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sábado, febrero 18, 2012

¿dicom? Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días

Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días


Cecilia Arroyo

Cerca de tres millones de chilenos con moras por deudas inferiores a $2,5 millones serán borrados en estos días del registro comercial -conocido popularmente por el nombre de la empresa dueña de este servicio, Dicom-, según los cálculos entregados ayer por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La salida de estos morosos de las bases de datos se debe a la entrada en vigencia de la Ley 20.575, que norma el uso de información comercial y que, dentro de distintos aspectos, incluye el "borrón" de los datos de deudas vencidas y exigibles al 31 de diciembre pasado que se encuentren impagas, y que al 17 de febrero no excedan de $2,5 millones por deudor.

Esto implica sacar de "Dicom" deudas por un total de 60 millones de UF (unos US$ 2.750 millones), equivalentes al 1,57% del total de colocaciones de la banca al cierre de 2011.

Operativamente, el llamado "perdonazo" debería estar concluido este fin de semana, de manera que el próximo lunes los nombres de los beneficiarios ya no figuren en el sistema informativo de carácter crediticio o comercial, según señaló el secretario general de la CCS, Cristián García-Huidobro.

Las mayores complicaciones del proceso, agrega el ejecutivo, están en la conjugación de los criterios consignados (monto y fecha de vencimientos), para lo cual han trabajado coordinadamente con los distribuidores de estos datos, como las empresas Equifax o Sinacofi.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la ley como un esfuerzo por favorecer a los ciudadanos en la protección de sus datos sensibles, y apoyar a miles de emprendedores que por diferentes circunstancias no han tenido éxito, pero que esperan volver a levantarse.

Ley complementaria

La norma, que fue publicada ayer en el Diario Oficial, establece un nuevo principio en el tratamiento de datos personales sobre Protección de la Vida Privada. A partir de él, explicó Larroulet, sólo tendrán acceso a los datos de carácter económico, financiero, y bancario o comercial de terceros, el comercio establecido que realice evaluación de riesgo comercial, y las entidades que evalúen riesgo en el proceso de otorgamiento de un crédito. "Para todo el resto de los casos donde sea necesario contar con información comercial, se requerirá del consentimiento del titular de los datos", precisó el secretario de Estado.

"Se trata de un proyecto específico sobre el uso de información exclusivamente comercial, que se adscribe y complementa dentro de otros dos proyectos emblemáticos del Gobierno: Deuda Consolidada y Protección de Datos Personales", dice el asesor del Ministro de Economía, Cristian Gardeweg.

Frente al primero, la principal diferencia es que no abarca la información comercial positiva. Mientras que respecto de la protección de datos personales, la iniciativa del Gobierno va más allá de los datos financieros, resguardando el uso de información sobre domicilio, teléfonos, entre otros.

Las cinco preguntas fundamentales sobre la norma

1 ¿Qué es la Ley 20.575?

Es la norma que regula el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, limitando su uso a entidades que realicen evaluación de riesgo comercial y de crédito, como bancos y casas comerciales.

De esta manera, cualquiera que quiera usar estos datos, fuera de ese universo, deberá pedir autorización a las respectivas personas dueñas de sus antecedentes.

2 ¿A qué se refiere el "borrón de Dicom"?

De acuerdo con esta ley, serán eliminadas del registro comercial todas las deudas en mora que se hagan exigibles, es decir vencidas al 31 de diciembre de 2011 y que al 17 de febrero de este año no superen los $2,5 millones. Cada cuota morosa se trata por separado; por tanto, si una cuota venció antes del 31 de diciembre, se borra, siempre y cuando el total de cuotas morosas sea inferior al máximo establecido.

3 ¿Ninguna institución de crédito verá ese tipo de deudas en el sistema?

Desde ayer, no. Ya que no podrán ser informadas por los distribuidores de datos a ningún agente. Para algunos se trata de una "pérdida de información" que puede impactar la buena evaluación del riesgo de cada persona por las distintas entidades. Esto no significa que la deuda caduque, ya que si bien la información desaparece del sistema, los compromisos comerciales siguen vigentes.

4 ¿El uso de estos datos para fines distintos al crédito se debe denunciar?

Bajo esta ley, sólo se usará para proceso de crédito y de evaluación de riesgo comercial. Si es para otro fin, las personas pueden denunciar ante tribunales.

Sin embargo, en los proyectos del Gobierno hoy en discusión (Deuda Consolidada y Protección de Datos) se incorpora al Sernac como vigilante de los datos personales, para canalizar las denuncias de incumplimiento.

5 ¿Se llevará algún registro de quien usa esta información?

De acuerdo con la nueva disposición, las distribuidoras de datos -es decir, personas naturales o jurídicas que realicen directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas- deberán elaborar un registro con las empresas a las que entregan información. Esta norma, a diferencia del resto de la ley, entrará en vigencia en seis meses.


