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viernes, junio 24, 2016

Russell Patten (Grayling): “Para las firmas británicas va a ser muy difícil hacer lobby en Bruselas”

Russell Patten (Grayling): "Para las firmas británicas va a ser muy difícil hacer lobby en Bruselas"

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Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas y Chairman de Asuntos Públicos para EMEA de la agencia de comunicación, ha asegurado que aún es pronto para conocer las consecuencias del Brexit, pero lo que sí tiene claro es que las razones por las que los ciudadanos británicos han votado "no" en el referéndum son de calado político y no económico o emocional. Donde el CEO de Grayling Bruselas, corazón de Europa, sí cree que tendrá impacto será en las relaciones institucionales de los intereses de Gran Bretaña en Europa, según  Patten "nadie en Bruselas va a dar credibilidad a un político británico".

Casualidades de la agenda mediática, la celebración del primer encuentro organizado por la agencia de comunicación Grayling en Madrid dedicado a la gestión de los asuntos públicos, ha coincidido con la noticia del resultado del referéndum británico en el que los ciudadanos del Reino Unido han votado la salida de la Unión Europea, en el denominado Brexit. Precisamente en este desayuno con clientes e invitados de la agencia de comunicación se encontraba Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas y Chairman de Asuntos Públicos para EMEA. La oficina de Bruselas de Grayling es clave en las estrategias de lobby y asuntos públicos de todos los clientes de la red, incluidos los de las oficinas de la agencia en España. 

Precisamente la noticia del Brexit ha sido un shock para Pattern, que además es británico de nacimiento. Según el responsable de asuntos públicos de Grayling en Bruselas, las razones a las que obedece el Brexit son "políticas, no razones económicas o emocionales". Respecto al futuro, Russell Patten cree que "el Reino Unido continuará una relación comercial igual que existe con Noruega o Liechtenstein o Suiza". Respecto a la actividad de empresas inglesas en otros países, como el caso de Grayling, "las compañías inglesas en España seguirán teniendo libertad de mercado igual que las personas", ha apuntado el experto en declaraciones a prnoticias.

La clave del Brexit solo se podrá entender en los próximos meses, cuando se avancen en las negociaciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Para Pattern, lo lógico sería una respuesta "muy dura" por parte de la Unión Europea. "Lo que puede pasar con el Brexit es que algunos estados miembros aprovechen lo que está pasando. El problema es que hay demasiada unificación política, lo que los ingleses piensan es que les encanta la unión económica,  pero no la política. Creo que si Europa quiere continuar  va a tener que desacelerar la integración política, de otro modo otros países se preguntaran hacer lo mismo", ha asegurado el CEO de Grayling Bruselas.

Donde sí habrá cambios, y muy relevantes, según Patten serán en el trabajo de consultoría de asuntos públicos y lobby de las empresas inglesas en Bruselas. "Para las firmas británicas va a ser muy difícil hacer lobby en Bruselas, porque ya no van a ser un Estado miembro. Va a ver una ruptura en los próximos meses, nadie en Bruselas va a decir que no deberíamos escuchar a los ingleses más; pero los intereses británicos en Bruselas han finalizado. Nadie en Bruselas va a dar credibilidad a un político británico. Los intereses británicos van a ser muy difíciles de defender a través del lobby en Bruselas".

Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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jueves, junio 23, 2016

LOBBY: Los lobbystas de Punta Peuco

AGRUPACIONES DE EX MILITARES ALEGAN VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS A ENFERMOS DEL PENAL

Los lobbystas de Punta Peuco

Jonás Romero 23 Junio, 2016Tags: 

Desde hace un par de meses que representantes de la familia militar – algunos de ellos con imputaciones por crímenes a los DDHH- vienen generando un intenso lobby en el Congreso en pos de mejoras en sus sistemas de salud y pensiones, además del punto más polémico: la flexibilización de las penas para los militares detenidos en Punta Peuco. Esto ha derivado en dos proyectos de ley y una moción especial que, de aprobarse, permitirían a algunos de los enjuicidados por crímenes de lesa humanidad cumplir sus penas en geriátricos, hospitales e inclusive en sus hogares. La iniciativa de estas agrupaciones abre un debate entre los defensores de los Derechos Humanos ¿Qué hacemos cuando sus violadores abogan por ellos?

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El día 28 de octubre del año 2015, más de cien exuniformados se congregaron en un auditorio de Valparaíso para asistir a la fundación de la Multigremial de las Fuerzas Armadas; agrupación que congrega a Personal en Retiro de las instituciones castrenses, Carabineros e Investigaciones de Chile; y que en palabra de sus impulsores, busca -entre otros ítemes- "acabar con las condenas de presunción de algunos de los reos en Punta Peuco".

En la ocasión, uno de sus invitados de honor fue el escritor y exministro de Cultura, Roberto Ampuero. En su discurso, cargado de críticas a la Nueva Mayoría -a quienes calificó de "jacobinos marxistas"-, el autor de Nuestros años Verde Olivo alabó la valentía de los exmilitares, marinos, carabineros y detectives de la PDI presentes, y los instó en la búsqueda del diálogo y el liderazgo "que Chile hoy tiene tan extraviados".

Bajo un atronador aplauso, los presentes acordaron pactar reuniones con parlamentarios, ministerios "y hasta entidades internacionales de ser necesario" para velar por los Derechos Humanos de los reos presentes en Punta Peuco.

En poco tiempo, el llamado hizo eco en varios congresistas: actualmente existen dos proyectos de ley y una moción parlamentaria, apoyada por 19 senadores, entre ellos cuatro adherentes de la Nueva Mayoría -Jorge Pizarro, Manuel Antonio Matta, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar- que buscan la libertad vigilada intensiva y el cumplimiento alternativo de las condenas por motivos humanitarios a favor de reos que padezcan una enfermedad grave, invalidante o terminal.

