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lunes, julio 11, 2011

MINERIA CHILE Golborne califica como "ilegal" paro de trabajadores de Codelco

Golborne califica como "ilegal" paro de trabajadores de Codelco

El biministro de Minería y Energía confirmó que la paralización de la estatal era efectiva y que se mantienen turnos de emergencia para resguardar las plantas claves de las diferentes faena e insistió en que no hay intención de privtizar la compañía.

por La Tercera - 11/07/2011 - 09:01
Laurence Golborne, biministrio de Minería y Energía.

"Aquí no estamos hablando de una movilizacion, no estamos hablando de gente que protesta y dice 'a mí no me parece esto y queremos que nos escuchen', aquí estamos diciendo 'paro, no produzco', en un paro ilegal que perjudica al país", dijo esta mañana el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, en entrevista con Radio ADN.

A las 4:00 horas comenzó el paro de trabajadores de Codelco en todas las divisiones de la estatal.

El biministro reiteró que "no hay ninguna intención de privatizar Codelco", y precisó que "al contrario, lo que se ha hecho, por primera vez es un apoyo decidido al programa de inversiones de Codelco, a la inversión del Estado en Codelco a través de una capitalización histórica importante, porque a pesar de lo que diga mucha gente es la capitalización más alta que ha habido en 20 años de Codelco, salvo la capitalización extraordinaria que se hizo por la creación del gobierno corporativo".

Además, recordó que se ha establecido un programa de capitalización "donde se va a mantener este criterio para apoyar el plan de inversiones, por lo tanto, este tema de la privatización no existe".

Con respecto al paro, el biministro señaló a la emisora que espera que éste se prolongue sólo por hoy y que se afronte "de la manera más adecuada".

Asimismo, precisó que la paralización es efectiva, pero que se están manteniendo guardias de seguridad y de emergencia, para así "garantizar la continuidad de operaciones a partir de mañana"


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Rodrigo González Fernández
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MINERIACHILE A 40 años de la Nacionalización del COBRE. HOY EN PARO INJUSTIFICADO

PROCESO HISTÓRICO
A 40 años de la Nacionalización del Cobre
En 1971 en forma unánime el Congreso aprobó en forma unánime la nacionalización del recurso. Pero para llegar a esta etapa sucedieron varios hechos en las décadas previas.
Por María Celia Baros, licenciada en Historia

Entre las décadas de 1910 y 1920 la instalación de varias compañías estadounidenses en Chile, que se interesaron por explotar antiguas minas de cobre –como El Teniente, Chuquicamata y Potrerillos– fue el punto de partida de nuestra minería industrial a gran escala del siglo XX.

Desde entonces dichas empresas foráneas llevaron a cabo sus actividades en el marco de la escasa legislación imperante, como los antiguos Códigos de Minería de 1888 y 1930, el pago de uno que otro impuesto, y de meros derechos aduaneros por la internación de maquinarias traídas desde el exterior. En la práctica durante esos años el Estado chileno careció de injerencia en la producción cuprífera, desconociendo el mercado, destinos y compradores del producto, cuyo manejo quedaba a criterio y voluntad de cada compañía propietaria.

Pero entre la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial este escenario empezó a variar, cuando la historia del metal rojo fue vinculándose con nuestra historia económica y política, dando lugar a un largo proceso que se desenvolvería principalmente durante la segunda mitad de ese siglo. Como la producción de cobre se hizo indispensable para fines bélicos, Chile dio importancia a su principal riqueza abriendo una creciente tributación con la dictación de leyes e impuestos, y la búsqueda de acuerdos con las empresas estadounidenses del cobre. Aun así, varias de esas medidas –bajo la forma de franquicias y regulaciones– eran a veces contradictorias por la falta de experiencia en la materia. Tales fueron ciertos casos de imposiciones extraordinarias a las utilidades; garantías a préstamos, inversiones y a la comercialización; así como la "Ley del Nuevo Trato". Esta última revistió especial significado porque dio origen a los términos de Gran Minería, el Departamento del Cobre, los Convenios del Cobre y el Estatuto del Trabajador del Cobre.

Hay que recordar que la idea de proteger y recuperar este recurso natural fue parte de una tendencia general en algunos países de América, que buscaba socializar los medios de producción para superar su subdesarrollo y poner fin a la dependencia de potencias como Estados Unidos. Así aconteció con la nacionalización del petróleo en Venezuela y la nacionalización del estaño en Bolivia, entre otros casos.

