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miércoles, noviembre 06, 2013

LOBBY:

Gobierno y oposición no logran acuerdo por ley de lobby

Bloque opositor mandató a senador Rossi para negociar ajustes finales al proyecto. Sin embargo, registro de lobbistas sigue siendo el nudo de las tratativas con ministro Larroulet.

por José Miguel Wilson - 06/11/2013 - 05:32
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A la oficina del ministro de la Presidencia, Cristián Larroulet, en La Moneda llegó ayer en la mañana el senador socialista Fulvio Rossi.

El parlamentario PS había sido mandatado por sus pares opositores para negociar ciertos ajustes finales al proyecto de ley que busca regular el lobby y toda gestión de grupos de interés que persiga influir ante autoridades.

La iniciativa, que se encuentra en una fase decisiva en el Congreso, crea un registro público de la agenda de autoridades, quienes estarían obligadas a transparentar reuniones, viajes o regalos. Adicionalmente, el texto contempla crear un registro de lobbistas -que fue repuesto a petición de diputados opositores- para transparentar las actividades de aquellas personas que, en forma remunerada, realizan gestión de intereses.

El proyecto emanado de la Cámara, sin embargo, no dejó conformes a los senadores de oposición, quienes pedían fortalecer el registro de lobbistas y endurecer las sanciones. Además, pedían que el sitio web, donde debía ser difundida la agenda de las autoridades, fuese administrado por el Consejo para la Transparencia y se mantuviese actualizado cada tres meses.

La mayoría de estos puntos fueron acogidos por Larroulet en la reunión con Rossi. No obstante, no hubo acuerdo en el diseño final que tendría el registro de lobbistas.

Este último tema ha sido uno de los nudos de la negociación. Mientras un sector de la oposición cree que este punto debe ser el eje de la iniciativa, el Ejecutivo estima que es mejor un registro amplio que incorpore a quienes realizan lobby en forma oculta o sin remuneración directa (por ejemplo, representantes de organizaciones sociales, profesionales o gremiales). Adicionalmente, ciertos senadores opositores han pedido excluir a los asesores parlamentarios de la exigencia para transparentar su agenda.

Debido a las diferencias, el proyecto, que estaba ayer en la tabla del Senado, no fue sometido a votación y está pendiente si se discute hoy. Pero en el gobierno ya hay resignación de que la iniciativa -que, de ser aprobada, estaría en condiciones de convertirse en ley- tendrá que ser revisada por una comisión mixta de senadores y diputados para buscar un acuerdo definitivo.

El riesgo de que el proyecto fracase, sin embargo, es alto. Anteriormente, una iniciativa similar del gobierno de Lagos fracasó por no arribar a un consenso, a pesar de cinco años de discusión legislativa. Y la actual reforma del lobby ya lleva cinco años de tramitación por diferencias políticas.

"Seguimos avanzando y hemos tenido reuniones. El gobierno mantiene el optimismo de que, después de 10 años, el país va a tener una ley de lobby", dijo ayer Larroulet.

Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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La Responsabilidad Social: del dicho al hecho

En los últimos tiempos, luego de casi 10 años involucrada en el mundo de la Responsabilidad Social, he visto dos hechos que me han llamado la atención y hacen a este post: por un lado, el cuestionamiento a las empresas por sus prácticas, fundamentalmente en lo que hace a la ética y la transparencia; y por el otro, la aparición de nuevas tendencias en la materia, como la Creación de Valor Compartido, que desde mi punto de vista, es una reformulación de los mismos conceptos para, al fin y al cabo, ante el desconocimiento aún imperante de muchos, acercar la forma de hacer negocio al desarrollo sostenible.

A pesar de los 10 años mencionados y de la evolución de la concepción filantrópica o asistencialista a la de una forma de gestión que implique valor y desarrollo económico, social y ambiental, creo que aún la Responsabilidad Social está en pañales, en especial en regiones como Latinoamérica o países subdesarrollados. Y gran parte de esto surge por la desconfianza en las organizaciones, entre su decir y su accionar.

Luego de las grandes crisis económicas y sociales que se han vivido en estos años, la ética y la transparencia en las prácticas de las instituciones y en lo que éstas comunican, se vuelve obligatoria -más allá de las iniciativas en este sentido-, tanto en el ámbito privado, como en el público y en el individual (que no es menor).

El modelo de liderazgo ha cambiado, las exigencias de la opinión pública hacia las empresas son cada vez más fuertes, la reputación pende de un hilo, y se descree incluso de las organizaciones que promueven el modelo de gestión sostenible.

Lejos de ver el vaso medio vacío, creo que estamos ante una gran oportunidad, especialmente por parte de quienes nos dedicamos a esta temática: tenemos un gran desafío por delante, el desafío de ser verdaderos representantes y ejemplos de aquello que impulsamos. El desafío de ser confiables y de ser reflejo de aquello que propiciamos.

