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lunes, julio 28, 2008

Industria Alimentaria de cabildeo vinculado a la salmonela de búsqueda debacle

LOBBY

 

TRADUCCION....

Industria Alimentaria de cabildeo vinculado a la salmonela de búsqueda debacle

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Según un informe de Associated Press, Representante Bart Stupak-Demócrata-Michigan-está haciendo un llamado a la industria alimentaria para detener la oposición a registro electrónico de mantenimiento y la espalda de un sistema eficaz para rastrear los alimentos contaminados a su lugar de origen. "Es mi esperanza de que la industria alimentaria dejará caer su oposición a estos de sentido común de seguridad y avanzar con la aplicación", dijo Stupak, presidente de la Cámara de Energía y Comercio del Comité de investigación subcomité.

Desde enero de 2007, Stupak ha llevado a cabo una investigación en curso en la Food and Drug Administration (FDA) para proteger la capacidad del país de alimentos y la oferta de drogas. Stupak también preside una audiencia la semana próxima en el actual brote de Salmonella,consideró una de las peores en años. "Este último brote de salmonela nos ha demostrado que es necesario contar con registro electrónico de mantenimiento y rastrear los sistemas de back-con el fin de detectar rápidamente el origen de los alimentos enfermedades transmitidas", dijo Stupak.

De acuerdo a las entrevistas y las memorias de los gobiernos, hace años, la industria alimentaria presionó a la administración Bush para limitar el papeleo empresas tendrían que mantener para ayudar a los investigadores de EE.UU. salud rastro viciado producir. Peor aún, la Casa Blanca aplastado planes que hagan necesaria la industria para mantener el seguimiento de registros electrónicos se quejó porque las propuestas eran demasiado problemático y costoso, y añadió que las propuestas podrían alterar la disponibilidad de los consumidores "comidas favoritas, sobre todo productos frescos. El resultado ha sido una reciente erupción en curso y de enfermedades transmitidas por los alimentos que han aumentado en gravedad y alcance. Representante John Dingell, demócrata de Michigan, y presidente de la Energía y de Comercio, se siente la industria ha traído a sus propios problemas, "La industria alimentaria es el aprendizaje de la manera más dura que el hecho de tener un fuerte sentido común y la FDA hace una buena reglamentación financiera sentido", dicho.

Bajo la presión en el período 2003-2004, la Casa Blanca acordó reducir el mantenimiento de registros propuestas por la FDA expertos en seguridad. Según la AP, durante este tiempo, el gobierno registros indican los grupos empresariales "se reunió por lo menos 10 veces con la Casa Blanca" y los grupos de presión se capaz de dejar de convencer al gobierno que la mejora de la inocuidad de los alimentos planes de las empresas con costos innecesarios y costosos reglamentos, los grupos de presión que tuvieron éxito y sus esfuerzos nos han dejado con un documento de registro de mantenimiento de sistema que ha frenado los investigadores, las empresas han costado alrededor de $ 250 millones en pérdidas; enfermo y tiene alrededor de 1300 personas en 43 estados, el Distrito de Columbia, en Canadá y sólo este brote de salmonela que ha estado activo desde abril. "Si la FDA había recibido los recursos y la autoridad hace años que había solicitado para resolver este tipo de problemas, creo que habría resuelto ya este ", dijo William Hubbard, un ex comisionado de la FDA asociados. El proyecto de normas" fueron significativamente diluida antes de que se convirtió en definitiva, "dijo Caroline Smith DeWaal, director de seguridad alimentaria en el Washington basado en el Centro para la Ciencia en el Interés Público-el grupo obtuvo la Casa Blanca actas de las sesiones en virtud de la Ley de Libertad de Información y les ha proporcionado a la AP.

Tommy Thompson, secretario de salud durante la campaña de cabildeo, se acordó un fuerte sistema de seguimiento podrían haber ayudado con las actuales enfermedades y pérdidas comerciales. "Fuimos con el conjunto más amplio, pero sabíamos que tenía que comprometer", Thompson dijo a la AP.


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Rodrigo González Fernández
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loby: Cabildeo en los contribuyentes "dime"

lobby: Cabildeo en los contribuyentes "dime"


Domingo, 27 de julio, 2008

El gobernador Mark Sanford ha prohibido el Gabinete de agencias de contratación con los grupos de presión, pero su restricción por desgracia no ha sido emulado por otros organismos públicos. Demasiado malo, ya que el contribuyente recoge la ficha - y en más formas que una.