Con todo, desde entonces Chile emprendió una mayor participación y férrea defensa del cobre a través de acciones administrativas más decididas para elevar cada tributo, exigir obligaciones y vigilar mejor el funcionamiento de las empresas cupríferas, con la consiguiente reacción de ellas.

Chilenización y Nacionalización

El tema fue considerado punto importante por las campañas de los candidatos Eduardo Frei y Salvador Allende, quienes se presentaron a las elecciones presidenciales de 1964, sumándose Radomiro Tomic, más tarde. Desde ese momento, el objetivo de la recaudación económica fue cambiado por una activa política, pasando por las respectivas negociaciones, ya que el triunfo sucesivo de los dos primeros dio lugar a la promulgación de la "Chilenización" (1967) y luego a la "Nacionalización" (1971) del cobre, por ley.

Una vez que Frei ganó, puso en marcha lo prometido en su programa tramitándose la Ley de Chilenización mediante la cual el Estado duplicaría la producción del metal, adquiría el 51% de las acciones de los yacimientos en explotación en poder de las compañías estadounidenses, constituyendo sociedades mineras mixtas con las mismas, y estableció la primera Corporación del Cobre como continuadora legal del Departamento del Cobre y contralora de las antiguas propietarias del cobre. De esa manera, Chile pudo tener representantes en sus Directorios.

Pero entre Chilenización y Nacionalización, hubo situaciones que se dilataron, como por ejemplo, complicaciones en expansiones productivas y en la edificación de grandes obras civiles planificadas con anterioridad. También afectó la inauguración del proyecto Río Blanco, que tras sucesivos aportes de capital, se realizó en julio de 1970, con un acto encabezado por el Presidente Frei y autoridades de la época.

En poco tiempo, el debate por la riqueza cuprífera se ideologizó dando lugar a distintas posturas sobre la eficacia real de esta conquista, ya que el socio extranjero mantenía el control de las ventas y de las exportaciones. Además, el metal rojo experimentó buenos precios en el mercado internacional debido a la Guerra de Vietnam.

Otro punto que suscitó polémica fueron los denominados "resquicios legales", que implicó poner en práctica viejas leyes válidas y vigentes dentro del orden jurídico e institucionalidad chilena, pero poco conocidas. Éstas fueron usadas por el Gobierno de Allende para introducir los cambios económicos propuestos en su campaña presidencial, cuando no tuviera apoyo en el Congreso y ante la oposición de otros partidos políticos.

La campaña de Allende promovió un proceso de nacionalización inmediata y definitiva del cobre, al comprar el 49% de las acciones restantes de los yacimientos y enviar una reforma del Artículo 10 de la Constitución Política para modificar la propiedad sobre las riquezas básicas del Estado por necesidad pública. Tras la correspondiente discusión, el 11 de julio de 1971 el Congreso aprobó por unanimidad la Nacionalización del Cobre, convirtiendo a Chile en dueño de absoluto, exclusivo e inalienable de sus recursos mineros. Ese día fue declarado de la "Dignidad Nacional" para el "cobre chileno", concepto acuñado por Radomiro Tomic.

En adelante la Gran Minería quedó conformada por los yacimientos de Chuquicamata, El Teniente, El Salvador y La Exótica. En cambio, la Mediana Minería era integrada por Compañía Minera Disputada Las Condes, Empresa Minera Mantos Blancos, Compañía Minera y Comercial Sali Hochschild, Compañía Minera Pudahuel Limitada y Compañía Minera de Tocopilla, tomando en cuenta su capacidad instalada y volumen de producción. Caso excepcional fue la Compañía Minera Andina, que se transformó en sociedad colectiva siendo administrada por la primera Corporación del Cobre y Enami dentro de la Gran Minería, aunque su producción anual de 65.000 toneladas la proyectaba como Mediana Minería.

Como contrapartida, las nuevas sociedades mixtas crearon Consejos de Administración con la intención de descentralizar la toma de decisiones y poner énfasis en las relaciones laborales. Al mismo tiempo, hubo éxodo de ingenieros extranjeros, llevándose valiosa información consigo, siendo reemplazados en sus cargos por profesionales chilenos que asumieron la responsabilidad de continuar las operaciones, con la ayuda de técnicos y trabajadores. Si bien malos augurios difundieron por todo el mundo, que Chile no podría sostener solo esta industria, en definitiva Anaconda Company emprendió demandas para embargar partidas de cobre llegadas a puertos extranjeros, terminando por quebrar en Estados Unidos.

