La Fundación Oceana pidió hoy una investigación para que determine si el ex intendente de la Décima Región, Jorge Vives, realiza un posible tráfico de influencias a favor de la salmonera AguaChile. Para Claude, de verificarse esta situación “dejaría en evidencia la relación incestuosa que existen entre la Concertación y la Industria, y mostraría dónde están puestos los intereses del Gobierno: al lado de las empresas y dándole la espalda a los trabajadores”. El economista explicó que el diputado Espinoza afirmó que el ex intendente se habría desempeñado como abogado de la empresa, apoyando su postulación a las concesiones para casinos de juego abiertas en todo el país, “situación que por supuesto atentaría contra la transparencia de dicho proceso, y que el propio diputado Espinoza calificó de éticamente inaceptable”. Por otra parte, existe el agravante de que esta empresa ha quedado en entredicho tras protagonizar la huelga más importante de la historia de la industria salmonera en nuestro país, cuando sus dos sindicatos detuvieron los trabajos de la planta durante más de dos semanas, exigiendo mejores condiciones laborales. Cristián Gutiérrez, jefe de la campaña de Salmonicultura de Oceana, explicó que durante la movilización, “la empresa dio sucesivas muestras de inflexibilidad frente a las demandas de sus trabajadores, ofreciendo acuerdos muy por debajo de las expectativas de los huelguistas que apenas lograron un aumento de sueldo de cuatro mil pesos para este año. Además, la empresa intentó negociar con los trabajadores que no estaban inscritos en los sindicatos, en una práctica abiertamente antisindical”. Por lo anterior, Gutiérrez dijo que resulta fundamental esclarecer este tema, que debiera ser un tema prioritario para la Comisión de Pesca y Acuicultura, recientemente investida por el pleno de la Cámara Baja como Comisión Investigadora de las sucesivas denuncias en torno a la industria de la salmonicultura, toda vez que “la vinculación de una ex autoridad, que sólo hace 4 meses ostentaba el puesto político más influyente de la región, con una de las empresas más cuestionadas en materia laboral, envía una pésima señal de desconfianza hacia todo el aparato administrativo del Gobierno Regional, y constituye una práctica moralmente aberrante”. Santiago de Chile, 31 de julio 2006 Crónica Digital |
Rodrigo R. González Fernández
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