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miércoles, mayo 14, 2008

No venden pisos, pero compran políticos

13/05/2008

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·         JOSÉ GARCÍA ABAD

13/05/2008



Ecos de S.A.

No venden pisos, pero compran políticos

Los ladrilleros atacan por tierra, mar y aire. Han dado otro paso de tuerca: por un lado, redoblan su agresividad pasando en pocos días de utilizar el miedo a provocarlo con amenazas escasamente veladas. Por otro lado, las distintas asociaciones del sector compiten en el mercado de políticos para ponerlos al frente de sus respectivos lobbies. Y mientras tanto, los ladrilleros concretos se resisten a bajar los precios, que sería lo que manda la ley de la oferta y la demanda en espera del milagro. O mejor dicho, en espera de que la presión de los lobby y el miedo del Gobierno a que el paro se dispare obligue a este a tomar medidas para proteger sus beneficios. Solbes ha dejado claro que no admitirá soluciones artificiales para el sector y que lo que hay que hacer es que purgue sus excesos. Vamos, que cada palo aguante su vela. Veremos qué ocurre mañana cuando el lobby feroz representado por Guillermo Chicote, presidente de los promotores, se reúna con la ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor. Hasta ahora la batalla la ha ganado el vicepresidente frente a Miguel Sebastián, que nombró y protege a Corredor.

El sector, con la única excepción del G- 14, el grupo presidido por Pedro Pérez que integra a las trece inmobiliarias más poderosas, ha reaccionado entre la indignación y el insulto al vicepresidente económico. Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores Constructores, insinuó que podrían poner en la calle a un millón de trabajadores. "Las suspensiones de pagos van como los higos en septiembre", recalcó al tiempo que calificaba las sensatas declaraciones de Solbes en el parlamento de frívolas. "Este problema – añadió - tiene una gravedad tan extraordinaria y unos ribetes sociales que pueden adquirir aires de tragedia tan altos que esto me parece frívolo". 

La posición del G-14 es mucho más razonable. Sostiene que las medidas que habría que adoptar deberían destinarse a paliar la sequía crediticia, pues de nada sirve las ayudas fiscales cuando no hay créditos. Hay que destacar, por otra parte, la reacción de Comisiones Obreras que, aunque pide medidas contra la crisis, previene contra cualquier apoyo gubernamental en socorro de quienes se han forrado en el pasado y han llevado al sector por sus excesos a la situación en la que se encuentra.
 

Ambos frentes – el de la amenaza y el de la compra de influencias – son discutibles pero me preocupa especialmente este último, el de los intentos de comprar o simplemente alquilar a políticos para transitar felizmente en los pasillos del poder. Mientras SEOPAN, el grupo de presión de los grandes constructores, ficha a David Taguas, ex titular de la Oficina Económica del presidente, la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO) apuesta por Javier Sáenz Cosculluela, ex ministro guerrista del Gobierno de Felipe González.
 

Me sorprende especialmente que después de las criticas generalizadas al trasvase de David Taguas no haya renunciado a la presidencia de SEOPAN antes de que el Ministerio de la Presidencia emita su dictamen.
 

Se ha presentado como precedente el caso de Pedro Pérez. No me parece un ejemplo pertinente ya que este que fue secretario de Estado de Economía entre 1988 y 1993 y a continuación presidente de Tabacalera – de 1993 a 1996 - cuando era una empresa pública lleva trabajando en la empresa privada desde entonces, o sea hace más de una década. Tampoco el fichaje de Cosculluela es comparable al de Taguas pues lleva ejerciendo honradamente de abogado por libre desde que dejó el ministerio en 1991. Sin embargo, todos estos casos son significativos de que los ladrilleros no quieren prescindir de ninguna carta que les permita influir en la administración socialista.
 

El caso de Taguas, del grupo de Sebastián a quien precedió en la oficina del presidente, afecta directamente a este. Resulta impresentable estar un día a un lado del mostrador asesorando al presidente y tomando parte en órganos decisivos como la Comisión Delegada para los Asuntos Económicos y al día siguiente trabajar de conseguidor para los grandes constructores.
 