Pero 1973 alteró el curso de los acontecimientos, al cabo de la huelga de los mineros de El Teniente en mayo y el golpe de Estado de septiembre. Desde el primer instante, las autoridades militares tomaron el control de las empresas, siendo detenidos los gerentes generales de Chuquicamata –David Silberman, posteriormente secuestrado y desaparecido– y de Salvador –Ricardo García, fusilado en octubre–, dirigentes sindicales y algunos trabajadores.

Por su parte, los yacimientos enfrentaron bajas de producción y la necesidad de contratar personal con experiencia para superar la coyuntura y mejorar la gestión.

La Ley Reservada

Respecto de la Ley Reservada del Cobre, si bien dicha disposición autoriza la entrega de aportes al financiamiento de las Fuerzas Armadas, lo cierto es que su origen data de fines de la década de 1930 con la idea de destinar dinero fiscal para adquirir material de guerra y uso castrense, destinado a la defensa nacional.

Fue otro de los impuestos fijados a las utilidades de la producción cuprífera, cuando estaba en manos de la inversión extranjera. Con el tiempo, dichas disposiciones determinaron que el 10% del ingreso en moneda extranjera por venta de la producción de cobre y sus subproductos pertenecientes a Codelco, deberían ser depositados en el Banco Central de Chile "en moneda dólar de los Estados Unidos de América" con dichos fines.

Nacimiento de Codelco

En 1976 el Ministerio de Minería dictó dos decretos-leyes que dieron forma a Codelco y Cochilco. Con fecha 1 de abril, uno fue el que creó la Comisión Chilena del Cobre, y el otro era el decreto-ley 1.350 que dio vida a la Corporación Nacional del Cobre de Chile como una empresa del Estado que agrupaba las compañías existentes en una sola entidad minera, industrial y comercial de duración indefinida, con un Directorio, personalidad jurídica y patrimonio formado por la transferencia de los activos y pasivos de las ex sociedades colectivas y de la ex Corporación del Cobre.

Esta Corporación tenía la finalidad de operar a gran escala los yacimientos de la Gran Minería del cobre pero, también, ser un ente descentralizado del Estado que iba gestionar las empresas nacionalizadas con flexibilidad y autonomía, por lo que los antiguos yacimientos pasaron a manos de las Divisiones homónimas, siendo dirigidos con ventajas de coordinación y uso racional de los recursos. Sus trabajadores quedaron sometidos a disposiciones del Código del Trabajo y leyes complementarias, así como también a normas sobre organización sindical y negociación colectiva que regían para empresas del sector privado.

Este hito revistió singular importancia, porque un artículo de tal decreto-ley recién disolvía legalmente las antiguas empresas de la Gran Minería. Las mismas que vieron el proceso nacionalizador como un despojo y reclamaron sus derechos en tribunales internacionales exigiendo una indemnización establecida en disposiciones transitorias de la Constitución Política de Chile. El Contralor General de la República debió determinar las condiciones y monto de la reparación que el Estado chileno les pagaría de acuerdo con el valor libro al 31 de diciembre de 1970, con los descuentos reglamentarios. Sin embargo, un decreto del Presidente de la República ordenó a la Contraloría calcular tal suma deduciendo el dinero obtenido por la rentabilidad excesiva entre el 5 de mayo de 1955 y el 31 de diciembre de 1970, a las empresas de la Gran Minería afectadas por la Nacionalización.

Tras la respectiva revisión, el Contralor General de la República resolvió que el pago de indemnización no correspondía a las empresas administradoras de Chuquicamata, Salvador y El Teniente, salvo la Compañía Minera Andina, cuya situación era distinta ya que la mina apenas había comenzado su operación y la propietaria estadounidense casi no había obtenido producción. Por lo tanto, Compañía Minera Andina fue la única que recibió una indemnización de US$18 millones entre 1974 y 1976, ya que el yacimiento Río Blanco entró paulatinamente en régimen integrándose como División Andina a Codelco Chile. Aun así, las otras empresas mencionadas rechazaron la medida y apelaron sin resultado.

Además, Codelco fue institucionalizado en un solemne acto celebrado precisamente en el campamento Saladillo en 1976, dejando ese momento grabado en una placa que rezaba: "En este lugar de nuestra cordillera de los Andes por el bien de Chile se puso en marcha la nueva legislación del cobre, integrando los minerales Chuquicamata, Exótica, El Salvador, Andina y El Teniente".

