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martes, julio 01, 2014

El lobby y una correlación de fuerzas desproporcionada

El lobby y una correlación de fuerzas desproporcionada

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Info News
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Nueva York es una fiesta. Una masa colorida y festiva recorre las calles aledañas a la Quinta Avenida. Banderas multicolores acompañan la gran movilización, pero no es una marcha de repudio al capital especulativo internacional es, simplemente, el festejo del día del Orgullo Gay. 

Es imposible calcular quiénes de todos ellos, los que desfilan y los que miran, tienen alguna idea de lo que ocurre en los tribunales, en la ONU y ahora en la OEA sobre la disputa que mantiene la Argentina con los fondos buitre y las consecuencias que pueden acarrear si la balanza se inclina para uno y otro lado. 

La correlación de fuerzas no es proporcional a pesar de que se trate de un minúsculo grupo de bonistas contra un Estado nacional. Han demostrado poder de injerencia y dominio en las decisiones judiciales. Es por ello que la constante búsqueda de respaldo internacional que realiza el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no debe detenerse y de allí la importancia de la reunión que hoy se realizará en la vieja y anquilosada Organización de Estados Americanos en Washington.

Los gobiernos que defienden los intereses generales de las sociedades tienen el desafío de imponerles un "no pasarán" porque las consecuencias no serán sólo negativas.

Todo sirve y todo aporta. Mal que le pese a los defensores argentinos de la justicia estadounidense, de la cual afirman que se trata de una institución independiente y traslúcida, lo cierto es que no difiere mucho de cualquier otro Poder Judicial. La derecha conservadora ha colonizado esos estrados y los fallos de Thomas Griesa bien valen como el botón de la muestra. Claro, siempre hay excepciones, tampoco es cuestión de generalizar.

Los fondos buitre son un sector poderoso y el lobby es una herramienta que no desprecian y usan con impresionante habilidad. Por caso, aquella semana previa a la decisión de la Corte de los EE UU que rechazó estudiar la apelación de la Argentina  para evitar el fallo de Griesa, una delegación de diputados y senadores llegaron hasta capital estadounidense. Ese día, los encargados de la relaciones públicas habían hecho circular una información ante la prensa de Washington que los representantes del fondo NML se iban a reunir para mantener una conversación con los legisladores argentinos. 

Para ello alquilaron uno de los principales bares de la ciudad y estuvo cerrado al público por este encuentro. ¿Era una muestra de buena voluntad de los buitres para con los argentinos? ¿Una señal de acercamiento? ¿O una demostración del poder que tienen los buitres? Pocos periodistas mordieron el anzuelo porque la reunión nunca se concretó. Es más, la delegación legislativa que había llegado a Washington para defender la posición del gobierno argentino ni siquiera se enteró del convite. Si algún periodista daba cuenta en sus publicaciones de esa supuesta reunión que nunca se concretó, hubiese obligado a los legisladores a una desmentida generando alguna sospecha o mal humor en el interior del gobierno nacional. Es un ejemplo pequeño, tonto quizá, pero esto es una guerra y quebrar internamente al enemigo puede favorecer el resultado final de la contienda.

Pero los experimentados fondos buitre no son los únicos que presionan por sus intereses. El gobierno de CFK también lo hace y de allí los respaldos del gobierno de Barak Obama, de Brasil, México, Brasil, Francia y hasta del FMI. ¿Habrán influenciado todos estos respaldos, a la sazón casi casi como una selección importante de gobiernos poderosos, en la actitud de Griesa del viernes pasado? Ese día todos los periodistas que presenciamos la audiencia apostábamos doble contra sencillo que el juez hundiría sus garras en la representación argentina. Pero fue ambiguo, no embargó los fondos depositados en el Bank of New York (BoNY), entidad que debe hacer efectivo el pago a los bonistas que ingresaron a la reestructuración. Esa mañana, el abogado del BoNY no disimuló su interés por saber qué hacer con esos millones de dólares. El juez no fue preciso pero le advirtió que el depósito realizado por la Argentina era ilegal. En pocas palabras (a lo argentino) fue como un "tené cuidado con lo que hacés". Y el BoNY, se sabe, es una entidad de EE UU.

Ya se dijo que Griesa no cerró la puerta, tal vez la entornó un poco pero eso es mucho en este complejo asunto. Es más, insistió en que las partes vuelvan a reunirse con el mediador designado, Daniel Pollack. El special master, como se denomina, estuvo presente en la audiencia del viernes. Ocupó un escritorio pequeño ubicado a la derecha de Griesa. Siguió con atención las exposiciones de los abogados pero también tuvo un momento de sopor, que habrá durado unos cinco minutos, donde le fue imposible mantener los ojos abiertos y el cabeceo fue constante. 

El gobierno de CFK es muy celoso del plan que tienen para esta situación. En Nueva York el ministro de Economía, Axel Kicillof, no disimuló que su intención no era hacer prensa y se mantuvo distante de los periodistas. Se entiende, la situación es delicada como para andar anticipando las jugadas. Sin embargo, el depósito de los 539 millones de dólares y la indisimulable curiosidad del abogado de los bonistas europeos durante la audiencia de Griesa, cuando sin éxito pretendió saber si el juez consideraba que tenía jurisdicción sobre los bancos del viejo continente, permiten sospechar que se está tanteando un escenario alternativo alejado de las garras de Griesa.

La batalla que lleva adelante el gobierno de CFK y su resultado no sólo beneficiará o perjudicará a la sociedad argentina. Lo bueno o lo malo salpicará al resto del mundo y a partir de allí es que se pueden entender las muestras de solidaridad de algunos que bien podrían estar del lado de los buitres, como el FMI, porque lo que estaría provocando el fallo de Griesa es un impulso a un nuevo orden financiero internacional donde el capital especulativo se transformaría en el mandamás por encima de todas estas instituciones multilaterales de crédito y hasta de gobiernos. 

Los buitres, ya se sabe, carecen de patria, bandera y escrúpulos. Es por ello que durante estos días de reuniones en la ONU, sobre todo en el marco del G77+China, mucho se habló de la necesidad imperiosa de ponerle un límite a los fondos especulativos a través del Derecho Internacional. 

Son varios los frentes que se deben atender pero así son estas guerras donde unos pocos ricos, muy ricos, extremadamente ricos, han probado que pueden ir más allá de los límites que ponen los Estados y por eso la tarea de los gobiernos que defienden los intereses generales de las sociedades tienen el desafío de imponerles un "no pasarán" porque las consecuencias no serán sólo negativas.




































































































































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Rodrigo González Fernández
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#lobby El ex director del SII que hace lobby contra la reforma tributaria y defiende intereses de la CPC y los bancos

Cuestionado paso por el fisco del sobrino del ex Presidente Lagos

El ex director del SII que hace lobby contra la reforma tributaria y defiende intereses de la CPC y los bancos

Ricardo Escobar Calderón ha ocupado portadas en las últimas semanas por sus duras críticas a la reforma tributaria que impulsa el gobierno. En la anterior administración de Bachelet ocupó la dirección del Servicio de Impuestos Internos, donde aprobó un polémico Oficio que permitió acrecentar las devoluciones de impuestos de las grandes empresas. Ya fuera del Estado, se asoció con Jorge Bofill en un estudio que en la actualidad tiene entre sus clientes a Laureate y a Julio Ponce Lerou.