Contribuyente financiado por el cabildeo se lleva a cabo por una amplia variedad de organismos gubernamentales, un informe reciente de la SC Consejo de Política revela. Estado y las agencias locales pagado 3 millones de dólares para los grupos de presión en 2006, principalmente a favor curry legislativas.

El uso de grupos de presión para buscar influencia legislativa no fomenta la transparencia presupuestaria y el gobierno abierto. Para los contribuyentes, el proceso añade el insulto a la injuria. A medida que el Consejo de Política explica:

"Los grupos de presión para agencias estatales y gobiernos locales se les paga para con los contribuyentes de dólares a petición de los legisladores aún más el gasto público - su trabajo es tomar el proceso presupuestario para la parte de atrás de los salones Statehouse y fuera de la planta abierta de la Asamblea Legislativa."

Y el informe muestra que la práctica al parecer es cada vez peor, no mejor, a pesar de gobernador de la prohibición de Sanford en el número limitado de los organismos bajo su control. Acumulado del gasto público en los grupos de presión aumentó 15 por ciento en 2006, el año más reciente para el que completar los registros podrían ser obtenidos.

El informe se basa en los datos presentadas en la Comisión de Ética del Estado.

El proceso presupuestario ofrece las oportunidades para las agencias para hacer su caso ante la Asamblea Legislativa. Los jefes de los organismos o sus sustitutos deberían ser capaces de proporcionar amplia información sobre la que basar las decisiones de gasto sin que tenga que buscar los servicios de un "contratado arma de fuego."

Citando datos de la Comisión de Ética, el Consejo de Política contribuyente que figuran 77 financiados por los grupos de presión durante la sesión legislativa 2006. La mayoría eran empleadas por las universidades públicas y colegios, que pasó más de 500000 dólares para los grupos de presión, el Consejo de Política informes.

Rep Jim Merrill, R-Daniel Island, que en vano trató de prohibición de cabildeo con el dinero público hace varios años, dice que el problema es más amplio que el contrato de grupos de presión. La Asamblea, dice líder de la mayoría de cabildeo también está a cargo de bufetes de abogados y empresas de relaciones públicas que aparentemente son contratados por otras razones. Por otra parte, algunos organismos tienen los grupos de presión en la nómina como trabajadores por cuenta ajena, a pesar de que tal vez no se refleje en su trabajo, títulos, dice.

Que a menudo son los grupos de presión con éxito en la dirección de dólares a sus clientes significa que es imposible "para contener la misión de una agencia", dice Merrill Rep.

En consecuencia, el gasto público casi nunca reducirse. Para los contribuyentes, que puede ser la mejor razón para restringir el uso de grupos de presión financiados con fondos públicos.


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Food industry bitten by its lobbying success

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Lobbying expenses criticized
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By Yvonne Wenger (Contact) COLUMBIA â€" In the lobby between the stately chambers of the House and Senate, they stand, 200, 300 of them, packed in like ...
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¿Es dificil ser judío en España? SI, LO ES

Es dificil ser judío en España

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Ser judío en España es difícil. Lo es por una razón: casi no hay judíos en España. Bueno, no es que no haya judíos en España, sino que somos muy pocos: los miembros de todas las comunidades judías de España no llegan a los 15.000 según las propias instituciones judías (aunque según los cálculos de los embajadores de Israel y de Argentina en España se acercan a 30.000) en un país de 45 millones de habitantes.

Pero en España sí hubo judíos. Hace mucho tiempo. Cuando fuimos expulsados del reino éramos unos 600.000 o el 10% de la población. Pero gracias a esa expulsión (que fue terrible no sólo por lo injusta, sino por lo eficaz), España pasó a tener 1 de cada 10 habitantes judíos en 1492 a 1 cada 3.000, actualmente.

Siendo tan pocos judíos en este país lo más probable es que la mayoría de mis lectores nunca haya cenado en casa de una familia judía, o conocido en profundidad a un judío. Sin embargo, según El País de hoy, el 56 por ciento de los estudiantes secundarios españoles dicen que "estaría poco o nada dispuesto" a trabajar con un judío.

Para que quede claro: este horroroso prejuicio que demuestran los estudiantes españoles es también el mismo que sienten por otras minorías. En orden de rechazo de los estudiantes españoles, los gitanos se llevan el "premio" siendo rechazados por el 67% de los escolares. Luego vienen los marroquíes, despreciados por nada más ni nada menos que el 64% de los estudiantes españoles y enseguida después venimos los judíos. El rechazo es menor hacia los Europeos del Este (un 47%), aún menor hacia los africanos (un 45%), tras los que vienen los latinoamericanos y asiáticos (un 43%), y los menos rechazados son los norteamericanos y los comunitarios (28 y 22% respectivamente).

