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miércoles, abril 18, 2012

El tabaquismo precursor que induce al consumo de drogas

El tabaquismo


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francisco-reyes

El fumar está comprobado que no produce ningún beneficio, por el contrario, es un precursor que induce al consumo de drogas como la marihuana, es también un estímulo al consumo de alcohol.

Juan Francisco Reyes López 
jfrlguate@yahoo.com

En recientes estudios hechos por la Universidad de Chile a través de su Facultad de Medicina; es decir, con áreas para fumadores y no fumadores, los residuos de nicotina y demás derivados tóxicos del tabaco son  3.24% más que en lugares donde no se permite fumar. Esta Universidad, en estudio de la Escuela de Salud Pública, realizado por la doctora Verónica Iglesias y colegas, han encontrado que el personal que trabaja en ambientes donde se permite fumar tienen en su organismo diez veces más presencia de compuestos derivados del humo del tabaco que aquellos que trabajan en lugares libres de este grave contaminante a la salud.

Los estudios de laboratorio realizados a estos seres humanos evidenciaron que la concentración de nicotina en orina era de 40 nanogramos por milímetro y en personas que laboraban en lugares mixtos era de 13.5 nanogramos por milímetro. Por el contrario, quienes laboraban en lugares donde no se permitía fumar, la concentración solo llegaba a cuatro nanogramos por milímetro. Es decir, inferior en todo sentido para quienes no eran fumadores o no laboraban en lugares contaminantes.

El tabaco, la nicotina es tan negativa que contiene cuatro mil productos tóxicos, diez de los cuales son cancerígenos de forma comprobada. Un lugar donde se ha fumado requiere 15 días para descontaminarse, es por ello que cuando se asiste a una reunión donde hay personas que fuman al retirarnos de la misma sentimos la impregnación de tabaco y nicotina en nuestra ropa, en la piel, en el cabello y aunque lleguemos a nuestro hogar y dejemos en un lugar donde se ventile la ropa, nos bañemos y lavemos el cabello, la contaminación a la que hemos estado expuestos persiste.

En países como Chile la ley que regula y controla el tabaco es mucho más estricta que la que rige en Guatemala y si bien por fin el Congreso de la República ha restituido parcialmente el Impuesto al Tabaco que durante meses estuvo sin aplicarse, esto no es suficiente. De qué nos sirve que los adictos a fumar paguen por poder hacerlo si ello implica que están envenenando a nuestros hijos y a los ciudadanos en general.

¿Acaso como ciudadanos responsables no deberíamos requerir que se prohibiera fumar en todo local cerrado y a cien metros de distancia de cualquier escuela o universidad? Eduquemos a nuestros hijos para que exijan sus derechos, para que señalen y denuncien a quienes no respetan su salud, impongamos multas e inclusive penas de servicio social o de detención a quienes llevados por el vicio, la adicción al tabaco y la nicotina ponen en riesgo la salud de todos los seres humanos.

De qué sirve que una persona se bañe, se acicale, se engalane en el vestir, se maquille y perfume si al fumar neutraliza todo ello y tristemente apesta, además de ser una persona más propicia a consumir alcohol y drogas. Suficientes contaminantes tenemos con la quema y uso de derivados de petróleo, la quema de productos vegetales y también de minerales fósiles. 

Los  medios de comunicación social, las universidades, las facultades de Medicina, la sociedad civil deberían realizar una campaña, una serie de investigaciones que evidencien el grave daño que el tabaco y las industrias que se dedican a esa producción han realizado en el mundo y pretenden continuar realizando.

La nueva legislatura, las comisiones de Salud y Medio Ambiente deben urgentemente legislar contra el tabaco. "Quienes no fuman, sus familias y todos tenemos derecho a respirar aire puro" en todo lugar.

Saludos
Rodrigo González Fernández
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Decisiones públicas y escrutinio ciudadano

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Editorial El Mercurio: Decisiones públicas y escrutinio ciudadano

La oposición del ministro Larroulet a la solicitud de un particular de revelar sus correos electrónicos enviados entre ciertas fechas, respecto de lo cual el Consejo para la Transparencia, requerido para dilucidar el punto, dictaminó que debía hacerlo, ha llevado el tema a los tribunales y planteado un importante punto de discusión: cuál es el espacio de privilegio deliberativo, si lo hay, que se debe respetar a las autoridades, de modo que éstas construyan sus convicciones y definan la trayectoria de sus reuniones y conversaciones, para posteriormente tomar sobre esa base las decisiones que procedan en materias de interés público propias de su cargo.

