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miércoles, julio 02, 2014

Asociación Internacional de Exorcistas

GRACIAS A UN DECRETO

El Vaticano reconoce jurídicamente la Asociación internacional de exorcistas

ROMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Congregación para el Clero del Vaticano ha reconocido jurídicamente la Asociación Internacional de Exorcistas a partir de un decreto del 13 junio del 2014 cuya aprobación se ha basado en el canon 322, párrafo 1 de Código de Derecho canónico, según ha publicado L'Osservatore Romano.

   El diario oficial de la Santa Sede ha informado de que a partir de esta nueva regulación se ha conferido a la Asociación Internacional de Exorcistas " personalidad jurídica privada como asociación privada internacional de fieles" al tiempo que ha recordado que la idea de reunir a los exorcistas en una asociación parte en Italia del religioso de la sociedad San Paolo, Gabriel Amorth, en los años 80 del siglo pasado.

   El presidente de la Asociación Francisco Bamonte ha valorado la aprobación como "un motivo de alegría no sólo para la Asociación, sino para toda la Iglesia y ha afirmado que "Dios llama a algunos sacerdotes a este precioso misterio del exorcismo y la liberación" para "acompañar con humildad, y caridad a estas personas".


Saludos
Rodrigo González Fernández
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SUMARIO DE LA LEY DE LOBBY Y OTROS ANTECEDENTES CONFORME A BCN.

Guía legal sobre:

Ley del Lobby


Entrega información acerca de la regulación legal a las actividades lobby que se ejercen sobre autoridades y funcionarios.

Última actualización : 07-03-2014

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Aporta información sobre las actividades lobby que se ejercen sobre autoridades y funcionarios y cómo las regula la legislación chilena.

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¿Qué se entiende por lobby?
Lobby son las gestiones o actividades pagadas  que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y funcionarios.

Los lobistas buscan influir en la toma de decisiones y en los cambios a las políticas públicas y los planes o programas que están en discusión o en desarrollo o sobre cualquier medida implementada o materia que deba ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismo público correspondiente, o bien para evitar tales decisiones, cambios y medidas.

¿Qué se busca a través de la Ley del lobby?
Se busca regular la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad.

¿Qué es un lobbista?
Es la persona natural (hombre o mujer) o persona jurídica (entidad), chilena o extranjera, remunerada, que hace lobby. Si no recibe pago se llama gestor de intereses particulares, sean éstos individuales o colectivos.

¿Quiénes son contactados para ser objeto de lobby? 
Las personas que en razón de su función o cargo tienen atribuciones para tomar decisiones relevantes y las personas que puedan influir decisivamente en quienes tienen esas atribuciones y que reciben regularmente una remuneración. La ley señala los siguientes cargos: ministros, subsecretarios, jefes de servicios, directores regionales de los servicios públicos, intendentes y gobernadores, secretarios regionales ministeriales y los embajadores, además de los jefes de gabinete de esas mismas autoridades.

Entre los funcionarios de la administración local, reciben lobby los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales y los secretarios municipales.

También pueden recibir lobby el contralor general y el subcontralor general de la República; el presidente, vicepresidente y los consejeros del Banco Central; los comandantes en jefe de las FF.AA, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, el general director de Carabineros de Chile, el jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones de las instituciones armadas y de las policías.

Se considera además que reciben lobby los diputados, los senadores, el secretario general y el prosecretario de la Cámara de Diputados, el secretario general y el prosecretario tesorero del Senado, y los asesores legislativos que indique anualmente cada parlamentario, en la forma y con el procedimiento que determine la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda; el fiscal nacional y los fiscales regionales del Ministerio Público; los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del Consejo Nacional de Televisión y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Se añaden los integrantes de los paneles de expertos creados en la ley N° 19.940 sobre sistemas de transporte de electricidad y del panel técnico creado por la ley N° 20.410 sobre concesiones de obras públicas;  los integrantes de las comisiones evaluadoras, formadas en el marco de la ley N° 19.886, sobre contratos administrativos del Estado, y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Las instituciones que menciona la ley podrán agregar sujetos pasivos (es decir, los que reciben lobby) mediante resoluciones o acuerdos propios, informados en una resolución que se publique anualmente en los sitios web de esas entidades.