¿Sirve hablar de conciliación, si vivimos víctimas del stress sin atender las diferentes dimensiones de nuestra vida; sirve armar rankings o comités en pos del Trabajo Decente y los Derechos Humanos, si no se vigila la propia cadena de valor y la situación de las personas que conforman la organización? ¿Se busca más el impacto de la comunicación, que el verdadero desarrollo de aquellos que son los beneficiarios de las acciones con la comunidad; se mide realmente cómo su vida es afectada?

Según su definición Responsabilidad implica -palabras más, palabras menos- hacerse cargo: hacerse cargo de los impactos, de las acciones, de lo que proclamamos y de lo que enunciamos. Hoy más que nunca debemos trasladar a los hechos esa responsabilidad y el desafío está en cada uno de nosotros.

 

Por Lorena Brignardello, Coordinadora Regional de Comunicación de CapacitaRSE, y Docente y Consultora Asociada en temas de Relación con colaboradores, Conciliación, Voluntariado, Relaciones con la comunidad e Inversión social privada.





















































































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El lobby de Monsanto en Argentina

El seminario fue realizado los días 17 y 18 de octubre en la Granja Escuela Yvapuruvu en Paraguay, por la Alianza Biodiversidad, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos y la Campaña Mundial de la Semilla de Ví

El lobby de Monsanto en Argentina para modificar la ley de semillas a su favor

La ley de semillas vigente en Argentina data del año 1973, y fue actualizada adoptando algunos elementos del convenio UPOV 91 (sigla para Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), a través de un decreto reglamentario en 1991. La UPOV fue fuertemente cuestionada en el Seminario taller "Leyes de semillas: resistiendo al despojo" cuya declaración final expresa que las normas basadas en este sistema "son leyes y reglamentos que legali

06 noviembre 2013 |

En Argentina la presión para que la legislación sobre semillas se adapte totalmente al régimen de la UPOV, tiene en la multinacional del agronegocio Monsanto su principal impulsor. Así lo afirmó Carlos Vicente, integrante de la Alianza Biodiversidad y de la organización GRAIN en su presentación acerca de la situación del país en esta temática durante el seminario. Monsanto se instaló en Argentina en 1996, y no es hasta 2003 cuando empieza a reclamar sus derechos de propiedad intelectual, en un momento en el que se hace pública la venta ilegal de semillas transgénicas a Brasil y Paraguay. Según afirmó Vicente, a Monsanto le convenía que durante todo ese período se vendieran ilegalmente sus semillas transgénicas, lo cual explicaría que no haya reclamado en todos esos años los derechos de propiedad intelectual. A mediados del 2012, Monsanto anunció nuevas inversiones en el país, entre ellas la construcción de lo que sería la mayor planta de procesamiento de maíz transgénico de América Latina, en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Córdoba.

La medida fue ampliamente rechazada por distintas organizaciones y movimientos sociales que mantienen desde hace ya un mes un bloqueo al predio donde la empresa preveía construir la planta. Seguido de esto, la empresa junto al Ministro de Agricultura Norberto Yauhuar anuncia en conferencia de prensa la aprobación de la nueva soja transgénica RR2 "Intacta" y la modificación de la Ley de Semillas, "considerando las inversiones que significaron para Monsanto", citó Vicente a Yauhuar. A diferencia de su primer transgénico en Argentina (la soja RR), esta vez la transnacional intenta asegurarse poder cobrar las regalías a los productores que adquieran la semilla mediante la firma de contratos al momento de adquirir las semillas. Desde los movimientos y organizaciones sociales la reacción a esta nueva embestida de Monsanto viene siendo contundente.

Además del ya mencionado bloqueo a la planta de procesamiento de maíz genéticamente modificado en Córdoba, varias organizaciones y movimientos lanzaron una campaña de firmas por la no modificación de la ley de semillas, que ya cuenta con la adhesión de unas 700 organizaciones, y más de 9 000 firmas, contó el integrante de GRAIN. El amplio rechazo que viene generando la posibilidad de modificación de la ley logró que el proyecto no ingresara al Congreso el año pasado. Desde el gobierno se afirmó que esto ocurrirá luego de finalizadas las elecciones legislativas, que se realizarán este domingo 27 de octubre. Por esto, afirma Vicente, la alerta y las movilizaciones tanto de sectores urbanos como campesinos se mantienen firmes ante esta anunciada amenaza.

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“Es antidemocrático que se opongan a una sistematización de la información pública”

6 DE NOVIEMBRE DE 2013

Espina (RN) y observatorio judicial: "Es antidemocrático que se opongan a una sistematización de la información pública"

Según el parlamentario, la información resulta útil para la ciudadania y los jueces no tienen nada que temer.

El senador RN Alberto Espina salió al paso a los cuestionamientos de la idea planteada por La Moneda y la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, en relación a crear un observatorio judicial.

"No entiendo cual es la razón de fondo por la cual alguien pueda oponerse a una medida de transparencia de información que a mi juicio resulta importante en la lucha contra la delincuencia", sostuvo en Radio Agricultura.

