como insumo, y entre ellas la automotriz, aseguran que la siderurgia nacional dolarizó virtualmente sus precios internos, pese a que la resolución de Economía le permite disponer de materia prima bien por debajo del precio internacional. Además, el sector está exportando activamente.
La excepcional norma rige desde enero de este año. Como la primer resolución vencía en abril, otra (la 256/03) extendió el plazo hasta octubre. Precisamente, la transitoriedad de esta protección especial (no sólo los aranceles de importación sirven para proteger) reconoce lo inusual de la disposición. En realidad, los desperdicios ferrosos lograron colarse en una medida originariamente establecida para los no ferrosos, que en principio fue explicada como una forma de desalentar el robo de cables telefónicos para recuperar el cobre.
El filón de mandar afuera estas commodities de delictivo origen fue explotado masivamente, tras la devaluación, por "operadores sin antecedentes ni trayectoria", según se aclaró a Página/12 en la CERA. Otras fuentes recordaron que las telefónicas salieron el año pasado a vender cables viejos para deprimir el precio interno y así desalentar los robos que ellas mismas sufrían. De todas formas, no deja de resultar curioso que se imponga un tributo a la exportación de material hurtado para restarle rentabilidad al circuito. Esto induce a suponer que la Aduana no tiene idea del origen de los bienes que pasan por sus canales.
En medios industriales se susurra que resoluciones como la de la chatarra pertenecen a la categoría de las normas "con nombre y apellido", cortadas tan a medida como el mejor traje sastre. De no ser así debió dictarse una medida general, que favoreciese del mismo modo a otras industrias con problemas de abastecimiento o de costo excesivo de la materia prima. La exportación de desperdicios de papel, por ejemplo, que compran empresas como Massuh, Ledesma o Zucamor, carga con una retención del 20 por ciento (que obviamente disminuye el precio que pueden obtener los cartoneros, que ahora reciben 38 centavos por kilo de papel común de rezago, diez centavos menos que hasta hace dos meses).
Los derechos de exportación fueron reintroducidos tras la abolición de la convertibilidad para lograr dos objetivos. Uno de ellos, procurarle al fisco una fuente casi automática de recursos ante el derrumbe en la recaudación de impuestos fundamentales como el IVA y Ganancias. El otro propósito fue atenuar el terrible impacto de la devaluación sobre alimentos y otros productos exportables. Por esta razón, y en medio de una dura pugna de intereses, la progresiva depreciación del peso obligó a revisar las decisiones, elevando los derechos desde las escalas inicialmente impuestas. En los pocos casos de productos que ya pagaban retenciones, como las semillas oleaginosas y los cueros crudos, la nueva retención de 20 por ciento se sumó a la prexistente.
Finalmente, quedaron establecidos tres peldaños. Uno de 5 por ciento, por el que salen todas las manufacturas, incluidas las de origen agropecuario. Otro del 10 por ciento, que en general corresponde a productos de las economías regionales, y un último de 20 por ciento para los grandes rubros de exportación primaria, desde los cereales hasta el petróleo. Sin embargo, en ese anaquel fueron ubicados también algunos rubros como la harina, por su fuerte incidencia sobre el costo de vida.
Lo inesperado es que largamente por encima de todos haya sido colocada la chatarra, con un criterio que en medios empresarios se señala como sumamente opaco. Ante la consulta de este diario, un ex titular de Industria reaccionó con sarcasmo: "¿Quiere que le diga que me sorprende? No, no estoy para nada sorprendido", dijo como en alusión a prácticas muy conocidas en el sector fabril. Otra fuente trajo a colación la renombrada anécdota de los derechos de exportación de la grasa, materia prima que un ex presidente de la Unión Industrial Argentina necesitaba para fabricar galletitas. De picardías como éstas se nutre la historia de la industria nacional, de la clase dirigente y también de los cargos políticos.

 

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Rodrigo González Fernández
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