¿Qué actividades quedan reguladas?
Se regulan actividades como la dictación, modificación y derogación de actos administrativos y leyes y de decisiones de las autoridades y funcionarios. También las decisiones que adopta el Congreso Nacional, sus integrantes y sus comisiones, así como la celebración, modificación o el término de contratos y el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas.

La ley considera también aquellas actividades destinadas a buscar que no se tomen esas mismas decisiones.

¿Hay actividades que no quedan reguladas por la ley del lobby?
No quedan reguladas por la ley del lobby, los planteamientos o las peticiones realizados en reuniones o asambleas públicas y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por una autoridad, además de las declaraciones, actuaciones o comunicaciones que hagan los funcionarios o autoridades en el ejercicio de sus funciones. Tampoco son materia de la ley, las peticiones verbales o escritas que se hagan a la autoridad o funcionario para obtener información sobre un procedimiento. Tampoco es tema de la ley si una autoridad o funcionario pide información para tomar una determinación en el ámbito de su competencia. 

Tampoco son lobby algunas actuaciones que hacen las personas o sus parientes en procesos administrativos ni las asesorías contratadas a profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga, así como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un órgano del Estado.

No es lobby la defensa en un juicio ni el patrocinio de causas judicales. No lo son tampoco las declaraciones hechas ante una comisión parlamentaria y las invitaciones que funcionarios y autoridades hacen a reuniones técnicas a profesionales de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga.

¿Se obliga a las autoridades a dar a conocer sus agendas?
Las instituciones y entidades que reciben el lobby deben mantener un registro público de sus agendas públicas, audiencias y reuniones.

¿Qué pasa con los viajes de las autoridades y funcionarios?
Debe registrarse los viajes realizados en el ejercicio de sus funciones por las autoridades y funcionarios señalados por la ley así como de los donativos oficiales y protocolares que reciban.

Sólo queda exceptuada la difusión de los viajes cuando  afecte el interés general de la Nación o la seguridad nacional.

¿Qué se entiende la ley por igualdad de trato?
Significa que las autoridades y funcionarios señalados deben mantener igualdad de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma materia.

¿Qué obligaciones tienen las personas y entidades que hacen lobby?
Deben entregar de manera oportuna y veraz a las autoridades y funcionarios respectivos, la información que se les pida, tanto para solicitar audiencias o reuniones, como para efectos de su publicación. Además, deben informar a quien solicitan la reunión o audiencia, el nombre de las personas a quienes representan y si reciben remuneración por las gestiones.

Cuando quien hace el lobby es una persona jurídica (empresa o entidad) debe proporcionar la información que se le solicite respecto de su estructura y conformación.

Se multará a quien no entregue la información o entregue datos falsos o inexactos.

¿Qué es el registro público de lobistas?
El registro público de lobbistas y de gestores de intereses particulares es un documento que debe tener cada uno de los órganos e instituciones que señala la ley. El registro será administrado por éstos y a él se incorporarán las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que desempeñen las actividades de lobby. A esos registros pueden ingresar quienes ejercen el lobby inscribiéndose o automáticamente en cuanto realicen una actividad de lobby ante una autoridad o funcionario.

¿Qué dice la ley sobre sanciones?
La infracción de las normas de la ley del lobby hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones administrativas que la ley determina. Los procedimientos son distintos, según la naturaleza del organismo. Se contemplan sanciones tanto para quienes reciben el lobby como para las personas o entidades que lo ejercen.
Las sanciones a los funcionarios quedan en su hoja de vida y deben ser publicadas en los sitios web de los organismos públicos. En el caso del Contralor General de la República, será la Cámara de Diputados la encargada de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones de la ley.

En el caso del Congreso, las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria conocerán y resolverán acerca de la aplicación de las sanciones a los parlamentarios y funcionarios.