De aprobarse, estas leyes permitirían que algunos de los reos presentes en Punta Peuco cumplieran sus condenas en geriátricos e inclusive en sus hogares.

Esa noche, en Valparaíso, comenzó la historia de los lobbystas de Punta Peuco.

Reconciliación nacional y DD.HH.

"Conjuntamente con saludarlo respetuosamente, y abusando de su siempre gentileza y atención, interrumpimos su apretada e importante agenda, para solicitarle una corta audiencia para dos integrantes de la Directiva de la ONG CREN; Organización de carácter humanitaria y solidaria, integrada por ex Generales y Oficiales de las FFAA, dedicada exclusivamente a la ayuda y apoyo humanitario de exmiembros de las FFAA".

Así comienza la misiva que desde marzo de este año comenzaron a recibir autoridades gubernamentales, parlamentarias, judiciales y religiosas. Los firmantes: Sergio Canals Baldwin, Roberto Hernández y Eduardo Catalán Brunet, todos exmiembros de las Fuerzas Armadas, y con un pasado vinculado a la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura.

En sus propias palabras, la CREN (cuya sigla quiere decir Cruzada por la Reconciliación Nacional y Derechos Humanos), se define como una organización de carácter humanitaria, y es una de las tantas agrupaciones de exmiembros de las Fuerzas Armadas aglomeradas bajo el manto de la Multigremial.

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Eduardo Catalán Brunet, teniente (R) y vocero de ONG CREN.

"Queremos sensibilizar a todos los sectores políticos acerca de la falta de Derechos Humanos sobre los Prisioneros Políticos Militares presentes en Punta Peuco. Hemos conversado transversalmente con un sinnúmero de parlamentarios, y fruto de ese trabajo es que están saliendo los proyectos que vemos actualmente", sostiene su vicepresidente, el teniente en retiro Eduardo Catalán Brunet.

Ingresado a la Escuela Militar el año 1964, Catalán llevaba seis años como teniente para el Golpe Militar. Según una investigación del periodista Jorge Escalante, Catalán fue uno de los primeros cuatro militares en hacer ingreso al segundo piso de La Moneda luego de la rendición de los colaboradores de Salvador Allende. Posterior a su carrera en el ejército, Catalán se tituló como abogado, y actualmente dedica al menos un día de la semana para viajar a Valparaíso a reunirse con representantes de la Multigremial y, en ocasiones, con los diputados y senadores quienes han aprobado sus solicitudes mediante la ley de lobby.

"Llegamos incluso a reunirnos con el senador Carlos Montes, quien luego de escucharnos nos dijo 'yo fui torturado, ¡no me pueden pedir eso a mí!' Y está bien, yo respeto eso, pero una cosa no quita a la otra", agrega Catalán.
Para Sergio Canals Baldwin, otro de los miembros de la CREN, no se trata de impugnar las condenas, sino que los reos que padezcan enfermedades terminales o demencia senil las cumplan desde geriátricos o desde sus casas. "A mí me parece que por muy canalla que hayan sido algunos, no puedes jugar a ser más canalla que ellos. Esos viejos se están muriendo, ¿qué sacas con tenerlos ahí?", sostiene.

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Sergio Canals Baldwin, miembro de CREN y ocho veces productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar.

La trayectoria de Canals Baldwin es, sin duda, particular. En el libro Terrorismo de Estadio, de la periodista Pascale Bonnefoy, se consigna que mientras Sergio Canals Baldwin era teniente del ejército, cumplió labores de seguridad en el Estadio Nacional. Aunque Canals niega haber pisado el recinto, varios prisioneros aseguran haberlo visto en el estadio y posteriormente en el centro de detención Chacabuco, donde fue oficial encargado de seguridad del Campamento de Prisioneros.

Tiempo después, llegó a ser segundo comandante de la División de Inteligencia de la Región Metropolitana de la CNI entre 1981 y 1983, la cual dependía directamente de Álvaro Corbalán. Recientemente estuvo procesado en el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez y por su participación como cómplice en los homicidios calificados de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, conocido como el montaje de calle Janequeo, en la comuna de Quinta Normal. Causas en las cuales aún no hay sentencia.

Luego de su paso por el ejército, Canals fundó la productora de eventos SCB (bautizada así por sus iniciales), de la cual es hoy director ejecutivo. En la página de SCB, se lee una breve reseña de su trayectoria como productor: "Vasta experiencia en la industria de la Televisión y Espectáculos, 25 años en Canal 13 participando activamente en el equipo realizador del destacado director Gonzalo Bertrán, y ocho años como Productor General del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar".

Para él, sin embargo, la causa de los presos en Punta Peuco va más allá de su vinculación con el mundo militar. "El problema no existe sólo en Punta Peuco, sino en todos los penales de Chile. La justicia, la reparación, eso no se toca. Pero tampoco podemos tener un ser humano que ni sabe qué es lo que pasa, ¡déjenlo vivir sus últimos días con su familia! Es una cuestión de lógica humana. ¡Chile necesita humanizarse!".

Para Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), hay algo grave en que estas agrupaciones se encuentren sosteniendo reuniones en el Congreso. "Están cambiando la realidad de la historia. Quienes ayer fueron bestias, hoy se están cambiando la piel y están tratando de instalar la idea en el inconsciente colectivo de que son unos pobres viejitos", sostiene.

Sobre las imputaciones que actualmente existen sobre Sergio Canals, este se defiende. "Tengo un profundo respeto por Lorena Pizarro. Entiendo perfecto el otro lado, que hay mucho dolor, que no conocen donde están sus familiares. Pero también hay que escuchar lo que dice el padre Montes. Él es una autoridad transversal. Se dio cuenta que aquí también había una falla, algo que todos como sociedad tenemos que solucionar", reflexiona.

