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viernes, noviembre 29, 2013

ESCANDALO LA POLAR : TODOS SE SIENTEN ABSOLUTAMENTE INOCENTES

Caso La Polar: Fiscalía cierra investigación contra 21 ex directores, ejecutivos y familia

28 NOVIEMBRE, 2013 0
Caso La Polar: Fiscalía cierra investigación contra 21 ex directores, ejecutivos y familia

El pasado 30 de octubre, el fiscal José Morales decidió dividir las causas atingentes al llamado caso La Polar. En una quedaron los actuales formalizados por el escándalo financiero —entre ellos Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno—, mientras que en una segunda carpeta se dejó a una serie de ejecutivos, ex directores, y sociedades querelladas, pero no formalizadas.

A menos de un mes de que se cumpla la fecha para terminar con la investigación, Morales ya tomó su primera decisión con respecto a la mayoría de las personas que componen este segundo grupo. El abogado ingresó al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el cual asegura que no perseverará en la investigación de 21 ex directores, ejecutivos y familiares de los formalizados.

"Se ha cerrado la investigación y en la misma fecha se ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación", señala la solicitud.

Esta petición de no perseverar recae sobre los ex directores del retailer acusados por la Superintendencia de Valores y Seguros en la arista administrativa, Heriberto Urzúa, Fernando Francke, Andrés Ibáñez, Francisco Gana, René Cortázar, Baltazar Sánchez, María Gracia Cariola y Raúl Sotomayor.

Además de los ex ejecutivos Jaime Ripoll, Manuel de la Prida y Rolando Harnish, junto al actual gerente de Asuntos Legales de la multitienda, Andrés Escabini.

A su vez, se incluyó a las esposas del ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, y del ex presidente y gerente general, Pablo Alcalde, Ana Beatriz Tudela y María Inés Lagos, respectivamente. Y a siete personas relacionadas con la ex gerenta de de Administración, María Isabel Farah, entre las que están su hermana Marcela; sus sobrinos Marcelo Vergara —y su pareja Carolina Silva—, Diego Tanus y Mauro Farah; su hija Katherine D'Angelo; y su amiga María Raquel Alarcón.

En la misma línea, el fiscal decidió cerrar la investigación relacionada con las sociedades La Polar e Inversiones SCG, entidad que esta a cargo de emitir las tarjetas de la compañía.

Dado este escenario, dentro de la segunda carpeta, dividida recientemente, sólo queda pendiente la resolución sobre el socio de PwC (ex PricewaterhouseCoopers), Alejandro Joignant y la sociedad Siglo XXI 1 y 2. Según fuentes conocedoras del tema, esto último se encuentra aún en evaluación.

El tribunal fijó una audiencia para el 2 de enero próximo en la que se formalizará esta petición y se espera que en ella, las defensas soliciten el sobreseimiento definitivo de estas 21 personas.

En la instancia, no obstante, los querellantes podrían rechazar esta solicitud y pedir la formalización de estas personas. Finalmente, será la justicia la que tome la decisión final.

Arista principal

De esta manera, el fiscal Morales se centra ahora sólo en la arista principal del caso, donde ya se prepara el cierre y la posterior acusación.

Actualmente existen nueve formalizados en el proceso. Se trata de Moreno, Alcalde, Farah y los ex gerentes Nicolás Ramírez, Santiago Grage, Pablo Fuenzalida, Martín González, Marta Bahamondes e Ismael Tapia.

Según fuentes de la indagatoria, el Ministerio Público llevará a juicio oral a la mayoría de los imputados y sólo evalúa en cuatro casos un eventual juicio abreviado en que los formalizados deberían aceptar culpabilidad a cambio de que se les reconozca la atenuante de "colaboración sustancial", para así bajar en un grado la pena a la que se exponen.

La fiscalía debe cerrar la investigación a más tardar el 16 de diciembre, fecha en que termina el plazo legal de 2 años fijado por la justicia. Luego tiene un período máximo de 10 días para materializar la acusación que recaería sobre los nueve formalizados, tras lo cual comenzará la preparación del juicio oral, proceso que debería durar cerca de un mes, para luego dar paso al juicio.

De esta manera, comienza a cerrarse uno de los principales escándalos financieros de una compañía en el país. El caso estalló el 11 de junio del año 2011, cuando la empresa dio a conocer una serie de problemas en sus balances derivados de más de un millón de repactaciones unilaterales.

