13/05/2008
El Plural / Artículos de opinión
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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· JOSÉ GARCÍA ABAD
13/05/2008
Ecos de S.A.
No venden pisos, pero compran políticos
Los ladrilleros atacan por tierra, mar y aire. Han dado otro paso de tuerca: por un lado, redoblan su agresividad pasando en pocos días de utilizar el miedo a provocarlo con amenazas escasamente veladas. Por otro lado, las distintas asociaciones del sector compiten en el mercado de políticos para ponerlos al frente de sus respectivos lobbies. Y mientras tanto, los ladrilleros concretos se resisten a bajar los precios, que sería lo que manda la ley de la oferta y la demanda en espera del milagro. O mejor dicho, en espera de que la presión de los lobby y el miedo del Gobierno a que el paro se dispare obligue a este a tomar medidas para proteger sus beneficios. Solbes ha dejado claro que no admitirá soluciones artificiales para el sector y que lo que hay que hacer es que purgue sus excesos. Vamos, que cada palo aguante su vela. Veremos qué ocurre mañana cuando el lobby feroz representado por Guillermo Chicote, presidente de los promotores, se reúna con la ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor. Hasta ahora la batalla la ha ganado el vicepresidente frente a Miguel Sebastián, que nombró y protege a Corredor.
El sector, con la única excepción del G- 14, el grupo presidido por Pedro Pérez que integra a las trece inmobiliarias más poderosas, ha reaccionado entre la indignación y el insulto al vicepresidente económico. Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores Constructores, insinuó que podrían poner en la calle a un millón de trabajadores. "Las suspensiones de pagos van como los higos en septiembre", recalcó al tiempo que calificaba las sensatas declaraciones de Solbes en el parlamento de frívolas. "Este problema – añadió - tiene una gravedad tan extraordinaria y unos ribetes sociales que pueden adquirir aires de tragedia tan altos que esto me parece frívolo".
La posición del G-14 es mucho más razonable. Sostiene que las medidas que habría que adoptar deberían destinarse a paliar la sequía crediticia, pues de nada sirve las ayudas fiscales cuando no hay créditos. Hay que destacar, por otra parte, la reacción de Comisiones Obreras que, aunque pide medidas contra la crisis, previene contra cualquier apoyo gubernamental en socorro de quienes se han forrado en el pasado y han llevado al sector por sus excesos a la situación en la que se encuentra.
Ambos frentes – el de la amenaza y el de la compra de influencias – son discutibles pero me preocupa especialmente este último, el de los intentos de comprar o simplemente alquilar a políticos para transitar felizmente en los pasillos del poder. Mientras SEOPAN, el grupo de presión de los grandes constructores, ficha a David Taguas, ex titular de la Oficina Económica del presidente, la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO) apuesta por Javier Sáenz Cosculluela, ex ministro guerrista del Gobierno de Felipe González.
Me sorprende especialmente que después de las criticas generalizadas al trasvase de David Taguas no haya renunciado a la presidencia de SEOPAN antes de que el Ministerio de la Presidencia emita su dictamen.
Se ha presentado como precedente el caso de Pedro Pérez. No me parece un ejemplo pertinente ya que este que fue secretario de Estado de Economía entre 1988 y 1993 y a continuación presidente de Tabacalera – de 1993 a 1996 - cuando era una empresa pública lleva trabajando en la empresa privada desde entonces, o sea hace más de una década. Tampoco el fichaje de Cosculluela es comparable al de Taguas pues lleva ejerciendo honradamente de abogado por libre desde que dejó el ministerio en 1991. Sin embargo, todos estos casos son significativos de que los ladrilleros no quieren prescindir de ninguna carta que les permita influir en la administración socialista.
El caso de Taguas, del grupo de Sebastián a quien precedió en la oficina del presidente, afecta directamente a este. Resulta impresentable estar un día a un lado del mostrador asesorando al presidente y tomando parte en órganos decisivos como la Comisión Delegada para los Asuntos Económicos y al día siguiente trabajar de conseguidor para los grandes constructores.
En su día Zapatero trató de escaquearse del conflicto filtrando que la noticia le había sorprendido desagradablemente. Después supimos que de sorpresa nada porque Taguas se lo había comunicado directamente. En todo caso, si Zapatero estaba realmente disgustado, lo tenía muy fácil: bastaba con levantar el teléfono y comunicar a Elena Salgado, ministra de la Presidencia, que el informe del ministerio debería ser negativo.De momento, Salgado ha optado por atrasar el informe a ver si el asunto se calma. Semejante travesía de lo público a lo privado y viceversa puede generar tráfico de influencias, en definitiva corrupción y empobrecimiento de la democracia y es contra ello contra lo que hay que prevenirse. Zapatero que asumió sinceramente la regeneración democrática debería actuar coherentemente en este penoso asunto.
José García Abad es periodista, escritor, director de El Siglo y analista político
Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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