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sábado, mayo 17, 2008

El gordo y el flaco y el lobby

LOBBY:

 

El gordo y el flaco

Durante los procesos de creación legislativa, los órganos productores de normas atraen hacia sí una miríada de grupos de presión de todo tipo procedentes en su mayoría de la sociedad civil (empresas, sindicatos, patronales, organizaciones ecologistas, asociaciones de productores, de profesionales o consumidores, agricultores, grupos sociales, ONGs...).

Todo poder legislativo es generalmente ignorante de lo que pretende regular. Necesitan, obviamente, asesoramiento. Es ahí donde los lobbies juegan sus bazas. Se calcula que alrededor de los dos centros de producción legislativa más importantes del mundo, el Congreso americano (Cámara de Representantes y Senado) y la Unión Europea (Comisión, Parlamento y Consejo de Ministros) pululan respectivamente unos 30.000 y 20.000 lobbies de toda laya, cual abejas en un panel de rica miel. Otros legisladores nacionales cuentan con su inseparable recua de lobbieslocales.

Detengámonos en los lobbies empresariales. Las empresas y sus asociaciones defienden legítimamente sus particulares intereses y derechos tal y como nos muestra un sano asociacionismo voluntario. Entre otras muchas estrategias, se organizan lobbies para dirigirse a los poderes públicos con el objetivo de que éstos no cometan más tonterías de las necesarias a la hora de legislar. El mal fario sobreviene cuando dichas empresas o agrupaciones de intereses creen que dentro del elenco de sus derechos está también el de recibir un trato legislativo especial o el deprotegerse de la competencia sirviéndose del poder coactivo para conseguir rentas al margen del proceso productivo.

Es entonces cuando las empresas, en vez de buscar el favor de sus clientes, poseen otros incentivos muy poderosos para dirigirse a los políticos y sus criaturas legislativas. Ejemplos de lobbies empresariales potentes en Europa son la ERT, EUROPABIO, UNICE, ECIS o AMCHAM. Se sabe, además, que el retiro dorado de cualquier político, si tiene los contactos adecuados, es ser contratado en este tipo de lobbies o asociaciones de peso.

Cuando recordamos lo que Mancur Olson decía de la prevalencia en las acciones colectivas de las minorías organizadas sobre las mayorías desorganizadas o lo que la Escuela de Elección Pública (EEP) enseña acerca del fenómeno de los beneficios concentrados y los costes dispersos, lo sensato sería abogar por una reducción de la injerencia de los poderes públicos sobre la vida de las personas con el fin de evitar ser utilizados por el poder organizado (los menos) para su ventaja a expensas de la mayoría desorganizada (los más).

Sin embargo, los creyentes en la siempre beneficiosa acción estatal opinan de otra forma. Creen que este problema se puede atajar mediante dos tipos de medidas: una sería la de imponer códigos de conducta (privados) y de buen gobierno (público) ignorando, de nuevo, las conclusiones de la mencionada EEP en torno a los incentivos de la clase dirigente y a lo problemático de la romántica consideración de sus acciones carentes de interés personal.

El otro tipo de medida sería la de regular (qué raro) el fenómeno de los lobbies. En esto los EE UU nos llevan ventaja por la influencia que tienen allá en la financiación de las campañas políticas. Durante el mandato del irrefrenable Clinton se aprobó la Lobbying Disclosure Act de 1995, luego modificada por la Legislative Transparency and Accountability Act aprobada por el Senado en 2006 y la Honest Leadership and Open Government Act de 2007. Con dichas regulaciones crecientes se han impuesto a los lobbies, entre muchas otras medidas, un registro obligatorio, unas declaraciones semestrales de los gastos dedicados a esta actividad (lobbying) y por cuenta de quién o quiénes actúan. Los burócratas de la Unión Europea pretenden seguir este mismo camino mediante regulaciones similares a instancias de la Comisión y del Parlamento europeos.