¿Qué pasa con la sanción al cohecho?
La ley del lobby mantiene la posibilidad adicional de sancionar penalmente los delitos de cohecho, consistentes en la obtención por un funcionario de beneficios económicos o el ofrecimiento de beneficios económicos a un funcionario por acciones u omisiones que le hagan faltar a sus deberes. Incluso la legislación elevó algunas sanciones e inhabilitaciones.

¿Cuándo rige la ley?
El Presidente de la República promulgará el reglamento de la ley del Lobby dentro del plazo de tres meses contado desde la publicación de la ley, que comenzará a regir  tres meses después de la publicación del reglamento señalado.

Para algunas autoridades se consideró una vigencia diferida de ocho o doce meses. Por ejemplo, para los jefes de servicio, los directores regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y jefes de gabinete, la ley comenzará a regir ocho meses después de la publicación del reglamento. Doce meses después de publicado ese reglamento, ya estará vigente para todas las autoridades y funcionarios mencionados por la misma ley.




Nota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.
Fuente:BCN.CL

Saludos
Rodrigo González Fernández
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#Reforma tributaria: ex ministros de Hacienda abogan por mayores incentivos a la inversión

Reforma tributaria: ex ministros de Hacienda abogan por mayores incentivos a la inversión


  • Por C. Alonso y S. Valdenegro.

    Si bien para Cáceres "no es fácil buscar un instrumento que sea capaz de suplir al FUT", propuso como opción generar incentivos para todas las empresas, sin distinción de tamaño.

    Una jornada especial vivió ayer la comisión de Hacienda del Senado. En dos tandas, mañana y tarde, la citada instancia tuvo la ocasión de escuchar la visión de ex ministros de Hacienda y anteriores directores de Impuestos Internos sobre el proyecto de ley de reforma tributaria. 

    A lo largo de la sesión se escucharon apoyos, críticas y propuestas. Y quizás un punto que cruzó las distintas ponencias fue la necesidad de generar más incentivos para el ahorro y la inversión. 


    Cáceres: "Era preferible mantener el FUT, pero aumentando la fiscalización para evitar el mal uso y vacíos"

    Una férrea defensa de la importancia que ha tenido el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) en el crecimiento económico del país hizo ayer el ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ante la comisión de Hacienda del Senado.
    Durante su presentación, que inauguró las ponencias de los ex secretarios de Estado, sostuvo que este instrumento, creado en 1984, fue "clave para fomentar la inversión y el crecimiento".

    En esa línea, añadió que este instrumento le permitió al país lograr un tasa de ahorro de 30% en 1989.
    Por esta razón, Cáceres dijo que "la reforma camina en el sentido contrario a lo que necesita el país, ya que se está cambiando ahorro público por consumo público".

    Asimismo, dijo que la reforma al no contar con ningún mecanismo que fomente el ahorro y la inversión, se "terminará afectando el crecimiento potencial del país".

    Por ello, a juicio de Cáceres, "era preferible mantener el FUT, pero aumentando la fiscalización para evitar el mal uso y los vacíos que permiten la elusión y la evasión, antes que eliminarlo".

    Los contrapuntos

    Si bien añadió que el menor dinamismo de la economía que generará la reforma tributaria puede ser compensada por los efectos que una mejor educación puede tener en la productividad en el largo plazo, el problema mayor que enfrentará el país será en el corto plazo, ya que al eliminar el FUT no habrá ningún incentivo para el ahorro de las empresas.

    Cáceres argumentó que gracias al FUT, la economía chilena había logrado consolidar un crecimiento sostenido hasta 1997, sin embargo, esta apreciación fue cuestionada por el senador Carlos Montes (PS), quien argumentó que "no es claro determinar la importancia del FUT en el crecimiento del país".

    Con todo, el ex ministro de Hacienda afirmó que no era recomendable cambiar a un sistema complejo como el que propone el gobierno, sin contar con estudios que determinen "el impacto en el ahorro de las empresas e inversión".
    Ante esta afirmación, el presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos weber (PPD), recordó que cuando se creó el FUT tampoco hubo estudios que avalaran que el sistema que se iba a instaurar no tendría efectos negativos como los que ahora está mostrando el fondo.