¿Pero cuál es la gran diferencia entre todos estos grupos y los judíos? Que el prejuicio antisemita del escolar español medio es un prejuicio basado no en el encuentro con judíos –que como digo es estadísticamente improbable– sino por la historia antisemita española desde la Inquisición. Yo me pregunto en qué está basada la judeofobia en este país. ¿Cómo puede ser que haya desprecio por el judío sino se le conoce?

En España, por ejemplo, ser judío es sinónimo de ser tacaño o avaro cuando en EstadosUnidos son las instituciones judías las que más dinero invierten en asuntos sociales, destinados en la mayoría de los casos a no judíos.

Además, están los medios masivos de comunicación españoles que habitualmente atacan a los 6 millones de israelíes judíos –que viven entre más de 1.000 millones de musulmanes– de ser la causa de la violencia en el mundo árabe y musulmán (cuando los palestinos representan una ínfima minoría de éste).

Existe en España otro antisemitismo que es el del progresismo que cree que Israel controla a Estados Unidos y que tanto Israel como Estados Unidos son dos países enemigos de la convivencia y la estabilidad global, al que se le añade el antisemitismo de la derecha católica tradicional.

Pero hay más. Existe en España la creencia de lobby judío todo poderoso. En Estados Unidos hay 34 mil lobbystas registrados en el Congreso entre los cuales una minoría son judíos. Si bien las instituciones judías en Estados Unidos (como el American Jewish Committe, Anti Difamation League, Bnai Brith o American Israel Public Affairs Committe) tienen poder, y hacen un aporte importante al resto de la sociedad americana y al Estado de Israel, no se entiende cómo la prensa española habla tan frecuentemente del lobby judío norteamericano como si controlara los destinos de la política y la economía mundial, cuando todos sabemos que es pequeño en comparación al lobby de la industria armamentista, petrolera o farmacéutica o a los 34 mil otros lobbies que hay en Estados Unidos.

Justamente, lo que no existe en España –pero muchos españoles creen que sí– es un lobby judío. Lo que existe en España es el trabajo que hacen las ínfimas comunidades judías españolas para que baje el nivel de prejuicio contra los judíos.

Ser judío en España no es fácil. Un compañero de mi hijo Tom fue suspendido recientemente por agredirle por ser judío. Mis hijas Alexa e Isabella también han tenido que sufrir situaciones en las que chicos españoles hacían comentarios antisemitas. El colegio al que van mis hijos es inglés y nunca han recibido comentarios antisemitas de chicos ingleses, ni tampoco de chicos alemanes, o de otros países de Europa, que son la mitad de los chicos. Quienes que frecuentemente hacen comentarios antisemitas son los españoles. Es más: recientemente los padres de chicos no españoles se juntaron para hablar con los padres de chicos españoles y alertarlos sobre este problema que ahora parece bajo control.

En el plano personal, el hecho de ser judío no me ha causado problemas en España. Mis grandes amigos aquí son de familias españolas tradicionales, Miguel Salis, Pablo Perezpayá, Jesus San Vicente, Alfonso Gomez Acebo, Juan Herreros y en general no he notado prejuicios ni en ellos ni tampoco en sus hijos.

Tampoco he tenido problemas a nivel social, político, como profesor del Instituto deEmpresa ni como emprendedor. El prejuicio antisemita en España es fuerte pero parece estar basado en dos ejes: uno es el de la educación familiar, en el cual en ciertas familias está aceptado ser antisemita cuando en verdad no se conoce personalmente a ningún judío. El otro eje es el económico. Los judíos somos frecuentemente acusados de la miseria de los no judíos. Prejuicios como que "matamos a Cristo" ya no se escuchan tanto, pero prejuicios como "todos los judíos son ricos y controlan Wall Street" aún existen.

Una de los sitios donde más frecuentemente encuentro el antisemitismo es en mi blog. Hasta un comentarista de El Mundo me llamó una vez judío especulador. Basta con googlear "Varsavsky judío" para ver la cantidad de comentarios antisemitas que hay.