Para Pizarro, el tema no acaba ahí. "Si están envejeciendo, el recinto carcelario tendrá que hacerse cargo de sus enfermedades. Hay que recordar que existe un trato bastante inequitativo en torno a este tipo de presos y el común de los mortales".

En otro reportaje del periodista Escalante, se consigna que Roberto Hernández, el tercer miembro de la CREN que figura en las solicitudes a los congresistas, habría acompañado a la comitiva del teniente Kenny Aravena en el retiro de dos prisioneros de la Cárcel Pública para su posterior asesinato; enmarcado en los crímenes cometidos en el Regimiento de Buin.

Proyectos de ley

Uno de los argumentos más recurrentes de quienes defienden las iniciativas presentadas en el Congreso, es el del respeto a los Derechos Humanos del Adulto Mayor. "Yo creo que Chile no ha sido sancionado por algún organismo internacional de DDHH por gracia de Dios, nomás. Tener prisionera a gente que sufre de Alzheimer es una crueldad", sostiene el senador por la Región de Atacama, Baldo Prokurica.

En efecto, una de las resoluciones de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA garantiza en su artículo 13 "el acceso a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, se promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad (…)".

El año pasado, Prokurica visitó Punta Peuco invitado por familiares de quienes allí se encuentran. Sobre lo que vio, cuenta: "Fue una experiencia muy dura, salí muy golpeado. He ido a muchas cárceles, este caso era especialmente muy duro".

"Me encontré con gente de 89 años, con muletas, personas con alzheimer que no saben dónde están, gente que está siendo tratada en un lugar que no tiene agua potable. Visité la cocina donde se prepara la comida tanto de los internos como de los funcionarios y es un desastre, no hay un restaurant de Santiago que pasaría una inspección con las normas de sanidad que presentaba esta cocina", sostiene.

Actualmente, y según Gendarmería, existen 118 reclusos en el penal construido especialmente para exmilitares procesados por delitos a los DD.HH. Según la CREN, al menos una decena de ellos padece de demencia senil, y otros varios más son incapaces de velar por sus propios cuidados. "Hay familias que tienen que pagarle al vecino de celda para que les limpie el poto y le cambie los pañales a los prisioneros, porque es evidente que los gendarmes no se van a prestar para esas cosas", sostiene Prokurica. El senador agrega: "seguir teniendo a esos viejos ahí, imposibilitados de ver a sus familiares cuando fallecen, es propio de nazis, de gente muy mala. Yo entiendo cuando los representantes de Derechos Humanos en Chile dicen que ellos fueron criminales atroces, pero ¿eso nos permite a nosotros hacer lo mismo con ellos?".

El primer párrafo del proyecto de ley presentado por Prokurica (el cual también firman Iván Moreira y Francisco Chahuán) consigna que los condenados calificados de bajo compromiso delictual, y quienes durante el cumplimiento de su condena alcancen la condición legal de adulto mayor, podrían continuar "cumpliendo la pena impuesta bajo arresto domiciliario y custodia de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado hasta completar la condena impuesta".

Alejandro Navarro, uno de los senadores que presentó el proyecto de ley junto a José Manuel Ossandón, asegura que uno de los problemas de la iniciativa es qué tan confiables serán los informes médicos que acrediten enfermedades catastróficas o mentales. "El gran estigma de quienes hoy alegan estados graves de salud o demencia senil, es la imagen de Pinochet bajándose del avión en Pudahuel, luego de estar detenido en Londres, levantándose de la silla de ruedas y besando el suelo del aeropuerto. Eso removió muy fuertemente la conciencia de todos: que el principal responsable de los crímenes contra los Derechos Humanos haya huido de la justicia mediante el ardid de fingir una grave enfermedad".

Impunidad

"¡Los senadores no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad!" vocifera Verónica De Negri, madre del joven fotógrafo asesinado durante la dictadura, Rodrigo Rojas. Detrás de ella, una decena de mujeres pertenecientes a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) la siguen a coro, encadenadas a una de las rejas del ex Congreso Nacional.

Hace tres días que como agrupación se enteraron de los proyectos de ley que buscan flexibilizar las penas para los reos presentes en Punta Peuco, y han decidido encadenarse para exigir una reunión con el ministro del Interior para presentar su oposición a los proyectos de ley.

"Por lo general, cuando visitan las comisiones en el Congreso, se presentan a sí mismos como 'Conscriptos víctimas del terrorismo de Estado'. Pero lo que finalmente uno se encuentra es a sujetos vinculados a las FFAA, sujetos que fueron parte de la maquinaria criminal de la dictadura. Lo que hacen estas asociaciones, en el papel, es buscar impunidad para los violadores de derechos humanos", sostiene Verónica De Negri, miembro de la AFDD.

Lorena Pizarro, la presidenta de la agrupación, complementa: "¿Acaso de nuestro lado no han pasado los años también? Carmen Vivanco está a punto de cumplir 100 años, y aún no hay claridad de dónde están sus cinco familiares desaparecidos por la dictadura. Entonces, en casos donde hay condenas que llegaron tarde, y donde ellos nunca colaboraron ¿nos vienen a pedir ahora que nosotros los ayudemos a morir más tranquilos? Deberían asumir con más dignidad su proceso".