    Hacia la última parte de su exposición, los senadores le preguntaron al ex secretario de Estado qué mecanismos se pueden establecer para fomentar el ahorro y la inversión, partiendo de la base de que el FUT se eliminará. Si bien para Cáceres "no es fácil buscar un instrumento que sea capaz de suplir al FUT", propuso como aternativa generar incentivos para todas las empresas, sin distinción de tamaño".

    Por ejemplo, dijo que se puede establecer una base libre de impuesto si es que es reinvertida en las empresas. Esa base puede ser de 40 mil UF, o de 100 mil UF, eso es algo que se puede discutir, pero es necesario contar con mecanismo de reinversión", acotó Cáceres.

    Foxley: "Es discutible someter vivienda a tributo de ganancias de capital"
    Imagen foto_00000013Era una de las exposiciones más esperadas de la jornada. Y no decepcionó a los presentes. El ex ministro de Hacienda entre 1990 y 1994, Alexandro Foxley, expuso ayer su apoyo a los lineamientos generales de la reforma tributaria ante los senadores.

    Quien fuera el encargado del diseño y la tramitación de la primera reforma tributaria tras el regreso a la democracia, comenzó señalando que apoya el proyecto porque servirá para sustentar gastos permanentes en educación, "con lo que estaremos como sociedad -dijo- dispuestos a compartir sacrificios para que las próximas generaciones sean mejores que la nuestra".

    Dicho esto, respaldó lo que se ha llamado el "corazón" de la reforma: recaudar 3% del PIB mediante el fin del FUT y el alza de 20% a 25% en el impuesto de Primera Categoría.

    A la hora de los detalles, sin embargo, surgieron las primeras inquietudes del también ex senador, quien llamó a retomar la política de los consensos de inicios de los 90. "Por ejemplo, para la reducción de la tasa máxima de los ingresos personales a 35%, habría que considerar que si un acuerdo más amplio requiere mantenerla en 40%, habría que estar abierto y respetar eso", señaló.

    Punto seguido, aseguró tener dudas sobre los mecanismos de ahorro e inversión que incluye el proyecto, ya que -precisó- "uno de los principales desafíos para dejar de ser un país de ingresos medios y dar el salto al desarrollo es aumentar el ahorro interno".

    En este punto, lanzó sus dardos contra el tributo a los bienes raíces, los cuales -planteó- son uno de los principales instrumentos de ahorro de la clase media. "Hoy, el bien raíz es eficaz para darle seguridad a la clase media vulnerable ante shocks de ingresos. Es bien discutible someter a la vivienda a una tributación de ganancia de capital", afirmó Foxley.

    Asimismo, propuso incentivar el ahorro de las personas en el mercado de capitales mediante la exención de las ganancias de capital generadas en el ahorro en depósitos.

    Política de los acuerdos

    Foxley hizo un llamado a los legisladores a analizar las mejores alternativas para fomentar el ahorro y la inversión. "Hay que modificar los incentivos (... ) El punto de fondo es que hay que tener flexibilidad en buscar fórmulas que tengan el mayor acuerdo posible. Hay que fortalecer la cooperación por sobre la confrontación. Así sucedió cuando Chile gozó de períodos extendidos de prosperidad económica", señaló.

    El también ex canciller señaló que el efecto de la reforma tributaria en la economía se podría despejar si se especificara" en qué se va a gastar el proyecto impositivo. "Si se quiere reducir la desigualdad y aumentar las oportunidades, hay que poner antes que todo la calidad de los profesores y de los colegios. Y además, inyectar recursos a la educación pública de calidad", enfatizó Foxley.