Fuente: Economía y Negocios

 



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"programa de Bachelet es el primer escalón en la construcción del socialismo" en Chile

Lucía Santa Cruz reitera que "programa de Bachelet es el primer escalón en la construcción del socialismo" en Chile



En carta a "El Mercurio", la historiadora reitera sus afirmaciones y sentencia que la frase que levantó la acusación de "campaña del terror" es sólo "una cita de lo expresado hace unos días en un programa de televisión por la diputada electa de la Nueva Mayoría, Karol Cariola".

por:  El Mercurio/ La Segunda Online
viernes, 29 de noviembre de 2013

SANTIAGO.- A la polémica que se instaló con la difusión de un análisis al programa de Michelle Bachelet que realizó en forma privada Lucía Santa Cruz y que el martes pasado publicó "El Mercurio", respondió la mañana de este viernes la propia historiadora.

A continuación su réplica al debate, en que se le acusó de levantar "una campaña del terror" con sus dichos:

Señor Director:

Las reacciones a la publicación en "El Mercurio" de extractos de un análisis más extenso del programa de gobierno de Michelle Bachelet que realicé recientemente en una reunión privada, muestran al menos dos aspectos muy negativos de nuestro país: uno, que la comprensión lectora es efectivamente muy deficiente, incluso entre nuestros representantes en el parlamento. La frase "el programa de Michelle Bachelet es el primer escalón en la construcción del socialismo", como les debería haber quedado claro en una lectura atenta, es simplemente una cita de lo expresado hace unos días en un programa de televisión por la diputada electa de la Nueva Mayoría, Karol Cariola. Llama la atención que cuando lo dice ella no produce efecto, pero si lo dice alguien ajeno a esa coalición es "campaña del terror".

El segundo rasgo muy empobrecedor de cualquier debate o intercambio de ideas, es que el único recurso utilizado sea la descalificación personal de quien emite los juicios, en vez de rebatir los argumentos expresados. Así, se me acusa de "destemplada", de ser víctima de "mis propios fantasmas", de "incitar al terror", de ignorar el fin de la Guerra Fría, etcétera. Mucho más democrática y republicana habría sido una respuesta a los argumentos expresados.

La verdad es que habiéndome dedicado una parte importante de mi vida al estudio de la historia de las ideas, no puedo sino concordar en lo más profundo con Isaiah Berlin, quien decía que las ideas tienen consecuencias y por ello, la primera, y más importante tarea de un intelectual es analizar en forma crítica las ideas y propuestas que circulan en la sociedad, porque de lo contrario alcanzan una magnitud incontrolable, avasallan, se transforman en eslóganes y pueden tener consecuencias muy indeseables. Es una lástima que, por ejercer este derecho, que es además una obligación, deba pagarse un costo tan penoso en términos de descalificaciones personales tan hirientes.

La verdad es que en toda esta discusión la única que ha sido realmente honesta es la propia Michelle Bachelet, quien no ha dejado de insistir que estamos frente al fin de un ciclo económico y político; que hay dos visiones de país en pugna; que la igualdad es el eje rector de su proyecto, y que su propósito no es replicar su gobierno anterior, sino llevar a cabo reformas estructurales radicales.

Lucía Santa Cruz

Fuente:lasegunda

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Escandalo Cascadas: querella criminal en contra de Fernando Coloma SVS por prevaricación administrativa y abusos contra particulares.

Julio Ponce presenta querella criminal en contra de Fernando Coloma
viernes, 29 de noviembre de 2013 
Economía y Negocios

Pamela Ohlbaum
El texto involucra también al intendente de Valores, Hernán López, y a Hugo Caneo, jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por delitos de prevaricación administrativa y abusos contra particulares.



























Las críticas de Julio Ponce respecto del actuar del superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, en el caso Cascadas, adquirieron ahora un carácter penal, luego de que el empresario —que controla SQM a través de las cascadas— presentara una querella criminal en contra del regulador y otros dos ejecutivos de la superintendencia. 

El documento fue declarado admisible por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y, según consta en el sitio web del Poder Judicial, el empresario acusa a Coloma, al intendente de Valores, Hernán López Bohner, y al jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la SVS, Hugo Caneo Ormazábal, de cometer dos delitos. 

El primero, el de prevaricación judicial y administrativa. Este está definido en el Código Penal como el que realiza "un empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos". 

El segundo es por abusos contra particulares, que según el mismo texto legal, se produce cuando un funcionario, "desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo". 

