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jueves, abril 14, 2011

El organismo autónomo administrará el sitio que sistematizará los datos:

El organismo autónomo administrará el sitio que sistematizará los datos:
Consejo para la Transparencia y Segpres firman convenio para centralizar toda la información pública

Con esta plataforma única, los ciudadanos tendrán un acceso más expedito a la información. Se trabaja en implementar portal de internet que entrará en plena operación en 2012.  


J. GONZÁLEZ Y D. MUÑOZ 

Fueron tres años de intensas conversaciones entre el Consejo para la Transparencia y La Moneda. Hubo momentos tensos, pero finalmente, mañana, la discusión llegará a buen puerto.

Y es que tras la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, en el año 2009, un proyecto clave en materia de fiscalización y probidad verá finalmente la luz: la implementación del portal web para la transparencia del Estado de Chile.

La medida se oficializará mediante la firma de un convenio. Para ello, el presidente y el director general del consejo, Raúl Urrutia y Raúl Ferrada, respectivamente, llegarán hasta el Salón Montt Varas del Palacio a las 11 horas de mañana viernes.

Allí los esperarán el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, junto al subsecretario de la cartera, Claudio Alvarado.

Con la rúbrica de las autoridades presentes, se dará un paso significativo en materia de probidad: esta será la única plataforma encargada de centralizar, canalizar y facilitar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos.

Y no sólo eso. A pesar de que el desarrollo y puesta en marcha del proyecto será un trabajo en conjunto entre la Segpres y el Consejo para la Transparencia, finalmente esta última entidad estará a cargo de la administración y monitoreo del sitio web, el que se espera esté completamente operativo el próximo año.

La negociación

Actualmente, quien desee realizar una solicitud de información pública debe dirigirse a la entidad respectiva. Pero el Consejo no tiene acceso directo a las peticiones que realizan los ciudadanos a la administración central. Sólo cuentan con un desglose que entrega la Comisión de Probidad y Transparencia, dependiente de la Segpres.

Según la entidad, el contenido de este desglose es insuficiente para monitorear el tema y no permite una fiscalización adecuada. Por lo mismo, desde que entró en vigencia la Ley de Transparencia, han mantenido conversaciones con el Ejecutivo para mejorar su funcionamiento a través de la creación de una plataforma única, a cargo del organismo.

Las negociaciones no fueron fáciles, principalmente en materia presupuestaria (ver recuadro).

Sin embargo, a pocos días de que la ley de acceso a la información pública cumpla dos años de entrada en vigencia, el proyecto clave finalmente se destrabó.

Lo anterior, porque desde La Moneda se quiere enfatizar en el rol de la transparencia. De hecho, en enero se destinaron $200 millones para difundir el rol del Consejo, y antes del 21 de mayo se enviaría al Parlamento el proyecto que contiene la Ley de Probidad, que regulará materias como fideicomiso ciego y la declaración de patrimonio e intereses de las autoridades.

La aprensión que existía en primera instancia al interior del Gobierno para realizar un nuevo sitio externo al Ejecutivo, se solucionó una vez que se llegó a una salida común: no se creó otro sistema informático, sino que se puso a disposición del Consejo el que estaba a cargo de la Segpres.

En ese sentido, para el organismo fue clave acreditar confianza, efectividad, profesionalismo y liderazgo en el tema. Por lo mismo, además del diálogo, se intensificaron los estudios técnicos sobre la materia.

De esta manera, la implementación y el mejoramiento del portal se realizarán en distintas fases. Al término de éstas, el Consejo podrá llevar estadísticas sobre el desempeño de su labor o realizar capacitaciones en las áreas donde existan falencias. Todo, con el fin de lograr un mejor desempeño de los organismos públicos.

 Las dudas, consultas y solicitudes que se podrán resolver en la web

Según la Ley de Transparencia, todo ciudadano tiene el derecho a solicitar y acceder a la información de carácter público, ¿pero a dónde se deben dirigir las preguntas? Esa parece ser la duda más común que se repite entre los usuarios. Si bien actualmente éstas deben realizarse en el sitio de la repartición correspondiente, el nuevo sitio web -cuyo dominio aún no está definido- simplificará el proceso: todas las solicitudes se remiten a la misma plataforma.

En ésta, cada persona podrá realizar su solicitud mediante un formulario, el que tendrá un rol asignado. Allí, además de expresar su petición, el usuario deberá especificar si desea que la respuesta se le remita a su dirección de correo electrónico o a su domicilio. Los documentos tienen un plazo de 20 días para ser enviados. Sin embargo, el Consejo cuenta con la posibilidad de extender una prórroga por 10 días si la información solicitada es muy extensa o presenta dificultades en su obtención. Si no hay respuesta dentro de ese plazo, la persona podrá realizar un reclamo ante el Consejo a través del mismo sitio.