    Aninat: "Me preocupa que todavía no estén las propuestas para el ahorro y la inversión"
    Imagen foto_00000014El ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat, centró ayer su exposición en el Congreso en la falta de instrumentos que el proyecto de reforma tributaria propone para fomentar el ahorro y la inversión.
    Si bien como primera idea el ex jefe de las finanzas públicas sostuvo que comparte la premisa de que para toda reforma estructural que requiera de gastos permanente se necesita ingresos permanentes, sus reparos están en los instrumentos propuestos para recaudar esos recursos.

    "Me preocupa que habiendo un amplio consenso de que la reforma tributaria carece de mecanismos que fomenten el ahorro y la inversión, todavía no haya llegado ninguna indicación por parte del gobierno que vaya en la esa dirección", destacó ante los parlamentarios.

    Bajo su óptica, "tal como está el proyecto claramente afectará el ahorro, repercutiendo en la inversión".

    El rol del escenario externo

    En este contexto, el economista argumentó ante los senadores que para analizar la reforma tributaria se debe considerar el escenario externo, ya que en la actualidad no existen las condiciones para eliminar los incentivos al ahorro e inversión.

    "Los vientos de la economía internacional han cambiado, los precios de los commodities no son los mismos que antes, entonces, la pregunta que se debe hacer es ¿si eliminamos los incentivos de ahorro e inversión, no nos estaremos exponiendo a que por ejemplo de aquí a cuatro años si el escenario se complica aún más, tendremos que depender del financiamiento externo? Por ello, es crucial que el Ejecutivo envíe pronto qué instrumentos se incluirán en la reforma para poder discutirlo y analizarlo, sin embargo, todavía no lo conocemos".

    De mantenerse sin mecanismos potentes para el ahorro y la inversión, el economista acotó que en un futuro cercano las empresas tendrán problemas de financiamiento, ya que el spread (costo) de su endeudamiento será cada vez más elevado, afectando el desarrollo del país.

    Mecanismos de elusión y evasión

    Otro de los problemas que el economista expuso en la comisión de Hacienda del Senado son los mecanismos que se le entregan al SII para disminuir la elusión y evasión.

    "No entiendo por qué no se busca un sistema que sea más amigable y cooperativo con el contribuyente. En general en Chile la persona cumple y es honesta, entonces aprovecharía ese activo de país y no entraría a aplicar el estatuto de OCDE, ya que por lo demás no tenemos por qué seguir una cosa inventada por burócratas europeos...Nosotros deberíamos seguir nuestro propio camino...Nos ha ido mucho mejor, menos fijación en la OCDE y que los recursos se destinen en mejorar la calidad de la educación".

    Sobre el concepto de renta atribuida que introduce el proyecto impositivo, Aninat precisó que "para mí como profesor de finanzas públicas es bastante complejo y polémico".

    Por ello, se mostró partidario de levantar las complejidades en el esquema de tributación a la renta, ya que "vamos a invertir mucho tiempo y recursos en tributaristas y especialistas para entender el nuevo esquema de la asignación de renta atribuida".

    Marfán propone impuesto de 15% a dividendos e igualar tasa de personas y empresas a 40%Imagen foto_00000015Si bien la presentación de ayer del ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán, ante los senadores fue casi idéntica a la realizada hace alrededor de un mes en un seminario del Instituto Igualdad, el economista tenía guardada una carta bajo la manga para la sesión.

    De hecho, el también ex vicepresidente del Banco Central adelantó algunos de los principales planteamientos de una propuesta que está trabajando con los economistas de Cieplan José Pablo Arellano y René Cortázar -ambos ex ministros de Estado y vinculados a la Democracia Cristiana-, texto que será entregado a la comisión de Hacienda de la Cámara Alta en los próximos días.

    En lo medular, el planteamiento establece un impuesto único de 15% a los dividendos y mantener en 40% la tasa marginal para los tramos altos de ingresos. De esta manera, más el 25% de tributo de Primera Categoría, se igualarían los tributos entre empresas y personas, insistiendo en la desintegración del sistema tributario.

    Riesgos del proyecto

    Aunque el ex secretario de Estado mostró su pleno respaldo en general al fin último del proyecto, como es financiar gastos permanentes para una reforma a la educación, también planteó una serie de repartos al proyecto, al cual calificó como "perfectible".