Ricardo Escobar se crió en La Granja y terminó sus estudios secundarios en el Internado Nacional Barros Arana. Sus estudios de leyes los hizo en la Universidad de Chile. Su padre, primo del ex presidente Ricardo Lagos, fue toda su vida funcionario de Aduanas, hasta que formó su propia agencia y tuvo un mejor pasar económico. El ex director del Servicio de Impuestos Internos, y actual asesor de la Asociación de Bancos y de la Confederación de la Producción y el Comercio en la discusión por la reforma tributaria, es un hijo de la clase media.

En los primeros meses del actual gobierno se ha destacado por ser un férreo opositor a la Reforma Tributaria. Ha dicho de todo. Que "tiene riesgos operativos y constitucionales", que "uno tiene que ser serio cuando plantea una reforma tributaria, tiene que pensar en un largo plazo y no solamente en los 2 o 3 años", señaló en una entrevista a Qué Pasa, donde tildó además el cambio tributario del Ejecutivo de "reformita". En círculos oficialistas saben que su figura se ha transformado en una de las piedras en el zapato de la tramitación del proyecto en el Congreso, y son comentarios extendidos su trayectoria, sus vínculos y sus clientes en la arena legal.

En 1994, Escobar Calderón fue uno de los encargados, junto a Juan Miguel Barahona, de construir el sistema legal y tributario que permitió que existieran las primeras licitaciones para obras públicas en la historia de Chile. En esa ocasión fue contratado por el Ministerio de Obras Públicas, que entonces dependía de su tío, Ricardo Lagos Escobar. Luego, y por diez años, Escobar fue hombre del estudio de abogados Carey y Asociados. Allí empezó a hacer carrera en 1996, cuando se destacaba como un profesional relacionado al mundo de los negocios. Antes había estado en el Comité de Inversiones Extranjeras, dependiente del Ministerio de Economía, pero con Carey su nombre comenzó a recorrer los círculos económicos. Eso hasta el 2006, cuando la Presidenta Michelle Bachelet lo designó como director del Servicio de Impuestos Internos (SII). En esa época era simpatizante PPD, aunque en la actualidad participa en Fuerza Pública, el movimiento levantado por el ex candidato presidencial liberal Andrés Velasco. Con todo, en el oficialismo dicen que el "ascendente Lagos" pesa.

En el primer gobierno de Bachelet, los entonces diputados Carlos Montes (PS) y Jorge Burgos (DC) realizaron gestiones para poner mayor fiscalización sobre las decisiones que tomaba Escobar en el SII, pero no tuvieron frutos. Un senador de la Nueva Mayoría cuenta que Andrés Velasco, en ese tiempo ministro de Hacienda, "no quiso hacer nada. Se trataba de un sobrino del ex presidente Lagos, y eso era una presión para todos". Aunque otras fuentes señalan que "Lagos no movió un dedo" por su pariente, el solo hecho de mostrar un vínculo con el ex mandatario inhibía a los personeros de gobierno frente a las críticas que de forma subterránea recorrían al conglomerado.

El 29 de enero del 2010, cuando Escobar ya terminaba su periodo en el SII, emitió el Oficio 194, que vino a reinterpretar lo que debía hacer el Servicio con las utilidades financieras de las sociedades anónimas, las que antes se imputaban a las pérdidas tributarias, nivelando las cifras y permitiendo que esas pérdidas se redujeran, lo que a la larga derivaba en que fueran menores las devoluciones de impuestos que cobraban las grandes empresas. Pero, desde esa fecha, todo cambió. De ahí en adelante, se estableció que las utilidades financieras –que corren por un carril distinto de las tributarias–, no podían imputarse a las tributarias, lo que vino a aumentar las cifras de pérdidas exhibidas por las empresas, incrementando también las devoluciones de impuestos.

Hijo de un primo hermano del ex presidente Ricardo Lagos Escobar, es a su vez primo de Ricardo Lagos Weber, el senador PPD que actualmente preside la Comisión de Hacienda del Senado. En los partidos de la ex Concertación comentan que cuando asumió la dirección del SII su nombre generó resquemor, y es que en la división interna que hacen en el Servicio, entre funcionarios pro fisco y antifisco, Escobar ocupaba un destacado lugar entre los segundos.

"Al fin uno de los nuestros, de sensibilidad pro empresas, que sabe exactamente cuáles son las fallas del sistema", comentaron los empresarios cuando fue designado en el SII, según constató un reportaje de la época aparecido en Revista Capital.

 UN POLÉMICO OFICIO

El 29 de enero del 2010, cuando Escobar ya terminaba su periodo en el SII, emitió el Oficio 194, que vino a reinterpretar lo que debía hacer el Servicio con las utilidades financieras de las sociedades anónimas, las que antes se imputaban a las pérdidas tributarias, nivelando las cifras y permitiendo que esas pérdidas se redujeran, lo que a la larga derivaba en que fueran menores las devoluciones de impuestos que cobraban las grandes empresas.

Pero, desde esa fecha, todo cambió. De ahí en adelante, se estableció que las utilidades financieras –que corren por un carril distinto de las tributarias–, no podían imputarse a las tributarias, lo que vino a aumentar las cifras de pérdidas exhibidas por las empresas, incrementando también las devoluciones de impuestos.

Es un misterio quién fue el contribuyente que solicitó el pronunciamiento del SII, porque se trata de información confidencial.

Si bien las cifras no son públicas, abogados expertos en la materia reconocen que, del 2010 en adelante, las empresas han aumentado hasta en un 20% sus devoluciones de impuestos.

Todos reconocen que se trata de un tema profundamente técnico y "difícil" de explicar para quienes no pululan por los círculos tributarios. En la Fundación Sol aterrizan la información y, así, el investigador Gonzalo Durán explica: "Las empresas siempre tienen que llevar dos contabilidades: financiera y tributaria. La tributaria la llevan usando las leyes tributarias, y la financiera la llevan con las normas contables internacionales. En la mayoría de los casos los resultados de estas utilidades no son coincidentes. Esto genera que existan muchas empresas en Chile –grandes mineras, líneas aéreas–, que operan recurrentemente con pérdidas tributarias, ellas siempre tienen números rojos. Eso significa que no pagan el impuesto de primera categoría, porque tienen números rojos, pero esas mismas empresas, como llevan también la contabilidad financiera, en esa contabilidad tienen jugosas ganancias".

A juicio de Durán, el oficio firmado por Escobar generará sí o sí una disminución en la recaudación del fisco. "Antes esas utilidades financieras se imputaban contra las pérdidas tributarias de las empresas. En términos prácticos, mientras las personas sacan utilidades, se reducía la pérdida tributaria, y en un punto esa pérdida se diluía y debían pagar impuestos. Pero el oficio dice que eso ya no corre, y que esa utilidad que tú sacas no se imputa a la pérdida. Esto va a provocar que la recaudación por impuesto a la renta sea menor", plantea el investigador.