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miércoles, abril 27, 2016

CORRUPCIÓN &LOBBY PLATAS SUCIAS DE CAMPAÑAS nUEVA mAYORIA

El lobbista y ex ministro no asistió y sólo "entregó antecedentes"

Platas Políticas: SII citó a declarar a Correa por boletas de Imaginacción para pagar servicios al PPD

por  27 abril 2016

Platas Políticas: SII citó a declarar a Correa por boletas de Imaginacción para pagar servicios al PPDEn el marco de la investigación en torno a las empresas que rectificaron pagos, el organismo requirió detalles sobre los pagos desde Imaginacción a una firma que prestó servicios al PPD. Quien si concurrió fue la actual alcaldesa de Santiago Carolina Tohá

El 14 de abril, la alcaldesa de Santiago Carolina Tohá concurrió hasta las oficinas del Departamento de Delitos Tributarios del SII en respuesta a la citación hecha por el organismo para entregar detalles sobre boletas eventualmente falsas que sirvieron para respaldar pagos desde el PPD mientras Tohá presidía la colectividad en 2012.

Se trata de dos boletas emitidas por servicios prestados desde la empresa Creatika del periodista Claudio Canales por la implementación de una página web. Canales declaró en la fiscalía donde se investiga el caso SQM, que estos trabajos fueron acordados con la actual alcaldesa, pero que luego se le pidió emitir las boletas a nombre las las firmas Kybalion, del ex embajador en Paraguay, Alejandro Bahamondes militante PPD y la otra a Imaginacción, la consultora de lobby y comunicación estratégica de Enrique Correa. 

Según informa La Tercera, la declaración de Tohá se enmarca dentro de la investigación que realiza el SII a las empresas que rectificaron pagos frente al organismo, entre ellas SQM. En este contexto, Tohá explicó que desconocía los detalles de estos trabajos, pero admitió que ella había aprobado la implementación de la página web.

Otro de los citados a entregar su testimonio al respecto en el SII fue Enrique Correa. La boleta que se pagó a Claudio Canales a Imaginacción es de 2011 y asciende a los $8,5 millones. Sin embargo Correa no asistió pero según consigna el matutino "entregó antecedentes" relacionados.

Al cierre de esta nota tanto desde Imaginacción como desde el SII no entregaron detalles sobre de qué se trataron específicamente estos datos y por qué Correa se acogió a esta opción en vez de concurrir a declarar.


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viernes, abril 01, 2016

#lobby Contraloría deja en manos de la autoridad registrar si citas con gremios son audiencias de lobby

Contraloría deja en manos de la autoridad registrar si citas con gremios son audiencias de lobby

A raíz de una petición de la ANEF, el ente precisó el dictamen de 2015 que obligó a calificar cualquier gestión de la asociación como lobby. Gremio tildó de insuficiente la aclaración.Juan Pablo PalaciosJUAN PABLO PALACIOS | ECONOMÍA | 05:00 HRS

HERRAMIENTAS
© Agencia Uno

En noviembre de 2015, justo cuando comenzaban las negociaciones de los gremios del sector público con el Gobierno para el reajuste de salarios, y luego de la extensa paralización del Registro Civil, la Contraloría General de la República emitió un dictamen que obligaba a registrar bajo los parámetros establecidos en la Ley de Lobby las reuniones entre la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y otras asociaciones de funcionarios con las autoridades del Ejecutivo.

Pese a estar orientado en un principio como una obligación de las autoridades gubernamentales, el pronunciamiento surgido a raíz de una petición del Servicio Civil, tiene alcances en el ámbito parlamentario y municipal, e incluso abarca a los gremios empresariales.

La disposición generó el malestar del presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, y gatilló, primero, un reclamo ante el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y, posteriormente, la presentación de un recurso de reconsideración ante el órgano contralor.

"Nosotros no somos lobbistas, sino sindicalistas, se está afectando el principio de libertad sindical", dijo De la Puente sobre el dictamen que firmó la contralora subrogante, Patricia Arriagada.

El pasado 8 de marzo, el actual titular de la Contraloría, Jorge Bermúdez, emitió un nuevo pronunciamiento en el que se hizo cargo de las observaciones de la ANEF.

"En consideración a lo anterior y a que de lo dispuesto en el artículo 7° de la aludida ley N° 19.296, se advierte que las asociaciones de funcionarios de la Administración tienen por finalidad promover el mejoramiento económico y de las condiciones de vida y de trabajo de sus afiliados y, en general, defender o representar los intereses de ellos, cabe concluir, como lo hizo el dictamen N° 87.972, de 2015, que tales agrupaciones pueden realizar actividades que se encuentran regidas por la ley N° 20.730 y que, por lo tanto, tendrán que sujetarse a esta normativa", dice el nuevo dictamen, que de todas formas advierte que "en el caso de las asociaciones de funcionarios no puede hablarse del desarrollo de actividades de lobby, como quiera que estas no reciben una remuneración por concepto de las actuaciones que, en defensa o representación de sus afiliados, realizan ante las autoridades".

No obstante, precisa que si se les aplica a las asociaciones el concepto legal, regulado en la Ley de Lobby, de gestor de intereses particulares, "tratándose de las diligencias que ellas practican ante los sujetos pasivos de la ley, a fin de influir en las decisiones que estos deben adoptar en el ejercicio de sus funciones", dice la Contraloría.

El documento afirma que  las actividades reguladas como lobby y que deben ser registradas, son aquellas que tienen como fin influir en: "la elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes", como también "de las decisiones que adopten los sujetos pasivos", y el "diseño, implementación, y evaluación de políticas, planes y programas efectuados".

Aclara que entre las actividades que no están reguladas por la norma están "los planteamientos o las peticiones realizadas con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público; las peticiones realizadas para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo, y la información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para realizar una actividad o adoptar una decisión, en el ámbito de su competencia".

