Poderes fácticos
El doctor Pablo González Casanova se refería a ellos como "poderes reales", en contraposición a los poderes formales. El ilustre ex rector de la UNAM aludía con esta categoría tanto al Ejército como al clero, a los caciques y a los empresarios. Si hubiera escrito su obra en nuestro tiempo habría mencionado también –y en primerísimo lugar– al crimen organizado y a los medios de comunicación. Se trata de entidades de poder "real", con una enorme capacidad de incidir en el rumbo de los asuntos públicos aunque no tengan el reconocimiento ni la legitimidad que sí tienen las instituciones del Estado. Sean legales o no, se trata en todos los casos de grupos de interés que aprovechan su fuerza para guiar la mano de las autoridades, que pocas veces tienen el arresto para resistirlos. Y mientras más veces dobleguen a la autoridad, menos resistencia se les opondrá y más fácilmente impondrán su voluntad. Lo dramático es que cada vez que este proceder se actualiza, nuestra democracia se va debilitando.
En su reciente trabajo recepcional para obtener el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Lay se ocupa de uno de estos poderes fácticos para analizar la manera en que ha podido incidir en las decisiones del gobierno en beneficio de sus particulares intereses. Se trata de un interesante seguimiento del papel de los medios electrónicos de comunicación, particularmente la televisión, ante los intentos legislativos para poner al día el marco legal que rige su actividad.
El autor sostiene que la democracia deliberativa tendría que ser el eje de nuestro sistema de gobierno. Se refiere a ese conjunto de procedimientos por medio de los cuales la mera discusión entre personas trasciende hasta convertirse en un debate sobre asuntos de interés público, y cómo esos temas se transforman eventualmente en demandas que las instancias de autoridad procesan para producir una decisión. Es la manera en que el parecer de los ciudadanos se convierte en materia para los actos de la autoridad legítimamente establecida, "mandataria" de la sociedad que la eligió.
El doctor Lay revisa algunos momentos del proceso legislativo en materia de telecomunicaciones, radio y televisión, en que se han puesto en práctica algunos supuestos de esta democracia deliberativa. A partir de un repaso histórico que comienza con la Ley de Comunicaciones Eléctricas de 1926, el autor se centra en una etapa crucial que ejemplifica además la fuerza que pueden desplegar los poderes fácticos, pero también la que desde las instituciones del Estado pueden contenerla a favor del interés general. Se trata del proceso de reformas que se discutieron en el Congreso federal a partir del 2002, que se aprobaron en el 2005 y que la Suprema Corte echó abajo en el 2006 como resolución de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo plural de senadores.
Estas reformas tuvieron su origen en una iniciativa ciudadana, que surgió precisamente cuando las presiones de los poderes fácticos cancelaron la mesa de diálogo que sobre el tema y con una amplia convocatoria había instalado el gobierno federal en marzo de 2001. Como expresión de un amplio sector de la sociedad civil, tal iniciativa fue entregada al Poder Legislativo para que se convirtiera en el proyecto que desencadenó el proceso de reformas. El autor revisa este proceso –a la postre fallido– y el papel jugado en él por los diversos actores involucrados, destacando el papel de las empresas de la televisión, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, lo mismo que diversas organizaciones con agenda distinta como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, los académicos articulados en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, periodistas diversos, la Red de Radiodifusoras Educativas y Culturales de México e incluso diversos organismos como el IFE, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, entre otras. Todos aportando su perspectiva y puntos de vista, pero uno solo con la fuerza para inclinar la decisión: la televisión comercial.
El trabajo de Lay muestra cómo un poder fáctico utiliza intensa y eficazmente las vías institucionales como el cabildeo, pero cómo puede recurrir también a la presión, la amenaza o el chantaje cuando es necesario con tal de que prevalezcan sus intereses. Ilustra con claridad la manera en que los medios electrónicos han aprovechado el tiempo electoral para obtener ventajas adicionales en sus negociaciones a partir de la oferta de exposición mediática de los candidatos y de condiciones especiales para la propaganda.
Valorando el resultado alcanzado, concluye señalando que el sustento de nuestra democracia deliberativa es muy vulnerable y que los poderes fácticos tienen más margen de acción cuando las instituciones del Estado se repliegan. Fue así como capitalizaron la debilidad de la figura presidencial en tiempo de Vicente Fox. La actuación de la Suprema Corte permitió detener el grave daño que las reformas de 2005 hubieran significado, pero dejaron la materia de nuevo en el terreno del Poder Legislativo, que desde entonces ha seguido sujeto a las mismas presiones que lo neutralizan y han impedido resolver el tema en serio y a fondo
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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