"Yo considero que es antidemocrático que se opongan a una sistematización de la información pública. Un gran juez no es sólo el que condena sino que aquel que descrubre, a través de las pruebas, que una persona puede ser inocente", agregó el parlamentario oficialista.

"Por ejemplo –dijo–, cada vez que se vota  en el Senado, las sesiones son públicas, por lo que no habría razón de que, para otro Poder del Estado, no se aplique la misma transparencia. El secretismo en los servidores públicos hace un daño a lo que hacen (…) Los jueces no tienen nada que temer".

En ese sentido, señaló estar confiado en que el proyecto pasará con "luz verde" por Contraloría, "porque no veo en esta medida ninguna norma vulnerada".

"Toda medida que signifique mayores facultades a las policías para mejorar los índices de seguridad ciudadana siempre ha sido criticada por la oposición. Lamentablemente, en esta materia, la Concertación siempre poniendo palitos", concluyó.

La iniciativa del observatorio judicial estaría en marcha en marzo de 2014, en toda la Región Metropolitana.

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FOCOS DE LA FISCALIA NACIONAL ECONOMICA

BARRERAS DE ENTRADA, ASIMETRÍAS Y DISTORSIONES SON LAS MATERIAS A INVESTIGAR EN SALUD DURANTE 2014

Salud privada y energía serán los focos de investigación de la Fiscalía Nacional Económica

Felipe Irarrázabal, señaló que ya tienen varias pesquisas abiertas. "Situaciones concretras que se están investigando".

 

La salud privada y energía, esos serán los dos mercados que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) analizará con mayor detención durante 2014. Así lo señaló ayer Felipe Irarrázabal, fiscal nacional económico durante la cuenta pública del organismo, en el marco del Día de la Competencia 2013."Son áreas de especial preocupación para esta fiscalía, a las que destinaremos recursos extraordinarios durante el próximo año", señaló el fiscal. 


Las razones


Irarrázabal explicó que ya tienen varias investigaciones abiertas en el mercado de la salud privada "situaciones concretas que se están investigando". "El foco es el mercado de la salud privada, miraremos eso con cuidado, si está funcionando correctamente la economía de mercado, si hay barreras, asimetrías, ciertas distorsiones, niveles de intervención, etc.", puntualizó. 

Por otro lado, sobre el mercado de generación de energía, Irarrázabal sostuvo que "ya tuvimos hace un tiempo un requerimiento en contra de la DGA por los derechos de agua concentrados en la energía hidráulica y obviamente es cuestión de abrir un diario para darse cuenta que los precios son altos". "Claramente el mercado eléctrico tiene un impacto enorme el mundo industrial, consumo de hogar, pequeñas y medianas empresas".



Casos pendientes


Sobre el requerimiento presentado en contra de CCU por actos anticompetitivos como la inscripción de marcas de competidores para entorpecer la llegada de nuevos actores, Irarrázabal señaló que "estamos focalizados en ese caso y queremos ganarlo" y reconoce que es un campo mucho más amplio "el tema general de poder usar una marca para obstaculizar a un competidor es un tema que nos parece sumamente importante y relevante". 

Sobre el avance del "Caso Pollos" señaló que les gustaría que avanzara más rápido "pero eso dependerá de las acciones y los recursos que quieran interponer (las empresas) y eso no depende de nosotros". 




Participaciones minoritarias


Ayer, durante el Día de la Libre Competencia, la FNE presentó el estudio sobre Interlocking y participaciones minoritarias, que tiene que ver con la participación de una persona en directorios de empresas competidoras minoritarias. Paralelamente, dio a conocer el borrador de la guía de restricciones verticales, iniciativa que transparenta los criterios que aplica el organismo al momento de evaluar, revisar y analizar prácticas anti mercado. El manual clasifica las restricciones verticales más habituales como aquellas que limitan la forma en que los propios productos de un fabricante son distribuidos (restricciones intra-marca) y aquellas que gobiernan la relación entre los productos de un fabricante y los de su competencia (restricciones inter-marca). 

Entre las primeras destacan casos como la fijación de precios de reventa; designación de territorios exclusivos; distribución selectiva; requerimientos de servicios y cláusulas de asignación más favorecida (cuando el vendedor garantiza al comprador que está obteniendo los términos más convenientes). 

En tanto, la segunda categoría estudia materias como los contratos de exclusividad, precios no lineales (tarifas en dos partes, descuentos por metas); ventas empaquetadas o ventas atadas; pago por acuerdo a góndola y requerimiento mínimo de compra.

Por otro lado, los académicos Natalia Fabra y Juan Pablo Montero entregaron los resultados preliminares de un estudio sobre competencia en el mercado eléctrico, donde concluyeron que a nivel local y considerando la relación entre las generadoras y los clientes libres y regulados, no hay indicios de colusión y lo que existe es una competencia imperfecta, que podría superarse abriendo el mercado spot a los grandes consumidores y reservando parte de las licitaciones de distribuidoras a nuevos actores, entre otras propuestas.

Fuente:df

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