    "La reforma tiene riesgos operacionales en su puesta en marcha. Hay también riesgos de aplicabilidad y constitucionales y, por último, económicos", sostuvo.

    En este último punto, aparte de poner el acento en el endeudamiento corporativo, manifestó aprensiones sobre posibles vulneraciones a tratados de doble tributación con la derogación del DL 600 y la renta atribuida.
    Sobre esto último, Marfán planteó su inquietud sobre la aplicabilidad. "Por instinto, yo infiero que entre más profunda una reforma, más simples debieran ser los mecanismos para implementarla. Hay que mirar con atención cuál será el efecto de la renta atribuida", expresó.

    El endeudamiento corporativo

    El economista PS reiteró su llamado a considerar en la discusión el impacto que la eliminación del FUT y más impuestos corporativos tendría en el endeudamiento corporativo.

    El ex vicepresidente del instituto emisor calculó que con estos cambios, el costo tributario de reinvertir las utilidades más que se duplicaría, lo que llevaría a las compañías a buscar alternativas de financiamiento en el mercado de capitales o en el exterior, exponiéndolas a eventuales vulnerabilidades por el lado de la balanza de pagos.

    "Con el actual 20% de impuesto, la rentabilidad requerida por los proyectos de inversión sería de 10% o más. Con el 35% que se propone, dicho número subiría a 12,3%. O sea, todos los proyectos de inversión entre 10% y 12,3% con esta reforma se dejarán de hacer. Y esos son muchos", planteó Marfán.

    Y, de paso, advirtió sobre las implicancias de las modificaciones que están en la mesa: "Hay que tener cuidado con una posible caída en el ahorro nacional bruto, el cual ha fluctuado entre 20% y 25% del PIB en los últimos años. Una mayor vulnerabilidad en el ahorro de las empresas podría generar una crisis de balanza de pagos, ya que el ahorro de las empresas responde casi íntegramente a la reinversión de utilidades".

    Velasco : "No tenemos ninguna señal potente que diga a las empresas que no es lo mismo gastar que reinvertir"Imagen foto_00000018
    Al igual que la mayoría de los ex ministros de Hacienda que centraron su exposición en la falta de mecanismos que la reforma tributaria tiene para fomentar el ahorro y la inversión, el último jefe de finanzas públicas de la Concertación, Andrés Velasco, también centró su foco de preocupación en la necesidad de impulsar este tipo de instrumentos.
    "Los incentivos a la inversión y el ahorro no están debidamente claros en el proyecto de ley, por eso, este es uno de los aspectos que más dudas generan", indicó.

    En este punto, reiteró su crítica sobre la falta de estudios e informes que permitan saber con certeza cuál es el impacto sobre estas variables. "No existe ningún estudio de impacto en el ahorro y la inversión que tendrá la reforma. Lo que se ha mostrado son informes de otras reformas hechas en Chile y en el extranjero, pero sobre este cambio que se propone no los hay", manifestó.

    En ese aspecto, el economista señaló que "Chile ahorra 21% del PIB y más de la mitad de ese ahorro viene de las empresas, por lo que hacen un aporte grande al ahorro total del país, por eso es importante el fomentarlo".

    Asimismo, enfatizó que tal como está el proyecto tendrá impactos cuantiosos en el ahorro y la inversión. "No tenemos ninguna señal potente que les diga a las empresas que no es lo mismo gastar que reinvertir, por lo que se necesita algún instrumento que vaya en esa dirección", dijo.

    Por ello, viendo la falencia que existe en esta materia, el también ex candidato presidencial propuso como opción viable aplicar el sistema australiano para fomentar el ahorro y la inversión. Este consiste, según explicó, en tributar sobre la renta distribuida de las empresas. Además en este esquema, al no contar con FUT, no existen registros, lo que es "una gran ventaja", ya que todas las utilidades retiradas pagan la tasa del impuesto vigente. "Es un tema sencillo y no se presta para abusos, por lo tanto es bastante práctico para aplicarlo en Chile", apuntó.

