A un paso de ser ley quedó este martes el proyecto que regula el lobby, luego  que la Cámara de Diputados aprobara por 103 votos a favor y 2 abstenciones de  los diputados Carolina Tohá (PPD) y Julio Dittborn (UDI), el informe de comisión  mixta que resolvió las discrepancias entre senadores y diputados.
 De acuerdo al informe, que debe ser ratificado ahora por el Senado, no serán  considerados lobbystas o gestores de intereses los miembros de las directivas de  organizaciones gremiales, sindicatos, Organizaciones No Gubernamentales,  fundaciones, centros de estudios y colegios profesionales, al igual que los  representantes legales, directores, gerentes y abogados de las personas  jurídicas que persiguen fines de lucro.
 En todo caso, todos ellos estarán obligados a informar, a través de las  correspondientes páginas de internet, sobre las reuniones que sostengan con  autoridades del Ejecutivo y del Congreso.
 Para la diputada Carolina Tohá (PPD) el resultado final es "una ley bastante  mutilada, en el sentido que no queda incluida en la regulación del lobby la  acción que ejercen los dirigentes gremiales, no queda ningún tipo de restricción  para financiar campañas políticas a los clientes de los lobbystas y no quedan  garantías en el sentido que se les va a otorgar igual trato a las partes que  traten de acceder a las autoridades". 
 Añadió que "lamentablemente hubo que aprobar una ley a medias", luego de que  el proyecto original fuera "desfigurado" en su paso por el Senado. 
 Jorge Burgos (DC) dijo que "pudo haber quedado mejor", recalcando que "no es  una buena noticia que no se estatuya también un reglamento de lobby para  aquellos que no se dedican profesionalmente", pero valoró los avances que se  lograron, señalando que "es mucho mejor la situación que vamos a tener cuando  esto sea ley con un estatuto claro a lo menos para los lobbystas profesionales y  con obligaciones para los sujetos pasivos de lobby que mitigan un poco el hecho  que no se hayan incorporado a las asociaciones gremiales".
 PROYECTO
 El documento establece que  "toda persona que contrata los servicios de un lobbysta deberá informarlo en sus  sitios electrónicos, a más tardar antes del quinto día de producido el  encuentro".
 También plantea la creación de  tres registros en los que estarán inscritos quienes realicen lobby. Dos de ellos  estarán radicados en el Congreso, uno en cada rama legislativa; mientras que el  tercero estará a cargo del Ministerio de Justicia.
 La iniciativa regula la  actividad profesional de promoción, defensa o representación de intereses de  personas, entidades u organizaciones privadas o públicas, ejercida por personas  naturales o jurídicas y busca fortalecer la transparencia en las relaciones con  el Estado.
 Establece además que quienes  realicen esta práctica estarán obligados a informar semestralmente sobre las  autoridades, miembros y funcionarios y organismos ante las cuales hayan  desarrollado gestiones de intereses propios o en representación de terceros, las  materias en las que hayan intervenido, los intereses que hayan promovido y los  objetivos de cada una de las gestiones realizadas.
 Las sanciones que se aplicarán  a los lobbystas que no cumplan la ley van desde amonestación escrita; multa de  hasta 150 UTM  (es decir $4.905.000, aproximadamente); suspensión del  Registro Público hasta por tres años; y la eliminación en alguno de los  registros, lo que acarrea la eliminación automática en los  demás.