El jefe de los fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, señala que la menor recaudación del Estado por esta decisión es un hecho: "Lo que implicó este oficio para el fisco fue una menor recaudación, porque antes nunca hubo, incluso con otros directores nacionales, esta interpretación, porque la ley es bastante clara al respecto. Este cambio de criterio viene a otorgar la facultad al contribuyente para que esas utilidades que van sin crédito no se imputen al FUT, y eso quiere decir que vía devolución de impuestos el fisco no sólo está no recaudando, sino que devolviendo dinero a los contribuyentes", precisa.

Una visión distinta tiene Javier Jaque, del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, quien precisa que fue un cambio de criterio que podrá beneficiar a algunos, pero también perjudicar a otros: "Fue un cambio de criterio como muchos otros que ha habido en la administración tributaria, por tanto, suponer que esto beneficia o no a alguna empresa es algo de lo cual no tengo antecedentes, y es algo que puede funcionar a favor y en contra. Me explico, es un cambio de criterio eminentemente técnico, alguien podrá compartirlo o no compartirlo, pero es un cambio de criterio que tiene raíces técnicas", plantea quien también es socio de la empresa de consultas tributarias KMPG.

Aun así, Jaque reconoce que se trata de una materia polémica: "La explicación que se ha dado, desde una perspectiva técnica en seminarios, es la que yo te comento. Es decir, es una utilidad financiera que, al tocar con esta pérdida tributaria, se toma la decisión de que lo financiero no afecte lo tributario, y desde una perspectiva técnica puede parecer razonable. Discutible, hay algunos que lo discuten, hay algunos que lo aprueban", asegura.

La nueva interpretación del SII fue ratificada en la administración del Presidente Sebastián Piñera, con el Oficio 198 del 31 de enero del 2014, bajo la administración subrogante de Juan Alberto Rojas.

 DEFENDIENDO A LAUREATE

Luego de su paso por el SII, el 2010 Ricardo Escobar aterrizó en la auditora Ernst & Young, para luego tener un emprendimiento propio a fines del 2013, cuando se unió a Jorge Bofill para levantar el estudio de abogados que actualmente litiga en casos polémicos, que incluso ha llevado a que los tilden de los "abogados de los malos". En sus propias palabras, Bofill y Escobar reconocieron aCapital que "no nos asusta defender al cliente impopular".

En diversas entrevistas, los abogados –que poseen acciones minoritarias en el Restaurante Fulano, Metano y Zungano– han planteado que se especializarán en casos conflictivos, y que buscan dar un apoyo integral a sus clientes, lo que incluye incluso asesorías comunicacionales. Actualmente, defienden a Julio Ponce Lerou en el escándalo Cascadas; fueron parte de la defensa del alcalde de Colina, el UDI Mario Olavarría, acusado de corrupción; son los representantes de Pablo Alcalde, ex La Polar, en la Justicia; y otro de sus asociados, Francisco Aninat, es uno de los defensores de la gigante Chevron en el litigio que mantiene con el Estado de Ecuador, que acusa a la petrolera de haber contaminado un lago en la Amazonía.

Pero, sin duda, uno de los casos que hoy tiene de cabeza a los abogados de Bofill-Escobar es el que involucra al gigante norteamericano Laureate, que en Chile controla tres universidades y tres institutos profesionales. Acusado de lucro –práctica ilegal según la legislación chilena–, sus instituciones están siendo investigadas por el Servicio de Impuestos Internos por eventual evasión tributaria.

En concreto, se analiza el comportamiento de la estadounidense en la venta de servicios a sus universidades en Chile, ya que –según información recopilada por la Fiscalía– los trasvasijes de dinero en este caso no habrían pagado impuestos, utilizando la exención tributaria con que cuentan las casas de estudios superiores por, supuestamente, no perseguir lucro.

En marzo pasado, Escobar se refirió a este caso y señaló: "La impresión que hay es que aquí ha habido una revisión más política que técnica respecto de la situación de Laureate, porque con mejoras en todos los indicadores y aspectos que antes preocuparon a la misma comisión, habiéndose mejorado todo eso y habiendo contado antes con acreditación, y por lo tanto estando hoy en una mucho mejor situación, la acreditación se terminó", indicó a El Mercurio, refiriéndose a la perdida de la acreditación de la Universidad de Las Américas y a la rebaja en los años de acreditación de la Universidad Andrés Bello, los dos planteles con mayor matrícula en el país.

"Laureate llegó al país hace más de 12 años por la puerta ancha. Ha hecho seis contratos de inversión extranjera, de acuerdo al Decreto Ley 600, firmados con el Estado de Chile, el último de los cuales es de enero de este año", indicó, en referencia a la polémica que ronda al grupo, dando luces además de la estrategia de defensa que seguirá Laureate frente a eventuales acciones en la Justicia por el no pago de tributos. Se defenderán argumentando que todos los gobiernos sabían lo que ellos estaban haciendo en Chile.

Sobre el mismo punto, agregó: "Laureate tiene una sola política, colaborar y entregar toda la información, porque tenemos el convencimiento de que todo lo que se ha hecho en Chile está de acuerdo a la ley, y los impuestos no son una excepción. Cuando corresponde un ingreso que sea tributado en Chile, se tributa".

Ricardo Escobar está de viaje en una conferencia en Nueva Delhi, y recién volverá al país el 14 de julio, por lo que en el estudio Bofill-Escobar indicaron que no se encuentra disponible para dar su versión a El Mostrador respecto de estas materias. A su regreso a Chile, volverá al Congreso, donde nuevamente expondrá sus resquemores hacia la reforma tributaria, ya que la Comisión de Hacienda del Senado lo convocó para una segunda ocasión, por petición del senador de RN José García Ruminot.


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La Ley del Lobby y los Centros de Estudios: el agujero negro

La Ley del Lobby y los Centros de Estudios: el agujero negro

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Centro de Análisis e Investigación Política

Después de largos once años de debate legislativo, en marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficialel texto de la ley número 20.730, conocido como "Ley del Lobby". Este cuerpo legislativo es el producto de un proceso que involucró tres proyectos de ley que acumularon cientos de trámites y decenas horas de trabajo en comisiones. El marco general de esta normativa descansa en un paradigma basado en la regulación del sujeto pasivo de lobby, esto es, las autoridades públicas, quienes son las llamadas a registrar sus reuniones. Luego, cada institución pública construirá un registro global a partir de los registros particulares de cada funcionario. Es una ley de lobby a medias, pues no regula detalladamente a los sujetos activos, esto es, los lobbistas, pero es un avance significativo en la discusión sobre transparencia en Chile.

