AMÉRICA LATINA:
 
RCTV, cuando la paja se ve en ojo ajeno
Por Diana Cariboni* 
 MONTEVIDEO, 29 may (IPS) - Un público  rasgar de vestiduras se siente en América Latina a partir del cese de las  transmisiones de la televisora RCTV, a la que el gobierno venezolano no quiso  renovar la concesión de una onda que explotaba desde  1956.
 Tres ex presidentes panameños, Mireya Moscoso, Guillermo Endara  y Ernesto Pérez-Balladares, planifican intenso lobby  para que la Asamblea General de la Organización de los Estados  Americanos trate el caso RCTV en su reunión del próximo fin de semana. El  mandatario peruano Alan García dijo sobre la medida venezolana que en su país  "nunca se hará algo así". 
¿Algo como qué?, convendría  preguntarse. Muchos en Venezuela afirman que RCTV (Radio Caracas Televisión)  llegó a esta situación por ser opositora al gobierno de Hugo Chávez. Otros la  califican de golpista por haber apoyado el atentado contra la democracia de  abril de 2002. 
En la vecina Colombia, el periodista Juan  Gossaín, de RCN Radio, le preguntó al presidente Álvaro Uribe: "La expresión que  usted hizo sobre su respeto a la libertad de prensa me lleva a suponer que por  ejemplo usted no le quitaría la licencia de funcionamiento a Radio Caracas".  
"A nadie. Mejor dicho, que ejerzan el periodismo sin licencia, que digan  lo que quieran, que hablen en cualquier parte", contestó. 
Uribe no puede  cerrar canales de TV opositores, porque no existen. Sin embargo, puso fin en  octubre de 2004 al estatal Instituto de Radio y Televisión (Inravisión), que  manejaba tres señales abiertas con franjas educativas y culturales, un programa  diario de entrevistas sobre el movimiento social y documentales con contenidos a  menudo incómodos para el gobierno. 
Este mandatario hizo el anuncio un  lunes, y el jueves siguiente "entró la policía y desalojó a los trabajadores esa  misma noche", dijo a IPS el sociólogo Milciades Vizcaíno, quien trabajó casi 27  años en el área de televisión educativa, que fue eliminada. 
Bogotá adujo  que Inravisión era ineficiente. "Pero el trasfondo fue la fuerza que tenía el  sindicato", sostuvo Vizcaíno, autor del libro "Universidad y medios de  comunicación. Del estado de bienestar al mercado", publicado en abril, donde  analiza el proceso inverso al que ahora se introdujo en Venezuela al destinar la  onda de RCTV a una emisora pública. 
Inravisión fue reemplazado por Radio  Televisión de Colombia (RTVC), que "terceriza" actividades mediante contratos de  concesión, evitando la creación de un sindicato. Ahorra 72 por ciento de costos  operativos. Los transmisores son manejados por otra empresa, Telecom. 
En  octubre, durante el debate del senador opositor Gustavo Petro sobre vínculos de  paramilitares derechistas y políticos de Sucre y Córdoba, la señal del Canal  Institucional, ahora a cargo de RTVC y que frecuentemente retransmite desde el  parlamento, desapareció en ambos departamentos del norte colombiano.  
Ante la queja, RTVC remitió el asunto a Telecom. Pero "allí nadie supo  dar razón", señaló a IPS Hernán Onatra, jefe de prensa del senador. 
"No  sólo la televisión pública, sino operadores privados de televisión por cable  suspendieron la señal en algunos sectores de Bogotá y en ciudades principales,  como Cúcuta (nororiente) y nunca dieron explicaciones. Lo sabemos por reportes  que dio la propia ciudadanía durante el debate o al día siguiente", agregó  Onatra. 
En Honduras, el presidente Manuel Zelaya dispuso desde el lunes  una serie de 10 transmisiones de una hora de duración cada día por cadena de  radio y televisión, en el horario estelar de la noche, para contrarrestar lo que  califica de "desinformación" de la prensa sobre su gestión. 
