EL LOBBY Y EL ALTO PRECIO DE ACCEDER A LAS DECISIONES PÚBLICAS
EDUARDO VERGARA BOLBARÁN (*) ha elaborado un excelente trabajo y publicado en lasegunda.com que comparto con ustedes por ser de gran importancia para el estudio de la ley de lobby en tramitación en el congreso.
El acceso de los ciudadanos a las decisiones publicas y la participación directa en ellas es un comportamiento saludable y necesario para toda democracia. Sin embargo en Chile, y dados los grandes obstáculos que existen para acceder de manera directa e igualitaria a la toma de decisiones, la ampliación de la democracia es todavía un proceso inconcluso y una promesa que no se ha podido cumplir. Es aquí que el lobby, actividad que esta destinada a influir en la toma de decisiones de los órganos de la administración del Estado necesita ser regulado de manera urgente. Nuestra constitución política garantiza a todos los chilenos la igualdad ante la ley, pero si bien todos tienen el derecho de hacer ver sus puntos de vista, es importante garantizar la igualdad de oportunidades al momento de hacerlo.
"En otras palabras, en Chile se la ha puesto un precio al acceso a la toma de decisiones y a la posibilidad de participar en igualdad”.
Normalmente el debate en torno al lobby circula alrededor de la creación de marcos reguladores y de cómo, ampliando los niveles de transparencia y probidad, este puede ser transformado en una práctica que goce de un marco legal adecuado y comprensible para los diferentes actores. Sin embargo y a pesar de la gran importancia de estos factores, uno de los temas más importantes que giran en torno al lobby, y que es habitualmente olvidado, se refiere a cómo garantizamos que la ciudadanía en general no sólo participe con igualdad en la toma de decisiones que le atañen sino que también tenga control sobre la propia situación y su propio proyecto de vida de manera igualitaria.
Si bien el lobby no es sólo ejercido por los privados sino que también por organizaciones sindicales y otros grupos organizados, deja en desigualdad de condiciones al ciudadano común y las organizaciones con menos recursos y peso político. Por un lado los privados cuentan con enormes recursos para estructurar eficientes campañas de lobby y gozan de mayor cantidad de redes de acceso directo a quienes toman las decisiones. Gracias a esto, son capaces de influenciar de manera directa en la creación y modificación de las políticas publicas del país. Por otro lado, grupos que representan una mayor cantidad de ciudadanos pero que carecen de recursos económicos y redes (ya sea por factores genealógicos, exclusiones geográficas, etc.) quedan automáticamente marginados de poder ejercer influencia y ser representados adecuadamente. En otras palabras, en Chile se la ha puesto un precio al acceso a la toma de decisiones y a la posibilidad de participar en igualdad.
Se argumenta que por medio del lobby se otorga una mayor información a los actores públicos al momento de tomar decisiones. Si bien la falta de información de la mayoría de estos actores tanto en Chile como en el mundo es una realidad que debe ser tomada en cuenta, es de mayor relevancia preguntarse quiénes les están supliendo esta información: ¿Actores que representan minorías de alto poder económico y político? O ¿actores representantes de mayorías civiles carentes de medios y con grandes necesidades de ser escuchados?
Al mismo tiempo y junto a esta interrogante, sabemos muy bien que en Chile, a diferencia de otros países, existe una enorme segregación y desigualdad social que margina a la mayoría y entrega acceso privilegiado a elites con acceso permanente al poder. Es natural ver en los pasillos del Congreso a ex parlamentarios, grupos organizados y representantes de actores económicos manteniendo conversaciones ‘informales’ con legisladores, entregándoles carpetas con información o extendiendo invitaciones para que ‘conozcan’ personalmente de qué se esta hablando. Por otro lado, los actores con menos peso enfrentan grandes obstáculos para solo acceder a audiencias tanto en el Congreso como en las oficinas distritales, y cuando éstas se concretan, sus inquetudes no pueden ser presentadas con la eficacia y poder que una empresa que se dedica profesionalmente al lobby podría hacerlo.
El debate en torno a como regular la practica del lobby en Chile no sólo debe limitarse a marcos reguladores que rayen la cancha para los actuales actores, sino que debe enfocarse en entregar garantías para que quienes normalmente no lo practican y quienes no participan directamente en la toma de decisiones dejen de ser marginados y segregados por un sistema que privilegia los intereses económicos y las redes de contacto desplegadas por las elites económicas y políticas en nuestro país, poniendo así un vergonzoso precio a la política.
*Cientista Político University of Pórtland, EEUU
Estudiante Master en Ciencia Política, California State University Long Beach
Investigador Visitante, Instituto de Iberoamérica y Portugal, Universidad de Salamanca
Felicitaciones al autor y Saludos Rodrigo González Fernández, lobbyingchile.blogspot.com, consultajuridica.blogspot.com