    Sobre la renta atribuida, puntualizó que como "mecanismo central y obligatorio no se aplica en ningún país de la OCDE, porque se aplica sólo de manera voluntaria".

    Puntos favorables

    Entre los aspectos positivos del proyecto, Velasco citó los cambios al sistema de renta presunta, ya que este mecanismo se prestaba para abuso. Asimismo, dijo que con la aplicación de impuestos verdes se va en la dirección correcta, en el cual el "que contamina paga". También valoró el "avance en los impuestos específicos", como el que se establecerá al alcohol.

    Otro de los puntos a favor se relaciona con la limitación a viviendas de 2.000 UF del crédito especial del IVA a la construcción. "Todos los servicios en Chile pagan IVA y la construcción es un servicio, por lo que no existen ninguna razón para limitar o para que no pague dicho impuesto", puntualizó.

    Por último, aseveró que si bien es positivo que los incentivos para las PYME se unifiquen, existe espacio para su perfeccionamiento. Por ello, ve espacio para mejorar el 14 ter.

    Larraín: "Nuevos proyectos se están avaluando con un impuesto de 35%, no de 25%Imagen foto_00000019
    Un llamado a sopesar los efectos negativos que el proyecto tributario tendría en crecimiento, ahorro e inversión hizo el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

    El titular de las finanzas públicas reiteró las críticas a la iniciativa, poniendo particular énfasis en el alza en el impuesto de Primera Categoría de 20% a 25%, el cual -para Larraín- ascendería a 35% por la retención adicional del 10% para los socios de las empresas. "De esta manera, Chile quedaría como el tercer país con la tasa de impuesto corporativo más alto de la OCDE, tras Japón y EEUU. Y podría quedar como el segundo, ya que en Japón pronto comenzarán a rebajar los tributos", dijo.

    El también investigador de Clapes de la Universidad Católica advirtió de una alta incertidumbre en el sector empresarial por el nuevo escenario impositivo. "Los nuevos proyectos se están evaluando con una tasa de impuesto de 35%, no 25%. Hay una falacia en la retención, ya que las empresas no tienen manera de recuperar el activo de la retención. Esto reducirá el flujo de caja al igual que un impuesto", advirtió.

    El ex ministro dijo que "sólo por el alza de impuesto a 35%, el crecimiento caería 0,9% por año, la inversión cedería 3,5%, los salarios 0,6% y el empleo 0,29%, lo que son 100.000 puestos laborales menos en cuatro años", argumentó.

    Renta atribuida y PYME

    Larraín planteó que Chile quedaría como el único país en el mundo con un régimen de atribución de renta obligatorio, señalando que en el país se estaría "experimentando" con este nuevo sistema, el cual tiene "serios problemas" de implementación.

    "La renta atribuida tendría efectos en los tratados internacionales firmados por Chile, al generar doble tributación. Esto producirá un perjuicio importante en nuestra capacidad de competir", dijo.

    Calculó que la derogación de los regímenes tributarios 14 bis y 14 quáter perjudicará a 130.000 empresas, lo que sumado a las 40.000 que se beneficiarían del 14 ter, daría un saldo de 90.000 pequeñas de menor tamaño impactadas por el proyecto.

    Elevar piso mínimo de dividendos

    Larraín reiteró los principales ejes de la reforma alternativa propuesta por Clapes, que en lo medular propone subir el impuesto corporativo de 20% a 25% y subir el piso de reparto de dividendos de las sociedades anónimas de 30% a 40%, exceptuando a las compañías sujetas a los regímenes del 14 ter, 14 bis y 14 quáter. También mantiene la rebaja de la tasa marginal a los impuestos personales de 40% a 35%, además de eliminar la exención del IVA a los juegos de azar y los espectáculos.

    Propone dejar el FUT, pero reducir sus "forados" a través de mayor fiscalización de la elusión y la evasión; y elimina la retención del 10% para los socios de las SA.

  • Fuente:DF.CL
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