Otro punto importante es que la nueva plataforma contará con un buscador, el cual permitirá tener acceso a la base de datos con las solicitudes ya realizadas. De esta manera, si la consulta hecha por un ciudadano ya ha obtenido respuesta, se le remitirá a ésta misma para agilizar y simplificar el proceso.

Sobre los temas que podrán ser resueltos, éstos son variados respecto a las áreas de interés de cada usuario. En el marco de la transparencia activa, por ejemplo, se puede pedir desde la información sobre el sueldo y reparticiones en las que desempeña un determinado empleado hasta las adjudicaciones de licitaciones y compras públicas.

En tanto, en el ámbito ciudadano, las personas tienen un amplio espectro de información a su disposición. Por ejemplo, si el usuario desea saber el porqué no fue aceptado en un empleo al que estaba postulando, puede dirigirse al sitio y pedir el resultado del concurso público con la evaluación respectiva. La misma situación se replica con el resultado de la postulación a becas, subsidios habitacionales, acreditación de universidades o postulación a colegios de excelencia. Pero no todo se basa en el gobierno central. También las personas podrán dirigir consultas a su municipio respectivo.

En ese ámbito, se puede pedir información sobre la empresa que está encargada de recoger la basura de su comuna, las pavimentaciones contempladas, los planes de mejoramiento del hospital más cercano o la evaluación de liceos y/o colegios. En materia de transportes, también podrá revisar si las posibles extensiones de corredores del Transantiago pasan cerca de su domicilio o si lo hace la planificación del nuevo trazado de líneas del metro.

Hitos de la negociación

Noviembre de 2009: Senado aprueba presupuesto con reparos para el Consejo.

La Cámara Alta aprobó $2.783 millones, un tercio menos de lo que la institución había solicitado. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos puso reparos a la partida, condicionando a que el Gobierno incorporara en el protocolo de acuerdo medidas para reforzar al organismo.

Noviembre de 2010: Consejo paraliza proyecto web de fiscalización por falta de recursos para 2011

Nuevamente la institución recibió en el presupuesto un 32% menos de lo pedido, lo que implicó paralizar el proyecto del portal que iba a permitir tener acceso en tiempo real a todas las solicitudes que se hacen en el sector público.

Noviembre 2010: Senadores de la Alianza piden al Gobierno dar fondos para el portal del Consejo

Los mismos senadores de la Alianza que como oposición cuestionaron en 2009 el otorgamiento al Consejo de $1.200 millones menos de lo solicitado por la entidad, le pidieron al Gobierno de Sebastián Piñera una indicación presupuestaria que asegurara los más de $300 millones para implementar el portal de fiscalización.

Enero de 2011: Gobierno inyecta $200 millones para difundir rol del Consejo

Finalmente, el Ejecutivo decide aportar $200 millones extras para una campaña publicitaria con el fin de transmitir el rol del Consejo, con un intenso despliegue en instalaciones y edificios públicos, además de terminar de concretar el sistema web que permita aunar las solicitudes de información al organismo y así mejorar la labor de fiscalización, en un trabajo conjunto de equipos técnicos de la Segpres y de la propia entidad.


Fuente:

CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
 
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OPERO LOBBY EMPRESARIAL Senado aplaza votación de proyecto de ley sobre rotulación y venta de alimentos

Senado aplaza votación de proyecto de ley sobre rotulación y venta de alimentos

El principal conflicto fue la propuesta de impedir la venta de alimentos con altos índices de grasas, sal y azúcares en universidades, y además el rotulado del suplemento a la leche materna.

SANTIAGO.- Con el propósito de radicar sólo en la educación básica y media la prohibición de venta de alimentos poco saludables o "comida chatarra" y revisar la norma que prohíbe publicitar alimentos sucedáneos de la leche materna, los comités parlamentarios del Senado acordaron en forma unánime consultarle a la Cámara de Diputados su disposición a constituir nuevamente una Comisión Mixta para examinar el proyecto sobre composición natural de los alimentos y su publicidad.


Así lo informó el Presidente de la Cámara Alta, senador Guido Girardi, tras señalar que el compromiso es centrarse en los dos temas antes citados y si la Cámara Baja no aceptara la solicitud de constituir una Comisión Mixta, el proyecto se votaría tal como está, para luego solicitarle al Ejecutivo que envíe un veto para modificar dichos aspectos.


"Me parece que es un muy buen acuerdo que nos ayuda a salir adelante y a sacar un muy buen proyecto para Chile", dijo el senador Girardi.