Un breve repaso a la ley permite entender sus bases. En lo relativo al Poder Ejecutivo, la norma del artículo tercero de la ley 20.730 involucra a subsecretarios, jefes de servicios, los directores regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores. En el Congreso se menciona a los diputados, los senadores, el Secretario General y el Prosecretario de la Cámara de Diputados, el Secretario General, el Prosecretario Tesorero del Senado, y los asesores legislativos. En el artículo cuarto también se menciona a los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales, los secretarios municipales, el Contralor General, el Subcontralor General, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros del Banco Central, los Comandantes en Jefe, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el General Director de Carabineros de Chile, el Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones. Esta amplia lista de autoridades sujetas a la ley de lobby constituye un enorme paso en pos de la transparencia y la probidad.

Más allá de los detalles de los casos en cuestión, salta a la vista una pregunta fundamental que viene siendo obviada en Chile durante décadas: ¿cuál es el estatuto del conocimiento en nuestro país? Es decir, debemos responder con qué criterios vamos a permitir que se construyan instituciones dedicadas a argumentar sobre las discusiones colectivas.

Por el otro lado, el artículo segundo de la ley 20.730 trata al sujeto activo, aquel que representa intereses ante la autoridad, que ha sido dividido en dos categorías globales: "Lobbistas" y "Gestores de intereses particulares". En términos simples, lobbista es aquel que recibe remuneración y gestor de intereses es aquel que no recibe remuneración por la representación de intereses. Dentro de la primera categoría se incluyen las oficinas de lobby, o empresas de comunicación estratégica, según la jerga nacional; en la segunda categoría, los gestores de intereses serían típicamente las organizaciones gremiales y similares.

Sin embargo, de acuerdo al numeral seis del artículo sexto de la ley 20.730, los centros de estudios, o think tanks, han sido excluidos de ambas categorías, es decir, no son ni lobbistas ni gestores de intereses. Esta es una cuestión interesante, pues lleva a pensar más detenidamente en el estatuto jurídico que rige a los centros de estudios en Chile. Incluso más, este asunto aflora como una arista central del debate público chileno, puesto que la cantidad de think tanks va en explosivo aumento desde hace al menos una década. Ya antes hemos publicado un mapa de los centros de estudios más relevantes, pero todos los meses tenemos la noticia de la creación de uno nuevo. Esta situación contrasta con la escasa regulación de este tipo de instituciones. Su proliferación responde también a una retórica, la creación de nuevas ideas, que mueve a pensar que el debate público del futuro estará marcado a fuego por la acción de los think tanks. Así las cosas, cabe preguntarse si acaso es posible avanzar en normativas que conviertan en obligación legal la existencia de información pública sobre el financiamiento y estructura de cada una de estas instituciones.

Durante este semestre, marcado por el intenso debate sobre el programa de gobierno, dos think tanks han llamado la atención desde diversos ángulos. Por un lado, recientemente Ciper Chile dio a conocer un reportaje de investigación en donde se deja constancia de los vínculos económicos existentes entre Libertad y Desarrollo y la British Tobacco. Esta investigación es la primera en entregar información sobre el financiamiento de Libertad y Desarrollo, una materia que se mantiene en secreto desde su fundación. Este secreto contrasta, sin embargo, con la influencia que ha tenido este centro de estudios en el debate público chileno. Para muestra, el artículo estima que Libertad y Desarrollo ha intervenido en más de 3.600 procesos legislativos desde el comienzo de la transición.

Incluso se puede ir más allá y recordar el libro El Pacto, publicado por Claudio Fuentes, investigador del ICSO de la UDP, del cual se desprende la tesis de que las reformas constitucionales de 2005 fueron un acuerdo entre el gobierno de Lagos y Libertad y Desarrollo. La influencia de este centro de estudios en dicho proceso es innegable y así consta en las numerosas actas citadas por Fuentes, donde se aprecia con nitidez la conducción de Libertad y Desarrollo sobre el debate. De este modo, es sintomático que una institución tan influyente tenga tan poca información de transparencia y financiamiento disponible para los ciudadanos interesados y la prensa.

El caso de Libertad y Desarrollo puede ser comparado con el de un think tank más joven, creado hace un par de años por profesionales jóvenes de la derecha. Bajo el nombre Horizontal se conoce al centro de estudios fundado por Hernán Larraín Matte y Juan Carlos Jobet en 2012. Al igual que Libertad y Desarrollo, Horizontal funciona con financiamiento secreto y no existe información alguna disponible sobre este tópico ni para los periodistas ni para los ciudadanos. La influencia de Horizontal en el debate público, empero, es cada vez mayor. Durante el primer semestre de 2014 su director, Hernán Larraín Matte, tuvo más de cincuenta apariciones entre prensa escrita, radios y televisión. En ninguna de estas instancias, sorprendentemente, fue cuestionado sobre el origen del dinero que sostiene a su institución. No deja de ser interesante que una institución vinculada a un ex ministro de Estado y a un ex asesor del segundo piso de La Moneda tenga financiamiento secreto.

Paralelamente, durante 2014, las oficinas de Horizontal han servido de punto de reunión para que siete centros de estudios de la derecha se reúnan a configurar y discutir su posición ante las reformas planteadas por el gobierno. Es decir, Horizontal y su director buscan una posición tácticamente similar a la que tuvo Libertad y Desarrollo el año 2005, negociando las reformas con el Ejecutivo. Su financiamiento, siguiendo con la comparación, continúa siendo una incógnita incluso para el mundo político que maneja más información que la ciudadanía en general. Una muestra de esto la dio el Senador Manuel José Ossandón, quien le preguntó al señor Larraín Matte por sus financistas, todo esto en un programa en vivo, refiriéndose a "uno, dos, tres mecenas", y el señor Larraín Matte le señaló que eso se trataba de "un problema personal". Esta constituye la única pregunta pública sobre el financiamiento de Horizontal, junto con la que hiciéramos recientementeen Radio Bío Bío.

Estos dos casos son patológicamente similares, pues permiten observar el grado de desregulación que pesa sobre los centros de estudios. Pueden constituirse como fundaciones, corporaciones, institutos o figuras legales afines, luego asisten a las comisiones de trabajo en el Congreso Nacional en calidad de expertos, pero nadie les pregunta nada sobre su estructura, sus intereses ni su financiamiento. ¿Es esto razonable? Pensamos que no lo es, pero es incluso peligroso, porque abre una puerta, un agujero negro a la ley de lobby. Dado que los centros de estudios son excluidos de la categoría de lobbista y de la categoría de gestor de intereses, se pueden prestar para un lobbyencubierto. Se podría estar generando una zona franca entre gestores de intereses y lobbistas, una sutileza para recibir donaciones, por un lado, y hacer papers, estudios y gestiones ante las autoridades, por otro.