En base a aquel marco legal y regulación creados en 1976, Codelco quedó facultado para participar en diferentes negocios, haciendo posible su rentabilidad y que pueda asumir emprendimientos con éxito, encabezando una industria cuprífera pujante.




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BIOCOMBUSTIBLES: Lufthansa lanza sus “vuelos verdes”

ENERGIAS RENOVABLES

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Estas pruebas tendrán un costo de 6.5 millones de euros.

Lufthansa lanza sus "vuelos verdes"

La aerolínea alemana realizará pruebas durante seis meses con biocombustibles en un avión Airbus A-321, para así estudiar su impacto en las aeronaves y analizar su rendimiento.

 
 

Lufthansa se une a las empresas que intentan mejorar la situación ambiental y encontrar una alternativa de combustible que tenga más rendimiento.

La aerolínea alemana comenzará a utilizar biocombustible en su a avión Airbus A-321 a partir de la semana entrante  y le dará un periodo de prueba de seis meses.  Esto lo convierte en la primer aerolínea en introducir este tipo de energéticos en el tráfico aéreo comercial en un periodo de prueba tan prolongado.

El próximo viernes el vuelo Lufthansa LH013 despegará del aeropuerto de Hamburgo rumbo a Fráncfort; uno de sus motores será alimentado por turbosina convencional, mientras el otro utilizará una mezcla de queroseno y biocarburante.

Estas pruebas tendrán un costo de 6.5 millones de euros, de los cuales, 2.5 mde serán donados por el gobierno alemán.

Este proyecto pretende analizar el impacto de este tipo de combustibles en el mantenimiento y vida útil de los motores de los aviones, aunque también se espera que las emisiones de CO2 se reduzcan en 1,500 toneladas.

El Airbus A-321 sólo puede recargar combustible en Hamburgo, pues sólo ahí se encuentra almacenado el carburante biológico de origen finlandés que utilizará.


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ENTREVISTA: XIAOPING JIAO Jefe del mercado chino de CO2

ENTREVISTA: XIAOPING JIAO Jefe del mercado chino de CO2

"China no se puede parar por las emisiones"

FERRAN BALSELLS - Barcelona - 11/07/2011

Xiaoping Jiao es una figura clave en la lucha contra el calentamiento global. Él dirige la agencia del Gobierno chino que regula el mercado de CO2. Recientemente visitó Barcelona.

Pregunta. La UE critica que China ha tardado demasiado en regular las emisiones de CO2.

Respuesta. La UE debe entender que China es una nación sumergida en grandes desafíos y en un desarrollo industrial complejo. Otras naciones contaminantes, como EE UU, no tienen un mercado de emisiones.

P. La ONU alerta de que el calentamiento puede ser de cuatro grados el próximo siglo.

R. El calentamiento se ha gestado décadas atrás por la industrialización de otros países. Europa y EE UU han culminado ese proceso y son una sociedad rica. Ellos deben liderar la lucha contra el calentamiento. China no, está en una fase de desarrollo muy temprana.

P. Pero es el mayor emisor.

R. Nuestro compromiso es incorporar tecnología no contaminante pero no frenaremos el desarrollo. Queremos que nuestra industria contamine menos, pero dependemos de la experiencia y la tecnología de Occidente.

P. ¿No es una excusa?

R. Somos el país que más emite, pero también el más grande y el más poblado. No contaminamos más que otros. Todos los países estamos emitiendo más CO2, todos. En China sabemos que es un fenómeno muy grave, pero no podemos parar el país para no contaminar, otros países no lo harán. Hay que repartir obligaciones entre los estados.

P. En la cumbre de Cancún de 2010 dio la impresión de que los negociadores de China frenaron acuerdos más ambiciosos.

R. Hubo otros países más industrializados que también se opusieron. No diré nombres.


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Gobierno reduce plazos de tramitación ambiental

 

Datos al primer semestre de 2011 lo avalan

Gobierno reduce plazos de tramitación ambiental y busca descomprimir Sistema de Evaluación

La meta es que ninguna iniciativa se evalúe fuera del plazo legal. Éste, en el caso de las declaraciones de impacto ambiental, alcanza los 90 días hábiles.