Concluye la Contraloría que "las audiencias o reuniones que lleven a cabo las respectivas autoridades con las asociaciones, únicamente deberán registrarse si reúnen las características indicadas en el citado artículo 5° y no están en las hipótesis del reseñado artículo 6°, lo que deberá ser analizado por aquellas superioridades en cada caso concreto".

La ANEF calificó de ambiguo el dictamen y anticipó que pedirá aclarar la situación vía cambios legales.

Fuente:ELPULSO

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domingo, febrero 21, 2016

LOBBY EN MEXICO La oscura relación cabilderos-legisladores

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El Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se Establecen las Normas Generales Relativas al Procedimiento para el Registro de Cabilderos y las Actividades Desarrolladas por Éstos dentro de la Cámara de Diputados es la única norma aplicable en esa Cámara al cabildeo.

/Segunda y última parte

cabilderos-legisladores-300Los escasos límites que marca son, por ejemplo, que el número máximo de personas acreditadas es de 20 por comisión; que "los cabilderos sólo podrán hacer uso de los recursos legítimos permitidos por la Constitución y la ley para desempeñar sus funciones", aún inexistente; y que "la falsedad de cualquier información aportada por el cabildero[…] implicará la inmediata cancelación de su registro".

En términos de transparencia, indica que "las comisiones deberán informar a la Mesa Directiva, en el marco de sus informes de labores, todo lo relativo al cabildeo que se haya registrado dentro de las mismas, para lo cual deberán señalar los documentos recibidos que tengan relación con iniciativas, minutas, proyectos o decretos que son materia de su competencia, así como los nombres de los cabilderos que los hayan entregado".

Así, desde octubre de 2012 –cuando se publicó el Acuerdo– ha sido la buena fe, y no la ley, la que rige esas relaciones de poder en las que se mueven millones de pesos. Y puesto que sólo lasbuenas conciencias se "ajustan" a "los recursos legítimos permitidos por la Constitución", lo único que ha originado el vacío legal es una gran opacidad.

Ejemplo de ello es la respuesta de la Comisión de Economía de la pasada legislatura a la solicitud 1092/2015: "la Presidencia [a cargo del panista Mario Sánchez Ruiz] se ha reunido con cabilderos en diversas ocasiones para atender asuntos relacionados con esta Comisión, sin contar con un registro de las mismas". En la petición de información literalmente se requirió "cuántas veces se ha reunido la Comisión de Economía y/o alguno de sus integrantes con los llamados cabilderos. Por cada caso, desglosar, nombre del o los diputados; nombre del o los cabilderos; fecha; tema a tratar; y resultados del encuentro".

En total, Agenda de la Corrupción ingresó 39 solicitudes sobre este tema a la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados para la pasada legislatura, de las cuales siete correspondieron a grupos parlamentarios (ver Contralínea 474) y el resto, a las comisiones (solicitudes de la 1085/2015 a la 1116/2015).

De éstas se desprende que, en el contexto de las "reformas estructurales", una de las comisiones más activas fue la de Educación Pública y de Servicios Educativos. Según la respuesta a la solicitud 1093/2015, en un afán de establecer "el diálogo y la concertación con diversos actores del sector educativo, se atendió a todos, más allá de si cuentan o no con un registro en el padrón de cabilderos, e inclusive jamás se ha solicitado como requisito para su atención tal registro".

Agrega que se realizaron 19 reuniones ordinarias, 19 de Junta Directiva, una extraordinaria y 22 de trabajo, en las que participaron los siguientes "actores": "Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Trabajadores Normalistas de Guerrero; profesores del CECYTEM; Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Educación Tecnológica; Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas; sindicatos del Cecytes y Colegio de Bachilleres; Conalep; universidades interculturales; trabajadores de escuelas secundarias; Universidad Tecnológica de Chapingo; CETIS plantel número 6 DGETI; Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México; Cámara Nacional de la Mujer; trabajadores del Instituto Politécnico Nacional; Asociación de Jubilados del Estado de Nayarit; Coordinación Nacional de Escuelas Normales; Junta de Gobierno del INEE".

Las reuniones, indica, estuvieron "prácticamente orientadas a solicitudes en materia de presupuesto e interés en iniciativas, minutas y puntos de acuerdo turnados a la Comisión. Las respuestas a estas peticiones quedaron reflejadas en la opinión de la Comisión respecto a los proyectos de presupuesto de egresos para 2013, 2014 y 2015…".

Otra comisión que admitió reuniones con cabilderos, aunque sólo dos, fue la de Competitividad: del 15 de febrero al 15 de marzo de 2013, con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC; y el 14 de octubre de 2014 con el Consejo Coordinador Empresarial y con la Confederación Patronal de la República Mexicana. La primera tuvo como fin organizar un ciclo de cinco talleres de competitividad; la segunda, el "análisis y la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se extiende la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y se adiciona el artículo 21 bis a la Ley de Planeación".

Aunque sin dar detalles, la Comisión de Ciencia y Tecnología admitió haberse reunido con la Campaña contra el Ciberbullying #Yoloborro (en cinco mesas de trabajo); el Foro Avances Tecnológicos en la Lucha contra el Cáncer de Mama; el Foro Avances Tecnológicos para Prevención del Cáncer de Próstata; la Conferencia Magistral Educar las Emociones: Aporte de la Neurociencia para el Aprendizaje, del doctor Richard J Davidson; el Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas en Washington, DC.

Entre los que negaron esas relaciones está la Comisión de Comunicaciones, que indicó que en sus archivos no se tiene registro de alguna reunión con alguna de las personas físicas o morales del padrón de cabilderos. Además negó contar con información relativa a las reuniones de los diputados integrantes, "puesto que la actividad de cada legislador es registrada de manera personal y no por esta Comisión".