Expliquemos el asunto mediante un caso. Una empresa X quiere contratar servicios de lobby para frenar la ley Y. Dada la ley 20.730, toda reunión que una oficina de lobby tenga a nombre de la empresa X quedará consignada en los registros públicos. Si la empresa X quisiera eludir este factor de publicidad, bien podría realizar una donación a un centro de estudios Z, el cual se ocupa de escribir papers y estudios en contra de la ley Y. Así, por un lado la empresa X entrega dineros al centro de estudios Z, y éste, a su vez, hace lobby a favor de la empresa X, pero lo hace de forma soterrada, presentando argumentos a su favor. Según el reportaje citado, esta es la situación que se dio en el caso de Libertad y Desarrollo y la British Tobacco. Curiosamente, la explicación de la empresa tabacalera fue que había "pagado servicios" al centro de estudios, dentro de los cuales se encontraba la compra de estudios sobre temas vinculados a la regulación del tabaco.

Más allá de los detalles de los casos en cuestión, salta a la vista una pregunta fundamental que viene siendo obviada en Chile durante décadas: ¿cuál es el estatuto del conocimiento en nuestro país? Es decir, debemos responder con qué criterios vamos a permitir que se construyan instituciones dedicadas a argumentar sobre las discusiones colectivas. Como Centro de Análisis e Investigación Política consideramos que la situación actual es crítica, dada la proliferación de centros de estudios, y es menester que las autoridades tomen nota del agujero negro que puede significar la suma de esta explosión de think tanks con la nueva ley de lobby que los deja indemnes de los registros públicos.

Pensamos que las organizaciones de la sociedad civil debemos avanzar hacia una norma de ética pública, basada en no trabajar, no organizar seminarios, no asociarse ni emparentarse con instituciones que se nieguen a revelar su financiamiento secreto. Del mismo modo, consideramos oportuno que se abra un debate nacional sobre los centros de estudios y el rol que les compete a estos en la discusión política que se observa en el país. Al menos tres medidas afloran como pasos prudentes para el futuro. Primero, considerar a los think tanks ya sea como lobbistas o como gestores de intereses. Segundo, establecer una acreditación mínima ante el Congreso a fin de exigir información sobre transparencia a todo centro de estudios que quiera exponer ante las comisiones. Y tercero, pero más relevante aún, evaluar la necesidad de crear un fondo nacional de políticas públicas, que permita entregar financiamiento estatal para instituciones que desarrollen trabajo intelectual vinculado a los temas de mayor gravitación para nuestra democracia.


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EL LOBBY ENCUBIERTO Y TRAFICO DE INFLUENCIAS QUE AFECTAN A NUEVOS FUNCIONARIOS DE BACHELET

El millonario negocio de las asesorías sindicales del que participan el subdirector del Trabajo y la ministra Villegas

  • PUBLICADO POR: 
  •  
  • •   1 DE JULIO DE 2014 A LAS 06:56 AM

La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, y su marido Carlos Cano, son dueños de CETRA uno de los mayores actores del jugoso negocio de las asesorías sindicales. Otra porción de la torta se la lleva la firma que creó la ex directora del Trabajo, Patricia Silva, junto a Rafael Pereira, actual subdirector de la DT, quien aun mantiene vínculo con la firma.

Manuel Sandoval, presidente del Sindicato Autónomo de Jumbo, era muy cercano a Carlos Cano. Juntos iniciaron en 2008 una dura lucha por organizar a los trabajadores del retail y dar la pelea en el Congreso para conseguir que ciertos feriados fueran irrenunciables para los trabajadores del comercio. Y como brazo derecho de Cano, Sandoval se convirtió pronto en presidente de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, instancia que hoy agrupa a buena parte de los agremiados del retail. Pero la 'buena onda' entre ambos se acabó en 2012, cuando el dirigente sindical decidió prescindir de los servicios de Cano. "Yo quería aprender y sentirme capaz de negociar solo. Pero Carlos se lo tomó muy mal y me dijo: 'Cómo se te ocurre que tú eres capaz de negociar, cómo te vas a comparar conmigo, que llevo 25 años asesorando sindicatos… ¡¿Cómo se te ocurre?!". Dice que entonces Cano inició una soterrada guerrilla de desprestigio que se extendió por varios meses y que desembocó finalmente en la salida de Sandoval de la confederación y su reemplazo por Manuel Díaz, del sindicato creado por Cano en Walmart.

En retrospectiva, sin embargo, Sandoval no se arrepiente y afirma que no hay nadie mejor que el sindicalista para defender los derechos de los trabajadores. "El trabajo de Cano lo conozco a la perfección. Lo que ellos crean es una dependencia de los dirigentes hacia las asesorías. Manejan todas las cláusulas y mientras menos participación y menos información sobre la negociación tenga el dirigente, mejor para ellos, porque así siguen dependiendo de los asesores. Ellos crean el proyecto de contrato, lo defienden y lo cierran", dice.

Cuando habla de ellos, Sandoval se refiere a la empresa de asesorías sindicales "Centro de Estudios del Trabajo", más conocida como CETRA, perteneciente desde 2006 a Carlos Cano Barriga y a su mujer, la actual ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas Acevedo. Ellos poseen el 98% de la propiedad (49% cada uno), y son apuntados como uno de los principales instauradores del floreciente mercado de las empresas de asesorías sindicales, un negocio al alza que es mirado con distancia por buena parte de los trabajadores y dirigentes que critican que se lucre con la lucha sindical. Y cuestionan también la forma despiadada con que operan.

Un dirigente de la CUT,  que prefiere mantener el anonimato, afirma que estas asesorías buscan el bono de término de conflicto, porque se cobra de inmediato. Y por ello no trepidan en empujar la huelga para que la contraparte empresarial ponga la plata que a ellos les asegure los recursos. En esa lógica, atomizar los sindicatos es la forma que tienen para que éstos dependan de la asesoría.

El cambio en la estructura de las asesorías que se entregan a los sindicatos es un proceso que no lleva más de 10 o 15 años, dice la misma fuente de la  CUT,  y culpa de ello a una ley demasiado reglamentada y tecnificada que oculta vericuetos imposibles de descubrir para algunos dirigentes, sobre todo si son primerizos. Y en ese desierto han florecido las empresas de asesorías que han venido a reemplazar al abogado con el que el sindicato tenía una relación permanente y que solo se contrataba para hacer frente a la negociación colectiva. Ahora lo que se lleva es la asesoría integral y el contrato dura el lapso que va de una negociación a otra. Y por ellas los dirigentes pagan altas sumas de dinero, sobre todo en los sindicatos más grandes.

Y si bien Cano es la mano fuerte de CETRA, su mujer siempre ha ayudado en el negocio. "La señora Fernanda Villegas nos asesoró en varias ocasiones. Ella era parte de las planificaciones estratégicas, en la asesoría directa, y estuvo en la empresa hasta antes de entrar al Gobierno. Es una señora bastante amable… Era la encargada de hacer la planificación, organización por organización, en cómo se iban a tirar las líneas para organizar un bloque. También era parte de las capacitaciones para la negociación colectiva y también de las movilizaciones que realizábamos", dice el secretario de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, Sergio Cisternas.

 

De rearticulador de la CUT a paradigma del lucro

El Centro de Estudios del Trabajo es una institución de larga historia. Fundada por sacerdotes salesianos a fines de los setenta, el entonces centro de estudios sociológicos pasó a ser liderado en los ochenta por el cura francés Michel Bourguignant, quien junto a un grupo de profesionales convirtió al CETRA-CEAL en el brazo de apoyo de los grupos de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), asociación al alero de la Vicaría de Patoral Obrera que reactivó el sindicalismo en Chile y se convirtió en el articulador de la nueva CUT.

