Se estima que entre enero y septiembre los intereses que contratan a los cabilderos gastaron 217 millones de dólares para convencer al gobierno que tome en cuenta los intereses de sus clientes a la hora de legislar.

Los temas más candentes en la agenda estatal son los que más recursos recibieron para influenciar posiciones. Por ejemplo, en esta era de reforma escolar la Asociación de Maestros de California es la que mas gastó llegando a 6.2 millones. Después lo siguió la Asociación Petrolera de los Estados del Oeste que se opone a que se le impongan impuestos y varias aseguradoras —y organizaciones de la industria de la salud— que rechazan las propuestas de mayor regulación.

La inversión de este dinero es redituable cuando los proyectos de leyes reguladoras quedan en el limbo o cuando una oración de una ley representa millones para una industria.

El problema es que en esta costosa competición de puntos de vistas, el ciudadano medio —que no pertenece a sindicato o interés comercial— queda relegado a segundo plano. El votante elige al legislador, pero su acceso al mismo después de ser electo queda por detrás del mensaje del dinero y sus cabilderos.

Es difícil retirar del medio al dinero y los cabilderos. Sin embargo en esta democracia le queda la responsabilidad al votante de determinar en las urnas si al fin del día su legislador sirve a los intereses especiales y contrario a los de los votantes que lo eligieron.