Fuente:emol

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Rodrigo González Fernández
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Jueces y políticos por Pablo Rodríguez Grez

Jueces y políticos

PABLO RODRÍGUEZ GREZ
 


Uno de los problemas más delicados en el ejercicio de la jurisdicción radica en resolver adecuadamente la relación entre juez y política. Como es lógico, toda persona tiene simpatías, afinidades y tendencias de esta naturaleza, y ajusta su conducta a aquellas valoraciones. Sin embargo, el juez debe mantenerlas en reserva y luchar permanentemente porque ellas no influyan en sus decisiones, cosa siempre difícil de lograr. Comencemos por recordar que toda magistratura judicial se basa en la aplicación de la ley, lo cual se realiza mediante un procedimiento llamado "interpretación". Toda ley tiene una voluntad, una intención y un sentido propios, debiendo el juez desentrañarlo, con el objeto de crear una regla particular (sentencia), cuya validez radica en la reproducción de los elementos normativos que permiten integrarla al sistema jurídico. En consecuencia, en esta tarea, el magistrado debe ser leal a la norma, cualquiera que sea el juicio que ésta le merezca, porque ella fue creada por el legislador en ejercicio de una función en que la judicatura no interviene ni puede juzgar. No es correcto decir, como se señaló en el pasado, que el juez es un "prisionero de las leyes". No. El juez es creador de derecho, pero en un marco preestablecido dado por la ley.

Constituye una grave desviación del ejercicio de la jurisdicción recurrir a pretextos, argucias o efugios para burlar el mandato legal y reemplazarlo por aquello que el sentenciador en su fuero interno estima más justo o conveniente. Por ese camino se precipita al derecho hacia un despeñadero y la tarea judicial se transforma en una parodia grotesca y sin sentido.

Por otra parte, los jueces deben sustraerse a la tentación de transformarse en personajes públicos y líderes de opinión al amparo de la potestad que les ha sido confiada. Es frecuente ver a los magistrados, especialmente en períodos políticamente conflictivos, más interesados en hacerse notar en los medios de comunicación que en el ámbito que les es propio.

Probablemente, lo que más afecta la imagen del Poder Judicial es el hecho de que en muchos casos es predecible lo que dictaminará un juez, atendiendo a sus preferencias ideológicas y a la presión que la opinión pública ejerce sobre él. Existen casos en que, bien o mal, se genera un atmósfera adversa, fruto de comentarios, declaraciones oportunistas, e incluso, campañas bien programadas, que anticipan una condena que no obedece al análisis técnico, equilibrado y sereno de los antecedentes. Se tropieza entonces con un enjuiciamiento prematuro y definitivo que no es posible revertir y que puede constituir una aberración jurídica y moral. Tampoco son escasas las condenas destempladas que, de manera precipitada, enuncian quienes procuran conseguir dividendos electorales, creyendo así transformarse en adalides y conductores de la sociedad.

Frente a esta problemática de tan profundas raíces, los chilenos parecen errar su diagnóstico. En lugar de corregir estas lacras —que son la causa de que nuestros tribunales, junto a los partidos políticos, sean los órganos públicos peor evaluados por la ciudadanía —, se admite la injerencia política y se deja sin sanción a quienes han obrado al margen de la prescindencia ideológica impuesta, incluso, en la ley orgánica respectiva. Más aun, se persiste en mantener un sistema de promociones y ascensos en el cual predomina la intervención de los demás poderes de políticos, sometiendo a nuestros jueces a exámenes sobre sus preferencias y el contenido de sus decisiones. A tal punto se llega en esta materia, que, por un lado, se protesta cuando el Ministerio de Justicia revisa la calidad del desempeño judicial antes de cursar una designación y, por otro lado, se convoca al Senado a los candidatos a ministros de la Corte Suprema para que den cuenta de sus votos en el desempeño de sus funciones.

Lo ocurrido recientemente en España, en este orden de cosas, tiene una proyección importante. Un juez de esa nación, transformado en el arquetipo del defensor de los derechos humanos, que se atribuía una jurisdicción universal, la cual, sin embargo, nunca invocó para calificar lo que ocurre en Cuba o Venezuela, violentó el derecho de defensa de los imputados, al interceptar las comunicaciones con sus abogados, haciendo escarnio del secreto que la ley asegura en esta relación profesional a todo procesado. El Tribunal Supremo español puso fin a su carrera, expulsándolo de la magistratura y demostrando que, por sobre todo, debe prevalecer el "estado institucional de derecho" y el respeto al mandato normativo. Un ejemplo que deberíamos imitar si efectivamente aspiramos a una justicia verdadera.

Pablo Rodríguez Grez
Decano Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo


Fuente:emol

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MINERIACHILE Encuentro internacional analizará el impacto del suministro energético e hídrico en el desarrollo de la minería nacional

Encuentro internacional analizará el impacto del suministro energético e hídrico en el desarrollo de la minería nacional
Evento que es organizado por el CRU y Cesco se centrará en el debate en torno a la relevancia de estos insumos y los mecanismos que permitan garantizar su acceso en el mediano y largo plazo.
18/02/12

(MINERÍA CHILENA) CRU y Cesco se encuentran organizando el evento Mining and Energy Supply Summit 2012, actividad que reunirá a los principales actores mundiales del sector minero con sus homólogos nacionales para debatir en torno al desafío que implica el acceso a los recursos hídricos y energéticos en el norte de Chile y la manera en que ese aspecto impacta en el desarrollo sustentable de la industria minera nacional.