El objetivo inicial de CETRA entonces era promover y apoyar a las organizaciones sindicales en el contexto del "Plan Laboral", puesto en marcha por el ministro del Trabajo de la época, José Piñera. Entre las características que se recuerdan del centro de estudios estaba su pluralidad, ya que participaban personas de diversos credos y vinculaciones políticas a quienes los unía la lucha por la recuperación de la democracia.

En esa época se allegó Carlos Cano a CETRA y -según cuentan- fueron los propios salesianos quienes enviaron al joven historiador de la Izquierda Cristiana a estudiar a Francia, al Instituto de Altos Estudios de América Latina. A su regreso participó en la integración de la IC al Partido Socialista e intentó paralelamente algunos negocios con compañeros que volvían del exilio, como Camilo Escalona y María Emilia Tijoux, sin mayores resultados. De hecho, Cano asegura a sus cercanos que el concepto "Nueva Izquierda" -con que se conoce a la facción liderada por Escalona- es de su autoría.

/ Agencia Uno

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Cano aprovechó sus nexos políticos y sindicales para prontamente obtener una parte de CETRA. En julio de 1996, la sociedad aumenta el capital de $240 mil a $3 millones e ingresa María Fernanda Villegas con el 49% de la sociedad, mientras que Michel Bourguignat se queda con el 51% restante. Diez años después, se retira finalmente el salesiano francés a ingresa Cano a la sociedad, con el 49% de la propiedad, pasando la empresa a denominarse "Villegas y Compañía Limitada", con los nombres de fantasía CETRA o Centro de Estudios del Trabajo.

El cambio también fue de orientación. En un principio CETRA buscaba la capacitación profesional y técnica acogiéndose a beneficios SENCE, trabajando en áreas económicas como la minería, forestal, industrial, metalúrgica, agrícola, informática, comunicaciones, pesquera, textil, bancaria, etc. Pero a partir de 2006, Cano se larga a crear sindicatos, sobre todo en comunicaciones y en el retail.

"Antes existían sindicatos diversos, pero sobre todo colocados por la empresa, distantes unos de otros, y así las negociaciones colectivas eran un verdaderto chiste", dice Manuel Díaz, actual presidente de la coordinadora de sindicatos del retail. "Entonces nos encontramos con CETRA en 2008 e iniciamos una estrategia que consistía en organizar varios sindicatos nuevos y conseguir en el tiempo una fuerza tal que la empresa no quisiera pelear contigo", agrega.

La estrategia consiste en crear pequeños sindicatos por local, lo que permite que cada uno tenga una directiva propia -con fuero- que se ligue con la federación nacional en una alianza de iguales para crear instancias de negociación. "Cuando haces una negociación colectiva debes fijarte que los asesores sirvan para sacarle a la empresa el dinero que pagas en la asesoría. Si tienes una buena negociación colectiva, donde en realidad puedes amenazar con un derecho a huelga real, sin reemplazos, y donde puedas ocasionar un gran daño a la empresa y así evitar que esta te desafíe a la huelga, obviamente que puedes sacar la plata para pagar la asesoría y obtener otros beneficios", plantea Díaz.

Sergio Cisternas, de Ripley, explica que la atomización de los sindicatos surge a raíz del Multirut y que lo que ellos buscan son mecanismos para equiparar la relación con la empresa. "Lo fundamental es como se mira la negociación colectiva, porque hay un montón de trabas, de plazo, de quienes pueden negociar… Lo primero es negociar de manera reglada, es decir con derecho a huelga, con los plazos legales conferidos. Porque si negocias colectivamente de manera no reglada, esa capacidad de sobrellevar la negociación con alguna clase de contrapeso es nula", puntualiza.

De hecho, una de las imposiciones de CETRA al asesorar sindicatos es hacer una negociación reglada, con derecho a huelga, y la firma te prepara no solo jurídicamente sino que sicologicamente para ello. "Tienes que saber que cuando vas a una negociación vas a todo, con fuerza, brutalmente incluso, pero con inteligencia. Hay que tirar toda la carne a la parrilla, para que sientan que vamos en serio, porque sino la empresa te aguanta la huelga, que es lo que ha ocurrido tradicionalmente en el retail", dice Cisternas.

Esas presiones van desde múltiples acusaciones a la empresa ante la Dirección del Trabajo y consideran estruendosas protestas frente a los locales más importantes de la empresa. "Tienes que interrumpir la paz que existe y eso implica meterte de inmediato a los malls donde va el público que ellos no quieren que molestes, también exponer cosas comerciales que la empresa  no quiere que sean públicas. Porque hoy las empresas viven de la imagen… O sea, sea que algo efectivo y que a ellos les signifique algo negativo de inmediato".

Hoy la federación ideada y movilizada por Cano la constituyen más de 60 sindicatos -Walmart, Falabella, Paris, Monserrat, Ripley, Sodimac, Alvarez (reponedores externos), Cooperativa de Carabineros, entre otros- y tiene como asociados a más de 17 mil 500 trabajadores, solo en el retail. Y eso que cobra caro en relación al mercado: no menos de $25 mil por socio parcial y $35 mil por socio full. Si consideramos solo la negociación colectiva, sin asesoría permanente, la federación del retail le reporta a Cano y Villegas no menos de $500 millones de pesos.

Cano contra la vieja escuela

Consultados para este reportaje, algunos recuerdan dos frases muy sui generis de Cano en sus presentaciones ante sindicatos. La primera, cuando intentó asesorar a los trabajadores de la Cámara de Diputados. "Llegó vanagloriándose de ser 'un monstruo' de la negociación. Era muy verborreico…", recuerda un funcionario de la corporación. Otros recuerda claramente haberle escuchado decir que era "un mercenario" de los sindicatos. Otra cosa que recalca Cano es que él no se ofrece, sino que lo van a buscar, porque es el mejor asesor del retail en Chile (Ver videos).

Cano se ha convertido en un polémico actor que provoca escozor en el sindicalismo de la "vieja escuela". El dirigente de la CUT califica de "descarada" la conducta de CETRA. Añade que a Carlos Cano no le interesa el diálogo social, sino el lucro. "Todos los sindicatos están bajo la lógica del maltrato, y ahí él se erige como solucionador. Se transforma en el presidente, secretario y tesorero de las organizaciones sindicales y de las federaciones, pone y saca dirigentes… Ninguno de sus sindicatos tiene una buena relación con la empresa. Dice que pone sicologos y un conjunto de profesionales, y yo la verdad es que no se si me sirven a mí como trabajador", dice.

