La importancia del sistema financiero para cualquier país, y las dependencias y oportunidades que él representa para que emprendedores y consumidores puedan realizar su trabajo y progresar llevan naturalmente a que esta industria reciba permanente atención pública. Y, como es lógico, la crisis económica mundial en 2008 y 2009, que se originó en ese sector, acrecentó ese escrutinio. En el caso de Chile se añade el hecho de que los bancos han tenido una alta rentabilidad por un período prolongado, y también el que algunos estudios han revelado altos spreads de tasas de interés, particularmente en el mercado de créditos de consumo.
Los representantes de la Banca se han reunido con la comisión de Hacienda del Senado para debatir este y otros asuntos, pero ese encuentro tuvo lugar a puertas cerradas, lo que no contribuyó a ilustrar a la ciudadanía ni permitió conocer los aspectos y alcances del análisis que se haya hecho.
Cabe lamentar esa reserva, porque las actuales buenas perspectivas económicas y la gradual superación de la crisis son buena oportunidad para evaluar si nuestro sistema financiero tiene un adecuado nivel de competencia. La promoción de ésta es indispensable para asegurar el mayor bienestar posible para la población. El proyecto de ley que amplía las facultades del Sernac para asegurar la protección del consumidor en materia de productos financieros puede contribuir a reducir asimetrías de información y, por esa vía, estimular la competencia.
Pero si ésta es efectivamente insuficiente, eso no basta. El análisis debe reconocer que la situación de rentabilidades de los bancos es muy heterogénea, dependiendo de su tamaño —sugiriendo que en esta industria puede haber importantes economías de escala— y de sus líneas principales de negocio. Aun así, el segmento de personas tiene en general retornos atractivos, sugiriendo que ahí puede haber problemas.
Además, hay barreras a la entrada que pueden reducir la competencia. Así, la regulación privilegia la estabilidad del sistema y, por consiguiente, encarece los costos de entrada a él. Esto es algo que se debe valorar, porque después de la crisis de 1982-1983 la banca chilena ha tenido una solvencia importante, que ha ayudado a absorber mejor las crisis internacionales posteriores y ha permitido que el país retome más rápido la senda del crecimiento. Pero, posiblemente, hoy se pueda pensar en un equilibrio distinto, sobre todo porque existe una importante concentración, que si bien por sí misma no lleva necesariamente a menor competencia, puede producirla en algunas condiciones.
También la propiedad conjunta de activos esenciales —caso de Transbank, por ejemplo— constituye una barrera a la entrada. Si no hay facilidad de acceso a este activo por potenciales competidores, eso puede hacer menos vigorosa la competencia en ciertas circunstancias. A lo anterior se suman los costos de cambio relativamente elevados (por ejemplo, por los prepagos de crédito o el impuesto de timbre de estampillas que se debe pagar para reemplazar un crédito por otro) y comerciales (porque no es fácil recabar información adecuada sobre la trayectoria de los distintos consumidores de productos financieros). En todos estos ámbitos, si se documenta más fehacientemente falta de competencia, convendría introducir cambios que la faciliten. Para promoverla en el mercado financiero debe evaluarse la posibilidad de que actores extranjeros debidamente supervisados en sus países puedan tener menores restricciones para comercializar algunos de sus productos financieros en Chile.
Saludos,
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