La ley  estipula que sólo se pueden transmitir "cadenas" para convocar elecciones, en  caso de desastres naturales o emergencia nacional. Por eso, la medida recuerda  el frecuente uso de ese mecanismo en los años 70, cuando gobernaban los  militares, y ha sido criticada por asociaciones de periodistas, medios de  comunicación y hasta por el presidente del parlamento, Roberto Micheletti.  
El analista político Juan Ramón Martínez sostuvo ante IPS que la  decisión "atenta contra la libertad de expresión" y se extralimita, pues "ni los  militares fueron tan abusivos como lo que nos anuncia el actual gobierno".  
El periodista Edgardo Escoto, reportero gubernamental de la radioemisora  opositora Circuito Radial Voces, dijo a IPS que ha sido censurado por los  portavoces presidenciales "para no preguntar". "Me niegan la palabra, me  esconden la agenda del gobernante", afirmó. 
El último medio al que en  Nicaragua se le revocó la concesión por aparentes motivos políticos fue Radio La  Poderosa en 2002, durante el mandato de Enrique Bolaños. Sus equipos fueron  confiscados sin un proceso judicial. La emisora era acérrima crítica al gobierno  y afín al ex presidente convicto Arnoldo Alemán. 
Cuando gobernaba Alemán  (1997-2001), periódicos críticos como La Prensa y El Nuevo Diario, denunciaron  acoso fiscal y boicot comercial del gobierno por informar de actos de corrupción  de funcionarios públicos. 
RCTV no es el único medio que cesa su  actividad por una medida del poder en Venezuela. Durante los dos días de abril  de 2002 en que Chávez estuvo separado del gobierno por la fuerza, los golpistas  cerraron al estatal Canal 8 por ese lapso. 
En 2003, el alcalde mayor de  Caracas, Alfredo Peña, opositor de Chávez, también cerró por varios días la  emisora comunitaria Catia TV. 
El oficialismo se ufana de que "aquí la  única que ha cerrado medios es la oposición", e insiste en ello. En el caso de  RCTV, "no se trata de un cierre sino de que no se le renueva la concesión",  reiteró a IPS el ex ministro de información y presidente de la cadena regional  Telesur, Andrés Izarra. 
Pero la discrecionalidad sobre las concesiones  "coloca en una situación difícil, casi de incertidumbre, a más de 150  radioemisoras privadas que aguardan la renovación de sus licencias", observó a  IPS Ciro García, presidente de la Cámara de Radiodifusión. 
Seguidores de  Chávez subrayan que durante el golpe de Estado de 2002 en su contra, estaciones  como RCTV no cubrieron la manifestación popular del 13 de abril, que ayudó a  devolver al presidente a su cargo con apoyo de tropas leales. 
En cambio,  RCTV y otras televisoras dieron amplia cobertura a la propaganda antichavista y  a las marchas contra el gobierno durante la huelga petrolera de fines de 2002 e  inicios de 2003, organizada para derrocar a Chávez. 
En otras acciones  que afectaron a los medios, el ente nacional tributario impuso una multa de  13.000 dólares y cerró durante dos días de octubre de 2005 al centenario diario  El Impulso, de línea editorial opositora, en la centroccidental ciudad de  Barquisimeto. 
Multas de millones de dólares han sido impuestas a RCTV y  al canal de 24 horas de noticias Globovisión, varios de cuyos equipos  satelitales fueron retenidos indefinidamente hace dos años, cuando una  inspección los encontró orientados en una dirección distinta a la autorizada.  Ninguna de ellas recibe publicidad oficial. 
Pero "si comparamos la  diversidad de medios de comunicación, en Venezuela hay mucha más libertad de  expresión que en Chile", por ejemplo, dijo a IPS el coordinador del Programa de  Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la estatal  Universidad de Chile, Felipe Portales. 
