Las cárceles privadas en Estados Unidos han sido un lucrativo negocio desde que el gobierno empezó a subcontratar el manejo del sistema penitenciario a empresas en los años 80. Masivos encarcelamientos garantizan un crecimiento de la industria cuyo mercado más grande ahora es la población inmigrante indocumentada.
Es por eso que la manera en que se formule el actual proyecto de ley de reforma migratoria -aprobado en el Senado y discutido ahora en la Cámara Baja- es de especial interés para los inversionistas en ese negocio. De ser promulgada la legislación, sus cláusulas de seguridad fronteriza suponen un aumento de detenidos por violaciones migratorias.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones que observan y catalogan las donaciones a políticos por grupos de presión han detectado un enorme cabildeo de parte de la industria y sus afiliados sobre los legisladores que dominan el debate migratorio.
Aún si no se aprueba la reforma migratoria, quedarían en pie las leyes que continúan criminalizando a los inmigrantes y garantizando un flujo constante de presidiarios que tendrían que ser transportados, recluidos y vigilados -a un costo altísimo para el contribuyente- por estos centros de detención privados.
Inmigrantes reclusos
EE.UU. tiene la población carcelaria más grande del mundo, que se estima en unos dos millones y medio de personas. Según las últimas estadísticas, el mayor grupo de reclusos dentro del sistema penitenciario federal son inmigrantes, principalmente latinos. Junto con los negros, componen 80% de todas las personas tras las rejas en el país.
No se trata necesariamente de que estos grupos hayan cambiado su comportamiento social y aumentado su delincuencia; son las leyes las que han cambiado, criminalizando y aumentando las penas por ofensas que antes eran consideradas delitos menores y que podían resolverse con una multa o una comparecencia ante un tribunal.
"Son leyes discriminatorias que perjudican a los grupos minoritarios", dijo a BBC Mundo Roberto Lovato, cofundador y estratega de Presente.org, la organización online de representación de derechos latinos más grande de EE.UU.
Lovato dio el ejemplo de las leyes contra el consumo de drogas que varían según la composición del estupefaciente. El uso de cocaína, por ejemplo, conlleva cierta pena pero el uso de "crack" (pasta de cocaína impura) recibe penas más severas, impuestas generalmente a los negros que son los que tradicionalmente consumen este derivado de la coca.
"Aprendieron a aplicar esa misma lógica a las leyes migratorias, diseñadas para facilitar el crecimiento de la población carcelaria con inmigrantes. El inmigrante, que antes era un ser humano, es ahora un criminal", afirmó el estratega de Presente.org.
Contratos millonarios
La transformación de las leyes migratorias empezó durante la presidencia de Bill Clinton con la anuencia de congresistas en estados fronterizos con México y se fueron endureciendo bajo sucesivas presidencias en aras de mantener la frontera segura y limitar el ingreso de indocumentados.
El llamado programa Streamline -iniciado por George W. Bush- dota a la patrulla fronteriza de fondos para que maneje su propio sistema de justicia paralelo. Igualmente, está el programa Comunidades Seguras (Secom, por sus siglas en inglés) que ha generado el mayor número de detenciones y deportaciones bajo el mandato de Barack Obama, aseguró Lovato.
En la actualidad, la mayoría de los detenidos por delitos migratorios terminan en una cárcel privada, parte de una industria de seguridad que ha crecido exponencialmente en la última década, a medida que el gobierno reduce su tamaño y traspasa muchas de sus responsabilidades a manos de corporaciones con ánimo de lucro.
La Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tiene contratos multimillonarios con estas empresas que manejan todo el período de encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, la alimentación y cuidados médicos.
Cobran por cama, por noche y es el dinero del contribuyente que cubre el gasto que puede ascender a unos US$60.000 al año por preso. El Congreso formuló una cuota que requiere que el Departamento de Seguridad Interna retenga unas 34.000 personas al día en centros de detención por violaciones migratorias.
Grupos de derechos humanos se han quejado de las condiciones en estas cárceles por supuestas violaciones a los derechos humanos. Ha habido denuncias de trabajos forzados, comida podrida, hacinamiento, aislamiento, ataques sexuales y hasta asesinatos.
Peter Cervantes-Gautschi, director ejecutivo de Enlace, una alianza de organizaciones y sindicatos de trabajadores de bajos salarios de México y EE.UU., dijo a la BBC que una provisión de un acta del Departamento de Seguridad Interna prohíbe la supervisión pública de estas cárceles.
"Por ley no puede haber monitoreo de prisiones subcontratadas. Aunque hay guías establecidas para las condiciones mínimas, no hay manera de hacerlas cumplir. Se salen con la suya en todo", expresó.
Pagar condena antes de ser deportado
Cervantes-Gautschi indicó que la industria de cárceles privadas ha conducido un exitoso lobby a nivel federal y estatal para manipular las políticas de sentencia criminal y control de inmigración. Presionan sobre la ejecución de la ley contra inmigrantes, asuntos de sentencia criminal y contratos para la construcción de más prisiones.
