AVANZA PROYECTO LOBBY EN SENADO

Incluyen ciertos actos administrativos del Poder Judicial como sujetos posibles de lobby

Comisión de Gobierno del Senado optó por incorporar al proyecto que regula la gestión de intereses, algunos actos administrativos como compras que incidan en el funcionamiento de ese poder del Estado

La decisión de incorporar como sujeto de lobby a la estructura del Poder Judicial en lo que dice relación a ciertos actos administrativos que incidan en su funcionamiento, tomó hoy la Comisión de Gobierno del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto que reconoce y regula el lobby o gestión de intereses. Así lo explicó el presidente de esa instancia especializada, senador Víctor Pérez, quien señaló que si bien los magistrados y todo el aspecto jurisdiccional no pueden ser objeto de lobby, pues eso está regulado en el Código Orgánico de Tribunales, “entrarán en la categoría de lobby los actos administrativos, como compras de vehículos, por ejemplo, que sean necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial”. Esto, precisó el parlamentario, porque en esos actos se puede intentar influir en los magistrados.

 “Esa fue la definición más fundamental que analizamos hoy día, en el sentido de decir que aquí no solamente pueden haber sujetos pasivos de lobby en el gobierno, en la administración del Estado o en Congreso Nacional, sino que también en el Poder Judicial en esa área más restringida”, señaló .

 El senador explicó que “estamos avanzando ahora en definir cómo se desarrollan todas las actividades de lobby. Ya aprobamos una definición de lobby o gestión de intereses, definimos lo que son los sujetos pasivos de lobby y aprobamos el artículo que dice en qué actividades se desarrolla el lobby”.

 Asimismo, recordó que también se inició el debate respecto de qué actividades no serán consideradas como gestión de intereses.

 Al respecto señaló que “en la comisión tenemos una disposición más bien unánime frente a la materia y las discrepancias, son con el Ejecutivo que quiere una definición más amplia. Nosotros consideramos que el tema central es la transparencia y si vienen organizaciones gremiales o laborales, todo el mundo sabe qué intereses están defendiendo, pero el punto es cuando viene alguien contratado por una determinada empresa que nadie conoce y que viene a defender intereses específicos. Eso es lo que hay que regular”, manifestó.

 El senador Pérez advirtió que el objetivo de la comisión que preside es despachar la iniciativa, en segundo trámite, durante el mes de julio, y que pese a que existe bastante acuerdo entre los integrantes de la instancia, las complejidades de carácter técnico podrían demorar la aprobación del proyecto.