Según explicó el abogado Jorge Bofill, que representa al controlador de SQM, la querella se basa en que las denuncias formuladas por Norte Grande o Julio Ponce han recibido un trato "completamente desigual" al que recibieron cuestionamientos presentados por terceros en contra del empresario.

"Nuestras quejas, peticiones y reclamaciones han sido rechazadas y desoídas, y dado que cuando una autoridad administrativa actúa de manera manifiestamente injusta y no le brinda a los particulares la protección que la ley les manda brindar, son constitutivas de delito, hemos presentado esta querella para demostrar que ellos han actuado injustamente", señaló.

Contenido


"La defensa de Julio Ponce ha dicho que una de las manifestaciones de la indefensión en la que se encuentra —el empresario— ha sido el trato desigual que ha recibido respecto de terceros, especialmente de Moneda Asset Management, las AFP, y personas vinculadas a ellas", afirmó Bofill. 

Y aunque se refirió sólo en términos genéricos al contenido de la demanda, el abogado querellante explicó que el documento legal destaca la diferencia que hizo la SVS en casos como la denuncia que efectuó Norte Grande en contra de Moneda Asset Management por el bloqueo de transacciones sobre acciones de las cascadas que esta firma se habría autoimpuesto.

"Se demostró que, a pesar de lo declarado por Moneda, hubo operaciones en ese periodo, pero a pesar de ello el superintendente califica las operaciones que demostramos como inmateriales o poco importantes, lo cual es no es un criterio que la ley le entregue a él para los efectos de decidir si es o no constitutivo de una infracción a la Ley de Mercado de Valores", dice.

En esa línea, critica que mientras la SVS desplegó "una investigación frenética por un año y medio" a partir de una denuncia anónima de Moneda, tras la cual formuló cargos en el plazo que le permite a Coloma dictar resolución días antes de terminar su mandato, en el caso de la denuncia presentada por Norte Grande, la misma autoridad no hizo "prácticamente nada". 

La querella aborda también las transacciones en bolsa cuestionadas por la SVS —por las cuales formuló cargos en contra de Ponce y otros tres ejecutivos ligados a él— en las que, según la defensa, participaron sociedades de inversión ligadas al Presidente Sebastián Piñera. 

Según Bofill, "extrañamente" en el informe de formulación de cargos el superintendente detalló al extremo las operaciones en las que participaron Ponce o ligados a él. Sin embargo, plantea, cuando se trató de las transacciones en las que compraron o vendieron firmas ligadas al Mandatario "simplemente las pasó por arriba". "Nosotros no tenemos que dar explicaciones por eso. El que tiene que darlas es el SVS y esperamos que eso sea lo que haga en esta investigación penal", dice el abogado. 

Al respecto, la SVS aseguró que ninguno de los funcionarios ha sido notificado de la querella.
Fuente:

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FIRMAS FALSAS EN CANDIDATURAS DE PARISI Y JOCELYN HOLT

Aparecen firmas falsas en los patrocinios entregados por Jocelyn-Holt y Parisi al Servel

De una muestra de 100 patrocinios presentados por los ex candidatos, 23 personas dicen que nunca firmaron, mientras que otras personas aseguran que sus firmas fueron falsificadas.

SANTIAGO.- Una nueva arista se se abrió en la investigación de los patrocinios entregados por los ex candidatos presidenciales independientes Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt al Servicio Electoral, luego que el menos una veintena de personas que figuran en las listas no firmaron por los ex candidatos y aseguran que sus firmas fueron falsificadas.


En el caso de Franco Parisi, se trata de 5 personas de Punta Arenas cuyas firmas fueron certificadas por el notario Roberto Mosquera, de Santiago. En el de Tomás Jocelyn-Holt, son 18 personas de la Región Metropolitana, cuyas firmas aparecen validadas por la notaria Gloria Acharán, consigna hoy "El Mercurio".


Jocelyn-Holt: base de datos del Minvu y direcciones de hasta 17 años


En diciembre de 2009, un grupo de 150 personas del comité de vivienda "La alegría es un hogar", de Talagante, postuló al Fondo Solidario de Vivienda. Sus nombres y RUT figuran en una base de datos del Ministerio de Vivienda, publicada en el sitio web de la secretaría de Estado.


Veinte de estos nombres figuran en la muestra que "El Mercurio" revisó del total de patrocinios entregados al Servel por Tomás Jocelyn-Holt, donde llama la atención que aparecen en el mismo orden de la base de datos gubernamental.


Todas las firmas fueron validadas por la notaria Gloria Acharán el 16 de agosto, bajo el timbre "firmaron ante mí". Ese mismo día, en la notaría Acharán fueron certificados otros 17 mil patrocinios.