Pese a que la decisión del Consejo para la Transparencia -en votación dividida- fue que en este caso el ministro debía entregar sus correos, su presidente, Alejandro Ferreiro -que apoya dicho dictamen-, ha expresado públicamente que, a su juicio, corresponde dejar un espacio de privilegio deliberativo a las autoridades. Asimismo, manifestó que si bien muchas veces los correos electrónicos que ellas intercambien caen en esa categoría, eso no ocurre siempre, por lo que sería labor del Consejo establecer esa línea divisoria en cada oportunidad, y tal deliberación determinaría si finalmente se debe o no entregar esos correos a los particulares que los soliciten.

Ferreiro indicó además que los correos electrónicos son distintos de las conversaciones, pues como los primeros dejan registros reproducibles, eso los hace salir del ámbito de privacidad que tienen las conversaciones orales de modo natural. Sin embargo, esa línea argumental dejaría librado al grado de avance tecnológico -y no a la naturaleza del acto- la decisión de respetar o no el privilegio deliberativo aludido, pues claramente las conversaciones telefónicas son susceptibles de ser grabadas y, por tanto, caerían en la misma categoría que los correos electrónicos. Así, si -hipotéticamente- las autoridades públicas fueran obligadas a mantener un dispositivo subcutáneo que registrase todas sus conversaciones, éstas también quedarían fuera del ámbito de la privacidad, con lo que el privilegio deliberativo se esfumaría por avances tecnológicos, y no por el principio del deber de preservarlo.

En suma, si hay acuerdo en que a las autoridades se les debe respetar un ámbito de privilegio deliberativo, éste debe ser definido por condiciones intrínsecas al acto de que se trate, y no por la disponibilidad de tecnologías que permitan invadirlo. El criterio sugerido por el presidente del Consejo para la Transparencia -entregarle a éste la definición de ese límite caso a caso- tiene una serie de inconvenientes. Por una parte, transforma crecientemente al Consejo en un tribunal, lo que no responde a la intención con que fue creado, especialmente si se considera que su composición siempre tendrá una naturaleza política, y que sus miembros tenderán legítimamente a actuar como políticos -en el sentido amplio y noble de la palabra-, más que como jueces, lo cual podría contaminar su actuación. Por otra, desde el punto de vista práctico, la presión ciudadana por utilizar el mecanismo del Consejo podría inundarlo de solicitudes, las que se tratarían necesariamente de manera individual cada vez, no dejándole espacio para otras funciones muchas veces más importantes.

De ahí la conveniencia de sentar un criterio legal definido democráticamente, que establezca el tipo de actuaciones que deben estar sometidas a escrutinio público indudable -grabaciones de reuniones deliberativas formales, actas de apertura de licitaciones, agendas de reunión de las autoridades, entre otras-, que limiten el alcance de lo transferible al público, y que dejen un espacio de privilegio deliberativo a tales autoridades para construir sus convicciones y definiciones con libertad y privacidad.

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Andrew Harding: “Definitivamente, Chile podría perder competitividad frente a otras regiones”

Andrew Harding: "Definitivamente, Chile podría perder competitividad frente a otras regiones"
El director de la División Cobre de Rio Tinto dice que el acceso al agua y energía amenaza la posición de la minería chilena en el largo plazo. Aunque descarta un impacto negativo por el conflicto entre Codelco y Anglo.
18/04/12

(El Mercurio) En el piso 12 de un hotel capitalino estaba Andrew Harding -director de la División Cobre de Rio Tinto- la madrugada de ayer cuando tembló fuertemente en Chile. "Fue un poco duro", dice el australiano, invitado como expositor a la Cumbre del Cobre Cesco.

Pero desde la perspectiva de los negocios mineros tiene halagos. Asegura que "por largo tiempo ha habido gran estabilidad en Chile. Es uno de los mejores países para invertir. Por lo que buscamos ser un socio de largo plazo".

El australiano afirma que los cambios recientes en la industria no han alterado la imagen que Chile proyecta hacia el exterior.

¿Los cambios al royalty o las discusiones políticas y sociales en torno a la minería han afectado la posición de Chile?
"Chile es un lugar competitivo para invertir. Dicho eso, los gobiernos siempre deben ser cuidadosos cuando piensan qué hacer con los royalties o los impuestos. No es una decisión aislada, las compañías pueden invertir en muchos otros lugares y ser competitivos es algo importante. Ahora, creo que el último cambio impositivo -que fue por un hecho puntual, el terremoto- fue un proceso bastante maduro. Ese fue un signo de cuán cuidadoso es Chile para manejar su atractivo hacia la industria".

¿Qué es lo que debe hacer el país para mejorar su competitividad?
"Un gran tema a la hora de estudiar el inicio de un proyecto es el acceso al agua. Necesitas un manejo cuidadoso desde el punto de vista ambiental, pero también lo necesitas para la minería, por lo que es importante su administración".

