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             En octubre de 2005 estalló el escándalo por un              supuesto soborno a legisladores. El día 3 de ese mes, el diputado              panista Miguel Ángel Toscano denunció a los medios de comunicación              que las tabacaleras Philip Morris y Bristish American Tobacco              "cabildearon" entre varios legisladores para frenar iniciativas              contra su sector.
             A decir de Toscano, los representantes de esas              empresas ofrecieron a legisladores viajes todo pagado a diferentes              partes del mundo. Los diputados panistas Antonio de la Vega Asmitia              y José Francisco Landeros Gutiérrez, miembros de la Comisión de              Economía de la LIX Legislatura, fueron invitados a Budapest,              Hungría. Ambos negaron que hayan aceptado esa invitación.
             A finales de ese mes, los medios mencionaron los              nombres de Fidel Herrera, actual gobernador de Veracruz; del              entonces senador panista Fauzi Hamdán, y de los priistas Juan Carlos              Pérez y Adolfo Murat, a la sazón diputados, como algunos de los              legisladores con los cuales las tabacaleras habían establecido              contacto. Hubo reclamaciones entre panistas y un posicionamiento de              todos los partidos en el pleno. Le exigieron a Toscano que              presentara nombres; se habló de una lista, que nunca se hizo              pública. Se dijo que el entonces coordinador del grupo parlamentario              del PAN, José González Morfín, resguardó bajo llave la llamada              "lista Toscano".
             Éste no fue el primer escándalo de este tipo en el              Congreso de la Unión. Con el propósito de regular este aspecto de la              vida pública, entre la LVIII y LIX legislaturas se presentaron              varias iniciativas, pero ninguna prosperó.
             El 29 de abril de 2002, el entonces diputado              priista Efrén Leyva presentó la iniciativa de la Ley Federal para              Regular la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de              Causa. El 5 de abril de 2004, la diputada Cristina Portillo Ayala              (PRD) presentó una iniciativa de decreto que expide la Ley Federal              de Cabildeo. El 10 de noviembre de 2005, y en el contexto del              escándalo de las tabacaleras, el diputado Alejandro Murat, del PRI,              hizo lo propio.
             Las tres propuestas consideran al cabildeo y a la              gestión de causas como actividades legítimas, que siempre han              existido, y que deben prestigiarse en su ejercicio, pues contribuyen              a la transparencia y al fortalecimiento de la democracia.
             El diputado perredista Iván García, presidente de              la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,              presentó una iniciativa para la expedición del Reglamento de la              Cámara de Diputados, que en su artículo 245 establecía los              lineamientos para la realización de cabildeo en San Lázaro. Ante la              necesidad de que la cámara contara con un reglamento, la Junta de              Coordinación Política, presidida por Pablo Gómez (PRD), analizó las              propuestas.
             En el proyecto final, que fue rechazado por PAN y              PRI, se establecía que las personas que realizaran actividades de              cabildeo en la Cámara de Diputados únicamente tendrían que              registrarse como tales ante las autoridades correspondientes: la              Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios.