Prohíben a ex autoridades realizar lobby un año después de dejar cargo
Esperamos una pronta ley de lobby en Chile
¿que es el lobby?; ¿cuando se entiende que hay acción de lobby?...¿a donde está regulado? ¿quien enseña lobby en Chile?De estas cosas conversaremos en una Charla que he sido invitado a dictar en la Universidad de Chile, Facultad de Derecho en la Cátedra del Profesor Davor Harasic, los días 23 y 26 de octubre. Me parce que es muy importante que se empiece a estudiar lobby en las universidades , EN LAS EMPRESAS, EN LAS ENTIDADES GREMIALES y se dicten diplomados y cursos de capacitación.
NOSOTROS YA HEMOS PROPUESTO ESTE CURSO EN SOFOFA Y SE DICTARÁN CURSOS DE CAPACITACION. PUEDEN LLAMAR A 6884265 AL SEÑOR CLAUDIO PEREZ
Si bien la idea primitiva era establecer esa incompatibilidad por un período de dos años, se optó por rebajarlo a 12 meses para lograr el acuerdo unánime de todos los integrantes de la Comisión de Gobierno y del Ejecutivo.
Los parlamentarios y autoridades de Gobierno y del Poder Judicial no podrán realizar lobby durante el ejercicio de sus cargos y hasta después de un año de haber cesado en ellos, de acuerdo a la norma aprobada en forma unánime por la Comisión de Gobierno del Senado, en el marco del proyecto que regula la gestión de intereses.
Así lo explicó el presidente de esa instancia parlamentaria, senador Víctor Pérez (UDI), quien señaló que tras la aprobación de esa y otras disposiciones, se acordó despachar el proyecto a la sala la última semana de octubre, una vez que definan las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con la ley.
"Hemos avanzado sustancialmente, resolvimos más de 60 indicaciones y tomamos el acuerdo de despachar el proyecto a la sala en la próxima sesión”, señaló.
El parlamentario destacó que uno de los avances más significativos está vinculado a las incompatibilidades que se establecieron para ejercer la labor de lobbysta.
"No pueden realizar actividades de lobby, porque sería ilegal, las personas que hayan ocupado cargos de parlamentarios o de autoridades del Gobierno o del Poder Judicial, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de haber dejado sus funciones”, explicó.
Si bien la idea primitiva era establecer esa incompatibilidad por un período de dos años, se optó por rebajarlo a 12 meses para lograr el acuerdo unánime de todos los integrantes de la Comisión de Gobierno y del Ejecutivo.
Al respecto, el senador Pérez valoró que se haya establecido dicha inhabilidad, así como la voluntad política que ha primado en la instancia que preside, para sacar adelante esta iniciativa.
“Ha sido sumamente complejo analizar un proyecto que tienen más de 250 indicaciones, porque hemos tenido que analizar en su mérito cada una de ellas y eso nos ha llevado más tiempo de lo que nosotros mismos teníamos presupuestado. Pero lo rescatable es que hemos trabajado en todos los temas de manera unánime y espero que el trabajo de la Comisión, que ha sido bastante acucioso, sea respaldado en la Sala”, advirtió.
Otras normas
Hasta el minuto, la Comisión ha aprobado la mayoría del proyecto y sólo resta una revisión final de la redacción de la iniciativa y definir las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con lo establecido en la ley.
Según explicó Pérez, se estableció que existirán tres registros de lobbystas –uno en el Poder Judicial, otro en el Ministerio de Justicia y otro en el Congreso- en donde deberán inscribirse aquellas personas u organizaciones que se dediquen al lobby profesional remunerado.
En tal sentido, recordó que la Comisión de Gobierno tuvo una postura distinta a la del Ejecutivo en cuanto a la definición de lobby pues “nosotros establecimos un tipo de lobby como la actividad profesional y remunerada, mientras que el gobierno establecía dos tipos de lobby, lo que a mi juicio creaba confusión y generaba un cierto obstáculo al derecho de petición consagrado en la Constitución”.
Agregó que “lo importante es que la gente sepa qué intereses se están defendiendo ante las distintas autoridades del Estado y no hay duda que cuando viene la Sofofa, la Cut o la Sociedad Nacional de Agricultura, la gente sabe qué intereses se están defendiendo, pero cuando viene un asesor o profesionales, la gente no tiene idea y eso es lo que hay que regular y establecer elementos de transparencia”.
Por ello, se aprobó que todas las solicitudes de audiencia que se pidan a los sujetos pasivos de lobby –parlamentarios y autoridades del Ejecutivo o del Poder Judicial- tendrá que quedar registradas, así como los temas que se van a tratar.
“Todo va a quedar como un registro público de acceso, para que todas las instancias puedan conocer lo que se hace. En el caso del Senado puede quedar registrado en las páginas web de cada parlamentario y en la secretaría del Senado. Ya hay algunas autoridades que utilizan este sistema como la Superintendencia de Casinos, donde están estructuradas todas las audiencias”, puntualizó.