En su día Zapatero trató de escaquearse del conflicto filtrando que la noticia le había sorprendido desagradablemente. Después supimos que de sorpresa nada porque Taguas se lo había comunicado directamente. En todo caso, si Zapatero estaba realmente disgustado, lo tenía muy fácil: bastaba con levantar el teléfono y comunicar a Elena Salgado, ministra de la Presidencia, que el informe del ministerio debería ser negativo.De momento, Salgado ha optado por atrasar el informe a ver si el asunto se calma. Semejante travesía de lo público a lo privado y viceversa puede generar tráfico de influencias, en definitiva corrupción y empobrecimiento de la democracia y es contra ello contra lo que hay que prevenirse. Zapatero que asumió sinceramente la regeneración democrática debería actuar coherentemente en este penoso asunto.
 

José García Abad es periodista, escritor, director de El Siglo y analista político

 

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EN LA CE HAY QUE HACER LOBBY Y PARA ESTAN LOS LOBBYSTAS

Cláusula democrática no impidió Atenco, Oaxaca… 

En la UE no hay suficiente lobby a favor de los DH en México 

 

 

Por Marco Appel*

 

Bruselas, Bélgica, 13 mayo 08 (CIMAC).- México y la Unión Europea (UE) tienen un Tratado de libre comercio que incluye en su primer Artículo una "cláusula democrática" que entró en vigor hace casi ocho años. 

 

Pero desde entonces, en México han tenido lugar los episodios de Atenco, Guadalajara y Oaxaca, donde policías federales y estatales cometieron graves y numerosas violaciones a los derechos humanos.

 

Desde que existe tal cláusula, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez no cesan, México se ha convertido en una ratonera para periodistas al ser el país más inseguro después de Irak para ejercer el oficio, y los militares que el presidente Felipe Calderón sacó a la calle para combatir el narcotráfico han cometido diversos abusos contra mexicanos inocentes.

 

El colmo: las recientes desapariciones forzadas de dos presuntos guerrilleros, acto que el derecho internacional tipifica como "crimen de lesa humanidad".

 

Durante años, los funcionarios de la Comisión Europea (encargada de monitorear el cumplimiento de la Cláusula) y del Consejo de Ministros (quienes pueden activar dicha Cláusula como representantes de los 27 Estados miembros) han argumentado que "en México no hay una política de Estado contra los derechos humanos", por lo que no amerita que le levanten la voz y menos sanciones.

 

Hace poco platiqué con un funcionario de la Comisión Europea que trabaja en temas mexicanos. Con algo de escepticismo, aunque también con sorpresa, le escuché decir por primera vez lo siguiente: "después de ocho años de prueba, ya es hora de que la UE le hable más fuerte al gobierno mexicano en materia de derechos humanos". Sus superiores, sin embargo, no piensan lo mismo.

 

¿Por qué la UE no se pronuncia con mayor determinación sobre la cuestión? Hay muchas respuestas. Pero quizá una de las más concretas se resume a una sola palabra: lobby.

 

En Bruselas, sede de la Comisión Europea y del Consejo, una causa sin lobby tiene pocas posibilidades de llegar lejos. Y el problema es que aquí no hay suficiente lobby a favor de los derechos humanos en México; no hay una presión pública ni mediática en permanencia sobre los políticos europeos en este tema.

 

Hay que ver, por ejemplo, las oficinas de ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch en Bruselas, importantísimas a nivel de cabildeo.

 

El pasado 18 de diciembre, el entonces presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el mexicano Luis Alfonso de Alba, visitó Bruselas y se entrevistó con ésas y otras influyentes ONG.

 

En México, Calderón había nombrado secretario de Gobernación al ex gobernador de Guadalajara, Francisco Ramírez Acuña, quien se negó a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de los manifestantes golpeados por su policía durante la Cumbre UE-Latinoamérica el 29 de mayo de 2004. Varias ONG de derechos humanos habían protestado por la nominación.

 

La junta de De Alba con ese selecto grupo de unas 6 ONG internacionales "a la que no dejaron entrar a la prensa" duró más de una hora. Cuando salió Reed Brody, el consejero y portavoz de HRW, le pregunté por el tema de México. Era la ocasión ideal para externar preocupación. Pero no. No hablaron, ni de pasada, sobre la situación en México.

 

Otro es el caso de las ONG europeas enfocadas en Latinoamérica: aunque están aumentando su influencia y comenzando a desarrollar sus habilidades mediáticas, todavía les cuesta posicionarse como un contrapeso al cabildeo de la embajada mexicana en Bruselas, que además tiene aliados, voluntarios o involuntarios, muy influyentes en instituciones clave.

 

En el Parlamento Europeo, que suele hacer eco de las inquietudes sociales, el gobierno de Calderón "como antes el de Fox" se apoya, principalmente, en la bancada española del Partido Popular Europeo, sobresaliendo José Ignacio Salafranca, el "Señor Latinoamérica" de esa institución y jefe de la misión de observación de las elecciones presidenciales mexicanas de 2006.