Aunque en Chile no hay registro  de medidas arbitrarias contra los medios en los últimos años, la libertad está  restringida por la concentración de la propiedad, según Portales y la directora  del Observatorio de Medios Fucatel, Manuela Gumucio. 
"Con excepción de  Cuba, Chile es el país con menos libertad de expresión en América Latina, en  términos de pluralidad de medios", con una situación "peor a la que se vivía  antes de que terminara la dictadura" de Augusto Pinochet, en 1990, remarcó  Portales. 
La cobertura del caso RCTV es una muestra. "Los medios  chilenos sólo han mostrado una versión, la que es contraria a Chávez. No tenemos  los antecedentes necesarios para formarnos una opinión al respecto", aseguró  Portales. 
Tanto Portales como Gumucio culpan de la falta de diversidad a  la desigual distribución de la publicidad estatal. 
Como en Colombia, mas  por razones diferentes, en Cuba tampoco hay canal opositor que cerrar.  
La propiedad privada de los medios murió en los años 60, tras el  advenimiento del proceso revolucionario. La prensa escrita, radial y televisiva  se rige por una política que traza, dirige y controla el gobernante Partido  Comunista de Cuba. 
Los opositores, considerados "mercenarios a sueldo  del imperio" (Estados Unidos) no tienen acceso a esos medios. Un grupo de  periodistas no afines al gobierno o abiertamente críticos fueron sancionados en  2003 con duras penas de prisión bajo cargos de transmitir o facilitar  información a medios enemigos. 
La excepción son las revistas católicas  Palabra Nueva y Vitral, fundada en 1994 en la diócesis de la occidental  provincia de Pinar del Río, cuyo equipo editorial cayó en crisis a principios de  este año, tras la llegada del nuevo obispo, Jorge Enrique Serpa. 
Vitral  cobró notoriedad por su enfoque crítico de la realidad cubana, pero Serpa  decidió que la publicación evitara "agresividad" y fuera menos contestataria.  
La censura en México, común en los gobiernos del Partido Revolucionario  Institucional (PRI) desde 1929, comenzó a decaer a mediados de los años 90.  
Pero el Diario Noticias de Oaxaca, que circula desde hace 31 años en ese  estado del sur y es crítico del muy cuestionado gobernador Ulises Ruiz, ha  sufrido ataques desde 2005, incluidas agresiones a sus periodistas e intentos de  desalojarlos por la fuerza. 
Radio Monitor, que opera desde 1975, fue uno  de los pocos que se enfrentó a los años de censura del PRI. Su dueño, José  Gutiérrez Vivo, asegura que el gobernante Partido Acción Nacional lo castiga  retaceándole publicidad oficial por sus posturas críticas y negándole  entrevistas e informaciones. 
El único partido que, cuando gobernaba,  revocó una concesión de onda en Uruguay, el centroderechista Partido Nacional,  reclamó sin éxito al gobierno del izquierdista Frente Amplio una declaración de  condena por el caso RCTV. 
La izquierda recordó que el gobierno del  nacionalista Luis Alberto Lacalle fue el único que tomó una medida similar en la  historia uruguaya y "sin necesidad de que venciera el permiso", dijo el senador  oficialista Eleuterio Fernández Huidobro. 
Lacalle quitó del aire a CX 44  Radio Panamericana en 1994 por haber convocado a la población a una  multitudinaria manifestación, duramente reprimida, contra la extradición a  España de tres ciudadanos de ese país acusados de pertenecer al separatista  grupo vasco ETA. 
* Con aportes de Constanza Vieira (Colombia), Daniela  Estrada (Chile), Patricia Grogg (Cuba), Thelma Mejía (Honduras), Diego Cevallos  (México), José Adán Silva (Nicaragua), Humberto Márquez (Venezuela) y Darío  Montero (Uruguay). (FIN/2007)
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