"Esa no es mi firma. Jamás he firmado por un candidato y menos por ese señor", aseguró Purísima Menay (30), dueña de casa, quien agrega que "es grave, es un delito, porque están inventando que uno firmó con datos robados. Todos los nombres pertenecen al mismo comité de vivienda".


Otro de los afectados es Pedro Ceballos (53), obrero de la construcción, quien sostiene: "Nunca he firmado por un candidato, no me gustan los políticos, y no sé quién es esta persona que usted me dice".


Lo mismo denuncia Olivia Donoso (52), dueña de casa. "Este es un invento, esta no es mi firma. Por acá no ha pasado nadie pidiendo firmas ni yo he firmado tampoco", dijo.


"Esa firma es inventada. Lo que hicieron es súper feo, porque están suplantando la identidad de una persona", señaló Elena Chequiante (30), dueña de casa también, otra de las que figuran tanto en la base de datos del Minvu como en la lista entregada al Servel por la candidatura de Jocelyn-Holt.


Otra situación que queda al descubierto en parte de las firmas entregadas por el mismo candidato es el de cinco personas que registran dirección en Recoleta e Independencia y que aseguran que no lo patrocinaron.


La abogada de la Universidad Católica Magaly Arenas (58) vive hace 17 años en Ñuñoa, pero figura en el padrón con una dirección en Independencia, correspondiente a la casa de su abuela, además la firma del documento no corresponde a la suya. "Qué vergüenza. Jamás firmé nada en apoyo al ex candidato ni respecto de ningún otro. En este caso, es muy grave que la persona contratada para hacer el trabajo de recolectar firmas obtenga de manera fraudulenta esto y que yo aparezca apoyando a un candidato, porque nunca lo he hecho".


Otro caso es el de Ramón Miranda, quien lleva varios años viviendo en Ovalle, pero que figura firmando en Santiago. "Me encuentro sorprendido, porque yo estoy radicado en otra ciudad, y por lo tanto, no voto. Jamás he firmado por él", explicó.


Parisi: Casos en Punta Arenas


Respecto de los patrocinios de Franco Parisi, se detectaron 5 firmas (de una muestra de cien firmantes) de personas que aseguran que no lo avalaron para ser candidato a la Presidencia. Todas pertenecen a la misma página.


Los cuatro casos corresponden a Punta Arenas y están con los registros correlativos 39633 al 36634 de las planillas presentadas por Parisi al Servel, certificados en Santiago por el notario Roberto Mosquera el 17 de marzo de 2013.


Juan Cristóbal Álvarez (62) trabaja en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En noviembre se trasladó con su familia a Santiago desde Punta Arenas, donde trabaja también en la DGAC. "Claramente, la firma no es mía. Lo más probable es que haya estado fuera de Chile en el tiempo en que se recolectó. Ni siquiera patrociné al candidato por el que voté; entonces, menos hubiese ido a una notaría a firmar. Mi participación democrática es ir a votar en las elecciones, pero no manifestar el apoyo tan específico".


Clodomiro Ulloa es comerciante en Punta Arenas. "No reconozco la firma y no se parece en trazo alguno a mi firma. De igual forma, le señalo que no reconozco jamás haber firmado apoyando la candidatura del señor Parisi ni de ningún otro candidato presidencial, en esta ni en ninguna otra elección". "Es grave que me hayan falsificado mi firma y más encima en algo que no tiene nada que ver con mi parecer", concluye.


Otra de las afectadas es María Elena Torres (50), dueña de casa en Punta Arenas. "Doy fe de que aquella firma que aparece en el registro donde se juntaron firmas para la candidatura del señor Franco Parisi no pertenece a mi identidad".

Estos antecedentes fueron obtenidos a parir de llamados telefónicos realizados basándose en una muestra de 100 patrocinios presentados por los ex candidatos presidenciales al Servel, en una nueva etapa de la investigación de "El Polígrafo", que el domingo reveló que miles de firmas no habían sido certificadas presencialmente por los notarios -como exige la ley-, sino que fueron recolectadas en la calle por voluntarios y universitarios a algunos de los cuales se les ofreció hasta 800 mil pesos por el trabajo.


Además de entregar sus testimonios, las personas afectadas accedieron a entregar copias de sus cédulas de identidad, para comprobar que sus firmas no corresponden a las que aparecen en las planillas de los candidatos







































































































































Fuente:EMOL

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