La Comisión de Cambio Climático también indicó que no sostuvo ninguna reunión con cabilderos, "ni mucho menos se ha recibido documento alguno de su parte que tenga relación con algún proyecto legislativo que se encuentre en trámite o que haya concluido. Por lo que respecta a la Presidencia de esta Comisión, no es posible afirmar o negar que alguno de sus integrantes, en lo individual, haya sostenido alguna reunión con cabilderos o recibido documentación, ya que los legisladores no tienen ninguna obligación de reportar o informar tal situación a la Presidencia de este órgano legislativo; sin embargo, es pertinente señalar que a la fecha no ha existido presión de ningún tipo en torno a los asuntos turnados a esta Comisión para su estudio o dictaminación, así como tampoco alguna recomendación en algún sentido por parte de algún cabildero".

La ahora exdiputada Margarita Saldaña Hernández, en su calidad de presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, informó a esta columna que esa Comisión "no ha celebrado reuniones con cabilderos a lo largo de toda la Legislatura, y de manera individual, la que suscribe, tampoco".

Por su parte, la Comisión de Defensa Nacional indicó que no sostuvo ninguna reunión con los cabilderos, o alguno de sus integrantes en representación de ésta.

Otra que se desmarcó fue la del Deporte: "La Comisión no ha sostenido reunión alguna con este tipo de personal, en virtud de que los temas con los que hemos trabajado no son de su competencia. Asimismo, para el caso de reuniones sostenidas entre las y los integrantes y estas personas, le informo que esta Comisión no tiene acceso a las agendas de actividades de cada uno de las y los diputados, lo que nos imposibilita remitirle dicha información".

Por cuestiones de espacio, ya no abordaremos el resto de las respuestas en las que tampoco se rinden cuentas sobre las relaciones entre estos gestores y los diputados.

Nancy Flores/Segunda y última parte

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 476/ del 22 al 27 de Febrero 2016

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viernes, enero 08, 2016

EL MOSTRADOR:

ENRIQUE CORREA EL LOBBISTAS QUE ESTA EN EL OJO DEL HURACAN DE LOS FIACALES

Justo Pastor Mellado por operación Peñailillo: "Enrique Correa convirtió a Flacso en retaguardia para la recuperación de combatientes cansados"

por  8 enero 2016



Justo Pastor Mellado por  operación Peñailillo: "La peñailillización de Flacso es un acto punitivo contra la soberbia atribuida a intelectuales de esa élite contemporánea de Correa, respecto de la cual no había expresado todavía un gesto de desconsideración pública", expresó.

Para el crítico de arte Justo Pastor Mellado no pasó inadvertido el hecho que el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Carlos Huneeus calificara al ex ministro y lobista Enrique Correa como el "Karadima de la política chilena", que lo comparara con el personaje de la novela "El Impostor" de Javier Cercas, y que lo describiera como alguien que carga con una biografía que se "condice con sus actos" y que se mueve como un solitario en busca de poder, influencia "y también plata".

Y es que las declaraciones de Hunneus en una entrevista concedida a la Revista Caras, le hicieron sentido a propósito del rol que jugó Correa para instalar al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo con un cargo en la oficina de Chile de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), luego de su bullada salida del gobierno en medio de cuestionamintos por su rol en la precampaña de Michelle Bachelet y su vinculación al Caso SQM.

En una columna publicada este jueves en La Segunda, Pastor dice que el asunto "me ha hecho pensar en el respeto que la clase política representada por Correa le tiene a Flacso, como lugar mítico de la 'investigación' alternativa, hoy subordinada a la industria de insumos para la gobernabilidad. La gloria de esta institución, que en su momento cobijó a Moulián, a Garretón, a Brunner, ha sido convertida por Correa en retaguardia para la recuperación de 'combatientes cansados'. La construcción intelectual de las redes de influencia forma parte del trabajo 'abierto' de Correa, mientras que la producción de disponibilidad a través de instituciones destinadas a la compensación instala un trabajo 'hacia adentro', que genera compromisos y lealtades de área chica".

"El operador político caído en desgracia convierte su salida del gobierno en un 'exilio interno', destinado a cumplir funciones en una unidad de estudios forzada por el modelo de la retaguardia partidaria", agrega.

Y luego el intelectual subraya: "La peñailillización de Flacso es un acto punitivo contra la soberbia atribuida a intelectuales de esa élite contemporánea de Correa, respecto de la cual no había expresado todavía un gesto de desconsideración pública. Hay que hacer la historia del regreso de Correa durante la dictadura. Establece relaciones con investigadores que durante la UP no jugaron roles eminentes y a quienes se encuentra en posesión de una visibilidad que augura carreras políticas en la próxima democracia. Correa les pasó por encima. De esto, no puede haber historia. Sus amigos del MAPU no se lo pueden permitir. Ni él tampoco".

Sobre este punto precisa que "las historias partidarias y pospartidarias sólo tienen validez en versión oral, disponibles para el olvido y el retoque. Por eso, no hay libros. A menos que hayan sido editados para producir confusión y enmascarar, para que sea 'poco posible' reconstruir una historia partidaria. No debe haber historia de los "secretos de familia". La historia del MAPU no se confunde con la biografía de Correa, sino que la una no puede ir sin la otra, en la factura de impostura como política de verbo".

"Así se entiende la mención de Carlos Huneeus a la novela de Javier Cercas, El impostor. El leninismo literario ha enseñado que la biografía la escribe el partido. Algo que ya sostuvo Jorge Semprún en Autobiografía de Federico Sánchez. Algunos de los próceres flacsianos de aquella época detestaban a Semprún porque lo acusaban de 'hacer públicas' las internas de la vida partidaria. A su juicio, esas no eran las cuestiones que estaban a la orden del día. Nunca lo estarán, por cierto. En el momento que Semprún escribía este libro, Correa hacía muchos viajes construyendo redes para la "preparación del regreso". En un exilio tan largo, la historia de sus internas con sus compañeros acarrea complejidades sobre cuyo conocimiento existe un pacto de silencio, acorde con la envergadura de las amenazas simbólicas que sostienen la consistencia duradera de una generación".