"También los problemas energéticos, particularmente la escalada en el precio de la energía en el país es muy preocupante. Cómo será manejado en el futuro es un tema importante por resolver".

"Y el otro es el número de profesionales de la minería. El número de los que salen de las universidades no han seguido el paso del ritmo de crecimiento de la industria".

¿La permanencia de estos factores en el tiempo podría hacer perder competitividad a Chile frente a otros competidores?
"Definitivamente podría pasar. Si esas cosas hacen más difícil poner en marcha las operaciones mineras, y otros países facilitan las cosas, vas a ver más emprendimientos en otras regiones. Algunas de las razones por las que Chile ha desarrollado una gran industria minera es por la estabilidad de sus leyes, su clima de inversión, etc. Pero si crece la presión en esas otras materias, como la falta de agua o los precios de la energía, podrían hacer a Chile, potencialmente, menos atractivo".

¿El conflicto entre Codelco y Anglo American podría afectar la imagen que tienen los inversionistas sobre el país?
"Vemos esto como un asunto contractual entre dos compañías. Es todo lo que puedo decir".

US$ 15.500 millones ganó Rio Tinto durante 2011 a nivel mundial, un 11% más que en 2010.

30% de la propiedad de Escondida está en manos de Rio Tinto, donde el principal accionista es la gigante BHP Billiton.

"Vemos esto (el conflicto Codelco-Anglo American) como un asunto contractual entre dos compañías. Es todo lo que puedo decir".


Los planes de la minera en Chile
Casi 30 años lleva Rio Tinto en Chile, a través de su participación de 30% en la propiedad de Minera Escondida, operación en que es socia de BHP Billiton. Pero desde ahí que no ha vuelto a realizar grandes inversiones, salvo en el área de exploración en la década del 90. "Buscamos minas grandes, de bajo costo y larga vida. Es un subconjunto entre todas las minas disponibles. Escondida es una gran mina, es la número uno del mundo. Grasberg, en Indonesia, es la segunda más grande. Buscamos oportunidades en minas premium ", dice Andrew Harding, aludiendo las razones por las que no han invertido en otro proyecto.

"No es difícil salir e invertir en una mina de cobre. Es bastante fácil de hacer. Pero invertimos en aquellas que nos den el mayor retorno de largo plazo", dijo. Eso es lo que buscan y no sólo en Chile, donde la minera tiene un joint venture con Codelco para la exploración. Rio Tinto también sondea oportunidades en la región, a través de la misma oficina de exploración ubicada en el país. Ésta es el centro de operaciones para Latinoamérica.

Fuente/ El Mercurio


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Gobierno dice que apoyará a Enap si sus inversiones en Argentina son afectadas por conflicto en YPF

EXPROPIACION DE REPSOL POR GOBIERNO ARGENTINO

Gobierno dice que apoyará a Enap si sus inversiones en Argentina son afectadas por conflicto en YPF

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que espera que el plan de expropiación de la petrolera no genere incertidumbre sobre las inversiones chilenas en Argentina.

por La Tercera y Agencias - 17/04/2012 - 12:32

El gobierno chileno apoyará a la petrolera estatal Enap en caso de que sus intereses en Argentina se vean afectados, luego de que el vecino país anunció ayer un plan para expropiar el 51% de la empresa productora de hidrocarburos YPF, en manos de la firma española Repsol, afirmó este martes el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

El conflicto por YPF  "no pasa desapercibido, por lo que apoyaremos a Enap en su proceso de cuidado de intereses" , señaló Larraín.

Asimismo indicó que "Chile tiene bien claro lo que tiene que hacer y las decisiones que tome Argentina están dentro de la autonomía que le corresponde."

Chile tiene bien claro lo que tiene que hacer y las decisiones que tome Argentina están dentro de la autonomía que le corresponde". Felipe Larrarín, ministro de Hacienda.

Enap tiene inversiones por unos US$100 millones en asociaciones de exploración y explotación con YPF en Argentina.     

La medida anunciada por el gobierno argentino ha provocado inquietud entre inversionistas locales y extranjeros.

El ministro de Hacienda dijo que espera que el plan de expropiación no genere incertidumbre sobre las inversiones chilenas en Argentina, algo que en la jornada previa se registró en el mercado accionario local.

En las empresas chilenas con inversiones en Argentina destacan Cencosud, Lan, Falabella, Concha y Toro, Endesa y Sonda.

La expropiación anunciada por el gobierno argentino, que afectará exclusivamente a un 51% de YPF, deberá ser aprobada por el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría.


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