El evento, que es parte de las actividades que contempla la Semana Cesco y que cuenta con la participación de las Revistas MINERÍA CHILENA y ELECTRICIDAD como Medios Oficiales, tendrá lugar el próximo 19 de abril en el Hotel Grand Hyatt, ciudad de Santiago, y considera el debate en torno a temáticas como el impacto de la disminución de las leyes de mineral en el consumo energético; implicancias del precio de la energía en la viabilidad de los proyectos mineros; aporte de las Energías Renovables No Convencionales al sector minero, y los desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo en materia de eficiencia hídrica y energética.

En el marco del encuentro se discutirá además la factibilidad de propiciar la integración regional de los mercados energéticos en América Latina como una respuesta frente a los requerimientos de la industria minera chilena, y el impacto económico que posee la escasez hídrica sobre la estructura de costos de las compañías mineras, lo que ha impulsado a las empresas a buscar alternativas como la desalinización.

Mayor información sobre el evento en el sitio www.crugroup.com y al mail conferences@crugroup.com

Fuente/ MINERÍA CHILENA

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Senadora Isabel Allende: "El litio es un recurso estratégico no concesionable"

Senadora Isabel Allende: "El litio es un recurso estratégico no concesionable"
Columna de opinión de la senadora por Atacama, Isabel Allende.
18/02/12

(Cooperativa) A través de medios de prensa nos hemos enterado que el gobierno pretende realizar licitaciones para la explotación del recurso litio, por medio de los denominados Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL).

Declaro mi desacuerdo con la forma en que el Gobierno del Presidente Piñera, está intentando privatizar la explotación de este recurso natural.

No podemos permitir que le suceda a Chile con el litio, lo mismo que ocurrió con el cobre, que finalmente para "no perder nuestro liderazgo en el mercado internacional", lo entreguemos sin discusión mediante su extracción a privados y no aprovechemos al máximo para nuestro país los beneficios provenientes de este mineral.

En el año 1983, durante la dictadura militar, se impuso un código de minería que entregó nuestras riquezas minerales a inversionistas privados, principalmente extranjeros, además de asegurarles invariabilidad tributaria vía Decreto 600.

El año 2006, 23 años después y luego que la derecha hiciera fracasar un proyecto de Royalty, logramos imponer un Impuesto Específico al Cobre (IEC) y, recién el año 2010, conseguimos un aumento de este impuesto para abordar las tareas de reconstrucción pos terremoto.

Este Impuesto -si bien no es todo lo que la Concertación aspiraba para Chile y su desarrollo- permitió crear el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que distribuye US$ 400 millones anuales entre las regiones del país, lo que ha significado un aumento relevante para su presupuesto anual.

La legislación vigente en Chile, establece al litio como recurso estratégico, lo que en la práctica se traduce -a diferencia del cobre- en un recurso no concesionable.

Si bien la razón que motivó esta clasificación tuvo que ver con su eventual utilización en armas nucleares, la razón ética, económica y política que hoy reviste al litio como recurso estratégico para nuestro país, dice relación con su utilización para el crecimiento y desarrollo sostenible de Chile y del mundo. Por ello, no puede ser objeto de políticas públicas guiadas exclusivamente por una visión de mercado.

La Comisión de Minería y Energía del Senado inició el 2011 un programa de sesiones para analizar el futuro del litio para Chile. En dichas sesiones se ha invitado a diversos actores y se ha constatado las dificultades y falencias del país en la materia, quedando clara la necesidad de establecer -entre otros temas- un modelo de negocio para el litio que garantice su aporte al Fisco, aproveche las ventajas comparativas de nuestro país y nos mantenga como líderes mundiales en la explotación de este recurso.

Me parece completamente inadecuada la forma de proceder de este gobierno, al anunciar los citados CEOL, obviando la discusión que se está llevando a cabo en el Parlamento de la República y, además, desconociendo lo que la Ley establece explícitamente, utilizando un artilugio jurídico-administrativo que nos compromete por los próximos 20 años.

Los CEOL no son los únicos instrumentos posibles de utilizar para proyectar a Chile en el mercado del litio. También es necesario discutir la posibilidad de un joint venture o la explotación directa de Codelco.

El litio se reconoce como la energía del futuro. En la última década su precio ha crecido exponencialmente y los analistas esperan que llegue a US$ 7.000 la tonelada.

Es un mercado en expansión y Chile es la segunda reserva más grande del mundo después de Bolivia, por ello no es razonable ni deseable la urgencia que la industria quiere poner en la discusión.

Nuestras riquezas no pueden terminar en manos de unos pocos, y el rol que el Estado debe tener es para utilizar los recursos naturales en forma sustentable y que los beneficios –sus rentas- lleguen a todos.

Eso es ser eficiente, y no presentar propuestas de esta envergadura en temporada estival, de un tema relevante para el futuro de Chile como para pasar "por secretaría".

Los chilenos y las chilenas no nos merecemos esto del gobierno.

Fuente / Cooperativa


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