No obstante, pensar que a los lobbies se les puede meter en cintura con este tipo de regulaciones es errar el tiro completamente. Los grupos de presión acudirán allí donde haya poder político concentrado y lograrán colar siempre sus "razonables" propuestas. Además, atrapados como estamos todos en la maraña del sistema actual de permanente legislación, no pueden obrar de forma distinta a como lo hacen (aunque sólo sea para que competidores presentes o futuros no se les adelanten). Con ello se socava la productividad general.

No tenemos solución: el problema nos parece ser únicamente del poder económico, nunca del poder político. Seguimos pensado que lo saludable es poner control a los indeseables "michelines" empresariales al tiempo que nos mostramos a favor del constante engorde de los "famélicos" poderes públicos mediante intrusiones de éstos en nuestras vidas con medidas legislativas y reglamentarias cada vez más numerosas.

Los lobbies, tal y como los conocemos hoy día, desaparecerán en buena medida mediante la drástica reducción del Estado. Pretender menguar el poder de influencia de aquéllos al tiempo que éste se expande (sus facultades legislativas no conocen límites) es como querer soplar y sorber a la vez.


Consulten, opinen y escriban
Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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Renato Sánchez 3586
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lobby: Felipe del Solar está a cargo de monitorear temas clave para la modernización del Estado,


Secretario ejecutivo de la Agencia de Probidad 
"Hay un problema de comunicación entre los parlamentarios de RN"
No se considera un zar de la transparencia pero Felipe del Solar está a cargo de monitorear temas clave para la modernización del Estado, como la prohibición del intervencionismo electoral. A raíz de esto refuta las afirmaciones de la derecha de que no se ha avanzado nada en la materia. 

Miguel Paz 

La discusión sobre la prohibición del intervencionismo electoral volvió al tapete luego que diputados de RN criticaran al oficialismo por considerar que no se estaban escuchando sus propuestas. El secretario ejecutivo de la Agencia de Probidad y Transparencia, Felipe del Solar, rechaza las acusaciones y detalla los avances de la agenda legislativa que coordina la agencia creada en marzo para implementar la ley de Acceso a Información Pública, la cual permitirá que cualquier ciudadano pueda acceder a resoluciones y documentos que no sean tipificados como secretos por el gobierno. Además, a su cargo está el monitoreo desde el Ejecutivo de la ley de lobby que volvió al Congreso luego que la presidenta Bachelet presentara un veto al proyecto para incluir como lobbystas a aquellas personas y organismos que ejercen la actividad de manera no remunerada como sindicatos, gremios empresariales y hasta la Iglesia, cuando pide a parlamentarios tomar en cuenta su credo a la hora de legislar una materia que la afecta. La reforma a la ley de gasto electoral que aborda el financiamiento de los partidos y prohíbe el intervencionismo electoral, sin embargo, es el proyecto que más ruido está generando en el Congreso. 

-Diputados de RN aseguraron que no se ha hecho nada contra el intervencionismo electoral 

-Eso no es efectivo. Ha habido avances, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, que está viendo la Ley de Gasto Electoral, estableció una serie de indicaciones y propuso un título nuevo contra el intervencionismo electoral que la comisión aprobó de manera unánime. Lo curioso es que todas las propuestas fueron de RN y el gobierno las recogió e incorporó a lo analizado por la comisión. De modo que no sabemos que falta. Lo que hay son medidas exhaustivas, muy fuertes. 

-¿Cuáles? 

-Prohibiciones muy claras sobre colectas en servicios públicos, presiones a funcionarios públicos, ofrecerles beneficios y también el tema de las inauguraciones de proyectos en período pre electoral. 

-Qué es lo más polémico 

-Sí. El gobierno propuso entregar al Servicio Electoral un listado de actividades e inauguraciones 90 días antes de cualquier elección. Se trata de un registro de todas las actividades de autoridades en el plazo que tenga que ver con inauguraciones. Esto corre tanto para el gobierno central como los parlamentarios y los alcaldes. 