 

Por Silvia Véliz Poblete


Uno de los principales desafíos de la nueva institucionalidad ambiental, estaba relacionado con la agilización del proceso de tramitación de proyectos, cuestión que tenía a la antigua Conama prácticamente colapsada, lo que además perjudicaba el desarrollo de proyectos. La idea es evitar que los procesos de tramitación se extiendan en hasta tres tramos de observaciones por parte de los servicios, lo que lleva a que se superen los plazos legales.

Con la modificación a la ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y la entrada en vigencia de la ley 20.417, se dio origen al actual Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), el que desde octubre de 2010 comenzó a operar y a la fecha ya ha logrado avances en materia de agilización del proceso de tramitación.

Así, y de acuerdo a datos recogidos por la Oficina de Planificación, Programación y Control del Gestión del SEA, se ha logrado calificar el 23% de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) ingresadas en los primeros seis meses de 2011 dentro de los 60 días hábiles que contempla la ley, en circunstancias que en años anteriores, no se superaba el 10%. Durante 2008 sólo se había calificado el 9%; en 2009, el 5% y el 2010, un 7%. La ley permite que el plazo de 60 días sea ampliable a 90, período en el cual se han calificado cerca del 47% de los proyectos ingresados (ver tabla), por lo que cerca de un 70% se ha evaluado dentro del plazo legal, lo que implica mayor eficiencia en el entendido que el promedio de 2008 a 2010 era de apenas un 33%.

El director ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, señaló que "uno de los desafíos del Servicio es que éste funcione con estándar adecuado, independiente de quién esté en la gestión, para generar una estructura que funcione de manera adecuada y permanente".

Agrega que la idea es poder calificar los proyectos en etapas tempranas, teniendo como máximo dos Adendas (respuestas que entregan titulares de proyectos frente a consultas de servicios), lo que se logrará en la medida que se entreguen todos los antecedentes cuando se presentan los proyectos a evaluación.

De esta forma, según las aspiraciones del Servicio de Evaluación Ambiental, se debiese conseguir que el 80% de las DIA se califique sin ninguna ronda de consultas por parte de los servicios y las consiguientes respuestas y, en tal sentido, el desafío es "cómo generamos las exigencias de manera previa, de tal manera que las DIA entren con todos los antecedentes que tienen que ingresar", explicó Toro.

Dentro de plazos legales

La meta del Servicio es lograr que ninguna DIA ni ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sea calificado fuera del plazo legal, lo que actualmente, en el caso de las DIA, ocurre en un porcentaje cercano al 30%. Esto podría ser posible a mediados de 2012, una vez que entre en régimen el nuevo reglamento del SEA. Toro dijo que con el trabajo de largo plazo que se está realizando y una vez implementado el reglamento "uno debiera contar con un sistema que permita que el 90% de las DIA se evalúen dentro de los primeros 60 días hábiles".

Los datos arrojan que los plazos de los EIA no han mostrado grandes cambios, y que el promedio de 2008 fue de 184 días, en 2009 de 161 días, 175 en 2010 y 169 en 2011.


Fuente: DF

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Trabajadores de Codelco iniciaron el paro más importante de los últimos añosA las 5 horas de esta mañana comenzó la movilización. Tiene previsto extenderse por 24 horas. Trabajadores de Codelco confirman 100% de adhesión a paro nacional Minas de cobr

MINERIA: INJUSTIFICADA HUELGA DE LOS TRABAJADORES MEJOR REMUNERADO DEL PAIS

Trabajadores de Codelco iniciaron el paro más importante de los últimos años

  • A las 5 horas de esta mañana comenzó la movilización. Tiene previsto extenderse por 24 horas.

SANTIAGO.- Los cerca de 16 mil trabajadores de planta de Codelco y 30 mil subcontratados, iniciaron este lunes una histórica huelga de 24 horas en protesta contra una reestructuración de la firma estatal, según dijeron los líderes sindicales.

 

Los operarios de Chuquicamata llegaron hasta la puerta principal de acceso al yacimiento, ubicado en el norte del país, y se bajaron de los buses para participar del paro nacional que se inició a las 05.00 horas de esta mañana.

 
La movilización, según los líderes sindicales, responde a un descontento por los supuestos intentos de privatización y malestar en la forma de dirigir de la firma cuprífera.
 
Si bien el paro tiene previsto una duración de sólo 24 horas, algunos trabajadores amenazaron con extenderlo en caso de que la empresa impida la movilización e intenten mantener la producción.
 
"Si hay algunos de los dirigentes sindicales o trabajadores sufren represalias, el paro sería indefinido", afirmó ayer el vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Héctor Roco.
 

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