 

Los socialistas del Parlamento Europeo, con su desinterés por México, también han terminado sirviendo de comparsa a las autoridades del país. La presidenta de la Delegación para México, la socialista alemana Erika Mann, quien también preside un grupo de contacto con las trasnacionales europeas y estadounidenses, incluso ha sido criticada por otros eurodiputados, como el también alemán Tobias Pflüger, quien la acusa de "no hacer nada por los derechos humanos en México".

 

Pflüger, sin pertenecer a esa delegación, peleó por la liberación del ecologista mexicano Felipe Arreaga Sánchez, encarcelado injustamente en Guerrero. Hoy está libre.

 

Las ONG tienden más bien a buscar a los partidos minoritarios "los verdes o los comunistas", más receptivos a sus preocupaciones. Por eso fue una proeza que el joven eurodiputado verde Raúl Romeva haya podido sacar adelante, no sin enormes dificultades y matizando el contenido original, su resolución contra los feminicidios en México, que movilizó al lobby gubernamental como pocas veces en Bruselas.

 

Por el contrario, es una lástima que, por problemas de agenda, Lydia Cacho no haya podido venir a una sesión de la Subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, como se lo ha pedido el Partido Verde en dos invitaciones este año. La idea es que, a través de su caso, Cacho pueda sensibilizar a los eurodiputados sobre las dificultades de ejercer el periodismo crítico en México y éstos tomen cartas en el asunto.

 

En noviembre próximo tendrá lugar el Tercer Foro de Diálogo de la Sociedad Civil de México y la UE. Será una ocasión para ver si las autoridades de México y la UE cumplen su promesa de abrir a las ONG un canal oficial de participación en el acuerdo. Ello permitirá elevar el grado de presión a México en materia de derechos humanos.

 

* Publicado en la Revista-Blog Mundo Abierto y difundido por Centro Nacional de Comunicación Social AC.

 

08/MA/GG/CV

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INFLUENCIAS DE UNA INDUSTRIA PODEROSA

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"Una ceguera colectiva"

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Por Darío Aranda

Investigadores independientes, organizaciones sociales, poblaciones afectadas y comunidades campesinas e indígenas coinciden en el mismo reclamo: la urgente realización de estudios sobre los agrotóxicos y sus efectos a corto, mediano y largo plazo. "Las corporaciones como Syngenta o Cargill, por citar sólo dos, cuentan con poder económico y lobby político suficiente para dificultar cualquier investigación que pudiera mostrar lo nefasto de este modelo agropecuario", denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Jorge Kaczewer, médico de la UBA especializado en ecotoxicología y compilador de investigaciones sobre el monocultivo de soja, completa: "Las empresas como Monsanto, Novartis y Bayer impulsan la supresión del disenso, con una influencia que parece generar en los científicos una ceguera selectiva que los hace ignorar o malinterpretar la evidencia científica".

Con un mercado concentrado (sólo diez compañías controlan el 57 por ciento del mercado mundial de semillas) y una facturación sideral, la industria transgénica es denunciada por su poder de incidencia con quienes deben controlarla. Hasta la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos es acusada de haber cedido a sus presiones. En agosto de 2006, líderes sindicales de la EPA acusaron a las autoridades del organismo de ceder ante la presión política y permitir el uso de agrotóxicos perjudiciales. "Se corren graves riesgos en fetos, embarazadas, niños y ancianos", denunciaban. La EPA había omitido estudios científicos que contradecían los patrocinados por la industria de los pesticidas. "La dirección de la EPA prioriza la industria de la agricultura y los pesticidas antes que nuestra responsabilidad para proteger la salud de nuestros ciudadanos", finalizaba el comunicado.

"El Programa de Pesticidas de la EPA constituye un verdadero grupo de tareas del 'lobby pesticida'", asegura Kaczewer. Entre sus pruebas, exhibe un estudio del Grupo de Trabajo Ambiental de Estados Unidos, que investigó el origen de los ingresos de los evaluadores de mayor rango en la EPA y constató que, desde que comenzó el Programa de Pesticidas de ese organismo gubernamental, dos tercios de ellos recibían parte de su sueldo de entidades de la industria agroquímica.

"Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. No es casualidad la ausencia de estudios toxicológicos a largo plazo ni bioensayos en aguas y suelos", denuncia Kaczewer y cita como ejemplos locales la influencia, a través de subsidios, sobre las universidades. "Las corporaciones están comprando departamentos enteros de universidades públicas, no sólo en la parte agronómica, sino en la parte biológica, en la parte médica. Los gerentes de las multinacionales compraron firmas de científicos y la literatura del complejo de la soja está infectada de papers ridículos."

La influencia de los agronegocios también avanzó sobre otros ámbitos. En 2003, campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup (nombre comercial del producto). Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo bajo las acusaciones de "mal desempeño en el cargo".

"Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones. Había ministros del gobierno involucrados, me presionaron jueces para que diera marcha atrás. Y el juicio de mi destitución fue un circo romano. La vida se me está haciendo cada vez más complicada. Me cuesta muchísimo trabajar en la profesión, los juzgados me hacen la vida imposible y debo presentar más recursos que otros abogados por los disparates que resuelven en mis causas", afirmó Silvia Sevilla. La abogada de los campesinos denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: "La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derechos y aquí eso es un pecado. Nadie se puede meter contra el poder político y los empresarios sojeros".

En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.

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Abengoa niega biocarburantes encarezcan alimentos y acusa al lobby petrolero

RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ, NOSOTROS COMPARTIMOS LA TESIS DE ABENGOA  Y ASI LO EXPUSIMOS EN UNIVERSIDAD CENTRAL RECIENTEMENTE.

 

Abengoa niega biocarburantes encarezcan alimentos y acusa al lobby petrolero


Javier Salgado, presidente de Abengoa Bioenergía, negó hoy que los biocarburantes sean responsables del aumento del precio de los alimentos y culpó de esta 'demagógica' acusación a los grupos de presión de las multinacionales petroleras y del sector de la alimentación.


Salgado, quien presentó la séptima Conferencia Mundial sobre Biocarburantes 'World Biofuels 2008', que la Fundación Focus-Abengoa organiza en Sevilla, destacó en conferencia de prensa que sólo el 1 por ciento de los cultivos europeos o españoles se destinan a la producción de biocarburantes, por lo que no se les puede responsabilizar del encarecimiento de los productos alimentarios.

Por el contrario, Salgado citó 'estudios independientes' que sostienen que un 65 por ciento del aumento de los precios agrícolas es responsabilidad del incremento de los precios de la energía y que los altos precios del crudo y del gas natural han triplicado el coste de los fertilizantes.

El directivo de Abengoa llamó la atención sobre el hecho de que estas falsas acusaciones contra los biocarburantes se produzcan en unos momentos en los que estos combustibles ya son 'competitivos sin incentivos ni ayudas' y más baratos que los derivados del crudo.

Señaló que un litro de E-85 (biocarburante compuesto por un 85 por ciento de etanol y un 15 por ciento de gasolina) cuesta al consumidor un 20 por ciento menos que el de gasolina y subrayó que los biocarburantes reducen entre un 30 y un 85 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero.

Salgado citó el caso de Brasil, país que ha logrado reducir un 50 por ciento su consumo de combustibles fósiles tras dedicar sólo un 3 por ciento de sus cultivos a la producción y donde el 90 por ciento de los vehículos que se matriculan pueden consumir biocarburantes.

'Cuando los biocarburantes habían alcanzado visibilidad como un alternativa creíble y fiable para ir desplazando el uso de combustibles fósiles y habíamos conseguido la aceptación política como un instrumento útil para contribuir al desarrollo sostenible nos estamos viendo inmersos en un terremoto social', lamentó.

En su opinión, este 'ataque' contra los biocarburantes 'encuentra un eco formidable' en los medios de comunicación, 'alimentado por los intereses económicos y de dominio del mercado de los operadores petrolíferos y de las industrias de la alimentación'.

Y ello pese a que los combustibles fósiles han disparado su precio, 'en un momento crítico en el que las emisiones de CO2 han avanzado hasta un nivel insoportable'.

El presidente de Abengoa Bioenergía opinó que el actual sistema energético 'está caducado' y 'debe de ser inmediatamente sustituido por soluciones sostenibles' que, además, 'no pueden demorarse por más tiempo'.

Por ello, urgió al Gobierno español a que trasponga cuanto a antes la directiva europea que defiende que el 10 por ciento de los carburantes sea biocarburante en 2020.

'En un mundo con un barril de crudo por encima de 120 dólares hay que buscar soluciones más sostenibles, sobre todo, cuando el sistema energético está arruinando nuestro planeta', apostilló.




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