Esta determinación se adoptó después de más de dos horas de un intenso y, a ratos, tenso debate en Sala, en el que intervinieron los senadores Francisco Chahuán, Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-Esquide, Ximena Rincón, Andrés Chadwick, Guido Girardi, Alejandro Navarro, Pablo Longueira, Carlos Kuschel y los Ministros de Salud y de Secretaría General de la Presidencia, Jaime Mañalich y Cristián Larroulet, respectivamente.


Intensa discusión


Durante el debate en Sala- que estuvo precedido de una serie de declaraciones públicas a favor y en contra de la iniciativa- primaron básicamente dos posturas: la de votar el proyecto tal como estaba y la de buscar un espacio que permitiera hacer algunas correcciones al mismo. Esto, pues senadores de distintos sectores se mostraron de acuerdo con la esencia del proyecto, sobre todo en lo relativo a prohibir la venta alimentos poco saludables con "ganchos" como stickers, juguetes o adhesivos y también evitar que se expenda "comida chatarra" en los colegios.


El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Rossi, presidente de la Comisión de Salud, quien criticó el "lobby" de algunos sectores de la industria, como la Sofofa, y acusó al Ejecutivo de "falta de coherencia" al emprender, por una parte, una campaña saludable, y por otra, señalar que la iniciativa no es buena. Insistió en que el proyecto fue ampliamente debatido con expertos, quienes coincidieron en que cumple con el objetivo de bajar el consumo de alimentos dañinos para los niños.


En la misma línea, el senador Ruiz-Esquide explicó que con el proyecto se está siguiendo la norma internacional de consumo de alimentos que son causa de obesidad, de diabetes e hipertensión, etc.


"No estamos haciendo nada distinto de los países que son más desarrollados", dijo tras señalar que la forma en que se refirió la Sofofa a la iniciativa es una "insolencia" y una presión evidente para el Ejecutivo.


El senador Chahuán manifestó su disposición a apoyar la iniciativa, pero aclaró que es necesario revisar la prohibición de venta de comida chatarra en todas las modalidades de enseñanza y circunscribirla a los menores. Precisó que existe acuerdo en lo sustantivo de la iniciativa, por lo que el Senado tiene la oportunidad histórica de aprobarla con un amplio acuerdo, si es que se zanjan las diferencias en una Comisión Mixta.


La senadora Rincón, en tanto, se mostró partidaria de aprobar el proyecto a la brevedad posible pues considera que ello permitirá contribuir a disminuir las alarmantes tasas de obesidad infantil que existen en el país.


Por su parte, el senador Chadwick lamentó los dichos del Presidente de la Comisión de Salud, respecto de que algunos parlamentarios obedecerían a intereses de la industria.


En una línea similar se manifestó el senador Longueira quien señaló que él y su sector siempre han votado en función de Chile. Aclaró que existe un 98% de acuerdo respecto de esta iniciativa y que es fundamental corregir algunos aspectos de la misma, por lo que se mostró partidario de abrir la instancia de la Comisión Mixta o buscar un veto presidencial.


El senador Girardi se refirió a los altos niveles de obesidad que existen en el país y a la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar que esta tasa siga en aumento. Señaló que actualmente los alimentos de mayor consumo tienen altos niveles de sal, azúcar y grasas que los hacen muy dañinos para la salud por lo que se busca dotar a la gente de información clara respecto del contenido nutricional de lo que está comiendo.


Precisó que la prohibición de venta de comida chatarra en universidades no es responsabilidad del Senado, pues el proyecto original está circunscrito a los menores y criticó que la industria se esté oponiendo a una iniciativa de este tipo.


El senador Navarro señaló que se debe elegir entre estar con los niños de Chile o con los empresarios, o entre prevenir enfermedades o en gastar más dinero en curarlas. Manifestó que es un deber informar a la gente el contenido nutricional de los alimentos y disminuir la obesidad en los escolares.


El senador Kuschel señaló que aún cuando se apruebe el proyecto ello no implicará una reducción automática de la obesidad infantil, ni tampoco un cambio de hábitos. Asimismo, dijo que es necesario mejorar el proyecto para conseguir los objetivos deseados.


Por su parte el ministro Mañalich manifestó que su cartera ha tenido la disposición de avanzar en el proyecto, pues le parece de trascendencia que un niño no sea engañado con un regalo para comprar un alimento dañino para la salud o que se avance en un etiquetado más informativo. No obstante, dijo que tal como está la iniciativa impone al Ministerio la necesidad de generar una suerte de "policía nutricional", lo que es imposible de lograr.


Fuente:

CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
 
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