Mi conclusión es que se puede sí ser judío en España, pero no es fácil. Si bien soy una persona laica, no practicante, estoy orgulloso de mis orígenes. Pero me duele mucho y me entristece que exista tanto prejuicio contra una minoría como la judía, un pueblo milenario perseguido durante siglos y siglos, y que en España es prácticamente invisible. ¿Se trata de ignorancia o de una cierta judeofobia inconsciente en un país casi sin judíos?.

Autor: Martín Varsavsky - http://spanish.martinvarsavsky.net


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domingo, julio 27, 2008

Lobbying expenses criticized

Lobbying expenses criticized

State agencies defend using public money

The Post and Courier
Sunday, July 27, 2008


COLUMBIA — In the lobby between the stately chambers of the House and Senate, they stand, 200, 300 of them, packed in like freshmen at a frat party. Each waiting, watching with an agenda.

They want money. They want say-so. They are power brokers.

These are the Statehouse lobbyists, and the salary for about 100 of them is paid for by taxpayers.

In 2007, Charleston-area public agencies and organizations sustained, at least in part, by taxpayers were on pace to have spent about $400,000 on lobbying elected officials, according to information from the South Carolina Policy Council, which compiled the most recent data available.

The nonpartisan think tank asserts that in 2006 taxpayers spent almost $3 million on publicly financed lobbyists, up 15 percent since 2005. The information is based on disclosure forms filed at the State Ethics Commission and includes national and state lobbying efforts.

"Instead of spending public dollars on core functions of government, South Carolina counties, cities and school districts are paying high-powered lobbyists to fight for more public money and thwart accountability and transparency," Bryan D. Cox, the council's communications director, said in a statement.

Ask the agencies spending the money on lobbying, and they'll argue dozens of reasons why it's a sound investment, why it makes sense to have someone on hand to answer questions and provide information to part-time legislators.

The term "lobbyist" has a bad connotation, but lobbyists function more as advocates or government affairs liaisons, the organizations say.

The Medical University of South

Carolina spends about $100,000 a year on its "legislative liaisons." MUSC President Dr. Ray Greenberg said the school uses nonstate funds when possible to pay for its three liaisons, two of whom are full-time. Greenberg also said that MUSC is a $1.7-billion-a-year enterprise that relies on only about 7 percent in state funding.

To point to "big wins" to prove the worth would be misleading, Greenberg said. The the liaisons help legislators, for example, address constituent concerns such as referrals for medical care and questions about applications for degree programs.

Further, the legislators, who earn $10,400 and work in Columbia just half a year, often need information on short notice, Greenberg said. Since MUSC is about 115 miles from the Statehouse, having the liaisons in the capital also helps guide regulatory and administrative tasks through the government processes, he said.

Charleston schools got into a flap in 2006 over hiring a contract lobbyist. That session dealt with high-stakes issues for districts as lawmakers were changing the basis for school funding. At the time, at least three districts had hired lobbyists in addition to the dues paid to advocacy groups, including the S.C. School Boards Association and the S.C. Association of School Administrators.

House Majority Leader Jim Merrill of Daniel Island said that he's introduced bills every session to outlaw the practice among agencies or quasi-government groups.

Gov. Mark Sanford banned his Cabinet agencies from contracting lobbyists. Merrill said, though, stopping the practice by legislation gets tricky; he hasn't received the needed support, and agencies can slip around a potential law's language. It's common for groups to change the title to reflect a different job description, even if the functions are essentially lobbying, Merrill said.

The Charleston County School district does not have a lobbyist per se but hires Clara Heinsohn, director of public affairs and volunteers, to work closely with the local delegation. "I wear a lot of hats, but I am definitely not a lobbyist," she said, adding that she had been to Columbia only twice during the legislative session.

Heinsohn said the majority of her time is spent engaging the public in the education process. She also works to keep the delegation apprised of district happenings and its needs.

"It's very important that every district develop a relationship with their delegation," said Heinsohn, who previously worked for the Senate Education Committee. "Public education is integral to the community. These are representatives appropriating money."

Howard Duvall, executive director of the Municipal Association of South Carolina, views its lobbying efforts as critical. The association spends about $245,000 a year on lobbying, which includes salaries for three staff members and the cost to put on receptions.

"Without having people to defend the powers of local elected officials, I think they would be quickly taken away by the General Assembly," Duvall said.

For example, he said, the association this year helped influence a new law to offer incentives to get fire sprinklers in more homes and businesses, an effort prompted by last year's Sofa Super Store fire in Charleston.