Finalmente sostiene que "por eso Correa es el gran "héroe" de la política chilena; el rastacuero que no yerra al hacer el trabajo que se espera de todo "mediero" en el modelo oligarca de la hacienda. No es el dinero. Es el placer corto del ascenso social y el goce largo de la perversión del lenguaje, por la que dicho ascenso es habilitado.
Es aquí donde la comparación de Carlos Huneeus adquiere el estatuto de una verdadera ruptura en el discurso, porque logra cobijar bajo un mismo nombre, Karadima, la figura del abuso sexual como un modelo de abuso político primordial, en un país en que el concepto que se tiene de la relación política está dominado por la lucha contra el fantasma de la sodomía".


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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jueves, diciembre 17, 2015

¿QUIEN HABLARA AHORA POR EL GRAN LOBBISTA ENRIQUE CORREA?

La realidad supera a la Imaginacción

por  17 diciembre 2015

La realidad supera a la ImaginacciónPor primera vez el escándalo de corrupción en el financiamiento de campañas toca al asesor político más transversal y favorito del poder, de la mano de la rectificación que el grupo Said realizó ante el SII en el marco de la investigación liderada por el Ministerio Público, y que involucra a dos de sus sociedades. Una boleta emitida directamente por Correa en 2013, por 15 millones de pesos, pone a quien es "amigo del Gobierno" de Bachelet –según señaló el ministro Jorge Burgos– al otro lado del mostrador.

"El financiamiento irregular de la política no es corrupción", fue la frase con la que –el 6 de diciembre pasado, en la portada del cuerpo de Reportajes de La Tercera– Enrique Correa, el lobbista más influyente del país y hombre clave en la relación entre el mundo del dinero y la política, marcó la línea de defensa ante los casos de financiamiento irregular de campañas que son investigados por el Ministerio Público.

Hoy, Correa pasó del lado de sus asesorados, entre los que se cuentan Penta, SQM y el ex ministro Rodrigo Peñailillo, a establecer una estrategia de su propio "momento de crisis", marcado por la rectificación realizada por Inversiones Caburga S.A., del Grupo Said, ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que por primera vez en el escándalo de las platas políticas lo involucra directamente a él.

Según publicó Ciper, Inversiones Caburga S.A. y Newport, del Grupo Said, rectificaron ante el SII pagos por casi $ 750 millones, que involucran al ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier, sociedades de los senadores Andrés Zaldívar (DC), Francisco Chahuán (RN), el ex candidato presidencial Laurence Golborne, así como del ex Presidente Sebastián Piñera.

En el marco de estas rectificaciones, por primera vez salta al ruedo el nombre del propio Correa. Inversiones Caburga incluyó en su rectificación ante el SII  un pago por $15.000.000 realizado directamente al ex ministro en el año 2014. Situación compleja para el asesor favorito del poder, que ha insistido en que "hay que mirar con serenidad el curso del proceso judicial".

Esa serenidad vendría de la mano de la estrategia demarcada por el SII, actualmente liderado por Fernando Barraza, para que las rectificaciones de boletas y facturas por parte de las distintas empresas involucradas en los casos marquen un camino de salida desde el punto de vista de la justicia tributaria.

Según el analista político Camilo Feres, "más que la rectificación, que en sí misma no establece una culpabililidad ni mucho menos, el efecto principal de esto es que es la primera vez que Correa sale involucrado como receptor de platas que se presumen pueden ser políticas". En su opinión, "lo realmente complejo, tiene que ver con un atributo medio intangible del poder y es que se cruza esa barrera. Hay siempre personajes a los que uno cree que estas balas nunca les van a llegar y aunque la primera que llega en este caso puede ser pequeña –porque, comparativamente hablando con otros montos, dentro de los que han salido es relativamente poco– esto lo pone sin duda al alcance de un conjunto de acusaciones que hasta ahora lo mantenían al margen. Su participación era como estratega de los involucrados, y hoy día aparece por primera vez como uno de los involucrados. De hecho, tiene que salir a hablar su gerente de Asuntos Públicos por él".

Feres agrega que "el efecto práctico de eso es para aquellos por quienes Correa hablaba. Si la entrevista de Enrique Correa no la hubiese dado hace unas semanas, sino hoy, las preguntas habrían sido sobre su boleta y no sobre el fenómeno sobre el cual estaba tratando de establecer una cierta tesis".

Feres recalca que la boleta rectificada por el Grupo Said "es personal, no de Imaginacción. O sea, tal como muchos buscan ayuda en él para que hable por ellos, ahora él necesita alguien que hable en su nombre. Y esa línea es para mí lo más significativo, porque lo tangibiliza, lo deja al alcance del fenómeno platas políticas. Lo deja en una parte del mostrador en la que él no había estado… hasta ahora".

El analista considera, asimismo, que con estos antecedentes se abre una pequeña fisura "en algo que probablemente es lo más difícil y complejo de administrar en este caso: ¿las relaciones que se producen en el marco de la representación de intereses privados ante el regulador, ante la política, son solo relaciones de representación, comerciales? ¿Cuánto hay de relaciones de confianza que podrían incluir el aporte a campañas?".

En esta línea, Feres considera que "se abre una pregunta nueva, porque Enrique Correa no ha sido candidato, por lo tanto si aquí hay platas políticas, lo que se presume es que son para alguien. Y esa pregunta es muy grande. Esa duda puede abrir un camino interminable".