-¿Para los alcaldes que pretenden reelegirse y los que no? 

-Esto corre para todos los candidatos a alcaldes. Además será obligatorio que a los actos municipales del período se invite a los candidatos de todos los partidos sin ninguna distinción. 

-¿Qué pasa con los candidatos a alcalde o a parlamentarios que se suben a inauguraciones y entregas de subsidios haciendo creer que los beneficios estatales fueron gestionados por ellos? 

-Ese es otro punto relevante: ningún candidatos a alcalde, a diputado ni a senador podrá entregar beneficios: solo el gobierno central. Además se aprobó unánimemente que el Ejecutivo no puede presentar reformas constitucionales 90 días antes de una elección presidencial, ni puede modificar las urgencias de proyectos de ley 30 días antes de elección, todas normas dirigidas a limitar el intervencionismo electoral. Entonces nos sorprende que en RN digan que no ha habido avances. 

-¿Ha tenido contacto con diputados de ese partido por este desencuentro? 

-Hemos hablado con ellos y algunos en privado han reconocido avances. A lo mejor hay un problema de comunicación entre los parlamentarios de RN. 

-Uno de los aspectos más complicados de lo que se discute en el Congreso es la prohibición de los aportes privados a campañas políticas ¿Tendrá viabilidad? 

-El Ejecutivo va a retirar esa indicación. Ya se presentó una indicación adicional con un título nuevo sobre financiamiento de partidos políticos 

-¿Ese tema fue negociado con la Alianza? 

-Hay un acuerdo. El ejecutivo se compromete a retirarlo y la oposición acordó apoyar el financiamiento de los partidos políticos para las elecciones. 

-¿Las nuevas indicaciones a la ley de lobby tienen piso? 

-En vista de que hubo una serie de críticas, el gobierno presentó un veto que persigue redefinir al lobbysta y el lobby en el sentido de que ya sea una actividad remunerada o no, igual va a ser considerada lobby. 

-¿Es decir que los gremios empresariales, los sindicatos o la Iglesia podrían ser considerados lobbystas si ejercen presión por un tema? 

-Lo que busca el proyecto es velar por el tema de que las defensas corporativas e individuales de intereses sean catalogadas como lobby 

-Su Agencia deberá capacitar a los funcionarios de la administración para que se acostumbren a entregar información al público ¿cómo lo están haciendo, quién está llevando a cabo ese trabajo? 

-El trabajo lo está liderando la Agencia pero también estamos operando con los servicios y difundiendo al interior del gobierno las exigencias y obligaciones de esta ley de Acceso a Información Pública y desarrollando las plataformas tecnológicas que faciliten la entrega de información como se hizo con Gobierno Transparente. 

-¿Se considera un "zar de la transparencia"? 

-Aquí no hay ningún zar. Hay una entidad permanente para facilitar la correcta implementación de las normas de modernización del Estado. 

-¿Se reúne con ministro Edmundo Pérez Yoma por este tema? 

-Trabajamos coordinadamente con el comité de ministros y como secretario ejecutivo de la Agencia me relaciono con Enrique París. 

-¿La regulación de conflictos de intereses de los parlamentarios tendrá acogida en el Parlamento? Mal que mal los que votan el proyecto son los que deberán someterse a él 

-Eso quedó zanjado en la reforma constitucional, aprobándose que los parlamentarios que sean abogados no pueden ejercer como tales mientras estén en el Congreso. 

-¿Qué pasa, por ejemplo, si un diputado es dueño de una forestal y a su vez participa en la comisión de Recursos Naturales? 

-Debe inhibirse de aquellas materias que le generen un conflicto de interés. 

Vea además 

Resumen de proyectos de la Agenda de Probidad y Transparencia (En formato WORD) 


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Rodrigo González Fernández
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