Municipal dues make up less than 7 percent of the association's budget, Duvall said. He also said that lobbyists are banned by the State Ethics Commission from trying to gain influence by providing elected officials with campaign contributions, entertainment, food and drinks or other perks.

Lobbyists help the lawmakers learn the difference between good and bad legislation and unintended consequences in a system that takes on about 2,000 bills every two-year session, Duvall said.

"Part of the function of the lobbyists is to give accurate, reliable information, to answer the questions of the part-time legislators," he said.

The Department of Health and Environmental Control is one state agency that employees lobbyists, spending $37,551 for the first part of 2007.

During the last session, an agency lobbyist was able alert lawmakers of the potential impact of a seemingly innocuous bill that would have cost the state an estimated $10 million and required pharmacists be stationed at all county health offices and clinics, said Thom Berry, director of the agency's media relations division.

"What we deal in is information, providing information to members of the General Assembly," Berry said.

Ashley Landess, president of the Policy Council, does not buy that argument. She said an elected official can get the same information for the good of the state from any local mayor, school board member or agency executive by picking up the phone.

"The public needs to be aware," Landess said. "They are paying the salaries of lobbyists who work to convince the General Assembly to spend more money."


Lobbying costs

The South Carolina Policy Council asserts that taxpayer-funded lobbying cost the state $3 million in 2006, although the impact on the budget is measured in exponential growth because the aim is for the lobbyist to bring more back to the agency or organization.

The agencies and organizations argue that the positions are needed, in part, to ensure that accurate and timely information is presented to the part-time Legislature. The following information also includes money spend on lobbying efforts in Washington.

The Policy Council released this data for the first five months of 2007, 2006 and 2005, respectively:


2007 2006 2005

MUSC: $48,227 $104,808 $103,174

The Citadel: $33,023 $39,702 $51,965

College of Charleston: $0 $31,394 $82,579

Charleston Water System: $15,000 $20,000 $20,000

Berkeley Electric Co-op: $3,501 $17,414 $14,791

Edisto Electric Co-op: $3,655 $8,293 $0

City of Charleston: $44,000 $68,000 $140,000

DEPT. OF HEALTH & eNV.: $37,551 $47,537 $46,393

DEPT. OF NATURAL RESOURCES: $9,414 $15,687 $17,444

S.C. Judicial Department: $55,000 $55,000 $29,167

State Ports Authority: $46,879 $124,772 $115,468

Municipal Association: $124,269 $244,104 $245,997

Association of Counties: $63,589 $97,519 $151,502

School Boards Assoc.: $27,516 $68,237 $69,554

Assoc. of School Admin.: $53,220 $123,635 $97,620

Reach Yvonne Wenger at 803-799-9051 orywenger@postandcourier.com.



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AP: Food industry bitten by its lobbying success

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Photo 1 of 6

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In this June 9, 2008 file photo, Mark Roh, U.S. Food and Drug Administration's acting regional director, holds a bag of tomatoes being tested for salmonella bacteria at FDA's southwest regional research lab, in Irvine, Calif. (AP Photo/Kevork Djansezian, File)

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AP: Food industry bitten by its lobbying success

By LARRY MARGASAK – 2 days ago

WASHINGTON (AP) — One of the worst outbreaks of foodborne illness in the U.S. is teaching the food industry the truth of the adage, "Be careful what you wish for because you might get it."

The industry pressured the Bush administration years ago to limit the paperwork companies would have to keep to help U.S. health investigators quickly trace produce that sickens consumers, according to interviews and government reports reviewed by The Associated Press.

The White House also killed a plan to require the industry to maintain electronic tracking records that could be reviewed easily during a crisis to search for an outbreak's source. Companies complained the proposals were too burdensome and costly, and warned they could disrupt the availability of consumers' favorite foods.

The apparent but unintended consequences of the lobbying success: a paper record-keeping system that has slowed investigators, with estimated business losses of $250 million. So far, nearly 1,300 people in 43 states, the District of Columbia and Canada have been sickened by salmonella since April.

Investigators initially focused on tomatoes as a culprit. Now they are turning attention to jalapeno peppers.

A former member of Bush's Cabinet and three former senior officials in the Food and Drug Administration told the AP that government food safety experts did not get the strong record-keeping and trace-back system originally proposed under a bioterrorism law to cope with a major foodborne illness.