Si bien la idea primitiva era establecer esa incompatibilidad por un período de dos años, se optó por rebajarlo a 12 meses para lograr el acuerdo unánime de todos los integrantes de la Comisión de Gobierno y del Ejecutivo.
Los parlamentarios y autoridades de Gobierno y del Poder Judicial no podrán realizar lobby durante el ejercicio de sus cargos y hasta después de un año de haber cesado en ellos, de acuerdo a la norma aprobada en forma unánime por la Comisión de Gobierno del Senado, en el marco del proyecto que regula la gestión de intereses.
Así lo explicó el presidente de esa instancia parlamentaria, senador Víctor Pérez (UDI), quien señaló que tras la aprobación de esa y otras disposiciones, se acordó despachar el proyecto a la sala la última semana de octubre, una vez que definan las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con la ley.
"Hemos avanzado sustancialmente, resolvimos más de 60 indicaciones y tomamos el acuerdo de despachar el proyecto a la sala en la próxima sesión”, señaló.
El parlamentario destacó que uno de los avances más significativos está vinculado a las incompatibilidades que se establecieron para ejercer la labor de lobbysta.
"No pueden realizar actividades de lobby, porque sería ilegal, las personas que hayan ocupado cargos de parlamentarios o de autoridades del Gobierno o del Poder Judicial, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de haber dejado sus funciones”, explicó.
Si bien la idea primitiva era establecer esa incompatibilidad por un período de dos años, se optó por rebajarlo a 12 meses para lograr el acuerdo unánime de todos los integrantes de la Comisión de Gobierno y del Ejecutivo.
Al respecto, el senador Pérez valoró que se haya establecido dicha inhabilidad, así como la voluntad política que ha primado en la instancia que preside, para sacar adelante esta iniciativa.
“Ha sido sumamente complejo analizar un proyecto que tienen más de 250 indicaciones, porque hemos tenido que analizar en su mérito cada una de ellas y eso nos ha llevado más tiempo de lo que nosotros mismos teníamos presupuestado. Pero lo rescatable es que hemos trabajado en todos los temas de manera unánime y espero que el trabajo de la Comisión, que ha sido bastante acucioso, sea respaldado en la Sala”, advirtió.
Otras normas
Hasta el minuto, la Comisión ha aprobado la mayoría del proyecto y sólo resta una revisión final de la redacción de la iniciativa y definir las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con lo establecido en la ley.
Según explicó Pérez, se estableció que existirán tres registros de lobbystas –uno en el Poder Judicial, otro en el Ministerio de Justicia y otro en el Congreso- en donde deberán inscribirse aquellas personas u organizaciones que se dediquen al lobby profesional remunerado.
En tal sentido, recordó que la Comisión de Gobierno tuvo una postura distinta a la del Ejecutivo en cuanto a la definición de lobby pues “nosotros establecimos un tipo de lobby como la actividad profesional y remunerada, mientras que el gobierno establecía dos tipos de lobby, lo que a mi juicio creaba confusión y generaba un cierto obstáculo al derecho de petición consagrado en la Constitución”.
Agregó que “lo importante es que la gente sepa qué intereses se están defendiendo ante las distintas autoridades del Estado y no hay duda que cuando viene la Sofofa, la Cut o la Sociedad Nacional de Agricultura, la gente sabe qué intereses se están defendiendo, pero cuando viene un asesor o profesionales, la gente no tiene idea y eso es lo que hay que regular y establecer elementos de transparencia”.
Por ello, se aprobó que todas las solicitudes de audiencia que se pidan a los sujetos pasivos de lobby –parlamentarios y autoridades del Ejecutivo o del Poder Judicial- tendrá que quedar registradas, así como los temas que se van a tratar.
“Todo va a quedar como un registro público de acceso, para que todas las instancias puedan conocer lo que se hace. En el caso del Senado puede quedar registrado en las páginas web de cada parlamentario y en la secretaría del Senado. Ya hay algunas autoridades que utilizan este sistema como la Superintendencia de Casinos, donde están estructuradas todas las audiencias”, puntualizó.
RODRIGO GONZALEZ FERNADEZ
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RENATO SANCHEZ3586 DEP 10
TELEF. 2451168
SANTIAGO,CHILE
La trascendencia de las decisiones que se toman en los despachos se nota en las calles y plazas del barrio europeo de Bruselas. Centenares de personas con chaqueta y corbata se mueven arriba y abajo. Es fácil pillar conversaciones en todos los idiomas de la Unión Europea, aunque dominan el inglés y el francés. El ajetreo que se respira durante los días laborables contrasta con el fin de semana, cuando calles y oficinas quedan desiertas. 
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La mala fama
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