En tanto, un abogado cercano a la Nueva Mayoría señala que "la carga de la prueba ahora es de Correa, porque habiendo rectificado el Grupo Said, lo que están diciendo es que no hay justificación alguna para la transferencia de esos recursos que se hicieron. Por lo tanto, la pregunta ahora es por qué Correa recibió esa plata y a título de qué. Uno tiene que presumir que efectivamente eran platas para campañas o favores políticos".

La misma fuente señala que "lo más interesante no es la posición de Correa, sino más bien que es juez y parte. Así, como juez y parte, porque defiende a Peñailillo y SQM, ahora por primera vez es juez y parte porque él era parte de esta operación de personas o empresas a las cuales se les entregaba platas de carácter político. Y, por lo tanto, ¿qué capacidad tiene Correa de presentarse en el escenario con algún nivel de respeto o imparcialidad, si nunca ha reconocido el explícito conflicto de interés que tiene de plantear públicamente algunos temas y de representar como asesor a empresas involucradas, incluso funcionarios públicos, sino que además había callado este hecho de que su empresa estaría involucrada?".

El don de la ubicuidad

Correa ha estado estrechamente ligado a los casos de financiamiento irregular de la política, relacionados con Penta y SQM. De hecho, ha sido clave en las estrategias que han seguido ambas compañías para capear la investigación de la Fiscalía.

El año pasado formó parte del comité de crisis de Penta, cuando aún el escándalo solo teñía a la empresa de Carlos Alberto Délano y Eugenio Lavín. No fue el único, junto a él operaron Extend, de las hermanas Velasco, Valentina Giacaman de Rumbo Cierto y el ex canciller Alfredo Moreno, que hoy preside las empresas Penta.

Imaginacción tenía un vínculo laboral histórico con SQM. De hecho, Correa prestó asesoría personal a su controlador, Julio Ponce Lerou, en medio del Caso Cascadas, el inicio de la debacle para el ex yerno de Pinochet. Hoy, una alta fuente de SQM señala que Correa se juntaba periódicamente con Patricio Contesse, su gerente general, quien gestionaba personalmente los millonarios aportes a políticos de todos los sectores por parte de la minera no metálica.

Entre las asesorías se cuenta las que realiza al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, imputado en el caso SQM. Correa aseguraba en julio pasado ser "muy amigo" de Peñailillo, recalcando que "los hechos mismos van a demostrar que no cometió delito alguno y la vida va a demostrar que todo lo que hizo tuvo un sentido político y no personal".

Entre sus altas y transversales asesorías políticas, está la que realizó a Álvaro Saieh, a quien ayudó en medio del escándalo de tringulaciones que afectaron a SMU.

Saieh es también dueño de Copesa, el holding de medios al que pertenecen La TerceraQué Pasa y Ciper.

Imaginacción también ha asesorado por años a Aguas Andinas, investigada por aportes irregulares al ex Presidente Sebastián Piñera, entre otros políticos. Además asesoró a los ex funcionarios del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Carmen Fernández y Patricio Rosende, cuando estaban en medio del huracán de la investigación judicial por las muertes ocurridas a raíz del terremoto del 27 de febrero del 2010. Esa actividad en beneficio del bacheletismo, afectado por indagatorias relativas a la previa de la campaña presidencial del 2013, fue hecha ad honórem.

Y es que las redes de Correa son amplias. Incluso llegan al Congreso, donde –según publicó El Mostrador mantiene una funcional máquina de lobby. 

Sus gestiones, cabildeos y buenos oficios también los ocupa a favor de la alta jerarquía de la Iglesia católica, según consignó este medio a raíz de los correos electrónicos que comprometían a los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz. 

La salida administrativa para evitar judialización

El 12 de marzo, el Servicio de Impuestos Internos realizó un llamado a las grandes empresas a autodenunciarse y rectificar los pagos de los que no tenían respaldo alguno o que, a su juicio, no estaban apegados a la norma. "Acogiendo las numerosas consultas recibidas por parte de los propios contribuyentes, el SII instó a todos quienes puedan presentar brechas de cumplimiento tributario a acercarse voluntariamente a la institución para regularizar su situación tributaria, entregar todos los antecedentes sobre boletas, facturas y otras operaciones, rectificar sus declaraciones y pagar los impuestos correspondientes", puntualizaba.

La empresas debían enviar "una carta en que se indique que se acogerá al procedimiento voluntario de rectificación y pago de impuestos referido y de la documentación de que disponga para los fines de dar inicio a la revisión, ello sin perjuicio de que durante dicho procedimiento deberá entregar la totalidad de los antecedentes necesarios para la correcta determinación de las diferencias impositivas", jugada que fue leída como una "salida administrativa" para evitar la judicialización de los casos que estaban sacudiendo al mundo político y económico del país.

Dicho antecedente, a pesar de que es establecido en este 2015, marca un piso a la hora de preguntarse si los pagos que son rectificados fueron realizados. La respuesta desde las empresas, en este caso Caburga S.A., es que no tienen respaldo para dar cuenta de que los 15 millones pagados a Correa correspondan a un trabajo efectivamente realizado.

A pesar de esto, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Moisés Valenzuela, señaló a Ciper Chile que Correa asesora hace años al Grupo Said en general y que "nuestra relación comercial con ellos es abundante y permanente. Y si ellos rectificaron, ellos deberán explicarlo. El punto es que nosotros les prestamos servicios y por ello recibimos un pago", indicó.

Consultados al respecto, desde el Grupo Said declinaron referirse al tema.

Fuente:ELMOSTRADOR .CL

Saludos
Rodrigo González Fernández
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