"In retrospect, yes, if they (the regulations) had been broader and a bit more far-reaching, it could have helped with this," said Robert Brackett, senior vice president of the Grocery 

 


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Miners stage election-year lobbying at conference

Miners stage election-year lobbying at conference

Miners are mounting a major lobbying campaign in the run-up to the general election and calling for a re-think on support for exploration.

"It's an election year, and that always means that parties take another look at what they are doing and where they stand on issues," said Minerals Industry Association chief executive Doug Gordon.

The campaign will be given a high public profile at this year's Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) conference, which starts in Wellington at the end of August. It will be formally opened by Associate Energy Minister Harry Duynhoven on September 1.

The conference was at a pivotal time for the mining sector, said Mr Gordon.


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New biofuels lobbying group formed by some of the biggest players in agribusiness

New biofuels lobbying group formed by some of the biggest players in agribusiness

ST. LOUIS: The argument over using crops to make biofuels is about to get a little louder, courtesy of a new group formed by some of the biggest agribusiness companies in the world.

The new group — formed by Monsanto Co., Archer Daniels Midland, Deere & Co. and DuPont Co. — announced Thursday it will use national advertisements and lobbyists on Capitol Hill to build the case that new technologies can make it feasible to produce crop-based fuels like ethanol and biodiesel, even as grain prices climb worldwide.

Just a niche market three years ago, the biofuels industry has blossomed because of federal mandates requiring the United States to use 9 billion gallons (34 billion liters) of alternative fuel annually by 2009.

The mandates are under attack from a wide variety of groups that blame the new industry for rising food prices that have sparked riots and hoarding everywhere from Haiti to southeast Asia.

Organizers of the newly formed Alliance for Abundant Food and Energy said Thursday they want to change the debate about biofuels. Their plan is to convince consumers and politicians that both goals can be met at once by increasing agricultural productivity.

"I think the only path forward is one that meets both food and energy security demands," said Monsanto's Chief Technology Officer Robert Fraley. "I think we can add a component of science and technological perspective to the discussion."

Monsanto hopes to double the yield-per-acre (yield-per-hectare) of crops like corn and soybeans by 2030, he said. Pioneer Hi-Bred, a division of DuPont, plans to boost yields of its seeds by 40 percent within a decade.

The alliance plans to lobby federal lawmakers to keep current ethanol mandates while increasing funding for agricultural research and development that could increase crop yields. It also plans to try to sway consumers by telling them new technologies will make it possible to grow enough food to affordably fill gas tanks and grocery carts.

Companies behind the alliance stand to benefit from any increase in farming and grain consumption, whether it be increased use of Archer Daniels Midland's new ethanol plants, Monsanto's seeds or Deere & Cos. farming equipment.

The alliance didn't say how much it will spend on the campaign, beyond saying the project has a budget worth several million dollars. But even that kind of cash doesn't guarantee Congress won't revisit the wisdom of biofuels mandates.

The alliance faces opposition from well-funded agricultural interests that are suffering under rising in food costs, including the American Meat Institute and the Grocery Manufacturers Association.

The GMA is already funding a campaign to highlight the negative effect of rising grain costs for average consumers, and it wants Congress to reconsider the federal ethanol mandates.

The GMA isn't swayed by the idea of waiting for agricultural productivity to improve, GMA Vice President for federal affairs Scott Faber said in a statement.

"While improvements in global agriculture are vital, this work must not distract us from the fact that while we wait, millions of people will be pushed deeper into hunger and poverty because we are diverting more and more food and feed supplies to producing ethanol," Faber said in a statement. "Congress and the administration can take immediate action to curb hunger by revisiting these flawed policies."

About 22 percent of the U.S. corn crop went to produce biofuels this year, which is virtually the same as last year, according to the National Corn Growers Association. A full 33 percent of this year's harvest, or 3.9 billion bushels, is expected to go toward ethanol production.

While virtually all experts agree that using crops for biofuels drives up the price of grain, opinions vary greatly as to how much.

White House economic advisers said the ethanol industry accounts for just 2 percent to 3 percent of the recent jump in grain prices, which are up more than 40 percent this year over last year. Estimates cited by the International Food Policy Research Institute and others say biofuels account for more than 30 percent of the increase.

Cutting back U.S. ethanol mandates would badly damage a booming U.S. biofuels industry that is just now starting to deliver domestically produced fuel to consumers, said Archer Daniels Midland Vice President Todd Werpy.

The newly built infrastructure could be used in future years to blend and deliver biofuels that are not crop based, such as ethanol made from grass or wood chips, he said.

"We will lose valuable ground that will take years to make up," Werpy said.


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