La industria acumuló su poder político a partir de 2006, dijo, cuando delitos menores como trabajar con un número de seguro social prestado, conducir un auto sin licencia o con un foco dañado o ser denunciado porque el perro ladra de noche empezaron a resultar en detenciones que desembocaron en años de cárcel y deportación.
Después de eso, según el activista, se dieron miles de redadas contra inmigrantes y la población carcelaria explotó y ha subido cada año subsiguiente. "Desde entonces, más de dos millones han pasado por esos centros de detención privados por delitos migratorios".
El crimen más común es el reingreso al país de un indocumentado. "Anteriormente, al acusado no se le llevaba a juicio, ahora, se le impone una pena de hasta tres años de cárcel que tiene que cumplir, así vaya a ser deportado. Las cárceles privadas no hacen ningún dinero con las deportaciones", declaró.
No obstante, Jack Martin, director de proyectos especiales de la Federación Pro Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), una organización en Washington que busca limitar la inmigración y aplicar una férrea defensa de la frontera, sostuvo que las detenciones y deportaciones son proporcionales a la cantidad de inmigrantes entrando y viviendo en el país ilegalmente.
"Cómo la población indocumentada ha aumentado dramáticamente en la última década, así mismo han aumentado las detenciones y deportaciones. Aquellos que son deportados y reingresan al país sin documentos son criminales y sujetos a encarcelamiento bajo la ley de EE.UU.", dijo a BBC Mundo.
"La política de detenciones es solo un paso en el proceso de hacer cumplir la ley de inmigración que resulta en la deportación de personas que no deben estar en el país", continuó.
Presión política
Sin embargo, los defensores de los inmigrantes argumentan que esa política se debe a la presión y cabildeo de los representantes e inversionistas de las cárceles privadas. Cervantes-Gautschi, director de Enlace, señaló que hay una relación directa entre ese lobby y cómo se vota en el Congreso.
"No interesa si son demócratas o republicanos, aquí no hay partidos. Los políticos que han recibido la mayoría de la atención de ese lobby han votado por legislación tendiente a favorecer la expansión del negocio de las cárceles", aseguró.
Las dos principales empresas de cárceles privadas son Corrections Corporation of America (CCA) y el Grupo GEO, que controlan 80% del negocio. La organización OpenSecrets.org, que observa y cataloga el dinero que reciben los políticos de parte de diferentes empresas y sus grupos de presión identificó donaciones directas a los senadores del llamado Grupo de 8 que promovió la reforma migratoria en el Senado.
Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, Demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado, cada uno recibió donaciones de US$5.000 (el límite por contribuyente) de CCA, GEO, sus inversionistas o sus familias.
Todas estas donaciones, así como el cabildeo, se ajustan a las leyes que gobiernan las contribuciones a las campañas y han sido declaradas por los beneficiarios. OpenSecrets.org recoge la información, la organiza según el contexto y la publica en su página.
La organización de vigilancia también registró que las corporaciones de cárceles privadas han pagado a empresas de lobby centenares de miles de dólares para que cabildeen en asuntos de justicia, cumplimiento de la ley y seguridad interna o influyan en comités que deciden los presupuestos que van dirigidos a la construcción de nuevas cárceles privadas y seguridad en la frontera.
Jack Martin, de FAIR, respondió que las empresas que manejan las cárceles privadas son como cualquier otra que tiene interés en cómo se desenvuelve el proceso de inmigración.
"Es lógico que quieran influir en las decisiones del Congreso y del gobierno de EE.UU., pero no van a tener menos o más influencia que otras corporaciones con otros intereses", comentó a la BBC.
Prima la seguridad fronteriza
La seguridad fronteriza se ha convertido en el componente más importante del debate migratorio, no importa si se está a favor o en contra de la reforma. El proyecto se aprobó en el Senado con una fuerte provisión que garantizaría el hermetismo y patrullaje de la frontera mientras que la mayoría de representantes republicanos y conservadores en la Cámara Baja se oponen a negociar por, entre otros, el tema de seguridad.
A pesar de toda su retórica pro inmigrante, el presidente Obama se ha convertido en el mandatario que más indocumentados ha deportado en la historia, si sólo para demostrar la efectividad de su política de seguridad fronteriza y ganar apoyo para la reforma migratoria.
Pero así el mandatario logre la aprobación del Congreso para la reforma migratoria, ésta incluirá cláusulas que continuarán criminalizando inmigrantes, dicen los activistas. Todas las propuestas del Senado y la Cámara Baja aumentan el dinero destinado para la patrulla fronteriza y el programa Streamline.
"De las 600 páginas de la propuesta migratoria, la mayoría son sobre políticas que benefician la industria de prisiones privadas", afirmó Roberto Lovato.
El activista señaló que la reforma migratoria contempla añadir US$6.500 millones más a los programas de ICE para vigilancia, policía y patrullas en la frontera. También refirió a la BBC a un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso que advierte sobre las limitaciones que habrá para los aproximadamente 11 millones de indocumentados que aspiran a la ciudadanía.
"Se estima que entre cuatro y seis millones serán el máximo que van a legalizar, el resto van a caer en los programas de ICE", denunció Lovato. "La reforma no es para beneficio humano, sino para favorecer todo este complejo industrial que está basado en meter presos a los inmigrantes".
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