Sandoval agrega que "si los sindicatos que tiene Cano llevan 14 o 15 años con él, no es su culpa, ya que hace bien su pega, y son lo dirigentes los que pecan de omisión, que se quedan en los laureles y no les interesa aprender y ahorrarse las lucas que le pagan a estas empresas. El dirigente no tiene por qué ser experto en economía o como funciona el mercado, ni tiene porque entender las leyes laborales. Pero yo no estoy de acuerdo con las asesorías invasivas, que toman las decisiones por tí".

A Cano también se le acusa de intervenir las asambleas, menoscabando de tal manera al dirigente sindical que este se vea en la necesidad de llevarlo hasta las reuniones, donde toma el liderazgo. "Los dirigentes más allá de ver en él una habilidad técnica, crean lazos de confianza y dependencia. El se apropia de las asambleas justificando a muchos dirigentes y pidiendo disculpas", añade.

"Cano confunde los roles", dice otro dirigente del comercio que no comulga con el estilo del esposo de Villegas. "Su personalidad es fuerte e influyente, porque adquiere una posición casi patronal, y los dirigentes que son tímidos se dejan llevar… En definitiva las asesorías no solo de Cano sino que de todos los asesores no son a prueba de resultados, ya que aunque haya malos resultados, ellos igual cobran la plata convenida. O sea es un negocio que no tiene apuro".

Bárbara Figueroa: "Las asesorías se han transformado en un nicho atractivo de negocios"

Consultada Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, sobre la aparición de estas empresas de asesorías y sobre la atomización sindical, señala:  "El primer déficit está en lo engorroso del proceso de negociación colectiva, en su carácter burocrático -dice- porque en el fondo lo que determina una negociación colectiva no es la fuerza de la contraparte sino los trámites administrativos, cumplir los plazos, que todo esté en regla… Es decir, obliga al sindicato a tener que acudir a asesores externos, lo que ha tendido a transformar estos procesos en procesos de especialistas, quitándole todo el valor a la fuerza sindical como un punto fundamental para entenderse con la contraparte".

Agrega que ese primer escollo de la legislación laboral los ha llevado a poner el énfasis en que el debate de reformas laborales en sus puntos iniciales tiene que ser de fortaleciemiento sindical y de fortalecimiento de la negociación colectiva. "Los movimientos sindicales se fortalecen en la medida en que son autónomos y se pueden empoderar de sus procesos de negociación. Y hay que fortalecer a los dirigentes, capacitarlos, ayudarlos en ese proceso, más que en tener que depender de estas asesorías externas que se han transformado en un nicho atractivo de negocios. Y eso evidentemente es un tema que uno tiene que atacar con fuerza. Que los procesos de negociación colectiva se transformen para algunos estudios o holding en una forma de atraer recursos con las demandas legítimas de los trabajadores, no nos gusta, pero distingo que no es la mayoría ni la tónica que predomina", agrega.

Finaliza señalando que "se ha abierto este nicho y la atomización sindical es un tremendo subterfugio para hacerlo más atractivo, porque en la medida que hay más sindicatos más posibilidades hay de que haya un demandante de estos servicios. Eso nos parece que no permite avanzar. También muchas veces los procesos de asesorías terminan  transformando a estos equipos asesores en 'semidioses' que terminan decidiendo lo que hace el sindicato. Nosotros creemos que la organización sindical se debe bastar por si misma".

En una línea similar se pronuncia la Fundación Sol, quienes también asesora sindicatos. El experto laboral Gonzalo Durán dice que la negociación históricamente se ha concentrado en pequeños estudios de abogados y que la aparición de estas empresas asesoras "está muy vinculado con el asistencialismo, en el cual se da esta relación casi clientelar, donde los dirigentes del sindicato en el fondo delegan lo que son las competencias que ellos debieran tener para el proceso mismo de la negociación colectiva. Y muchos asesores, aprovechándose de la situación, utilizan estos sectores de manera recurrente al encontrar un nicho", afirma.

Agrega que las asesorías deben ser algo puntual, y que "cuando el dirigente aprende las competencias ya no debiera necesitarlo. A su vez, el empujar la huelga, señala, tiene mucho que ver con el estilo de los asesores. "Eso es bastante nítido en el caso de quienes toman un liderazgo en las audiencias y se transforman casi en dirigentes sindicales que dirigen el proceso, toman las decisiones, influencian en la gente, les hablan. Y eso nos parece negativo porque hay que respetar la autonomía de los sindicatos con sus bases", argumenta.

La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, contestó a las preguntas de El Dínamo por medio de un cuestionario vía email.

Usted posee el 49% de la propiedad en la empresa Centro de Estudios del Trabajo (CETRA) ¿Tiene participación activa hoy en la gestión de la empresa?

Tal como se señala en la declaración de intereses y patrimonio actualmente no se tiene participación en la gestión de la empresa. En realidad, no tengo participación en la gestión desde el año 2006 como lo consigna la Modificación de Sociedad de fecha 20 de abril de 2006 en la Notaría Ñuñoa.

 Como propietaria de Cetra, ¿cuál es el tipo de asesoría que presta hoy su firma a los sindicatos? ¿Hay un cobro estandarizado?

Cetra asesora a organizaciones sindicales de los sectores públicos y privados. Este servicio incluye apoyo técnico en negociaciones y formación sindical y asesoría estratégica. Respecto de la contraprestación por los servicios prestados estos se fijan en razón a la duración y tipo de asesoría requerida.

 ¿Se ha inhabilitado en decisiones que dicen relación con su cargo a raíz de esta participación en la empresa?

Durante el desempeño del cargo no se ha configurado causal legal alguna que amerite la inhabilidad a raíz de la participación en la propiedad de la empresa referida.

¿No cree incompatible su situación como dueña de dicha empresa en condiciones en que CETRA asesora a sindicatos que a su vez negocian con el Estado, como Aneiich y Fenpruss?

Considerando las facultades del Ministerio y obligaciones del cargo no se considera incompatible su ejercicio con la propiedad en la empresa referida.

¿Cuáles son las utilidades de la empresa en el último año?

Entiendo que Cetra Ltda. no tuvo utilidades operacionales en la Operación Renta 2014. Esto no constituye un antecedente sorpresivo considerando que las cancelaciones de los honorarios de asesorías a sindicatos del sector privado se prolongan a veces de un año calendario a otro.

La plana mayor de la Dirección del Trabajo entra al negocio

El 5 de abril de 2010 -a menos de un mes de arribar a La Moneda el Presidente Sebastián Piñera-, cuatro connotados funcionarios bacheletistas emigrados de la Dirección del Trabajo inscribían su propia empresa de asesorías sindicales bajo el interminable nombre de "Servicios de Asesoría Jurídica-Laboral Integral Profesionales Asociados Limitada". Casi un año después, instalados en su oficina de calle Phillips, le agregaban el nombre de fantasía con que comúnmente se les conoce: "Desarrollo y Trabajo Consultores".

Según consta en documentos públicos, integraban la sociedad en partes iguales (25% cada uno) la ex directora del Trabajo -hoy subsecretaria general de la Presidencia-, la socialista Patricia Silva Meléndez, el ex jefe de gabinete de Silva e hijo de la ministra de Vivienda, Paulina Saball, Felipe Ossandón Saball; el ex jefe de la División de Relaciones Laborales de la DT, Joaquín Cabrera Segura; y el ex jefe de la División Jurídica y hoy subdirector del Trabajo, Rafael Pereira Lagos.

