RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ , DE LOBBYINGCHILE.BLOGSPOT.COM HA SEÑALADO AL RSPECTO: "PERO LO MÁS IMPORTANTE ES CAPACITAR A LAS PERSONAS, DIFUNDIR LO QUE ES EL LOBBYING EN GENERAL. NO SE PUEDE LEGISLAR EN LA IGNORANCIA DEL CIUDADANO. ESTA ES UNA ACTIVIDAD QUE ABRE MUCHAS POSIBILIDADES A DIVERSOS PROFESIONALES".
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Comisión de Gobierno aprobó la iniciativa, que ahora será vista por la de Constitución antes de ser votada por la Sala.
Tras un exhaustivo análisis y después de estudiar más de 250 indicaciones, la comisión de Gobierno del Senado aprobó y despachó el proyecto, en segundo trámite, que reconoce y regula legalmente el lobby o gestión de intereses en nuestro país.
Ahora corresponde que la iniciativa, que busca transparentar y regula dicha actividad, sea estudiada por la comisión de Constitución antes de ser sometida a la votación de la Sala.
Consultado sobre los efectos que tendrá la nueva normativa en la legislación chilena, el senador Pérez señaló que “indudablemente todo lo que es lobby es nuevo en el quehacer de nuestra sociedad y creo que esto es un buen punto de partida. Necesariamente la aplicación de la ley nos permitirá ver como funciona, pero creo que hemos avanzado positivamente y como punto de partida me parece oportuno”.
El parlamentario recordó que entre los cambios sustantivos que se le introdujeron al proyecto durante su tramitación en la Comisión, destaca haber establecido una sola categoría de lobbysta y no dos, como lo señalaba la iniciativa original.
“Nosotros consideramos que debe haber un solo tipo de lobbysta que es quien ejerce la actividad de manera remunerada. Hemos dicho que cuando viene la Sofofa o la CUT todo el mundo sabe a qué vienen y qué intereses vienen a defender. Lo que hay que regular es cuando vienen profesionales o empresas a influir por terceros y no existe conocimiento. Ese lobby hay que regular y lo demás es derecho a petición”, advirtió el legislador.
Inhabilidades y sanciones
Asimismo, destacó el hecho que se haya establecido la inhabilidad para que los parlamentarios y autoridades de Gobierno y del Poder Judicial no puedan ejercer lobby mientras estén en sus cargos y hasta un año después de haberlos abandonado.
"Creo que eso es un hecho relevante, puesto que la práctica nos indica que son personas que han tenido cargos de alta figuración pública. La inhabilidad es extensiva para las autoridades locales, pero sólo mientras estén en el ejercicio de sus cargos. Son los altos cargos de la administración del Estado, del Poder Judicial y del Congreso Nacional donde se establece la extensión de un año más de inhabilidad", explicó.
Además, la iniciativa establece una serie de sanciones y multas para quienes vulneren la ley, las que contemplan la suspensión o eliminación del registro de lobbystas y multas que fluctúan entre las 50 y 100 UTM, es decir, entre $1.615.000 y $3.230.000, aproximadamente.
“Las sanciones van desde la amonestación hasta la cancelación del registro y se estableció que a través de los reglamentos respectivos se dictamine cuando ocurre eso. Una persona que ha sido suspendida del registro puede ser rehabilitada y eso lo tendrá que establecer cada Poder del Estado”, dijo el senador Pérez.
El proyecto también contempla la creación de registros de lobbystas que deben ser públicos y además, un registro de audiencia, “por lo que cuando se pida una reunión, el lobbysta tiene que hacer una presentación por escrito y esa solicitud de audiencia va a tener que ser pública como también los antecedentes que presenta en la reunión y el acta que se levante de cada una de ellas”, advirtió el parlamentario.
Avance importante
Por su parte, el senador Ricardo Núñez (PS) señaló que “después de tanto tiempo de procesamiento legislativo de la ley de lobby creo que hemos sacado un proyecto bastante decente y que, en mi opinión, va a regular adecuadamente esta actividad que en nuestro país se realiza pero sin normas claras”.
Si bien manifestó que el proyecto puede ser “discutible” en términos de la efectividad de su aplicación dijo que confía en que “esto va a ser un adelanto en el proceso por el cual instituciones o personas influyen en terceros para que decidan de determinada manera”.
En tal sentido agregó que “este es un proyecto que pone sentido ético y jurídico a una actividad que hasta el momento en Chile no había estado reglada. Es un paso adelante en el proceso de modernización del Estado, porque todas las autoridades públicas quedan afectos a esta ley en la medida en que tengan alguna posibilidad de ejercer la tarea de tomar decisiones con la utilización de recursos propios del Estado”.
Asimismo, el senador Núñez destacó la importancia de que se establezca la obligación de registrar adecuadamente las reuniones que se realicen entre lobbystas y los sujetos pasivos de lobby.
No obstante, lamentó que el proyecto no haya sido derivado directamente a la sala, pues a su juicio “esto va a significar que no lo vamos a poder tener el 2006 como ley, sino que recién el próximo año vamos a estar en condiciones de promulgarlo”, puntualizó.
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