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Bruselas abre el debate de los «lobbies»
La Comisión Europea quiere incluir en un registro a los 15.000 profesionales que trabajan en los grupos de interés
- Autor:
- Tomás G. Morán
- Fecha de publicación:
- 3/11/2007
Nadie en su sano juicio admitiría en España que su trabajo consiste en cobrar de las multinacionales para hacer pasillo con los políticos e influir en sus decisiones a favor de sus intereses. Los conseguidores o comisionistas siempre han existido, pero ninguno de ellos lleva su profesión inscrita en el DNI. En Bruselas, los lobbistas son legión y no se esconden. Se calcula que al menos 15.000 profesionales trabajan en la capital europea en grupos de interés, organismos encargados de defender los intereses de todas las partes afectadas -estados, empresas, consumidores, oenegés...- por la legislación europea.
La Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha una iniciativa para arrojar más luz al trabajo de estos profesionales. El sector ha reaccionado a la defensiva, pues aseguran que, pese a la idea generalizada de que Bruselas no es transparente, la realidad demuestra lo contrario. La iniciativa, auspiciada por el comisario de Asuntos Administrativos, Siim Kallas, ha servido para abrir el debate sobre los grupos de interés. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Quién les paga? ¿Cuál es su importancia en la construcción europea? En definitiva, ¿qué es hacer lobbying ?
Se podría hablar de que en la capital comunitaria conviven seis categorías de grupos de interés. En primer lugar, las grandes multinacionales tienen en Bruselas sus oficinas políticas o de public affairs . Éstas, a su vez, están organizadas en asociaciones patronales, tanto generales como sectoriales, que defienden intereses conjuntos. Las oenegés, los sindicatos y las asociaciones de consumidores también tienen oficinas de lobbying en Bruselas, así como buena parte de las regiones de la UE. De forma paralela existen consultoras privadas que tienen como clientes a todos los actores anteriores.
Solo 23.000 funcionarios
Para entender su forma de actuar, hay que comprender que el gobierno de Europa no se parece en nada a los de sus Estados miembros. Un alto funcionario de la Xunta acostumbrado a tratar con Bruselas explica que «el proceso y la toma de decisiones son diferentes. Los órganos comunitarios son colegiados puros. El presidente de la CE no controla lo que hacen sus comisarios y no les puede cesar. Algo parecido ocurre en el Parlamento, donde no existe disciplina de voto». Por ello, explica, «los lobbies son necesarios. La CE tiene cada vez más trabajo y más campo normativo, pero muy pocos funcionarios técnicos, por lo que debe de externalizar su trabajo y depende mucho de la información que le suministren estos grupos de interés». Efectivamente, el principal organismo comunitario cuenta con apenas 23.000 funcionarios -el Ayuntamiento de Madrid emplea a 26.000-, que confeccionan entre el 60 y el 70% de la legislación por la que se rigen 480 millones de ciudadanos. La misma fuente explica que, «aunque se pueda pensar lo contrario, no hay nada perverso en todo esto. Los lobbies suministran una información que, aunque lógicamente sea interesada, es imprescindible para el funcionamiento de las instituciones comunitarias».
La entidad que vela por los intereses gallegos en Bruselas es la Fundación Galicia Europa. Por ser una oficina regional, de titularidad pública, no entrará en el registro que promueve el comisario Kallas. La explicación es que está claro quién la financia y con qué objetivos. Alba Mariño, técnico en Asuntos Europeos de la fundación, está de acuerdo con la regulación de los lobbies , «que aportará aún más transparencia, aunque la actuación de los grupos de interés en Bruselas ya es manifiesta». «La Comisión Europea -explica Mariño- publica todas las semanas consultas públicas para oír a la sociedad civil en la toma de decisiones. Cualquiera puede emitir su opinión. Lo que hacen los grupos de interés es ejercer como correa de transmisión para que la postura de todas las partes interesadas sea tenida en cuenta».
Sector autorregulado
La CE quiere ahora que estos grupos se inscriban en un registro oficial, en principio voluntario, en el que se recoja para quién trabajan y cuánto cobran, tal y como sucede en Washington, el otro gran centro mundial del lobbying . El sector ha mostrado su rechazo a la iniciativa, porque asegura que ya está perfectamente autorregulado. Además, consideran que la comparación con Estados Unidos no es justa, porque allí los grupos de interés financian las campañas electorales de los políticos, algo que no ocurre en Europa. Además, auguran que la creación de un registro voluntario romperá el mercado, puesto que muchos clientes acudirán a consultoras que no estén inscritas para no verse obligadas a hacer pública información que en muchos casos es confidencial.
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