Y no les ha ido mal. Solo en el portal de la empresa aparecen 38 clientes, algunos de los cuáles son sindicatos apetecidos por su número de miembros y los montos que manejan. Entre estos la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo-ENAP, el sindicato N°1 de Minera Escondida, el Sindicato Interempresa de Trabajadores de las Empresas Lider, el Sindicato Nacional de Entel PCS y sindicatos de trabajadores del Poder Judicial, del ministerio del Desarrollo Social y del Sernam.

También asesoran al Sindicato de Trabajadores de SUBUS, que cuenta con 180 trabajadores. Cuenta el presidente de ese sindicato, Alejandro Aedo, que ellos hicieron una negociación reglada a instancias de Desarrollo y Trabajo. "Nosotros acabamos de terminar nuestra negociación colectiva y dentro de ella creemos que se desenvolvieron muy bien, y llegamos a una huelga", dice. Agrega que el trato es por una  asesoría permanente de dos años, y que "hicimos el contrato porque los conocíamos de antes en sus funciones en la Dirección del Trabajo". La asesoría permanente consiste en diversas capacitaciones para los socios. Por ejemplo, derechos sindicales y fuero, métodos de denuncia laboral, término de relación laboral y finiquito, habilidades de gestión sindical, competencias de la Dirección del Trabajo, etc.

Camila Leiva, presidenta del sindicato de trabajadores de la Clínica Odontológica de la Universidad Diego Portales, también llegó a la empresa por los nombres involucrados. "Hablé con el presidente de otro sindicato de la Universidad y este me recomendó la empresa porque estaba incluida ahí la Patricia (Silva), que era la directora del Trabajo. Ella tenía una propuesta muy clara de lo que podíamos abordar en la propuesta y lo que no".

A diferencia de SUBUS, ellos realizaron un contrato solo por la negociación colectiva, en septiembre de 2013. "Cobran de 2 a 3 UTM por trabajador sindicalizado, pero como este caso éramos pocos trabajadores (30 personas), cobraron un mínimo de 2 millones de pesos por la negociación total. Y yo creo que los valió porque ellos tienen muy claro lo que están haciendo. Dicen que con el bono de término de conflicto su asesoría se paga sola", explica Leiva.

El 10 de marzo de 2014, un día antes de asumir Bachelet por un nuevo mandato, y en vista de que asumía funciones en la Secretaría General de Gobierno, Patricia Silva presentó en la notaría de Gonzalo de la Cuadra, ubicada en Bandera 84,  su salida de la sociedad, entregando su participación al resto de los involucrados. Días más tarde, ratificó aquello  en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, pese a que en su declaración de intereses nada dice de la empresa a la que perteneció hasta un día antes de asumir su nuevo cargo.

El abogado Rafael Pereira, por su parte, fue nombrado subdirector del Trabajo el 27 de marzo pasado, y un día antes presentó en la misma notaria su renuncia a la sociedad. Sin embargo, en los 60 días posteriores que le otorga la ley nunca ratificó aquello ante el Conservador, el organismo donde debe oficializar su salida de la sociedad. Eso implica que legalmente sigue siendo socio de Desarrollo y Trabajo. El asunto es más grave porque su cargo posee "función crítica", vale decir, le pagan por no tener otras fuentes de ingreso y las características de su cargo se cruzan expresamente con la labor de su empresa.

El Dínamo contactó a Pereira para que explicara el punto y se pronunciara sobre los conflictos de interés que se producen entre su cargo de subdirector de la DT y su empresa asesora pues muchos de los sindicatos que asesora llegan a la Dirección del Trabajo con sus demandas. Esto respondió.

-¿Cuál era la labor que realizaba en Desarrollo y Trabajo?

El trabajo era de asesoría. Nuestro nicho era las organizaciones sindicales y de trabajadores. Y era básicamente en dos ámbitos. Representación en juicios y asesorías a la organización sindical ya sea en su funcionamiento interno como en sus negociaciones colectivas.Como éramos 4 no más, hacíamos prácticamente de todo. Algunos nos dedicábamos más a temas judiciales y otros colegas más al tema de la negociación colectiva.

-¿A qué sindicatos asesoró durante ese período?

Es una larga lista, pero estaban los sindicatos de ENAP, de Subus, el SIL de Walmart, el del Hogar de Cristo, de la tienda de Falabella Plaza Vespucio, el de Entel. Yo mandé un memorándum en mayo pasado al director del Trabajo donde señalo que debo inhabilitarme en todos aquellos casos donde actué judicialmente o presté asesoría, y le informo que ante cualquier presentación de esa organización o de la empresa a la cual se vincula esa organización, yo debo abstenerme de cualquier intervención, pronunciamiento, resolución u opinión. Eso lo mandé también a Contraloría interna para el debido control.

-¿Se ha inhabilitado alguna vez en su cargo como subdirector del Trabajo?

-Sí. En el tema de la empresa Subus, también en una consulta del sindicato de Walmart. No recuerdo en este momento otro caso.

-¿Por qué si se desvincula de la sociedad en una notaría, luego no hace la ratificación ante el Registro de Comercio?

-Efectivamente está pendiente ese trámite. Yo confié en que una persona que lo iba a hacer y no ocurrió así. Pero esa escritura es un contrato y lo que hay que hacer ahora es simplemente hacer la corrección de la omisión.

-O sea que para usted no hay un conflicto de interés.

-No, porque yo me retiré de la sociedad y hay una escritura pública.

-Pero eso no tiene validez mientras no esté en el Registro de Comercio.

-Está bien, es un trámite que hay que regularizar y vencido el plazo hay que hacer la corrección, pero la escritura suscrita ante notario no pierde valor, y en consecuencia desde esa fecha no pertenezco ni tengo beneficios en la sociedad.

-Pero hasta el pasado jueves su nombre y el de Patricia Silva aparecían en la página web de la empresa como socios.

-¿Hasta el jueves? No, desde que yo me retiré y asumí en la dirección del Trabajo dejé de aparecer en la página web. Esa fue una preocupación expresa de que eso fuera así. De separar aguas inmediatamente. Resulta improcedente mantener una participación en la sociedad. Me sorprende lo que me dices.

-¿Cuánto facturó su empresa el año pasado?

-No, no recuerdo ese dato. Si quieres se lo preguntas al gerente de la empresa porque yo no me acuerdo del monto. Pero no eran grandes facturaciones tampoco.

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 REGISTRO DE COMERCIO CERTIFICA QUE RAFAEL PEREIRA, NO HA PUESTO TÉRMINO A SU VÍNCULO CON "SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL INTEGRAL PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA".



Fuente: El Dínamo http://www.eldinamo.cl/2014/07/01/el-millonario-negocio-de-las-asesorias-sindicales-del-que-participan-el-subdirector-del-trabajo-y-la-ministra-villegas/ 


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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